¡Detecta la Federación anomalías en 6 municipios!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Seguramente
con un costo político que se reflejará en las próximas elecciones, y como
prueba de falta de honestidad de gobiernos de la 4T en Quintana Roo, la
Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades financieras por unos
428 millones de pesos en 6 municipios en obra pública, adquisiciones y
arrendamientos, con afectaciones a la hacienda pública federal.
Los
municipios con más observaciones son Othón P. Blanco, Cozumel, Isla Mujeres,
Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Benito Juárez, cuyos alcaldes son,
respectivamente, Yensunni Martínez, José Luis Chacón Méndez, Atenea Gómez
Ricalde, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Estefanía Mercado Ascencio y
Ana Patricia Peralta,
En
el caso de OPB, la alcaldesa recién envuelta en otro escándalo, ahora por un
supuesto matrimonio, está bajo observación por no cumplir la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y gastos federalizados, ya que, se sabe, en el plano
estatal es solapada por el Auditor General de Quintana Roo.
A
la Comuna de Cozumel, se le señalan irregularidades en manejo de recursos
federales, mientras Isla Mujeres reporta observaciones financieras por
solventar ante la federación, y el de Carrillo Puerto -al igual que Lázaro
Cárdenas y José María Morelos-, por daños al erario.
En
materia de inconsistencias en cuentas públicas, la Auditoría Superior de
Quintana Roo entregó informes que destacan, sobre Playa del Carmen, inconsistencias
por 174 millones de pesos en la cuenta pública de ejercicios previos y el de Benito
Juárez (Cancún), observaciones por 9.2 millones, aunque reportes recientes
indican que el Ayuntamiento trabaja en solventarlas.
A
principios de 2025, varios ayuntamientos no habían hecho públicos sus
presupuestos de egresos en el Periódico Oficial, limitando la transparencia
ciudadana, en tanto cinco de ellos sostienen “pesada losa” de deuda heredada
que compromete sus participaciones estatales y federales: Benito Juárez,
Cozumel, Othón P. Blanco, Playa del Carmen e Isla Mujeres.
Por
otro lado, el municipio de Puerto Morelos enfrenta situaciones críticas de
viabilidad financiera debido a contratos irregulares por más de 832 millones de
pesos vinculados a administraciones pasadas.
Como
era de esperarse, el impacto político de las irregularidades de las finanzas en
Quintana Roo se manifiesta en una crisis de confianza hacia las
administraciones locales -predominantemente de Morena y aliados- y en un
endurecimiento del discurso de los partidos de oposición de cara a los próximos
ciclos electorales de 2027.
Dado
que la mayoría de los municipios bajo observación -como Othón P. Blanco,
Cozumel y Felipe Carrillo Puerto- son gobernados por la coalición oficialista,
las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación
contradicen la narrativa de “cero corrupción” en Morena.
Por
señalamientos directos, alcaldesas como Yensunni Martínez enfrentan críticas
directas por quebrantos financieros que superan 35 millones de pesos en su
gestión, aunque, en su defensa, Morena suele responder calificando estas
acusaciones como “campañas millonarias y mentirosas” de la oposición para
desprestigiar su movimiento.
Sin
embargo, con todo, la oposición -PAN, PRI, MC-, con justa razón, utiliza los
informes de la ASEQROO y la ASF como bandera política para cuestionar la transparencia
estatal, sobre la que se denuncia “instrumentalización de recursos” -como el
agua potable o programas sociales- para obtener ganancias políticas o favorecer
a grupos específicos.
Por
su lado, el debate legislativo del Congreso del Estado, con la aprobación de
cuentas públicas con montos pendientes de aclarar, genera constantes
enfrentamientos entre los bloques parlamentarios, pese a que la recurrencia de
estas fallas administrativas afecta directamente la percepción de nula eficiencia
del gobierno Verde de Mara Lezama:
Así,
Quintana Roo es evaluado como uno de los Estados con peor desempeño en gestión
pública nacional, lo que genera descontento social.
En
lo que respecta al riesgo de inviabilidad, el impacto financiero de deudas e
irregularidades heredadas -como las de Puerto Morelos y Solidaridad- limita la
capacidad de los nuevos alcaldes para cumplir promesas de campaña, aumentando
el riesgo de castigo electoral en 2027.
Aunque
el “saqueo” se percibe a menudo sin castigo inmediato, el impacto político se
traduce en procesos de responsabilidad: Existen expedientes abiertos en el
Tribunal de Justicia Administrativa contra ex funcionarios, lo que serviría
como herramienta de “limpieza política” para nuevas administraciones.
Empero,
aunque en forma tardía, la Secretaría de la Contraloría (Secoes) ha denunciado
omisiones que permitieron la prescripción de plazos legales para recuperar
miles de millones de pesos de administraciones pasadas -como la de Roberto
Borge-, ya que alimenta la percepción de impunidad.
Hasta
ahí el impacto político de las irregularidades financieras, ya que su impacto
social se traduce en una degradación directa de la calidad de vida de sus
habitantes, con deficientes servicios básicos y un clima de malestar civil.
Por
ejemplo, en materia de deficiencia en servicios públicos y salud, donde el
desvío o mala administración de recursos federales y locales impacta las
necesidades más elementales de la población, y en infraestructura urbana, gran
parte del presupuesto municipal se destina a mantenimiento reactivo -como
bacheo-, en lugar de inversión preventiva, y perpetúa el mal estado de calles.
En
crisis hídrica y sanitaria, se reporta desvíos de fondos en organismos como la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado por más de 20 millones de pesos, lo
que pone en riesgo el acceso al agua dulce y la gestión de residuos, aumentando
el riesgo de plagas y enfermedades diarreicas.
Otro
impacto es la erosión de la confianza y percepción de corrupción, ya que la
brecha entre los recursos asignados y las obras visibles genera un fenómeno de
desafección social, con una alta percepción de corrupción que, en Quintana Roo,
la de corrupción de servidores públicos alcanza 84%, cifra significativamente
superior a la media nacional de 71.5%.
Lamentablemente,
existe una aparente “normalización” del fenómeno, al grado tal que casi 9 de
cada 10 ciudadanos consideran que la corrupción es una práctica frecuente, lo
que debilita el tejido social y la disposición a participar en procesos
cívicos.
La
falta de respuesta a demandas básicas ha derivado en un aumento de la actividad
de grupos civiles y sectores laborales con movilizaciones por derechos, pue se
registran protestas constantes de grupos, como de Madres Buscadoras en Chetumal,
y maestros que exigen mejoras en sus prestaciones y condiciones laborales ante
la opacidad en el manejo de recursos.
También
existen conflictos por recursos naturales, donde campesinos y ganaderos han
realizado bloqueos y protestas en Bacalar contra reformas que limitan el acceso
al agua, exacerbando la tensión entre el sector productivo y el gobierno municipal.
Aunque
Quintana Roo genera empleos formales, 43.5% de sus trabajadores carece de
prestaciones, toda vez que cuando los municipios no invierten correctamente en
seguridad y servicios, este sector es el primero en sufrir la falta de redes de
protección social, profundizando la desigualdad en los destinos turístico.
En
este sentido, las irregularidades financieras en Quintana Roo tienen efectos
críticos en seguridad y bienestar social, sectores que el presupuesto estatal de
2026 intenta blindar con una inversión proyectada de más de 53,981 millones de
pesos, aunque la brecha entre los recursos asignados y su ejecución real genera
varios impactos.
Uno
de ellos es el debilitamiento institucional de la Seguridad Pública: La falta
de transparencia y el manejo inadecuado de recursos federales -como el Ramo 33-
impactan directamente la capacidad de respuesta de los municipios, mientras que
en municipios con crisis financiera como OPB, la inestabilidad administrativa
ha llevado al cambio de hasta cinco directores en su Dirección e Seguridad en
un solo trienio, afectando la continuidad de estrategias.
El
desvío de fondos deja a las corporaciones mal equipadas y vulnerables ante el
crimen organizado, lo que mina la moral de las tropas y reduce la eficacia
operativa.
Respecto
a la percepción de inseguridad, hoy por hoy 79.9% de la población de Quintana
Roo considera inseguro al Estado, donde la falta de inversión en patrullajes y
tecnología preventiva alimenta el miedo y la desconfianza ciudadana y, aunque
existe un esfuerzo por elevar el sueldo policial a 18 mil pesos mensuales a
fines de 2025, las deudas municipales heredadas arriesgan la sostenibilidad de
estas mejoras laborales a largo plazo.
Pese
a el Paquete Fiscal 2026 prioriza “justicia social”, las irregularidades
detectadas generan barreras para los más vulnerables por desvío de recursos
para el bienestar, donde se investigan posibles desvíos de hasta 170 millones
de pesos en municipios como Solidaridad, afectando fondos que debían solventar necesidades
sociales.
Respecto
al clientelismo y fraudes, la opacidad facilita intentos de fraude donde se
condiciona el registro a programas sociales o se simula la entrega de
beneficios, afectando la integridad de los sistemas de protección social.
En
tanto, el alto costo de la deuda pública y las observaciones financieras
desplazan el gasto en áreas críticas como salud y educación, afectando
desproporcionadamente a mujeres, migrantes y trabajadores informales, que
representan 43.5% de la fuerza laboral de Quintana Roo.
La
percepción de que los recursos destinados a “bienestar” terminan en actos de
corrupción, genera un sentimiento de abandono, y su impacto subjetivo es una
sociedad fracturada que evita la cooperación con las instituciones de seguridad
por miedo a la colusión oficial.
Por
último, existe una marcada desigualdad en centros turísticos como Cancún, donde
la mala administración profundiza la disparidad entre las zonas de lujo y las
colonias populares que carecen de servicios básicos, fomentando resentimiento
social y vulnerabilidad ante el reclutamiento delictivo.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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