¡Foráneos, en corrupción y hacinamiento en Ceresos!

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En nueva muestra del desprecio a los quintanarroenses por parte de la gobernadora Verde, la capitalina Mara Lezama, ahora nombró a una tamaulipeca nueva directora del Cereso de Chetumal (Centro de Reinserción Social), Jetzael Elena Martínez Cisneros, en relevo del “angelito” Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, aunque en 2023 fue cesada como tal en el Centro Penitenciario Federal de Ramos Arizpe, Coahuila, tras una lluvia de denuncias.

Responsabilidad directa y administrativa del secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, que encabeza otro foráneo, de Temascal, Oaxaca, el Contralmirante Julio César Gómez Torres, el penal, con una hacinada sobrepoblación de más de 4 mil internos, sufría un mundo de irregularidades con su anterior director, sólo cambiado al penal de Cozumel.

Sumado a ellos, la nueva directora, vinculada a Matamoros, donde se realizaron procesos judiciales relacionados con su familia, “estrenó” entre sus primeras, estrictas medidas de uniformidad a internos, a los que ordenó rapar y exigir el uso correcto de colores reglamentarios de uniformes y otros estándares, con el supuesto fin de eliminar jerarquías visuales.

El corte de cabello obligatorio para personas privadas de la libertad, sin embargo, es objeto de debate jurídico por colisionar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana contra criterios de seguridad y salubridad de las penitenciarías.

Así, aunque no existe prohibición absoluta ni permiso ilimitado, la validez de la medida depende de su justificación y aplicación, por lo que Suprema Corte de Justicia y tribunales establecen que la apariencia física es una expresión de autonomía individual, como en el ámbito educativo se considera una violación a los derechos humanos obligar a cortarse el cabello.

Martínez Cisneros había estado en cargos de seguridad pública y administración penitenciaria en varios Estados y antes ocupó cargos directivos en otros centros federales, como Morelos, aunque antes de llegar a Chetumal fue titular del Centro Penitenciario de Cozumel desde febrero de 2025.

Lo peor del caso es que las principales críticas y señalamientos en su contra en la isla fueron, entre otros, abuso de autoridad y tratos degradantes, más fuertes por implementar medidas de “mano dura”, como la orden de rapar obligatoriamente a los internos sin justificación médica o de seguridad, lo que se considera un trato cruel y degradante que vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Más grave aún, antes de llegar a Quintana Roo, con el visto bueno de la gobernadora Verde, Mara Lezama, fue directora del Cefereso 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, de donde fue destituida en 2023 tras investigarse la “misteriosa” muerte de internos bajo su mando.

No obstante, también enfrenta procesos abiertos, con unos 49 expedientes abiertos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura, amenazas y condiciones deshumanizadas, mientras en Cozumel le reportaron privilegios indebidos a ciertos reos, como acceso a refrigeradores y sustancias prohibidas, lo que derivó en cateos y críticas a su “labor”.

Lo más curioso es que Martínez Cisneros, dicen, es parte de movimientos estratégicos de la Secretaría de Seguridad “para fortalecer” la administración de los centros penitenciarios y, bajo supervisión de Gómez Torres, fortalecer la infraestructura y capacidad del penal, donde su designación es parte de “enroques” del sistema penitenciario “para fortalecer la operatividad y prevenir malas prácticas”.

Entre los planes de mejora y estrategia, el gobierno de Mara Lezama delineó un plan de fortalecimiento del sistema penitenciario estatal que incluye ampliación de infraestructura, pues se descarta construir un nuevo penal, sino ampliar el actual con nuevos módulos, estancias y celdas para mayor capacidad.

Así, destinó 620 millones de pesos a través del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad, en parte para dignificar espacios y modernizar las cárceles, mientras se implementan programas de capacitación laboral y educación para unos 1,800 internos, con el fin de mejorar sus oportunidades al recuperar la libertad.

Por último, los planes incluyen instalar sistemas de videovigilancia y fortalecer controles procedimentales para elevar estándares de seguridad interna.

¿Por qué cambiaron a Orihuela Hernández? Oficialmente y según fuentes locales, entre los motivos principales están los “enroques”, pues la Secretaría de Seguridad implementó cambios para evitar el estancamiento administrativo y prevenir posibles vicios o malas prácticas que pudieran surgir por la permanencia prolongada de directivos en un mismo centro.

En este sentido, como parte de este movimiento, mientras Martínez Cisneros llegaba procedente de Cozumel, el californiano Miguel Ángel Marín Martínez fue asignado al Centro Penitenciario de Cancún, buscando “refrescar” el mando en ambas instituciones, pero, para morirse, no sabemos si de risa o de coraje, Orihuela Hernández ¡fue favorecido como titular en Cozumel!

Con todo, es inevitable no confundir este movimiento reciente con la destitución de directores anteriores, como el de Hugo Silva Solórzano, removido en 2022 -duró un año- por violencia interna o de Eliezer Reyes Cháidez, cesado en 2018 tras una sarta de denuncias de abusos.

Los principales casos y denuncias de corrupción en el Cereso de Chetumal con Orihuela Hernández incluyen la venta y control de insumos, pues sólo en junio de 2025, familiares de internos lo denunciaron por lucrar con la venta de alimentos: Prohibía ingresar productos externos con pretexto de seguridad para obligar a los reos a comprar dentro del penal a precios elevados.

En noviembre de 2025, se emitió una alerta sobre una red de extorsionadores digitales que operaba desde el interior del Cereso, lo que evidenciaba la falta de control sobre dispositivos de comunicación prohibidos.

También había celdas de lujo y privilegios e históricamente, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos descubrió celdas equipadas con aire acondicionado, televisión satelital y otros lujos en áreas de segregados, lo que confirma la compra de privilegios mediante sobornos.

En relación con el tradicional autogobierno, reportes e investigaciones señalaron que el penal lo controlaban internamente grupos de internos conocidos como “La Comitiva”, que manejaban el tráfico de narcóticos y aplicaban castigos violentos con la tolerancia o complicidad de custodios.

Por último, era común el abuso de autoridad y violencia contra internas, y desde años anteriores se difundieron videos de internas denunciando amenazas de muerte y abusos sexuales facilitados por el director en turno, lo que llevó a destituciones y la intervención de la Fiscalía General del Estado.

En un caso reciente, en agosto último se registraron motines y disturbios tras operativos de revisión del Ejército, Semar y Guardia Nacional, que buscaban desarticular bandas de control interno, lo que provocó tensiones con las familias, que exigieron garantías de seguridad ante posibles represalias, por lo que en enero se suspendieron las visitas ante nuevas amenazas de rebelión.

Por otro lado, desde su llegada a Chetumal, Martínez Cisneros implementó medidas inmediatas enfocadas en la disciplina y control operativo, entre otras, revisiones sorpresa, con las que se intensificó la inspección en celdas para decomisar objetos prohibidos, buscando reducir el autogobierno.

Asimismo, se reforzaron los protocolos de entrada y salida para visitantes y para el cuerpo de custodios para evitar la introducción de sustancias o dispositivos ilegales.

En su paso por Cozumel, publicó Herio Córdova, del portal Que todo Cozumel se entere “Martínez Cisneros ya empezó con su mañas y estrategias, está dañando a los reos psicológicamente, los tiene en limitación de comida, ya no deja que pasen verduras, ni carnes frías, ni sopa ni azúcar ni Tang ni frutas, ya no dejan pasar nada para su consumo alimenticio a las visitas, a la visita le meten mano para que vean que no meta nada”.

Por su parte, el traslado de Miguel Ángel Marín a la dirección del penal de Cancún responde a un desafío mayor, dado que ese penal enfrenta problemas históricos de sobrepoblación, aunque se espera que el funcionario aplique la experiencia adquirida en Chetumal para estabilizar las áreas de mayor conflicto en Cancún, donde es crítica la presión por el número de internos: 2 mil 223, cuando su capacidad es de sólo 947.

Su gestión está siendo monitoreada directamente por la Secretaría de Seguridad para asegurar que los “enroques” den resultados en la reducción de incidentes violentos en la cárcel de Benito Juárez.

Sin embargo, el Cereso de Chetumal también presenta marcado problema de hacinamiento y sobrepoblación, agravado por traslados recientes desde otros penales del Estado.

Se estima que albergaba a más de 1,400 internos a principios de este año, cifra que ha fluctuado ante la “despresurización” de la cárcel de Cancún, desde donde se trasladaron grupos de 70 y de 41 internos en noviembre de 2025, cuando que debería albergar, idealmente, a un máximo de 1,115 internos.

En este sentido, Quintana Roo cerró 2025 como sexto Estado con mayor sobrepoblación carcelaria en México, con niveles superiores a 76% de hacinamiento en su sistema penitenciario estatal, un exceso que genera condiciones que facilitan la corrupción y el autogobierno.

Además, la falta de infraestructura digna obliga a muchos reclusos a dormir en áreas no aptas o a pagar por espacios en celdas menos saturadas y ese hacinamiento aumenta fricciones y brotes de violencia, dificultando el control a los custodios, mientras que la saturación impide el acceso adecuado a servicios básicos y de salud, convirtiendo al penal en foco de riesgo para la propagación de enfermedades.

En síntesis, ¡es un verdadero infierno, con corrupción y sobresaturación!, y nos preguntamos ¿Dónde están los nativistas o el gremio de profesionistas para luchar contra el arribazón de foráneos oportunistas?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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