Nueva “hazaña” de Yensunni, ¡ahora con auditor!

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         En enésimo acto de corrupción, la nuevamente recién casada alcaldesa morenista de Othón P. Blanco -ahora desposada en supuesto secreto-, Yensunni Martínez Hernández, otorgó en “compensación” millonario contrato al “arquitecto” Ángel Josué Martínez Ávila, quien ha tenido una relación laboral directa con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, con roles técnicos y de fiscalización.   

Para ese efecto, en conflicto de interés, Martínez Ávila aparece en los registros públicos de la Comuna principalmente como proveedor de obra pública y no como empleado directo bajo nómina, en contratos de obra 2024 del cuarto trimestre de 2024, cuando se le adjudicaron como persona física, donde destaca el COP-LO-OPB-014-2024 por más de 15.4 millones de pesos.

Contra lo que se esperaba, no hablaremos del ahora diseque desmentido, segundo, suntuoso matrimonio de la alcaldesa, ahora “oculto” en el complejo Xcaret -cobra desde 75 mil pesos por paquetes de 30 a 50 invitados hasta más de 100 mil pesos-, pese a su supuesta y los principios de austeridad de su partido, Morena, que presume ideología de humanismo y justicia social.   

No, hablaremos de que le entregó varios contratos de obras públicas a Martínez Ávila con aval y complicidad del Tesorero, Josué Leonardo Jiménez Herrera, y del secretario de Obras Públicas, Ilyanne Jocelyn García Hernández, por casi 17 millones de pesos en materia de obra pública, siendo auditor de la Auditoria Superior del Estado -por eso no es extraño-, bajo el mando del ex Tesorero, Miguel Zogby Cheluja Martínez.

El “contratista” también figura en procesos de licitación pública (como la LPN-011-2023) con propuestas por cerca de 9.1 millones de pesos para proyectos de infraestructura vial, mientras que en el contexto político ha participado en el ámbito electoral local como representante del PAN ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y fue Síndico Municipal entre 2011 y 2013.

Por otra parte, según registros públicos y documentos de transparencia, sin embargo, en materia de fiscalización ha fungido como comisionado para la revisión física de obra pública, y en registros de viáticos y comisiones, aparece adscrito al área de Fiscalización en Materia de Obra Pública.

Cabe señalar que existen antecedentes de contratos de prestación de servicios profesionales independientes firmados con la ASEQROO, por ejemplo, el contrato con folio terminación XI/1T/4 de enero de 2020, en actividades de apoyo técnico en auditorías.

Así las cosas, resulta relevante que, mientras aparece en padrones de proveedores y contratistas de la Comuna de OPB y la Secretaría de Obras Públicas -como persona física para obra vial-, también ha “colaborado” en el órgano encargado de auditar, sospechosamente, el uso de recursos públicos en Quintana Roo.

En este sentido, existe evidencia de “coincidencia” temporal y operativa que plantea un posible escenario de conflicto de interés, ante su doble rol como fiscalizador y contratista en el mismo ámbito geográfico.

En relación con la “coincidencia” de fechas y actividades, a través del contrato de obra de 2024, Martínez Ávila recibió el contrato COP-LO-OPB-014-2024 del Ayuntamiento para obras de infraestructura vial por más de 15.4 millones de pesos.

Simultáneamente, registros de la Auditoría Superior del Estado lo ubican como personal comisionado en la Dirección de Fiscalización de Obra Pública, donde su labor consistía precisamente en verificar físicamente que las obras públicas cumplieran con la normativa y los costos pactados.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el programa anticorrupción del Ayuntamiento de OPB, se configura un conflicto de interés cuando los intereses particulares de un servidor público interfieren con su imparcialidad.

El riesgo, es que la situación de ser un contratista que ejecuta obras para un municipio, en este caso OPB mientras se forma parte de la ASEQROO que debe auditar esas MISMAS cuentas públicas o procesos de licitación municipales.

Por si fuera poco, la obligación del contratista, en este caso, Martínez Ávila, al firmar contratos con el Ayuntamiento, los particulares deben manifestar bajo protesta de decir verdad que no desempeñan un cargo público que actualice un conflicto de interés.

En este caso, medios de comunicación locales recientemente reportaron, vía redes sociales, omisiones en auditorías de la cuenta pública de OPB, sugiriendo que la falta de supervisión sobre ciertos montos millonarios podría estar ligada a este tipo de relaciones internas.

Por cierto, en el contrato COP-LO-OPB-014-2024 adjudicado a Martínez Ávila por el gobierno de Yensunni Martínez aparece, respecto a ubicación y objeto de la obra, que, aunque el registro contable del cuarto trimestre de 2024 confirma el monto de más de 15.4 millones de pesos, la ubicación específica del contrato se vincula a proyectos de infraestructura social en comunidades rurales.

Según las bases de licitación correspondientes, las acciones principales consisten en construcción de cuartos dormitorio y acciones de vivienda en las comunidades de Francisco Villa e Icaiché, en Othón P. Blanco, aunque en infraestructura vial, el “contratista” también tiene antecedentes y propuestas activas para la pavimentación de calles en Chetumal y zonas aledañas.

En torno al plazo de ejecución, de acuerdo con los plazos estándar para este tipo de contratos de obra pública en el municipio, el periodo estimado en la mayoría de estas obras es entre 90 a 120 días naturales, y el contrato fue formalizado en 2024 -registrado en el padrón de contratistas en enero de 2024-con cierres financieros reportados hacia el cuarto trimestre de ese año.

Por otro lado, debido a que Martínez Ávila es una persona física y no una empresa (moral), su domicilio fiscal se considera dato personal sensible, pero, al ser beneficiario de recursos públicos por más de 15 millones de pesos en 2024 y 2025, la información que figura con la licitación COP-LO-OPB-027-2025 en la Unidad de Transparencia de OPB es predio 510 de la calle Otilio Montaño entre Magisterial y Miguel Alemán, en la colonia Residencial de Chetumal.

Si se cree que su domicilio es un predio abandonado o una “empresa fachada”, se puede reportar la inconsistencia ante la Contraloría Municipal de OPB para verificar la existencia física del taller o las oficinas del contratista.

Para su mala fortuna, efectivamente existe un registro que vincula a Martínez Ávila en funciones de fiscalización sobre el mismo gobierno de Yensunni Martínez que ahora le otorga contratos millonarios. ¡Y pensar -por lo menos ella misma se ha descalificado- la candidateaban para candidata de Morena a la gubernatura!… ahora dicen que se pasará al PAN.

Ahora bien, de acuerdo con información pública de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Martínez Ávila, en efecto, en el puesto de fiscalizador, se ha desempeñado como personal técnico adscrito a la Dirección de Fiscalización de Obra Pública.

En materia de acciones de auditoría, su nombre figura en registros de comisiones y viáticos para realizar la verificación física de obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ¡el mismo Fondo que financia sus contratos actuales!

Sobre el conflicto de interés, esta dualidad es crítica, ya que, como funcionario de la ASEQROO, su labor consistía en revisar que las obras del Ayuntamiento de OPB estuvieran bien ejecutadas. Ahora, como contratista bajo el folio COP-LO-OPB-014-2024, es quien ejecuta las obras que sus propios compañeros -o él mismo en periodos previos- debían supervisar.

Dígase lo que se diga, esta situación vulnera principios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que un auditor no debería convertirse en proveedor del ente que auditó en un periodo inmediato, debido al manejo de información privilegiada sobre costos y procesos internos del municipio. ¡Se ha dicho!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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