¡Que venga “Operación Enjambre” a Q. Roo!

                                                                                             Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque la mayoría de los alcaldes de Quintana Roo enfrenta públicos señalamientos por una serie de irregularidades, solamente dos de ellos, ambos morenistas en funciones, están bajo investigación: Los de Bacalar y de Tulum, José Contreras Méndez y Diego Castañón Trejo, respectivamente, aunque cuatro ex munícipes están bajo proceso o investigación reciente.

Entre los únicos investigados, pese a que a prácticamente a todos se les ha señalado públicamente numerosas irregularidades, el primero de ellos, “El Chepe”, acumula denuncias ante la Fiscalía General delitos graves por corrupción de menores y violación, mientras que el segundo, por presunto apoyo irregular a empresas particulares.

Hasta el momento, sin embargo, la Operación Enjambre de Omar García Harfuch -enfocada en detener a funcionarios con nexos con el crimen organizado- no ha realizado investigaciones de alcaldes ni de otros funcionarios en Quintana Roo, ya que sus acciones recientes se concentran, principalmente, en el Estado de México y Jalisco, donde suman 13 alcaldes detenidos y más de 60 funcionarios en custodia.

Como “consuelo”, existe en Quintana Roo un programa municipal llamado Operativo Enjambre, cuyo propósito es totalmente distinto, como protocolo especializado en búsqueda de personas desaparecidas que opera con éxito en Benito Juárez (Cancún) y se busca replicar en el resto del Estado.

Ante los resultados de la estrategia federal en otras entidades, algunos legisladores locales han solicitado formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana extender la Operación Enjambre contra la narcopolítica a Quintana Roo para investigar posibles colusiones en los Ayuntamientos, entre ellos, se cree, los de Bacalar y Benito Juárez.

En resumen, no hay ediles quintanarroenses detenidos por la versión federal del operativo, pero la vigilancia sobre las administraciones locales, se supone, se ha intensificado.

Así, entre los operativos de seguridad federal activos más relevantes en el Estado para combatir la delincuencia organizada y proteger el turismo, se suma la Estrategia Nacional de Seguridad -operativos de refuerzo-, mediante el que cual el Gobierno Federal despliega batallones de la Guardia Nacional y Secretaría de Marina en zonas críticas, actualmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, para frenar narcomenudeo y extorsiones en áreas turísticas.

También está un Operativo Círculo Rojo, estrategia entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fuerzas federales, enfocada a vigilar bares, discotecas y centros nocturnos para evitar la venta de sustancias ilícitas y prevenir hechos violentos en zonas de alta afluencia.

Otra más es Fuerza de Tarea Interinstitucional que, bajo coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, el grupo de élite realiza patrullajes de inteligencia en municipios del Sur, como Bacalar -¿Será que nunca llegue a Limones?- y Othón P. Blanco para interceptar cargamentos que ingresan por la frontera con Belice.

Finalmente, se incluyen “Operativo Pasajero Seguro”, implementado por la Guardia Nacional en carreteras federales y terminales de autobuses para reducir asaltos y transporte de armas o drogas hacia destinos turísticos, y Blindaje Costa Maya, despliegue naval de la Armada que vigila el litoral para combatir el recale de narcóticos y tráfico de personas vía marítima.

No obstante, en el caso de ex alcaldes con procesos o denuncias recientes, con el inicio de las nuevas administraciones, en 2024 y 2025, sólo se habrían intensificado las investigaciones sobre gestiones pasadas de la entonces panista Lili Campos Miranda (Solidaridad), cuya gestión estaría bajo lupa de la Contraloría municipal y de la Fiscalía Anticorrupción por posible daño patrimonial de 148 a 170 millones de pesos.

También se incluye la inhabilitada Laura Beristain Navarrete, de Solidaridad, contra quien se mantienen abiertas investigaciones por múltiples irregularidades en su cuenta pública, y a José Esquivel Vargas, de Carrillo Puerto, quien enfrentó denuncias penales por un presunto quebranto financiero de 83 millones de pesos durante su gestión.

Otro ex alcalde, éste como interino, que tuvo problemas con la justicia, ahora en Cancún, es Carlos Canabal Ruiz, detenido y vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta de unos 300 millones de pesos vinculados a la empresa de basura Intelligencia México.

Otros dos ex munícipes de Quintana Roo juzgados son José Esquivel "Chak Me'ex", en Carrillo Puerto, denunciado penalmente por la alcaldesa de Morena, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, por un presunto quebranto financiero de 83 millones de pesos tras su gestión, y el priísta Mauricio Góngora, en Solidaridad, aunque sus procesos iniciaron años atrás, se mantiene como referente de ex alcaldes procesados por peculado y delitos financieros durante la gestión de Roberto Borge.

En el contexto de seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó la vigilancia sobre ediles en todo el país tras la Operación Enjambre, que busca desarticular nexos entre gobiernos locales y crimen organizado, aunque las detenciones más recientes de este operativo se han concentrado en estados como el de México y Jalisco.

A nivel federal, la activación de la Operación resultó en la detención de varios alcaldes, y aunque las autoridades de Quintana Roo supuestamente mantienen un monitoreo constante, hasta este mes los casos más sonados se han centrado en delitos administrativos y de índole personal.

         Así, se explica la desesperación de la mandataria Verde, Mara Lezama, en el sentido de dejar a un sucesor a modo en la gubernatura, ya que lo más posible es que, de no ocurrir así, cualquiera otro sólo necesitaría mover un dedo para castigar por investigaciones sobre narcotráfico contra la que sería ex alcaldesa en Benito Juárez, Ana Patricia Peralta y el propio Contreras Méndez.

Pero, además, se concretarían otras investigaciones sobre denuncias contra otros más, principalmente en los casos de los hoy alcaldes de José María Morelos, Erik Noé Borges Yam,  y Hernández Solís, de Carrillo Puerto, ambos morenistas que han lucrado con recursos públicos en los municipios con mayor pobreza de Quintana Roo.

Por otra parte, “Enjambre” SÍ actúa en otros Estados, como fue la reciente deten­ción del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien se sumó a la lista de, al menos, otros 12 pre­si­den­tes muni­ci­pa­les seña­la­dos por pre­sun­tos vín­cu­los con el cri­men orga­ni­zado u otros deli­tos durante la admi­nis­tra­ción de Clau­dia Shein­baum.

El ahora ex funcionario, morenista para variar, tenía denun­cias ciu­da­da­nas por pre­sun­tas prác­ti­cas de corrup­ción y extor­sión, de apro­piarse del Museo del Tequila para uso per­so­nal y subir de manera injus­ti­fi­cada el pre­dial al terreno donde está la planta de la empresa José Cuervo.

Así, durante la gestión de Clau­dia Shein­baum han sido seña­la­dos al menos 13 pre­si­den­tes muni­ci­pa­les por pre­sun­tos deli­tos, entre ellos delin­cuen­cia orga­ni­zada. De ellos, cua­tro fue­ron dete­ni­dos en el marco del Ope­ra­tivo Enjam­bre, des­ple­gado por auto­ri­da­des fede­ra­les para com­ba­tir la extor­sión en Estado de México y alre­de­do­res.

Uno de esos dete­ni­dos es de Santo Tomás, Estado de México, Pedro Luis Hernández de Paz “Wicho”, seña­lado por pre­sun­tos deli­tos de extor­sión y vín­cu­los con la Fami­lia Michoa­cana, y de su esposa, la panista María del Rosa­rio Matías, quien fuera alcal­desa de Santo Tomás, un periodo pre­vio, acusada por pre­sun­tos nexos con gru­pos delic­ti­vos y tenía orden de aprehen­sión por el delito de extor­sión.

Otro caso del Ope­ra­tivo Enjam­bre es el de María Elena Martínez Robles, entonces pre­si­denta muni­ci­pal de Ama­nalco, Estado de México, dete­nida el 22 de noviem­bre de 2024 por su pre­sunta res­pon­sa­bi­li­dad en el homi­ci­dio del fun­cio­na­rio Miguel Ángel Lara y de su escolta, pues man­te­nía un con­flicto polí­tico con él y habría recu­rrido al cár­tel la Fami­lia Michoa­cana para orde­nar el ata­que, por lo que fue con­de­nada a 70 años de pri­sión.

Ade­más de las deten­cio­nes del Ope­ra­tivo Enjam­bre, otros casos se suman a las acu­sa­cio­nes y arres­tos, como es el caso del ex al­calde de Teu­chit­lán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, dete­nido en 2025 por la Fis­ca­lía Gene­ral de la Repú­blica por su pre­sunta impli­ca­ción en el caso del Ran­cho Iza­gui­rre, iden­ti­fi­cado como un campo de entre­na­miento del CJNG.

Mónica Marín Buen­ros­tro, alcal­desa de El Gru­llo, Jalisco, fue seña­lada por las auto­ri­da­des finan­cie­ras por posi­bles vín­cu­los con redes de lavado de dinero, aun­que al momento no hay nin­guna inves­ti­ga­ción for­mal en con­tra de ella.

El 5 de enero las auto­ri­da­des infor­ma­ron de la deten­ción de Ernesto Cruz Díaz, enton­ces pre­si­dente muni­ci­pal de Cin­ta­lapa, Chia­pas, inves­ti­gado por pre­sun­tos abu­sos de auto­ri­dad, corrup­ción y el posi­ble vín­culo con gru­pos cri­mi­na­les, mismo ope­ra­tivo en el que se cap­tu­ró a José Anto­nio Villatoro Herrera, alcalde inte­rino de Fron­tera Coma­lapa, tras la desa­pa­ri­ción de Aní­bal Roblero Cas­ti­llo, alcalde electo de Tuxtla Gutié­rrez.

Tam­bién en Chia­pas fue dete­nido Rosen­berg López Roblero, alcalde de Bella Vista, a ini­cios de 2025, acu­sado de abuso de auto­ri­dad, a la que se suma la deten­ción de José Luis Flores Gómez, expre­si­dente muni­ci­pal de Solis­tahua­cán, Chia­pas, inha­bi­li­tado por 10 años para ocu­par car­gos públi­cos.

En Michoa­cán durante diciem­bre de 2024, se acusó a Ana­bel Ávila Cas­tre­jón, alcal­desa de Coal­co­mán, vín­cu­los con el CJNG por agra­de­cer públi­ca­mente a Neme­sio Ose­guera, alias El Men­cho, la entrega de jugue­tes y rega­los a niños del muni­ci­pio. Aun­que hubo denun­cias en su con­tra, la inves­ti­ga­ción no pros­peró.

Esta semana, se infor­mó sobre la deten­ción de Gerardo Cortés Caballero, exal­calde de Cuau­tem­pan, Pue­bla, inves­ti­gado por pre­sun­tos deli­tos de nar­co­me­nu­deo y extor­sión, quien puesto ini­cial­mente a dis­po­si­ción de un juez local antes de ser remi­tido a la Fis­ca­lía de Pue­bla, donde enfrenta diver­sas car­pe­tas de inves­ti­ga­ción, entre ellas una pre­sunta exi­gen­cia de dos vehí­cu­los y 850 mil pesos en efec­tivo a una víc­tima.

Finalmente, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, al­calde de Apulco, Zaca­te­cas fue aprehen­dido en 2025, acusado de estar pre­sun­ta­mente vin­cu­lado con Gerardo N, alias El Geras, iden­ti­fi­cado como mando del CJNG.

La pregunta de hoy sería, en este sentido, envidiablemente, ¿Cuándo llegaría la Operación Enjambre a Quintana Roo? ¿Hasta concluir la gestión de Mara Lezama?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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