¡Millonaria inversión sin resultados en seguridad! 

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Tras el reciente secuestro, tortura y ejecución del chetumaleño Carlos Alberto Hernández Gorocica, cuyo cadáver estaba atado de manos y pies, al igual que todos, insistimos en preguntarnos por qué las autoridades aseguran que “disminuye” la inseguridad en Quintana Roo y para qué han servido la inversión de más de 100 millones de pesos del gobierno de Mara Lezama para fortalecer el C5, incluyendo mejorar el sistema de videovigilancia.

Además, no bien aumentaba el escándalo e indignación por esa muerte, y las autoridades disfrutan de su carnaval, encabezadas por la alcaldesa Yensunni Martínez, cuando otro comando armado -de esos de los que ya nos estamos acostumbrado a escuchar- “levantó” con lujo de violencia, con disparos inclusive,  a otro chetumaleño, al que subió a un vehículo, ahora en la colonia Payo Obispo.   

Pero, además de que la delincuencia hace libremente de las suyas, para el Fideicomiso de "Seguridad" de este año se anunciaron 620 millones de pesos más para reforzar la inseguridad pública en el Estado, destinados, en gran medida, a la modernización de infraestructura y la ampliación de la red de cámaras.

En materia de la red de videovigilancia, para inicios de 2026, Quintana Roo cuenta con más de 2 mil 000 cámaras conectadas directamente al C5, además de otras 2 mil 500 cámaras colaborativas de empresas privadas que se sumaron al monitoreo.

Para el caso concreto de Chetumal en el renglón de modernización tecnológica, se recuerda que, en junio de 2024, se anunció una inversión inicial de 15 millones de pesos para modernizar la seguridad, específicamente en la capital, incluyendo el filtro de entrada a la ciudad, en la carretera a Bacalar, con tecnología avanzada.

En una participación que seguramente servirá para lo mismo que La Carabina de Ambrosio y como parte de una estrategia llamada “Parque Seguro”, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco proyecta invertir este año más de 2 millones de pesos para instalar cámaras en 20 parques, con los que se sumará a más de 1 millón de pesos ya ejercidos en 10 espacios públicos.

Respecto a la ampliación en zonas estratégicas, este mes se destinaron 1.5 millones de pesos adicionales para la instalación de 40 nuevos postes de vigilancia en avenidas, colonias y puntos de acceso a zonas rurales de Chetumal.

Para ese efecto, cabe aclarar que existe un concepto de “cámaras de espionaje” que se aborda desde dos vertientes, uno de ellos es el monitoreo de seguridad pública, liderado por el Gobierno del Estado, y el desmantelamiento de redes de vigilancia ilegal.

En materia de vigilancia y “seguridad pública” por parte del llamado C5, Quintana Roo cuenta con una infraestructura robusta de videovigilancia que, se supone, coordina la toma de decisiones en seguridad y emergencias, aunque tal pareciera que sirven más para vigilancia de políticos y miles de quintanarroense no afines al mandato de Mara Lezama.

Sobre la que se denomina red de monitoreo, existen -no estamos diciendo que operen- más de 2 mil cámaras conectadas oficialmente al sistema estatal, mientras que, a través del programa “Guardianes”, recién se integraron 1,524 cámaras ciudadanas de comercios y fraccionamientos en más de 224 puntos estratégicos para ampliar la cobertura de vigilancia… no de seguridad.

En teoría, sobre el impacto, estas estas herramientas se debieran utilizar para reducir la incidencia delictiva y mejorar la respuesta ante incidentes en tiempo real.

Además, opera, también en teoría, un desmantelamiento de cámaras ilegales, para lo cual las autoridades realizan operativos para retirar dispositivos instalados sin autorización, los cuales suelen utilizar grupos delictivos para labores de lo que se llama “halconeo” o espionaje criminal.

Así, en recientes operativos de octubre último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Marina de México, retiraron 134 cámaras no autorizadas que estaban ocultas en postes y avenidas de diversos municipios de Quintana Roo por representar un peligro para la privacidad ciudadana y pueden interferir con investigaciones oficiales.

Las cámaras ilegales del Estado, conocidas técnicamente como “cámaras parásitas”, son dispositivos instalados clandestinamente en la vía pública por grupos delictivos para sus labores de “halconeo” o vigilancia de movimientos policiales y militares, por lo que, durante el año anterior y principios de 2026, la Secretaría de Seguridad intensificó el desmantelamiento de estas redes.

De este modo, se desinstalaron más de 134 cámaras no autorizadas en diversos operativos conjuntos con la Marina y la Guardia Nacional en los municipios con mayor incidencia, uno de ellos, probablemente lo ignoraba Usted, Playa del Carmen, que concentró uno de las mayores cantidades de dispositivos retirados, por lo menos 30 en un sólo operativo.

Nunca difundido por nadie, por lo que también se ignoraba, en la capital del Estado más turístico del país, irónicamente porque de nada le ha servido al gobierno de Morena, en Chetumal, se han detectado y retirado más de 35 dispositivos ¡en postes y palmeras!

Como era de esperarse, Cancún, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto también han registrado retiros significativos de equipos que no forman parte del sistema oficial, aunque, en todos los casos, los criminales suelen instalar las cámaras en postes de luz, semáforos, árboles y hasta en fachadas de domicilios sin permiso, simulando a veces ser cámaras oficiales.

Ahora bien ¿Por qué son ilegales? Por ser parte del espionaje criminal y se utilizan para monitorear las rutas de patrullaje, facilitando delitos como el narcomenudeo, la extorsión y el secuestro, así como por tratarse de una invasión a la privacidad, pues, al no contar con registro oficial, captan imágenes de ciudadanos sin control alguno, vulnerando su seguridad.

Asimismo, provocan interferencias que pueden entorpecer las investigaciones oficiales al ocupar espacios estratégicos de vigilancia pública.

Sin embargo, cabe aclarar, no todas las cámaras privadas son ilegales, ya que las que pertenecen al programa de video colaborativo, es decir, más de 2,140 dispositivos, están registradas voluntariamente ante el C5 de Quintana Roo, dada la incapacidad de la policía, para coadyuvar en la seguridad pública de manera legal.

         En el renglón de adquisición de equipos de vigilancia oculta, para uso doméstico o comercial legítimo -como seguridad interna-, existen diversas opciones de compra en la región, entre ellas tiendas físicas y en línea de distribuidores como Mercado Libre Quintana Roo y tiendas departamentales como Liverpool o Walmart, que ofrecen mini cámaras con Wi-Fi, visión nocturna y camuflaje en objetos cotidianos, como plumas, focos o relojes.

Por otro lado, como parte de la desarticulación de las estructuras operativas de los grupos criminales, Jornada publicó que la Secretaría de Marina-Armada de México mantiene los operativos para la detección y desmantelamiento de sistemas de videovigilancia “parasitaria” en diversas entidades más de 700 equipos-, con los cuales las bandas vigilaban los movimientos de autoridades federales y locales.

En ese contexto, la Marina informó que, en un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades locales, retiraron cámaras “parásitas” en Ciudad del Carmen, Campeche, donde, personal adscrito al Sector Naval de esa ciudad, proporcionó apoyo a la Fiscalía General del Estado para retirar 4 cámaras de vigilancia en 3 colonias Manigua. 

Los equipos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones e integrar una carpeta de investigación.

En estos casos, el delito se caracteriza por usar sistemas de vigilancia no autorizados para obtener información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad, para facilitar actividades delictivas y evadir a la autoridad, por lo que, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, existen operaciones permanentes para contribuir a la seguridad.

En Sinaloa, donde operan las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa -Los Chapitos y Los Mayos-, se aseguraron en enero, 39 cámaras utilizadas en Culiacán.

En tanto, de acuerdo con cifras gubernamentales, de agosto a enero, se detectaron y retiraron más de 650 cámaras de vigilancia colocadas en infraestructura pública utilizadas por grupos delictivos en Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Puebla y Estado de México.

Lo cierto es que se ignora a ciencia cierta a qué se debe que se destinen millones y millones de pesos en materia de vigilancia, al menos en Quintana Roo, y la gente, como es el caso de Hernández Gorocica, desaparece y desaparece y luego es encontrada muerta... como ojalá no ocurra con el "levantado" de Payo Obispo.

¿Nuevamente pensará Mara Lezama que, como en su rotunda metidota de pata en la Comisión para la Búsqueda de Personas, se trata de una “Guerra Sucia” en su contra?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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