¿Amparo a Madres Buscadoras contra Comisionada?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Este año, 71 personas
han desaparecido en Quintana Roo, cuatro de ellas ¡en una sola semana! en
Chetumal, luego de que el martes hombres armados y rostros cubiertos, en un
predio de la carretera Calderitas-Oxtankah, cerca de la “antigua quebradora”, se
llevó por la fuerza a Jesús Esteban Pérez Galicia.
Por cierto, circula en
redes un archivo con dos fotos, en el que dicen buscar a Haydé
Cristina Saldaña Martínez, titular de la Comisión de Búsqueda
de Personas, que dice: “Alrededor de 58 años, se comparten imágenes porque una
es producida hace unos 15 años, y la otra es de la semana pasada. Estudió en la
Universidad patito del Sur en Cancún, No sabe de temas de búsqueda, pero
siempre ha sido política, crítica de Mara y parásito del sistema.
-Se le busca, pues
desde que se anunció era la Comisionada no se le ha visto en ninguna búsqueda y
no la conoce ninguna célula de búsqueda. Si la ve comuníquese, pues hay como 30
desaparecidos desde que tomó protesta de su cargo. Comunicarse con las familias
buscadoras o al teléfono de emergencia”.
En
efecto, la recién nombrada es persistente critica y “contreras” de la
gobernadora Verde, Mara Lezama, con lo que, la gente se pregunta ¿por qué su
nombramiento de titular de la Comisión? Es más, contra lo que se supone -y
debiera-, ni siquiera se ha presentado con los grupos búsqueda.
En
este sentido, volvemos a hacernos la última pregunta, ya que su desusado “amor”
no sólo es contra la mandataria inclinada al Verde, sino que vimos por Twitter que
mensajea su odio con toda el alma a Morena, AMLO, Claudia Sheinbaum y todo lo
que huela al partido, al menos cuando le conviene.
En
orden cronológico, el 4 de mayo 2024 publicó “Morena te cobra por caminar; ContinuoD4T
no, gracias. Morena te quiebra las piernas, después te regala las muletas y, al
final, te convence de que gracias a ellos caminas.
El
6 de mayo, una foto que dice: “Las xingonas, mi voto para Xóchitl”; el 8 de nayo
“Amigo, date cuenta, Claudia miente”; el 17, “Mujer que se respeta, no vota por
Morena”, el 21, una barda que dice “Morena debería pedir perdón, no el voto,
piensa tu voto”, y el 28, con una foto caricaturizada de López Obrador como
presidente, dice: “No odia a los ricos, los envidia. No quiere a la clase
media, le teme. No ama a los pobres, los utiliza”.
El
3 de junio, “Yo no voté por Morena” y, en una foto, seguramente fraudulenta,
donde aparecen besándose AMLO y Claudia Sheinbaum, el 25 dice: “Iraaloo el
viejillo Tartufo. Un saludo para los enamorados. Queremos pastel, pastel,
pastel. Un saludo para los enamorados. El fotógrafo Sergio Caro logró esta
imagen que vale más que mil palabras”.
El
24 de abril, ya en 2025, reprodujo del portal la opiniónqr.com una foto donde
aparece el tabasqueño Rafael Marín, con el mensaje: Muy merecido al amigo Rafa:
“Tu liderazgo es un ejemplo. El Senado da reconocimiento a Rafael Marín y Anahí
deja claro…”
El
25 abril, con una opinión sobre Internet, publicó: “Hagan caso a su jefe, no
nos vamos a dejar los ciudadanos porque nos clausuran a todos, no sólo a
plataformas y redes. La iniciativa tiene muy claro la censura artículo 109. Hay
que leer, le pueden decir a la presidenta de Morena, Luisa Alcalde.
Y
en mensaje a López Obrador, le dice: Sería el colmo que censuraran el Internet
¿qué acaso no les basta la censura omnímoda (que incluye todo) que ejercen
sobre los medios comunes de información?
Ya
el 25 de agosto, irónicamente, con ocasión del cumpleaños de Rafael Marín, el aspirante
a la candidatura para gobernador de Quintana Roo, publicó una foto donde dice:
“Feliz cumpleaños a mi amigo Rafael Marín Molinedo; está pendiente el pastel”.
Feliz cumpleaños.
Con
todo esto, no sabemos si es perredista, priísta, Verde o morenista, pero tras
la inconformidad de su designación, la Verde Mara Lezama ofreció garantías y
compromisos el 12 de febrero.
Entre
ellos, incluyó resultados a corto plazo, con lo que enfatizó que el
nombramiento no es un “cheque en blanco”" y que la nueva Comisionada debe
entregar resultados tangibles de manera inmediata, así como reunión y diálogo
directo, por lo que instruyó a Saldaña Martínez a sostener un acercamiento
prioritario con los colectivos para trabajar coordinados y escuchar demandas.
Asimismo,
ofreció coordinación permanente, aseguró que su gobierno mantendrá un trabajo
institucional basado en los derechos humanos y la construcción de paz, garantizando
que “todo ser humano tiene derecho a ser buscado” y reiteró que su gobierno
actuaría como aliado de las familias para fortalecer las acciones de
localización en la entidad.
Y
todo porque el nombramiento, en Chiapas, ocurrió en un contexto de protestas y
exigencias de los colectivos, como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, que
encabeza su fundadora, Romana Rivera Ramírez, que demandan perfiles con mayor
experiencia operativa en campo y menos vínculos políticos.
Los
principales puntos de protesta contra Saldaña Martínez, son su falta de experiencia
operativa, ya que los colectivos señalan que la nueva titular carece de
experiencia directa en campo y conocimientos técnicos profundos en materia de
búsqueda de personas, prefiriendo un perfil más técnico que político.
Se
calificó de una imposición “sorpresiva” e inesperado, ya que se realizó fuera
de la jurisdicción de Quintana Roo (en Chiapas) y sin una consulta previa o
consenso con las familias de las víctimas, a pesar de que el plazo para la
designación ya había vencido.
El
caso es que existe gran preocupación por la trayectoria política de Saldaña
Martínez, quien ha ocupado cargos en el PRD-, lo que los colectivos interpretan
como posible conflicto de interés o una decisión basada en cuotas políticas en
lugar de méritos profesionales en derechos humanos.
También
se critica que, aunque hubo una lista oficial de ocho postulantes, la decisión
de Mara Lezama se percibió como impositiva y no transparente sobre los
criterios de evaluación utilizados para elegirla sobre otros perfiles.
Las
familias esperaban un perfil que garantizara resultados inmediatos ante el
aumento de desapariciones en el estado -335 casos acumulados sólo en 2024-, y
consideran que el nombramiento podría retrasar las acciones de localización en
curso.
En
este sentido, las exigencias legales de los colectivos, encabezados por el
Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, se centran en la violación de procesos de
la Ley Local en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con reclamos
jurídicos.
Comienzan
con la violación al principio de participación conjunta, ya que la ley exige a
las familias de las víctimas participar de forma sustantiva en el proceso de
selección, y la designación fue “unilateral” y “sorpresiva”, sin consulta
previa y anunciada fuera del Estado.
Respecto
a incumplimiento de perfil técnico (idoneidad), exigen acreditar legalmente que
la titular cumple con los requisitos de conocimientos especializados y
experiencia en derechos humanos que marca la normativa, y cuestionan que su
trayectoria es primordialmente política y no técnica.
Por
ello, los colectivos ven la posibilidad de interponer recursos de amparo o
nulidad, porque el proceso no fue transparente ni permitió conocer las
evaluaciones de otros siete aspirantes.
Además,
el nombramiento fue cuando los términos legales para designar al nuevo titular
ya habían expirado, lo que vició de origen la legalidad del acto, por lo que invocan
jurisprudencia de la SCJN, que dice que la búsqueda es una obligación estatal
con principios de exhaustividad y profesionalismo, criterios comprometidos con
este perfil.
Así,
para impugnar ese nombramiento gubernamental, los colectivos pueden recurrir a
un Amparo Indirecto, con una demanda ante un Juzgado de Distrito en materia
administrativa entre los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surtió
efectos el nombramiento o que tuvieron conocimiento oficial.
Punto
clave del Amparo, es que los colectivos no necesitan un “interés jurídico”
directo -como si les quitaran una propiedad-, sino uno legítimo, demostrar que,
como familiares de víctimas, la designación de un perfil no apto afecta
directamente su derecho humano a la verdad, la justicia y a ser buscados.
Sobre
los actos reclamados, deben especificar que reclaman la omisión de consulta a
las víctimas, la falta de fundamentación y motivación en el decreto de
nombramiento, la violación a la ley local en materia de desaparición por no cumplir
con el perfil técnico.
Los
colectivos pueden pedir una suspensión provisional -y luego la definitiva- para
que Saldaña Martínez, no pueda ejercer funciones o tomar decisiones
presupuestales hasta que el juez resuelva si el proceso fue legal.
Posteriormente,
el juez pediría a Mara Lezama y a la Secretaría de Gobierno “Informe justificado”,
con las pruebas y evaluaciones que sustentaron la elección de Saldaña Martínez
sobre los otros candidatos.
Por
último, el juez determinará si el proceso fue legal, y de encontrar vicios -falta
de transparencia o incumplimiento de requisitos-, ordenar reponer el
procedimiento, obligando a nueva convocatoria que SÍ permita participar a las
familias.
Existen
antecedentes en México donde colectivos de familias y organizaciones civiles
recurrieron al Amparo para cuestionar designaciones en comisiones de búsqueda, con
precedentes sobre interés legítimo y la legalidad de los procesos.
Entre
los más destacados, la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2023, un grupo de 33
colectivos demandaron Amparo contra la designación de Teresa Reyes Sahagún con
un caso similar al de Quintana Roo: Falta de consulta a víctimas y carencia de perfil
técnico especializado, con cercanía política que comprometía la autonomía del
cargo.
Otro
Amparo fue contra el “borrón” de Registros (2024), cuando el Colectivo 10 de
Marzo ganó el Amparo y tuvo suspensión definitiva eliminar nombres en el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Aunque el objetivo no era un
nombramiento, es un hito por validar facultades legales a los colectivos de
frenar decisiones que afecten la integridad de búsquedas.
Uno
más fue una impugnación en Jalisco, en 2018: Un Amparo contra el nombramiento
del comisionado del Estado, que interpuso un aspirante excluido. Un juez de Distrito
revisó la legalidad del nombramiento para verificar que no hubiera agravios o exclusiones
injustificadas en la selección.
En
un precedente de la SCJN, en Amparo en Revisión 1077/2019, emitió tesis 137/2021
que dice que la búsqueda es obligación constitucional ineludible, base legal
para que cualquier nombramiento deficiente o “simulado” se combata con
argumento de violar el derecho a una búsqueda efectiva y exhaustiva.
El
estatus de búsquedas en Quintana Roo al 17 de febrero, refleja una crisis
creciente marcada por aumentar casos y la transición en la titularidad de la
Comisión, pues sólo en enero se activaron 71 fichas de búsqueda.
No
obstante, 2025 concluyó con 376 personas sin ser localizadas. Globalmente, los
reportes de desaparición en 888 casos ya habían superado la cifra total del año
anterior (881 casos) apenas en septiembre del año anterior.
Cancún
lidera las estadísticas de desapariciones, seguido por Playa del Carmen y OPB,
sobre todo Chetumal, donde existe un aumento atípico en comunidades del sur,
como Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, y a fines de enero, los forenses
identificaron a 32 personas con hasta tres años desaparecidas con análisis de
huellas dactilares.
También
se retomaron en colonias irregulares de Cancún, como “Nuevo amanecer”, donde se
recuperaron restos óseos, en proceso antropológico de identificación.
Colectivos
y organismos de derechos humanos dicen que el reclutamiento forzado por el
crimen organizado y la trata de personas son los principales motores de
desapariciones, afectando sobre todo a menores de edad y mujeres.
De
lo último que se sabe sobre el tema, la Secretaría de Gobernación publicó hoy
el protocolo para la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación
de Personas, estableciendo que la notificación se enviará de forma automática y
simultánea a todas las autoridades del país.
Una
de las medidas más relevantes es que la alerta permanecerá activa de manera
indefinida hasta confirmar la localización de la persona, eliminando cualquier
tipo de caducidad temporal en las fichas de búsqueda.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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