¡EE.UU. se niega a extraditar a 269 delincuentes!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         En una muestra de doble rasero político, el gobierno de Estados Unidos EXIGE a México extraditar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Rojas y otros ocho ex funcionarios de esa entidad, sobre todos los cuales, incluso, emitió una ficha roja la Interpol, de la que es de los mayores contribuyentes financieros, ¡pero no atiende la solicitud de nuestro país para detener y extraditar a 269 delincuentes!

Así las cosas, en 47 estos casos, México ha pedido información adicional, como con el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, Guerrero, éste investigado por el caso Ayotzinapa. En otros casos, Washington rechazó la extradición, como el del facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y otro sujeto identificado como William “N”, acusado de trata de personas.

Factureros, ex gobernadores, acusados de delincuencia organizada o por Ayotzinapa. No entrega a ninguno de estos presuntos delincuentes a México, criticó la presidenta Claudia Sheinbaum: “Es decir, ¿qué pide siempre México? Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad”.

México exhibió la información cuando Washington presiona detener y extraditar a Rocha Moya, y requiere más pruebas, pero ¿qué hace EE.UU. en casos de alto perfil que investiga México? El Canciller Roberto Velasco Álvarez explicó que el fundamento legal para información adicional en procesos de extradición está en los artículos 11 y 12 del tratado bilateral, que permiten a los gobiernos pedir pruebas y datos complementarios en cualquier fase del proceso.

Subrayó que esta práctica es recíproca y común entre ambos países, pero los estadounidenses piden información adicional sistemáticamente en delitos complejos como corrupción o desaparición forzada.

Para ilustrar, de las 269 solicitudes de extradición de México a Estados Unidos desde 2018, en 47 de 50 peticiones de detención provisional, el gobierno estadounidense pidió datos adicionales, como en los casos de Ayotzinapa y una trama de corrupción en Infonavit, en los que solicitó más pruebas o peticiones.

El caso más relevante es Cabeza de Vaca, prófugo desde 2021 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, aunque vive hace cinco años en EE.UU., donde el PAN lo nombró su representante ante América del Norte. El ex mandatario, incluso, ¡buscó ser candidato presidencial en 2024!

Desde 2021, cuando era gobernador, se solicitó la Declaratoria de Procedencia de Acción Penal, para retirarle el fuero y ponerlo a disposición de una autoridad judicial. El proceso se completó en la Cámara de Diputados, pero el Congreso de su Estado, de mayoría panista, se negó a homologar la medida y lo protegió.

En 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada lo investigó después que la DEA consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, lo ligan con el crimen organizado.

En marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de empresas “fantasma” que otras veces usó el Cártel de Sinaloa para “lavar dinero” y se le detectó compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.

También le detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas a través de empresas, familiares y socios, mientras desde 2000, tuvo ingresos en empresas privadas y cargos públicos por 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión por una red de corrupción con familiares coludidos para triangular más de 100 millones de pesos en México, en un esquema de corrupción en adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados a él que no coinciden con su patrimonio o familia, que poseen más de 15 propiedades en México y EE.UU.

Por su lado, Víctor Manuel Álvarez Puga, socio de uno de los despachos de abogados más importantes del país y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, también era visto en revistas sociales como destacado empresario filántropo, aunque todo era fachada, como muchas de las empresas que lo llevaron a ser cabeza del “grupo facturero más importante del país”.

 En este sentido, México solicitó su extradición, pero Estados Unidos lo negó “por no ser un delito violento” del que se le acusa.

Álvarez Puga y Gómez Mont, aún prófuga, fueron acusados en 2021 por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y operar con recursos ilícitos por casi 3 mil millones de pesos vía empresas factureras.

Gómez Mont, el rostro más visible de la pareja, se caracterizó por llevar una vida de lujo. En Estados Unidos, donde se detuvo a su esposo por su estatus migratorio, compró una mansión que perteneció a Cher y de una vecina de Donald Trump.

Víctor y Alejandro Álvarez Puga fundaron en 2000 el despacho Álvarez Puga & Asociados, que en 19 años reunió más de 700 clientes. En 2010, el SAT cateó sus oficinas en siete ciudades por defraudación fiscal y lavado de dinero. Acusó al despacho de diseñar esquemas de outsourcing para evadir impuestos, repartir utilidades, pagar al IMSS y otras prestaciones, pero en 2016 la SEIDO desestimó el caso.

Además de evasión fiscal y operar con recursos ilícitos, Álvarez Puga participó en programas gubernamentales como la Cruzada Nacional contra el Hambre con Peña Nieto y tuvo una concesión de la Semarnat. En 2012, The New York Times publicó que una compañía suya operaba como firmas fantasmas. Más tarde, autoridades fiscales y Fiscalía judicializaron el caso, pero sólo tras la salida de funcionarios que frenaban las investigaciones.

Gómez Mont fue acusada de discrepancias fiscales y operaciones con recursos ilícitos, aunque intentó acuerdos reparatorios con el SAT y aseguró haber pagado lo reclamado, pero se consideraron insuficientes los montos cubiertos y se mantuvieron las acciones penales.

En 2021, junto con Álvarez Puga, la acusaron de usar empresas fantasmas para evadir el fisco y lavar dinero, mientras en 2022 enfrentaron en Florida una demanda civil por un crédito hipotecario mayor a cuatro millones de dólares, y por poseer propiedades millonarias en Miami y Palm Beach.

Por su lado, Ulises Bernabé, ex juez de Iguala, Guerrero, es uno de los prófugos vinculados al caso Ayotzinapa, y aparece en el Tercer Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso por haber tenido contacto directo con los desaparecidos el 27 de septiembre de 2014, pero las autoridades de EE.UU. se niegan a devolverlo a México con el argumento de faltar información y pruebas.

Según investigaciones, al menos 17 normalistas habrían sido trasladados por policías municipales a la comandancia de Iguala, donde Bernabé era juez. El ex funcionario los habría entrevistado, pero omitió registrarlos en bitácoras oficiales, donde pudo ocultarse información clave sobre su paradero.

La Comisión sostiene que, minutos después, los entregó al ex subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco “N”, para ser trasladados y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Por estos hechos, la entonces PGR obtuvo desde 2015 una orden de aprehensión por delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro.

Sin embargo, Ulises Bernabé huyó a EE.UU. antes de ser detenido y solicitó asilo político en 2015, argumentando ser perseguido por cuestionar la supuesta “verdad histórica” de Peña Nieto. También dijo temer por su seguridad y aseguró que los estudiantes nunca estuvieron en la comandancia de Iguala y los militares tuvieran bajo custodia a los normalistas durante los ataques.

En 2020, EE.UU. le concedió el asilo por considerar creíble su testimonio sobre la participación del Ejército. El informe del Caso Ayotzinapa critica que migración estadounidense ignorara la orden de aprehensión en México de 2015. Hasta hoy, las familias de los estudiantes y el gobierno mexicano mantienen la exigencia de extraditarlo.

México también pidió entregar a Pablo Vega Cuevas (a) “Transformer”, identificado como operador de Guerreros Unidos en Chicago, Illinois. Según la DEA, coordinaba trasiego de heroína y cocaína desde México a EE.UU. en autobuses y era colaborador de los hermanos Casarrubias Salgado, líderes de Guerreros Unidos, señalados por participar en la desaparición de Ayotzinapa.

Es acusado principalmente de narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU., delitos por los que aceptó su responsabilidad en ese país, aunque su nombre cobró relevancia internacional por chats de la DEA durante la desaparición, donde Guerreros Unidos hablaba de “paquetes” y “deshacerse” de ellos.

Autoridades y familiares de las víctimas consideran que Vega Cuevas podría tener información sobre el llamado “quinto autobús”, presuntamente usado para transportar droga a Chicago, aunque no se sabe que haya colaborado para esclarecer el caso. Ante el pedido de México, Washington requirió una solicitud formal de su extradición.

El empresario Rafael Zaga Tawil e hijo Elías Zaga Hanono también figuran en la lista de requeridos por México, pero Washington solicitó petición formal por no ser delitos violentos de los que se les acusan ni considerarse como riesgos para la sociedad.

La Fiscalía General los señala por delincuencia organizada y lavar dinero bajo esquema de fraude millonario contra el Infonavit, que derivan del llamado caso Telra Realty, empresa vinculada a ellos, que obtuvo contratos durante el sexenio de Peña Nieto.

En 2014 Telra Realty firmó con el Infonavit convenio para el Programa de Movilidad Hipotecaria, que prometía facilitar a derechohabientes compra, venta, renta e intercambio de viviendas, pero en 2017 el Instituto canceló antes los contratos y autorizó indemnizar con 5 mil 88 millones de pesos a la empresa por daños y perjuicios, pero la compensación fue ilegal y formó parte de una operación fraudulenta con complicidad de funcionarios públicos.

Se acusa a Rafael, a su hermano Teófilo Zaga y a Elías Zaga Hanono de participar en manejo y dispersión de recursos del acuerdo. Parte del dinero habría sido transferido a bancos extranjeros para adquirir propiedades en EE.UU., lo que fortaleció acusaciones por operaciones con recursos ilícitos. En 2024, se reactivaron y ampliaron las órdenes de aprehensión con nuevas pruebas

El caso también involucra presiones y disputas entre empresarios relacionados con Telra Realty y la devolución de parte del dinero. Los hermanos El-Mann Arazi, socios de los Zaga Tawil, denunciaron presiones de autoridades para devolver 2 mil millones de pesos como reparación de daño. El ex Fiscal Alejandro Gertz Manero exhibió un cheque relacionado con el caso.

Rafael Zaga siguió prófugo de México varios años hasta ser detenido por Migración de EE.UU. en Florida, aunque no por las acusaciones en México, por lo que sigue vigente su orden de captura por el fraude, y su hijo continúa señalado en la misma investigación judicial por participar en la estructura financiera vinculada al caso.

Lo cierto es que, derivado de este tema, se confirmó que Sara Carter, directora nacional para el Control de Drogas en Estados Unidos, canceló su visita a México, justo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum la desarmó al exhibir cómo EE.UU. no quiere extraditar al narco ex gobernador Cabeza de Vaca, al facturero Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, y a más de 200 criminales.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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