¡Manifestación contra funcionaria tamaulipeca!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como era de esperarse, la designación de la foránea tamaulipeca
Jetzael
Elena Martínez Cisneros hace tres meses como directora del Centro de
Reinserción Social de Chetumal, quien traía consigo por lo menos dos negros
antecedentes, el último en Cozumel, en un “enroque” con el no menos cuestionado
Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, tuvo este miércoles sus primeros,
públicos resultados.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/02/foraneos-en-corrupcion-y-hacinacion-de.html
En efecto, apoyado por el colectivo
“Alianza Voces Protectoras”, que encabeza Blanca Cardona Ramos, un grupo de
familiares de personas privadas de su libertad, realizaron ayer una manifestación
en el Cereso de esta capital que, minimizado por algunas voces, sin embargo,
puso de manifiesto una serie de graves irregularidades de las que ya se tenía
conocimiento.
Los
manifestantes bloquearon temporalmente la circulación vehicular frente al
recinto penitenciario para denunciar esas irregularidades, que encabeza un
abuso de autoridad ante la existencia de castigos injustificados en celdas de
aislamiento para los internos que se quejan.
Asimismo,
por deficiencia médica, acusaron una severa falta de medicamentos y atención
médica precaria, especialmente para reclusos con enfermedades
crónico-degenerativas, por lo que demandan la inmediata destitución de la
directora Martínez Cisneros, quien ya arrastraba antecedentes administrativos
negativos y tiene un deficiente desempeño de funciones.
Sobre
restricciones internas, los manifestantes reportan limitaciones arbitrarias en
el ingreso de alimentos y supuestas amenazas recurrentes hacia la población
penitenciaria, por lo cual familiares de los internos han presentado los
expedientes y denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
aunque activistas locales confirmaron que se solicitará de forma directa la
intervención de la gobernadora Verde, Mara Lezama -muy infructuosa, seguramente-,
para resolver la crisis interna.
Ante
las movilizaciones y como medida de presión, agentes de las fuerzas policiales
resguardaron las inmediaciones del penal de manera preventiva.
En
resumen, las irregularidades denunciadas en el Cereso de Chetumal abarcan
graves problemas estructurales, abusos de autoridad y deficiencias en los
servicios básicos hacia las personas privadas de la libertad, aunque las
principales anomalías se refieren al autogobierno en áreas específicas, sobre
todo en el área femenil, encabezado por internas que ejercen control y gozan de
privilegios por supuestas redes de amistad con los mandos penitenciarios.
Las
reclusas afectadas denuncian opresión, amenazas de aislamiento y tratos
diferenciados basados en estas dinámicas de poder interno.
El
problema en el Cereso se Chetumal no para ahí, ya que presenta una clara
sobrepoblación, operando actualmente con alrededor de 1,417 internos, pese a
que su capacidad oficial es para sólo 1,214 personas, en un exceso de cupo que genera
un hacinamiento que obliga a muchos reclusos a dormir en el piso ante la falta
de espacios y camas adecuadas.
Respecto
a deficiencias sanitarias y médicas, existe una falta generalizada de
medicamentos esenciales, lo que vulnera el derecho a la salud de los internos
con padecimientos crónicos, lo que motiva a los familiares a calificar el
servicio médico interno como ineficiente, lento e incapaz de atender
emergencias reales o tratamientos continuos.
Por
si fuera poco, se insiste en malos tratos e irregularidades en visitas, con la
destrucción deliberada o desecho arbitrario de los alimentos que los familiares
intentan ingresar durante los días de visita, pero los internos que intentan
alzar la voz o denunciar las condiciones precarias son sometidos de forma
inmediata a celdas de castigo o aislamiento injustificado.
La
acumulación de estas faltas ha llevado a la exigencia colectiva de destituir a
la directora Martínez Cisneros, señalando su gestión como negligente y
permisiva ante los abusos internos.
Cabe
recordar que las quejas acumuladas en contra de la funcionaria se dividen entre
su gestión actual como directora del Cereso de Chetumal -que asumió en febrero
de 2026- y su polémico historial en centros penitenciarios anteriores.
Los
señalamientos principales recopilados por familiares y defensores de derechos
humanos incluyen quejas por su gestión en Chetumal por sus medidas autoritarias
contra los internos, ya que, a los pocos días de asumir el cargo, ordenó de
manera obligatoria que todos los internos fueran “rapados” de la cabeza, con amenazas
de castigos severos a quienes se opusieran.
Organizaciones
civiles calificaron esto como una violación a la dignidad y al libre desarrollo
de la personalidad.
En
torno a restricciones extremas a las visitas, familiares reportan
"endurecimiento" arbitrario en el ingreso de insumos, ya que prohibió
pasar alimentos básicos a las visitas -como verduras, frutas, sopas, carnes
frías o azúcar-, para forzar de forma indirecta a que los internos consuman
únicamente en un comercio privado al interior del penal.
Sobre
su violación a derechos de convivencia, también se le acusa de restringir
injustificadamente los tiempos de la visita familiar y de limitar el derecho a
la visita conyugal. En oficios entregados a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana se acusa de que su administración tolera dinámicas de opresión y
control interno, particularmente en el área femenil.
Así,
las protestas exigen justificadamente su destitución inmediata debido a que
arrastra un historial penal y administrativo crítico de su gestión previa en el
norte del país: Más de mil denuncias en su contra durante su periodo como
directora del Cefereso 18 de Ramos Arizpe, Coahuila, donde acumuló más de mil
quejas formales por violaciones a los derechos humanos, malos tratos y tortura.
Por
su fuera poco, fue removida de ese penal federal tras abrirse carpetas de
investigación en la Fiscalía General de la República por su presunta
complicidad o autoría ejecutiva en la muerte sospechosa de internos, entre
ellos los reclusos Agustín Martínez Torres y Oliver Eduardo Ramos Coahuila,
hasta el 19 de mayo de 2023, cuando fue cesada de su cargo de manera definitiva.
Martínez
Cisneros estuvo al mando del Centro Penitenciario de Cozumel de febrero de 2025
a febrero de 2026, previo a su traslado a Chetumal, y aunque su gestión en la
isla mantuvo un perfil mediático más bajo respecto a su polémico historial en
Coahuila, su salida se dio bajo señalamientos y dinámicas operativas.
Sobre
las quejas operativas en su contra se incluye la “estrategia” para frenar malas
prácticas, pese a que su salida de la isla formalmente se manejó como un “enroque”
que dispuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque autoridades estatales
confirmaron públicamente que el intercambio se ejecutó como medida preventiva
para evitar vicios arraigados y romper posibles estructuras de malas prácticas
en el reclusorio de Cozumel.
Sin
embargo, familiares señalaron de manera interna una transición hacia métodos
disciplinarios punitivos e inflexibles, similares a los que posteriormente
detonaron las protestas en Chetumal, incluyendo restricciones rigurosas en el
ingreso de insumos cotidianos traídos por los visitantes.
La
mayor molestia de los colectivos locales en la isla radicó en la opacidad de su
nombramiento, ya que se cuestionó que el gobierno de Mara Lezama le hubiera
asignado la dirección de Cozumel en 2025 a pesar de las investigaciones
federales abiertas de la FGR por tortura y homicidio derivadas de su anterior
puesto en el Cefereso 18 de Coahuila.
Como
seguramente sabrá Usted, el Cereso de Chetumal depende directamente de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, aunque, al ser un centro
penitenciario de fuero estatal, está bajo la autoridad máxima de la gobernadora
Mara Lezama, de quien, al menos en teoría, también depende directamente la policía.
Por
si fuera poco, Seguridad Ciudadana la encabeza otro foráneo, de Temascal,
Oaxaca, el Contralmirante Julio César Gómez Torres.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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