¡Impunidad del delito de extorsión en Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Mientras en México la extorsión va en ascenso y mantiene de rodillas a los empresarios, el caso de Quintana Roo presenta un marcado contraste entre las cifras oficiales de detenciones y la realidad de las condenas efectivas, y aunque se han implementado reformas legales para endurecer las penas, la brecha con la justicia sigue elevada.

En efecto, sobre su impunidad y cifras clave, hay una baja tasa de condenas, al grado tal que reportes de organizaciones civiles indican que, en años recientes, de más de 800 denuncias formales, solo se logró ¡una condena!, lo que refleja un sistema con fallas críticas en la judicialización de los casos.

Pero, además, respecto a un “cifra negra”, existe una enorme disparidad entre las más de 9 mil llamadas a los servicios de emergencia y menos del 10% de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, principalmente por temor a represalias y, sobre todo, desconfianza en las autoridades.

En un aparente esfuerzo por revertir esta tendencia, las autoridades reportaron la detención de 214 extorsionadores en 2025, de los cuales 84%, un alto porcentaje, fueron vinculados a proceso.

Inclusive, a efecto de combatir la impunidad, se han adoptado nuevas normativas, entre ellas la Ley General contra la Extorsión, donde, por lo menos, Quintana Roo fue uno de los primeros Estados en homologar su legislación con la reforma federal, con penas de hasta 25 años de prisión.

Asimismo, conforme con la legislación federal, la extorsión se persigue de oficio, es decir, no es necesaria una denuncia formal, ya que se reformó el Código Penal para que la extorsión se investigue de esa manera, con lo que se eliminó la necesidad de ratificar la denuncia para continuar el proceso.

Por otro lado, la Fiscalía General habilitó el número 998 135 8180 para denuncias seguras y anónimas relacionadas con el conocido “derecho de piso” o extorsión virtual.

Sin embargo, entre los desafíos pendientes del tema se incluye la extorsión gubernamental, ya que se han registrado múltiples denuncias públicas contra funcionarios públicos por presuntos actos de extorsión a empresas de seguridad privada, lo que complica la percepción de “cero impunidad”.

En este sentido, existe una grave percepción de inseguridad, a grado tal que 80.5% de los quintanarroenses aún se siente insegura, en un factor que inhibe la denuncia y perpetúa la impunidad.

Así, no cabe duda de que la extorsión en Quintana Roo ha alcanzado recientes niveles críticos, marcando cifras récord con un crecimiento de 62% en la incidencia delictiva durante el último año, con ese fenómeno que afecta desde grandes hoteles hasta microempresas y, aunque parezca increíble a trabajadores de la construcción.

         En relación con el impacto económico, el año recién concluido más de 3 mil negocios cerraron definitivamente sus puertas debido a la presión del crimen organizado y el cobro del “derecho de piso”, lo que tuvo como resultando la pérdida de alrededor de 34 mil empleos.

Entre las modalidades de ese delito predominan las llamadas telefónicas para extorsionar y el cobro presencial de cuotas, por ejemplo, sectores como el de la construcción en Cancún han reportado esquemas a través de los cuales se les exige dinero semanalmente a los obreros bajo amenaza de violencia.

De ahí que 80.5% de la población en la entidad reporte sentirse insegura, vinculando esta percepción directamente con el aumento de ese delito de alto impacto, aunque para combatir esta crisis, el Congreso del Estado aprobó en diciembre de 2025 una Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

Además de la persecución de oficio, la nueva ley contempla el endurecimiento de penas, a grado tal que esa nueva normativa establece sanciones que pueden alcanzar hasta 42 años de cárcel, sin libertad anticipada o reducción de condena.

A nivel nacional, la extorsión va en ascenso y mantiene “de rodillas a los empresarios”, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por lo que urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a considerarlo como un tema de prioridad nacional.

Durante 2025, el delito se incrementó en 20 de las 32 entidades, lo que evidencia un problema que se expande a casi dos tercios del territorio nacional, alertó el organismo privado que encabeza Juan José Sierra.

A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades -Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz- concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula 81.0% del total nacional.

En este sentido, el sector patronal del país sostiene que se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México, donde no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de carácter inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.

El balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural, pues en comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, lo que refleja una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.

Respecto al análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente 20 municipios con los niveles más altos del país, existe una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México 4, y Nuevo León con.

Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez, y si bien es relevante la aprobación de la nueva Ley General para combatir el fenómeno, es indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan unidades especializadas en sus Fiscalías para atender este grave delito.

Los empresarios demandan fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley, ya que, al igual que en Quintana Roo, es indispensable proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.

Los productores de Michoacán tampoco se salvan de la extorsión, pues, tan sólo en diciembre, la SEDENA había identificado formalmente a 6 cárteles controlando la industria del aguacate: CJNG, Los Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios, La Quiringua y la Nueva Familia Michoacana.

Sin ser metáfora, literalmente cobran cuotas de 2mil 500 pesos por hectárea a los productores. En el caso de los limones, obtienen unos 30 millones de pesos semanales vía extorsión o, de no pagar, les queman sus huertos o, lo que es peor, los matan.

Han asesinado al alcalde de Uruapan por denunciar extorsiones; ejecutaron a Hipólito Mora, líder de autodefensas; mataron a Modesto Gutiérrez, un campesino que no pudo pagar medio millón de pesos de “cuota”; en 2019 asaltaron a inspectores a punta de pistola; en 2022 amenazaron de muerte a otro inspector días antes del Super Bowl; en 2024 secuestraron y golpearon a dos más.

En Quintana Roo, recién ocurrió lo que menos se imaginaba Usted; En medio del dolor y durante el sepelio del obispo emérito Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, la comunidad católica fue alertada sobre una llamada de extorsión, según autoridades eclesiásticas, con una llamada telefónica recibida en una oficina parroquial de Cancún.

Quien recibió la llamada dijo que un sujeto se identificó falsamente como “el padre Juan Carlos” y que hablaba desde el Obispado de Cancún, de donde llegarían dos paquetes con trámites sacramentales, por lo que solicitaba de manera inmediata depositar 98 mil pesos para liberarlos.

¿Hasta cuándo habrán investigaciones efectivas de la Fiscalía?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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