“Líder”, funcionario y aspirante, ¡todo un caso!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El escándalo en Playa del Carmen es mayúsculo. Desde que el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Estefanía Mercado Ascencio, impulsaba foros de consulta para cambiar el nombre del municipio de Solidaridad y reforzar su imagen turística, el hombre que, supuestamente, encabezaba estos “esfuerzos”, el ex priísta Luis Herrera Quiam, su secretario general en el Ayuntamiento, es un problema aún mayor.

 El funcionario busca una candidatura, desde el principio como secretario general del Sindicato de Taxistas en Playa del Carmen, primero ante Filiberto Martínez, a través de Cecilio Puc y Anaiza Quiam, sus familiares, y en 2021 fue secretario de la CNOP-Quintana Roo, cuando pensó que conseguiría la candidatura a diputado por el PRI, pero no la logró, por lo que se sumó a las filas de Morena, para buscar oportunidad en 2024.

Sin duda, Herrera Quiam fue pieza clave para el triunfo de la gobernadora Verde, Mara Lezama, en Playa del Carmen, pues organizó las casas de gestión de Estefanía Mercado y convirtió el sindicato y cada uno de sus sitios y edificios en Bunkers para la campaña de ésta, además de encargarse de comprar a candidatos y suplentes a regidores de la anterior alcaldesa, la entonces panista Lili Campos Miranda.

Hoy en día, no sólo funge como secretario general de la Comuna, sino también del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, gremio en la mira de las autoridades. Es decir, quien dirige un sindicato bajo sospecha de nexos con el crimen organizado ocupa, al mismo tiempo, un puesto clave en el Ayuntamiento. ¿Conflicto de intereses? Como diría el periodista Luis Mis, no hay otra forma de llamarle.

 Con todo, Herrera Quiam descarta la posibilidad de un conflicto de intereses en su doble función como secretario general y, ante esas preocupaciones, asegura que no existe ninguna contradicción legal entre ambos roles por actuar conforme a las capacidades y recursos disponibles en ambos entes.

Por si fuera poco, el gremio que encabeza mantiene una disputa con los mototaxistas que, según las autoridades, operan fuera de los polígonos autorizados en la ciudad de Playa del Carmen. Además, desde semanas atrás, los taxistas reclaman un incremento en sus tarifas oficiales que, según él, se tratará a nivel estatal, ya que no compete a la administración municipal.

Pero, además, un informe del Instituto de Movilidad del Estado indica que el líder de ese gremio cuenta con más de una veintena de parientes como concesionarios de placas de taxis en Playa del Carmen, donde buscan obtener el protocolo, pero el Ayuntamiento les frenó evitar seguir con estas prácticas.

La lista de propietarios de placas del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” es larga e identifica negocios y parentescos de la familia Herrera Quiam con este servicio que busca un monopolio que generan mafias como las de Cancún en transporte público.

Si se considera que hace siete años no se otorgan concesiones en Solidaridad y lo que ha crecido en todo este tiempo, lleva a tener unas mediciones que desde luego no son las ideales, tiene que haber un estudio de factibilidad en forma y adecuado, pero “hemos hecho una solicitud por 250 concesiones”, justifica Herrera Quiam.

Por otro lado, operadores del sindicato han denunciado abusos de su parte, así como continuo hostigamiento laboral.

Hasta ahí sería “lo de menos”, ya que también es señalado de abuso de poder y corrupción, en complicidad con el delegado del Instituto de Movilidad, David Arwing Cosgaya Mena, con quien fue acusado de emitir certificados de manejo sin la debida autorización y acreditación.

Los certificados, que se ofrecen a 1,500 pesos, carecen de autorización del Instituto y la acreditación correspondiente, cuando que su costo oficial era de 850 pesos, pese a tampoco cumplen con las normas.

La clínica del sindicato ‘Lázaro Cárdenas’, encargada de realizar los exámenes, no tiene la acreditación necesaria para emitir estos documentos, según estipula la ley en el Instituto.

Este flagrante incumplimiento de la normativa pone en evidencia la falta de control y la corrupción en el sistema de emisión de licencias, donde Herrera Quiam y Cosgaya Mena no solo violentaban la ley, sino abusaban de sus posiciones para cobrar ilegalmente a los conductores por documentos sin validez legal.

Por si fuera poco, la coordinadora del módulo de licencias de Solidaridad, también parte del Instituto, Erika Vanesa de la Cruz, fue señalada de hacerse la vista gorda ante estas irregularidades, facilitando así la violación de la ley.

Con justa razón, la ciudadanía exige una investigación a fondo y la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables de estos actos de corrupción que afectan la confianza y seguridad en el sistema de movilidad del estado.

Si Estefanía Mercado quiere demostrar que su administración no es cómplice de las razones que motivaron aquel mega operativo de cateo en marzo último por parte de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Solidaridad, debe actuar con firmeza.

Esa irrupción en la sede del sindicato no pareció ser un simple golpe mediático, sino una acción bien calculada para obtener pruebas de lo que todos saben, pero pocos se atreven a decir: los presuntos vínculos de algunos líderes de este gremio con el crimen organizado.

Así las cosas, la única respuesta coherente de la alcaldesa sería exigir la licencia inmediata de Herrera Quiam. De no hacerlo, enviaría el devastador mensaje devastador de que su gobierno protege a un sindicato bajo investigación judicial. La pregunta es si se pondrá del lado de la ley o será la siguiente en la lista de quienes el poder ha hecho mover el tablero.

El patrón está trazado. Hace unas semanas, la dirigencia completa del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” en Cancún fue desmantelada, y algunos de sus líderes enfrentan cargos por homicidio, extorsión, tortura y narcotráfico. En Tulum, el dirigente de los “Tiburones del Caribe”, Eliazar Sagrero, fue detenido y procesado por dos asesinatos. ¿Casualidad? Difícilmente.

En este sentido, mientras el gobierno municipal de Solidaridad se enfocó en cambiarle el nombre al municipio y potenciar su promoción turística, la realidad lo alcanza con una crisis que pone en duda su compromiso con la legalidad y la transparencia. Solidaridad no necesitaba nuevo nombre, sino un gobierno que rompiera de raíz con la impunidad.

No olvidemos que, además del propio Herrera Quiam, los principales problemas de Playa del Carmen giran en torno al impacto ambiental masivo del sargazo que afecta sus playas y turismo, la presión sobre los ecosistemas por el crecimiento urbano y turístico (contaminación del agua, deforestación), y desafíos socioeconómicos como la seguridad (mercado negro de drogas, necesidad de vigilancia en zonas aisladas) y la sostenibilidad del modelo turístico frente a la demanda de servicios e infraestructura.

Entre sus problemas ambientales y de recursos, se incluye el sargazo por la llegada excesiva y constante de esta alga parda que deteriora la imagen del destino, impacta la hotelería y requiere esfuerzos intensivos de limpieza, con una recolección de cientos de toneladas diarias.

Contaminación y Deterioro de Ecosistemas: El crecimiento turístico provoca estrés en la calidad del agua por descargas residuales y actividades recreativas, afectando arrecifes de coral y pastos marinos, además de la pérdida de cobertura vegetal regional.

Respecto a los problemas socioeconómicos y de gestión, está el impacto del turismo masivo, donde su dependencia económica del turismo expone a la región a crisis como las del sargazo y exige soluciones sostenibles para la infraestructura y servicios básicos.

En torno a la presión sobre la infraestructura, el aumento poblacional y turístico genera una demanda que a veces supera la capacidad de la infraestructura básica, afectando la calidad del agua y el entorno, mientras que persisten sus problemas de seguridad y ordenamiento, sobre todo con el mercado de drogas, ya que, como muchos destinos turísticos, sufre un mercado negro de drogas, lo que requiere atención y vigilancia.

Finalmente, sufre el problema de zonas aisladas, ya que, aunque las áreas turísticas centrales son seguras, se recomienda precaución en las menos iluminadas o aisladas por la noche para evitar incidentes.

En resumen, Playa del Carmen enfrenta el desafío de equilibrar su fuerte desarrollo turístico con la protección ambiental y la calidad de vida de sus habitantes, siendo el sargazo el problema más visible y urgente, por lo que Estefanía Mercado debiera dejar de pensar en la gobernatura y dedicarse al trabajo para el que resultó electa.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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