¡Tarea “pendiente” de la presidenta Sheinbaum!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Pésele a quien le pese, y aunque Morena diga lo contrario, uno de los principales yerros de la presidenta Claudia Sheinbaum es la omisión de su gobierno ante las madres buscadoras en México que consolida una crisis de derechos humanos, donde la inacción de autoridades obliga a las familias a labores de investigación en condiciones de extremo peligro.

“Fielmente” imitada en Quintana Roo por la gobernadora Verde, Mara Lezama y sus ocurrencias en su pésimo nombramiento de Comisionadas para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, las principales omisiones del gobierno federal y estatal, incluyen la falta de investigación efectiva, pues las fiscalías postergan o ignoran recolectar indicios y dejan el rastreo físico en manos de civiles.

Sus omisiones también suman una crisis forense institucional, pues existen decenas de miles de cuerpos y restos humanos sin identificar en morgues y fosas comunes por falta de recursos y voluntad técnica.

Por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación rechazó incluir el término “madre buscadora” en la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, con lo que la mandataria federal ignoró peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La inacción de organismos institucionales, propició que diversos colectivos presentaron solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados contra María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante su persistente omisión en la atención a las víctimas.

Resulta increíble, pero en el renglón de rechazo a la cooperación, el gobierno federal mantiene resistencia a aceptar asistencia formal de organismos internacionales para optimizar los procesos forenses y de localización.

A todo esto, poco le ha importado a gobierno la serie de riesgos y consecuencias para las buscadoras, principalmente de asesinatos y atentados, ya que la falta de protección ha provocado ejecuciones de activistas a manos del crimen organizado, como el ataque que costó la vida a integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Otro riesgo es de criminalización y violencia, toda vez que cerca de 97% de las mujeres integradas en tareas de rastreo reportan haber sufrido amenazas, agresiones directas o intimidación sistemática que, en el primer caso, obligan a las familias a abandonar sus hogares tras iniciar brigadas de campo.

Duramente recién cuestionado el gobierno mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas por vivir el país una “grave crisis” de desapariciones, las autoridades omiten o ignoran diversos protocolos internacionales, por lo que enfrentan un severo escrutinio por su incumplimiento de normativas globales fundamentales.

Entre éstos se incluyen la desatención a las alertas de la ONU, cuyo Comité contra la Desaparición Forzada (CED) advierte que la crisis en México podría equivaler a crímenes de lesa humanidad por el hallazgo de miles de fosas clandestinas y la existencia de más de 72 mil restos humanos sin identificar.

El gobierno federal rechazó formalmente los informes del Comité de la ONU, a los que calificó de “tendenciosos” y “sesgados”, con el argumento de no valorar recientes avances legislativos recientes, lo que bloquea la aplicación real de las recomendaciones internacionales.

Durante visitas de alto nivel, como las del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los colectivos exigen al ejecutivo federal aceptar el apoyo técnico y financiero internacional, una vía que las autoridades evitan usar a plenitud.

Asimismo, México ignora obligaciones del Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, lo que provocó llamados directos para que la Asamblea General de la ONU adopte medidas sobre el caso mexicano.

Por otro lado, existen herramientas legales en papel, cuya aplicación práctica es deficiente, entre ellos la exclusión de la Ley de Protección, donde la Secretaría de Gobernación descartó formalmente incluir el término específico “madre buscadora” en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que diluye la obligatoriedad de medidas cautelares personalizadas para las rastreadoras.

Aunque las buscadoras pueden solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección de la Segob, las activistas denuncian que las medidas asignadas (como botones de pánico o patrullajes esporádicos) son insuficientes frente al poder de fuego del crimen organizado.

También existen proyectos de decreto en el Congreso para expedir una Ley General que reconozca explícitamente derechos, integridad y apoyo integral a las madres buscadoras, pero la falta de voluntad política mantiene estas iniciativas sin un presupuesto real o una implementación efectiva.

El marco normativo nacional prevé cinco tipos de rastreo -inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia- que administra la Comisión Nacional de Búsqueda, pero las fiscalías no ejecutan el protocolo de forma articulada, dejando 24% de los rastreos en campo sin acompañamiento ni seguridad pericial activa.

         Lo cierto es que la omisión de gobierno para buscar desaparecidos obliga a miles de mujeres -madres, hermanas, esposas, primas, novias y amigas- a buscar por su cuenta a sus seres queridos, lo que las coloca en una delicada situación de riesgo que todos los días suma consecuencias, pues, según el investigador de El Colegio de México, Carlos López Buburrón, entre 2010 y 2025 fueron asesinadas unas 33 buscadoras, 20 de ellas mujeres.

Lo grave es que 21 de esos casos surgen desde 2021, con más incidencia en Jalisco y Guanajuato, entidades donde la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada es la más intensa de los últimos años.

A esa cifra se incluye el asesinato de la buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, miembro del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, sucedido en Mazatlán, Sinaloa, este 27 de febrero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, visitaban la entidad.

Gómez Tagle buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez, quien desapareció el 25 de mayo de 2025, y ofrecía acompañamiento a otras mujeres y familias en la misma situación, aunque, según la organización civil Artículo 19, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum han documentado 14 agresiones contra madres buscadoras, ocho asesinadas y seis desaparecidas.

A la mala, las buscadoras han tenido que aprender que en México buscar a un desaparecido es hacer visible algo que la delincuencia quiere mantener oculto, lo que las pone en peligro, a pesar de lo cual cuando se les pregunta por qué siguen buscando con todo el riesgo que implica, responden de inmediato “porque nadie más lo hará”, y la evidencia parece darles la razón.

La ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, refiere que en México hay más de 130 mil desaparecidos y más de 90% de los que los busca son mujeres, pero que lo delicado es que, dado que el Estado mexicano no cumple su deber de buscar, coloca a las mujeres que sí lo hacen en alto riesgo: Ellas no se ponen en riesgo, pero el Estado las coloca en esa situación, sin protección ni acompañamiento.

Para Artículo 19, el patrón de violencia contra las personas buscadoras es enfrentar amenazas, desapariciones, asesinatos y demás agresiones físicas en un contexto de impunidad estructural.

Así las cosas, en 2025 Amnistía Internacional presentó el documento “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, donde expone que el país padece una crisis de desapariciones, y las mujeres lideran y protagonizan mayormente la búsqueda de seres queridos, y exigen la verdad, justicia y reparación.

Respuestas de más de 600 buscadoras a un cuestionario, exponen que en México hay al menos 234 colectivas de familiares de desaparecidos, más de 90% con mujeres, de las cuales 65% son madres, 21% hermanas, 13% parejas, 6% hijas y 5% amigas, que buscan principalmente a hombres (84%) El gran problema es que buscar a un desaparecido es de alto riesgo: 97% de las buscadoras que contestaron dicen haber enfrentado algún tipo de violencia.

Además del riesgo de muerte, enfrentan ambientes hostiles y de discriminación por su género, atreverse a alzar la voz y, en los hechos, ser defensoras de derechos humanos, mientras Amnistía Internacional documentó casos de mujeres que se vieron obligadas a desplazarse de colonias, barrios o pueblos ante amenazas e implicaciones.

También, recopiló testimonios sobre estigmatización y revictimización de autoridades o, incluso, de sus propias familias y comunidades, por lo que 70% enfrenta deterioro de salud, mientras viven una conmoción persistente, donde la angustia y dolor causado es indefinido y acusan daños físicos.

70% de ellas experimentó deterioro de salud, con enfermedades como colitis, gastritis, diabetes, problemas de presión, afectaciones a la tiroides, incluso hipertiroidismo, problemas cardiacos, o en los dientes, como el bruxismo, problemas de huesos y parálisis facial, aunque siguen buscando a sus seres queridos, pese a padecer cáncer o enfermedades degenerativas, incluso desprendimiento de retina por el llanto constante.

Por otra parte, muchas están afectadas de su salud mental. 73% reporta depresión; 72% insomnio; 73% estrés; 68% problemas de nervios y ansiedad, tristeza y apatía; 72% sentimientos de culpa, pensamientos suicidas e intentos de suicidio.

El estudio documenta también el poco apoyo de gobierno. Solo 26% dijo haber recibido algún tipo de acompañamiento jurídico o psicoemocional; 25%, atención médica o psicológica; 12% algún tipo de apoyo económico y 10% medidas de protección. Sólo 7% dijo estar inscrita a un mecanismo de protección federal y 4% a uno local.

Además, suelen vivir un empobrecimiento importante. 66% dijo haber perdido recursos económicos por diversos factores, entre ellos la desaparición de la principal o única proveedora económica del hogar o familia y la pérdida de empleo o negocio tras una desaparición, aunque varias quedaron a cargo de cuidado exclusivo, lo que dificulta obtener fuentes de ingreso y obliga a asumir tres roles al mismo tiempo: Proveedoras, cuidadoras y buscadoras.

Ante esto, Amnistía Internacional recomendó reconocer, desde el más alto nivel, la grave crisis de desapariciones forzadas y cometidas por particulares en todo el país, así como abrir un diálogo con familias, sociedad civil y organismos internacionales para enfrentar esta situación.

Olivares Ferreto hizo un llamado en dos sentidos: Al Estado Mexicano reconocer que tienen derecho a buscar por cuenta propia, y aceptar que el derecho internacional reconoce a los Estados la obligación de buscar desaparecidos y el deber de hacer partícipes a las familias.

Eso lleva aparejado brindarles protección, pues están dando un servicio de búsqueda efectiva a la sociedad, por lo que lo mínimo que debe hacer el Estado, es protegerlas y proveerles servicios de salud y apoyos económicos, por lo que llamó a firmar una petición al Estado Mexicano de proteger a las madres buscadoras.

La activista recalca que en los últimos años las autoridades no sólo han sido omisas en proteger a las personas que buscan a familiares desaparecidos, sino que hay una fuerte resistencia a reconocer la problemática de desaparición, incluida la forzada, que realizan actores del Estado.

Contra lo que dicen autoridades federales, incluida Claudia Sheinbaum, en México sí existe la desaparición forzada, cuando es desaparición directa por parte de agentes del Estado o cuando agentes privados desaparecen a personas con colaboración, apoyo o aquiescencia del Estado.

Desde su perspectiva, eso explica que hoy por hoy sigan desapareciendo cada día un promedio de 40 personas. Lo grave es que mientras las autoridades no lo reconozcan no lo comenzarán a combatir. Hasta el 4 de marzo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas son 131,844, con ausencias… que dicen cosas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html