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¿Despiertan autoridades, por cámaras de espionaje?

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En sorpresivo operativo conjunto de este viernes, autoridades de los tres niveles de gobierno desmantelaron un centro de monitoreo y espionaje clandestino en un predio la calle Oaxaca, en Subteniente López y en Chetumal, operado por grupos criminales en el Sur del Estado, con participación de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

Para ese efecto, se realizaron 17 cateos en Subteniente López y Chetumal, ya que dicho centro operaba con una red de 113 cámaras de videovigilancia instaladas estratégicamente para monitorear movimientos 24 horas por televisores y equipos de comunicación.

Profusamente divulgado en redes sociales, principalmente en el portal Morocoy Noticias, los inmuebles vinculados a esta red, en la que se incluye al restaurante-marisquería “Padilla”, a la salida de Chetumal, operaban con apariencia de gimnasios, restaurantes, tiendas, hoteles y bodegas.

Como resultado, se capturaron cinco personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo y vigilancia ilegal -los “alias” Rudy, Adriel, Fariay, Geovanny y Raymel-, a las que se incautó cámaras de seguridad y grabadores DVR, armas de fuego y equipos de comunicación -radios y celulares-, vehículos (uno con reporte de robo) y diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Tras una denuncia nuestra en reciente columna, este golpe a la estructura logística del crimen organizado busca debilitar su capacidad de vigilancia para evadir a la justicia y controlar territorios en la zona fronteriza del Estado.

Los detenidos enfrentan cargos iniciales por narcomenudeo y posesión de armas de fuego, aunque la Fiscalía integra carpetas de investigación adicionales por espionaje (uso de tecnología para vigilancia ilícita) y asociación delictuosa, por lo que están a disposición del Ministerio Público, para determinar su situación legal en las próximas 48 horas y presentarlos ante un juez de control para solicitar prisión preventiva.

El operativo no se limitó a un edificio, sino que fue una “limpia” de infraestructura en vía pública y propiedad privada, postes y fachadas, de donde se retiraron dispositivos que apuntaban directamente a rutas de acceso de convoyes militares y policiales en la entrada de Subteniente López, por lo que se desmanteló equipo en un gimnasio y un restaurante que servían como puntos de observación estratégica para controlar quién entraba o salía de la localidad.

En Chetumal, los cateos se concentraron en domicilios que funcionaban como repetidores de señal, con lo que se aseguraba que la transmisión del monitoreo llegara a los líderes del grupo criminal, pues las autoridades confirmaron que las cámaras no pertenecían a ningún sistema de seguridad ciudadana y contaban con tecnología de alta definición y visión nocturna.

Lo que parecía ser un centro de acondicionamiento físico, el gimnasio “Gym Titanium”, ubicado en el predio 24 de la calle Laguna Pailas, por la avenida Insurgentes de Chetumal, resultó ser otra pieza clave en una red de vigilancia clandestina, con ¡más de 100 cámaras! que espiaban a ciudadanos y autoridades en tiempo real.

Mientras los clientes entrenaban, el crimen organizado operaba un centro de monitoreo desde las sombras del “negocio” que, desde hoy, luce sellos de clausura tras el operativo que revela cómo la delincuencia se infiltró en la vida cotidiana para vigilarnos. ¡La seguridad de Chetumal fue vulnerada desde la fachada de la legalidad!

Los detenidos de Subteniente López son señalados como operadores de la red de vigilancia y presuntos integrantes de una célula delictiva con presencia en la zona fronteriza, tras 12 cateos simultáneos en esa población y Chetumal.

La red clandestina contaba con 113 cámaras estratégicamente instaladas en postes de luz y teléfonos en las entradas principales de Subteniente López, lo que les permitía vigilar el ingreso de convoyes del Ejército y la Marina.

Los inmuebles, operaban aparentemente como gimnasios, restaurantes, tiendas, hoteles y bodegas, pero servían como nodos centrales para procesar la señal de video, como en Chetumal, donde algunos dispositivos fueron retirados de puntos elevados que funcionaban como repetidores para ampliar el alcance de la señal hacia el Sur.

Este operativo forma parte de una estrategia estatal que, supuestamente, ha retirado más de 130 cámaras ilegales en lo que va del año para recuperar el control de los espacios públicos, aunque sólo se sabe de éste y trascendió de otro más, pero en marzo de 2023, en la calle Florencia, de la colonia Italia.

Como es típico, hasta el momento, las autoridades de Quintana Roo no han revelado los nombres completos ni las identidades específicas de los cinco detenidos, siguiendo el debido proceso, y para no entorpecer las investigaciones en curso, la Fiscalía General sólo confirmó detalles generales.

Sin embargo, se les identifica como operadores logísticos encargados del mantenimiento de la red de cámaras de videovigilancia y del monitoreo de los movimientos de las fuerzas de seguridad en el Sur del Estado, y se investiga su pertenencia a una célula delictiva con presencia en la zona fronteriza de Subteniente López y Chetumal, concretamente el Cártel de Caborca.

Tras la clausura del emblemático restaurante marisquería “Padilla”, a la salida de Chetumal, la Fiscalía General “confirmó” su papel en la red de vigilancia criminal que asfixia a la capital.

Con fachada de negocio familiar, serviría como punto estratégico de monitoreo para controlar quién entra y sale de Chetumal. Mientras los comensales disfrutaban sus platillos, el crimen organizado operaba un sistema de inteligencia con cámaras ocultas que vulneraba la seguridad de cada persona y autoridades. Hoy, luce sellos de clausura, revelando que, en OPB, el ojo del narco está infiltrado hasta en el plato de los chetumaleños.

         Sobre el mismo tema, el portal Infobae publicó en 2023 que la base de operaciones de la colonia Italia era similar al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), encargado de recolectar información para temas de seguridad, aunque no formaba parte del sistema de seguridad de las autoridades, sino para que el grupo criminal del Estado pudiera mantener vigilado en todo momento a las fuerzas de seguridad.

Dijo que declaró López Obrador en una conferencia matutina, un lugar que se parece al sistema de vigilancia C5 “pero de la delincuencia” y aseguró que se habían encontrado cámaras hasta en el aeropuerto, aunque no dio más detalles, pero en los últimos días el tema lo retomaron miembros del gabinete de seguridad de Quintana Roo, cuestionados sobre esas declaraciones.

Esto para vigilar a los aviones que llegan al Estado, rutas de las avionetas con las que se trafica la droga, rutas a casas de seguridad y vigilar las acciones de las Fuerzas Armadas en Quintana Roo.

El 3 de marzo, el entonces coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, José de la Peña, ahora magistrado del Poder Judicial, confirmó la existencia del llamado “C5 de la delincuencia” en Chetumal, aunque carecían información precisa sobre cuántas cámaras ni dónde estaban, pero que no estaban conectadas al sistema de vigilancia.

Versiones extraoficiales indican que pertenecía al Cártel de Caborca, fundado por el famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero y que opera en municipios de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Guerrero, Ciudad de México y Sonora, éste su principal campo de operaciones.

Reportes policiales indicaron que la residencia en donde se encontró el sistema de vigilancia de la calle Florencia, asegurada un 18 de febrero durante un operativo, en el que participó la Secretaría de la Seguridad Nacional, junto con la Guardia Nacional, tras una serie de cateos, bajo el mando de Martín Quintero Payán, presunto líder del Cártel de Caborca señalado de tener contactos con el gabinete de seguridad en Quintana Roo.

Sin embargo, trascendió que la localización del lugar derivó de operativos de las autoridades en zonas residenciales de Bacalar para dar con Rubén Payán Adame (a) “El Pelo Chino”, sobrino de Caro Quintero, hasta ubicarlo y detenerlo en un inmueble de Xul-Ha, Othón P. Blanco.

De acuerdo con el periódico El Debate, el padre de Rubén es Payán Quintero (a) “El Gringo”, primo de Rafael y José Gil y “El Pelo Chino” se encargaba de los negocios de Don José en Quintan Roo, recibiendo las avionetas con droga que aterrizaban en pistas clandestinas de las fronteras de Guatemala y Belice.

La detención de Rubén Payán ocurrió el viernes 17 de febrero de 2023, durante un operativo en conjunto de la fiscalía general de la República y la Secretaría de Marina… pero eso ocurrió ¡hace 3 años!

Frente a eso, los 16 cateos en Subteniente López y esta capital dejó al descubierto una realidad aterradora: El crimen organizado no sólo opera en las calles, sino que las vigila con mayor eficiencia que el propio gobierno. El desmantelamiento de las 137 cámaras clandestinas en puntos estratégicos, es prueba irrefutable de que, en Othón P. Blanco, la autoridad ha sido desplazada por una inteligencia criminal que operaba a la vista de todos.

Como bien señaló Morocoy Noticias, resulta inverosímil y sospechoso que un grupo criminal logre instalar una red de videovigilancia de esa magnitud en gimnasios, restaurantes, tiendas, hoteles, bodegas y casas particulares sin que lo notara una sola autoridad municipal o estatal.

Así, mientras la alcaldesa Yensunni Martínez se concentra en su carrera de influencer y en condicionar “likes” para su marca personal, el crimen organizado montó su propio C5 frente a sus narices.

¿Cómo se instalaron cámaras en postes y fachadas de negocios establecidos sin que los inspectores municipales o la policía de Manuel Santibáñez lo detectaran? La respuesta es simple: O hay ceguera voluntaria por corrupción, o es total el abandono del municipio. Nos inclinamos por ambos,

Mientras el gobierno presume inversiones millonarias en seguridad, los 14 DVRs, módems, routers inalámbricos y terminales de red óptica asegurados en Subteniente López demuestran que el hampa tiene una estructura técnica superior. El centro de monitoreo funcionaba las 24 horas, permitiendo al crimen anticipar cada movimiento policial.

El monitoreo criminal superó a la propia autoridad. No se trata de simples “narcomenudistas” de esquina, sino de una organización con capacidad de ingeniería y despliegue táctico que humilló a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a su titular, el Contralmirante Julio César Gómez Torres.

Por su parte, el Fiscal Raciel López volvió a aplicar su misma receta mediática: Presentó a cinco detenidos y los encasilló bajo el delito de narcomenudeo, narrativa que parece ser su “comodín” para evitar profundizar en la red de complicidades que permite a hoteles y restaurantes servir como bases de espionaje para el narco.

El discurso de “los tenemos identificados” del Fiscal, es el mismo que dio tras las ejecuciones de Evaristo Gómez y el reciente caso de Carlos Hernández Gorocica -primo del clan político en el poder-, aunque identificar cámaras es inútil si no se detiene a los verdaderos cabecillas que operan la Narcopolítica en el Sur.

Pero, en fin, el hallazgo del centro de monitoreo confirma la podredumbre incrustada en el tejido social y comercial de la capital, pero si los negocios bajo licencias municipales son los mismos que albergan las cámaras del narco, la pregunta es obligada sería ¿Quién protege a quién?

Mientras la gobernadora Verde, Mara Lezama, continúa su agenda de galas y discursos sobre supuesta “prosperidad”, y Yensunni Martínez bloquea a la gente que exige seguridad en redes sociales, el crimen organizado demuestra que ellos es el que realmente tiene el control del “botón de pánico” en Chetumal.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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