Otro convenio ilegal de Chihuahua: ¡Ahora Texas!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tal
y como fueron los casos de permitir la ilegal operación de agentes
estadounidenses en territorio mexicano y la firma de un convenio con el
cuestionado Israel, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, ahora
citada formalmente por la Fiscalía General de la República, volvió a demostrar
que poco le importan las leyes de nuestro país, al ponerse de manifiesto que celebró
otro convenio con otra entidad de EE.UU., con Texas.
El nuevo convenio data de abril de 2022, por el
que la mandataria ofreció drones y 200 millones de dólares, pese a que su
legalidad como acuerdo de colaboración en seguridad y vigilancia fronteriza
entre Chihuahua y Texas, es intensamente cuestionamiento legal y constitucional
en México, que prohíbe estrictamente a los estados firmar pactos
internacionales.
Aunque
el gobierno de Maru Campos lo defiende como un esquema de cooperación técnica y
comercial, el gobierno federal y diversos especialistas señalan que invade
facultades exclusivas de la Federación.
En
un desglose de los puntos que definen este conflicto legal abarca varios
aspectos, entre ellos un conflicto constitucional sobre el monopolio de la política
exterior, sobre lo cual el artículo 89, fracción X de la Constitución otorga de
manera exclusiva al Poder Ejecutivo Federal la dirección de la política
exterior y la celebración de tratados internacionales.
Otro
aspecto es la prohibición expresa a los estados, sobre la cual el artículo 117,
fracción I prohíbe tajantemente a las entidades celebrar alianzas, tratados o
coaliciones con otros Estados o potencias extranjeras.
A
través de la Ley de Tratados, la legislación mexicana permite a los Estados
firmar “Acuerdos Interinstitucionales” -como el que firmaron en un principio
los gobernadores Maru Campos y Greg Abbott-, pero éstos se deben limitar a la
cooperación técnica y están obligados a registrarse ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
El
debate sobre la ilegalidad escaló significativamente tras revelarse el alcance
real de las acciones de vigilancia conjuntas, entre ellos acceso a infraestructura
estratégica, pues se señala que el convenio permite a agencias estadounidenses -incluyendo
al FBI- acceso a datos e imágenes de las más de 4 mil cámaras del sistema de
videovigilancia estatal Plataforma Centinela, lo que constitucionalistas consideran
vulneración a la soberanía nacional.
Tras
incidentes recientes que involucraron a personal estadounidense en territorio
chihuahuense, la Fiscalía General de la República inició una serie de investigaciones
para determinar si se violó la Ley de Seguridad Nacional al permitir la
operación de agentes foráneos al margen del control federal.
En
materia migratoria, la vigilancia de fronteras y el control migratorio competen
de forma exclusiva a las dependencias federales mexicanas, por lo que un pacto
estatal en esta materia carece de validez jurídica interna.
Sobre
la postura del Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó
formalmente una revisión jurídica integral del memorándum de entendimiento, ya
que cualquier relación o intercambio en materia de seguridad fronteriza con
Estados Unidos debe canalizarse y autorizarse obligatoriamente a través de la
federación, catalogando los acuerdos directos Chihuahua-Texas como una
transgresión a los límites estatales.
En
torno al memorándum, la gobernadora Maru Campos -citada por la FGR como también
lo fue el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya-, lo firmó en materia de
materia de seguridad y de vigilancia fronteriza con su homólogo de Texas, Greg
Abbott, desde abril de 2022, según informó el Sistema Público de Radiodifusión
del Estado mexicano.
Según
reportaje del noticiero Punto de Referencia, transmitido a través del organismo
público descentralizado, el acuerdo de colaboración que incluye el proyecto “Centinela”,
que permitió operar agencias de EE.UU. en territorio nacional, es una franca
violación al artículo 117 constitucional y Ley de Seguridad Nacional.
El
hecho no es menor, pues desde entonces se comprometió a mudar la sede de la
Secretaría de Seguridad Pública de la capital Chihuahua a Ciudad Juárez, en el
marco del polémico “Centinela”, que incluye todo un ecosistema de vigilancia,
seguridad pública, compartición de infraestructura e información con los
vecinos texanos, afirmó el reportaje que muestra el acuerdo que firmó Maru Campos.
Por
su parte, ésta concedió una serie de entrevistas donde confirmó la
participación de agencias estadounidenses en tareas de seguridad en Chihuahua,
y que en su Estado operan agentes de la DEA y el FBI que, confesó, han
participado en operativos para la “detención y extradición” de “generadores de
violencia”, en tanto consideró que sí debería haber agentes armados de la CIA
operando en territorio nacional.
En
las entrevistas a diversos medios de comunicación, explicó, por ejemplo, que
hay reuniones entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de
Chihuahua con agentes de inteligencia del gobierno de EE.UU. en Ciudad Juárez,
pero no de la CIA, sino del Departamento de Estado: Homeland Security del FBI y
la DEA, no la CIA.
La
funcionaria, se sabe, se encuentra en medio de la polémica por el operativo de
la Sierra de Chihuahua del 19 de abril, donde se involucraron agentes de la
CIA, dos de los cuales murieron en un accidente automovilístico junto a dos
funcionarios de la entidad.
A
todo esto ¿Qué es el Proyecto Centinela? Está abierto para la presencia
eventual y eventualmente permanente de FBI, DEA y CBP, aseguró Gilberto Loya
Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en
entrevista para El Heraldo de Juárez, donde habló sobre la colaboración que el
Gobierno del estado establecerá con agencias de seguridad de EE.UU.
Está
pensado en un tema de colaboración y cooperación con esas agencias, lo que
legalmente podemos hacer a nivel estatal, dijo, aunque, en paralelo, corren
todos los procesos para que la Cancillería autorice el siguiente nivel de
colaboración, donde aseguró tener suficientes facultades estatales para
colaborar con las agencias de manera permanente.
Algunas
de las agencias de EE.UU. a las que se refirió y con las que su gobierno,
encabezado por la panista María Eugenia Campos, piensa colaborar e invitó a
trabajar en territorio mexicano, son el Buró Federal de Investigaciones, la
Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza, la Patrulla Fronteriza y los US Marshal.
Loya
Chávez mencionó que La Torre Centinela, es un edificio de 20 pisos ubicado en
Ciudad Juárez, Chihuahua, pensada servir como eje de la estrategia de seguridad
de ese Estado, donde, entre otras funciones de seguridad, instalarán un centro
internacional de inteligencia, como colaboración con el gobierno de Donald
Trump, permitiendo presencia de agentes de esas agencias.
Por
último, en torno a esta colaboración entre el Gobierno de Chihuahua y las
agencias de seguridad estadounidenses se limitaría a intercambiar información, afirma sin titubear: “Implica intercambio de
información y para ello la Torre está abierta para la presencia eventual y
eventualmente permanente de estas agencias”.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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