Violencia digital ¡a 250 mil internautas de Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Cualquier acto de acoso, hostigamiento, amenazas o abuso psicológico a través de tecnologías de la información, redes sociales y dispositivos electrónicos es violencia digital que, con este nombre ignorado por muchos, es un comportamiento que vulnera derechos de privacidad, dignidad e integridad y genera graves secuelas emocionales y psicológicas que trascienden el entorno virtual.

Invitados este miércoles a una videoconferencia sobre el tema, con “Una visión jurídica criminológica, que promueve la consultoría jurídica LEX Península, es relevante señalar que esa violencia digital es un problema sumamente grave y generalizado en México, que afecta directamente a la quinta parte de la población que utiliza internet.

Aunque muchos lo ignoran, en Quintana Roo es un problema crítico que afecta a más de 250 mil internautas, lo que significa que cerca de uno de cada 6 usuarios conectados a internet -17.4% de la población digital local- ha padecido algún tipo de agresión o acoso en línea.

Esta situación presenta dinámicas e indicadores de alta alerta, pues existen datos de ciberacoso en el Estado, donde la población más afectada, al igual que a nivel nacional, menores de edad, adolescentes y jóvenes son las principales víctimas por su alta exposición e interacción diaria en plataformas sociales.

Aunque Usted no lo crea, a nivel nacional, Quintana Roo figura en los primeros lugares de prevalencia en sectores específicos, por ejemplo, reportes históricos del INEGI lo colocan ¡en segundo lugar nacional! en ciberacoso hacia hombres (26.1%), solo detrás de Oaxaca, mientras un monitoreo social lo coloca entre los estados con mayor más casos de agresiones contra menores.

El problema digital se suma a una densa crisis de agresiones contra las mujeres, donde el Banco Estatal de Datos documentó que en un sólo año hubo 25 mil 971 casos generales de violencia contra ellas en Quintana Roo, lo que muestra la urgencia de blindar también el espacio cibernético.

A pesar del panorama retador, en Quintana Roo se comenzaron a marcar precedentes legales en el castigo de estos delitos, los cuales son sancionados hasta con ocho años de prisión bajo la reforma local de la Ley Olimpia.

Aunque parezca mentira, la Fiscalía General del Estado ha obtenido sentencias condenatorias firmes por violencia digital, uno. Uno de los casos más conocidos en Othón P. Blanco, donde se dictó pena de 4 años de cárcel a una agresora que difundió fotografías íntimas de otra mujer en redes sociales acompañadas de mensajes de hostigamiento y extorsión sexual.

Por fortuna, si se conoce a alguien que vive situación de acoso, extorsión o difusión de contenido íntimo sin su consentimiento se puede acudir a la Policía Cibernética de Quintana Roo, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que recibe reportes de páginas, perfiles falsos y extorsiones en línea y se puede contactar a través de servicios de emergencia o de denuncia anónima.

En cambio, para formalizar una denuncia penal y activar la Ley Olimpia, se puede presentar en las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal)

Las manifestaciones comunes de violencia digital incluyen la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es decir, compartir o vender fotos o videos de carácter sexual sin autorización de la persona implicada, así como el ciberacoso (cyberbullying): Insultos, burlas, amenazas u hostigamiento constante mediante mensajería o foros públicos.

Otras manifestaciones son la sextorsión, o sea, chantajear a una víctima con publicar su información o contenido íntimo a cambio de dinero o favores sexuales, la suplantación de identidad, crear perfiles falsos con el nombre o fotos de otra persona para dañar su reputación y, finalmente, control y vigilancia digital: Intervenir cuentas, exigir contraseñas o monitorear ubicaciones y mensajes de una pareja de manera obsesiva.

Las principales características de violencia digital incluyen el anonimato del agresor, ya que usar perfiles falsos facilita a los atacantes actuar con mayor crueldad por no ser identificados fácilmente.

Otra característica es que los contenidos se replican de manera viral a gran velocidad, lo que dificulta borrar el rastro de la agresión, y aunque cualquier persona puede sufrirla, organizaciones como ONU-Mujeres advierten que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+.

No obstante, para protegerse de estas agresiones en línea se recomiendan filtros estrictos de privacidad en redes sociales, evitar compartir contraseñas y documentar cualquier ataque a través de “capturas” de pantalla como evidencia.

En varios países de Latinoamérica, este problema ha ganado visibilidad legal, por ejemplo, en México se implementó la Ley Olimpia en la plataforma del Gobierno de México, un conjunto de reformas que tipifican y penalizan con cárcel la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el acoso digital.

Ahora bien, violencia digital la propicia una combinación de factores tecnológicos, psicológicos y culturales, aunque entre los factores que la facilitan se puede citar la sensación de anonimato, pues las pantallas y perfiles falsos reducen la empatía y aumentan la agresividad del atacante.

Otros factores son falta de consecuencias, donde la impunidad en internet y la lentitud legal provocan que los agresores no teman ser castigados, a lo que se suma una cultura del “machismo”, donde la normalización del control sobre las parejas y la cosificación de las mujeres (verlas como “cosas”), se trasladan a las redes.

Además, la baja alfabetización digital, el desconocimiento sobre la configuración de privacidad deja los datos personales expuestos; la normalización del acoso, compartir memes ofensivos o videos íntimos “por diversión” valida el daño a la víctima y, finalmente, la facilidad de difusión, pues los algoritmos premian el contenido polémico, viralizando las agresiones en cuestión de minutos.

Así las cosas, según datos oficiales más recientes del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, las agresiones virtuales muestran cifras de alerta en el país, a grado tal que 21.0% de la población mayor de 12 años que utiliza internet en México -unas 18.9 millones de personas- reportó haber sido víctima de acoso o violencia cibernética.

En una afectación desproporcionada a mujeres, del total de víctimas, 10.6 millones son de ese género, dado que la tasa de prevalencia afecta a 22.2% de las usuarias mexicanas en comparación con 19.6% de los hombres.

Con todo, la violencia digital se concentra críticamente en las poblaciones más jóvenes. Los rangos de 12 a 19 años y de 20 a 29 años de edad, registran los índices de vulnerabilidad más elevados del país, particularmente, una de cada cuatro adolescentes en México ha sufrido acoso cibernético.

En este sentido, la violencia digital se manifiesta con intenciones muy distintas según el género de la víctima: En mujeres, predominan las propuestas sexuales no deseadas, envío de material íntimo sin consentimiento (exhibicionismo digital), suplantación de identidad y amenazas de publicación de videos o fotos personales con fines de extorsión (sextorsión)

Mientras tanto, en los hombres se concentra mayormente en mensajes u ofensas directas, llamadas de carácter insultante, provocaciones públicas para reaccionar negativamente y amenazas de daños físicos o patrimoniales, con un modus operandi y plataformas comunes de identidades falsas, la herramienta más frecuente de los agresores es uso de perfiles falsos o anónimos, técnica presente en 36% de los casos reportados.

Como medios de propagación, los canales con mayor registro de agresiones recurrentes en México son las plataformas de mensajería, como el popular whatsapp, seguidas de redes sociales masivas, como Facebook, y llamadas de telefonía celular tradicionales.

En torno a los Estados con mayor incidencia, las tres entidades de la República con porcentajes más altos de denuncias ciudadanas de ciberacoso son Yucatán (29.7%), San Luis Potosí (26.9%) e Hidalgo (26.2%).

Pese a la gravedad del daño psicológico, social y reputacional que provoca el ciberacoso, la cifra “negra” de impunidad sigue alarmantemente alta, pues sólo cerca de 11 a 13% de las víctimas mexicanas proceden a denunciar de manera formal ante las autoridades: La gran mayoría prefiere optar sólo por bloquear el perfil del atacante, ignorar la situación por temor a revictimización o asimilar los ataques ante la falta de confianza institucional.

Ante lo anterior, la videoconferencia del próximo miércoles sobre “La violencia digital” deberá resultar sumamente interesante, aunque, al menos hasta hoy, ignoramos quién la vaya a impartir, pero sí que es un abogado experto y con experiencia en litigio de esta naturaleza.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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