¡Comprar Aguakán, fin de “TV-novela” de SCJN!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En una decisión inesperada, pero contra los intereses de la gobernadora Verde, Mara Lezama, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo analizar la compra de la concesión del servicio de agua potable a Aguakán, que continúa operando en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el Norte de Quintana Roo.

Tras publicarse que, desde 2022, la mayoría de vecinos de esos municipios votó a través de una consulta ciudadana para quitarle la concesión a esa empresa, pero actualmente sigue operando, la mandataria expuso que se evalúan dos vías para retirarla.

En conferencia de prensa mañanera en Puebla, ratificó que Aguakán solicita hasta 12 mil millones de pesos por la concesión, lo que consideró absurdo pagar, por lo que se analiza el proceso en el que se le concedió la concesión, incluso porque ha recuperado su inversión y se analiza la posibilidad de comprar la concesión.

Según explicó, los precios son muy altos, llegaron incluso a plantear unos 12 mil millones, lo que sería absurdo pagar, por lo que se trabaja en las dos vías, la ampliación de la concesión, en el tema jurídico, como la posibilidad de adquirir de manera acordada la concesión para su operación.

Apuntó que todos son procedimientos legales, pues no se puede quitar una concesión de no ser bajo un procedimiento.

Otro problema es quién operaría la concesión del servicio en el Norte de Quintana Roo, en caso de cambiar a Aguakán, tema en el que también se trabajando con Mara Lezama y la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta.

Consideró que trabajan de manera muy coordinada y uno de los temas, entre otros, es el de la concesión, que tiene que ser bajo la ley, ya que no se puede quitar una concesión de la noche a la mañana, aunque el tema de Aguakán se analiza desde el sexenio de López Obrador y se retomó con Banobras a mediados del año pasado y analizan también la vía legal, ya interpuesto por el Gobierno de Quintana Roo.

Lo cierto es que ¡vaya Usted a saber los motivos de fondo!, pero el caso es que, hasta este mes, la concesión de Aguakán en Quintana Roo mantiene un complejo estancamiento jurídico, lo que le permite a la empresa continuar operando en cuatro municipios.

En este sentido, su “estatus” legal actual es de juicio “congelado”, ya que, aunque en abril de 2025 el Juzgado Octavo de Distrito le negó un amparo con el que buscaba revertir el decreto de extinción de su concesión, interpuso nuevos recursos legales, por lo que el litigio se considera “congelado” en el Poder Judicial Federal e impide cualquier resolución definitiva.

Ahora bien, ese estancamiento o “congelamiento” del proceso contra Aguakán -o Desarrollos Hidráulicos de Cancún- a inicios de 2026, beneficia principalmente a varios actores, principalmente, a Aguakán.

¿Por qué a ella? Por la continuidad de la concesión, toda vez que, al no resolverse definitivamente el litigio, mantiene el control del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Pero, además, la suspensión de los decretos de rescisión le permite seguir operando un negocio millonario hasta 2053, con lo que evita la venta forzada de activos a una parte de su valor real -estimado en 4,500 millones de pesos- frente a una valoración superior.

Como una estrategia legal, la parálisis de las resoluciones en la Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados le permite recurrir a arbitrajes internacionales y amparos para bloquear la ejecución de la consulta ciudadana de 2022 que votó por su salida.

Asimismo, son beneficiados grupos de interés e inversionistas por una especulación empresarial, ya que se ha señalado que el congelamiento frena -o permite renegociar- el interés de otras empresas, entre ellas la española Acciona, en adquirir la infraestructura si el Gobierno del Estado lograra la revocación.

Asimismo, se beneficia la certidumbre financiera, en el sentido de que, para el sector privado, el caso es un referente de seguridad jurídica; mientras no se consuma una revocación “arbitraria”, se mantiene percepción de estabilidad para las concesiones de servicios públicos.

Finalmente, entre los favorecidos se incluyen los actores políticos por la percepción de impunidad que genera el “congelamiento”. El caso involucra la extensión de la concesión aprobada en 2014 durante la gestión del exgobernador preso, Roberto Borge, pues el retraso en el juicio penal y administrativo evita profundizar en las responsabilidades de los que autorizaron la prórroga y el destino de 1,050 millones de pesos que se pagaron en su momento.

Ahora bien, los perjudicados directos son, en primera instancia, la ciudadanía, ya que los usuarios siguen denunciando cobros excesivos, cortes de servicio por adeudos mínimos y una calidad deficiente del servicio, pese a que el resultado de la consulta popular de 2022 ordenó su salida.

Otro afectado es el Gobierno del Estado: El estancamiento le impide ejecutar su plan de retomar el control del agua a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y enfrentar demandas fiscales de Aguakán hasta por 200 millones de dólares.

Para fortuna de estos últimos, el caso ha escalado a la Corte y se esperaba una resolución para fines de 2025, pero sigue bajo revisión de los ministros.

En torno a la continuidad de servicios, pese a la consulta popular de 2022, que votó por retirar la concesión, Aguakán sigue cobrando tarifas y realizando obras de infraestructura, como la renovación del drenaje en la Zona Hotelera de Cancún, iniciada en enero.

Respecto a los puntos clave del conflicto, en 2025, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra directivos de la empresa por presuntos delitos de recursos de procedencia ilícita y corrupción vinculados a la prórroga de su contrato hasta 2053.

Las autoridades estatales reforzaron sus acciones legales señalando el incumplimiento en el mantenimiento de la red y la contaminación del manto freático y la laguna de Nichupté como causas de rescisión.

Así, ante el intento de revocación por parte del gobierno de Quintana Roo, la empresa solicitó arbitraje internacional para proteger sus intereses, pero hasta que la Corte o los tribunales federales emitan una sentencia inatacable, el proceso de salida permanece pausado para evitar un desacato judicial por parte de las autoridades estatales

Como parte de un ejercicio de memoria, en junio de 2022, la mayoría de vecinos de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres votó, en consulta ciudadana, por quitarle a Aguakan la concesión, pero cuatro años después, las autoridades de Quintana Roo no han cumplido con esa voluntad popular.

Conforme a reportaje de Milenio, trabas legales y jurídicas, y falta de voluntad política ocasiona que la compañía siga operando en cuatro municipios. Aunque la consulta también fue en Solidaridad, no hubo participación suficiente para que los resultados, también contrarios a Aguakán, fueran obligatorios.

En 2023, tras la consulta, el Congreso y el Gobierno del Estado buscaron revocar a fines de ese año la concesión de 1993, la que en 2014 se amplió a 2053, pero la empresa promovió un Amparo, con lo que pausó las decisiones adversas, y el litigio está estancado.

Así, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, le concedió la suspensión, con lo que puede seguir operando, y actualmente, el amparo está en revisión en el Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito.

Activistas ciudadanos consideran que el juicio debería ser atraído por la Corte o, en el último de los casos, así como se logró clausurar Calica, en Playa del Carmen por orden de López Obrador, el gobierno federal intervenga para revocar la concesión.

En el caso de Calica, también una empresa muy fuerte y con interés económico respaldado por el gobierno de Estados Unidos, se logró clausurar la empresa. Y siguen peleando, tratando de abrir, pero al involucrarse de manera decidida el gobierno federal, no han podido seguir explotando la naturaleza, dice Enrique Burton, activista de la Asamblea Social del Agua.

Por su parte, Juana Muñoz señala que su presupuesto mensual para gastos del hogar se vio afectado drásticamente por culpa de Aguakán: De octubre a noviembre, su recibo de agua pasó de 282 a 1,200 pesos. Así, sin explicación, creció casi cinco veces.

En diciembre y enero, su recibo bajó a 615 pesos, pero considera que sigue siendo excesivo, pues en su departamento de interés social sólo viven ella y su hijo mayor. Y casi no están porque toda la semana se van a trabajar, por lo que no comprende los montos disparados, y en los últimos meses no consumió más agua de la habitual, no cambió sus hábitos y no tiene fugas.

No obstante, apunta que esto no es algo aislado. Lo padecen decenas de vecinos. Ha notado un patrón: Los recibos se disparan periódicamente. Cada siete meses mandan un recibo carísimo, porque tengo todos los recibos y checo cuándo, dice enojada.

Lo peor del caso es que a pesar del coraje y quejas contra la empresa, está obligada a pagar, pues si no lo hace, le quitan el servicio.

A muchos les ha pasado en esa unidad habitacional y lo que han hecho es “colgarse” de la red de agua potable. Es común ver mangueras conectadas directo de la tubería de la calle hacia las zotehuelas para llenar botes y cubetas en los departamentos.

Muy cerca de ahí, en una colonia conocida como Región 103, Diana Becerra explica que el problema en esa zona es que el agua, cuando llega, lo hace con muy poca presión.

Antes teníamos agua de 7 a 11 de la mañana y en la tarde, de 3 a 10, pero quitaron la de la mañana. Ahora sólo tenemos de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, pero a veces llega hasta las 6, con muy baja presión, y a las 7, 8 ya la quitaron. Entonces, no tenemos y no sube a los tinacos. Tenemos que llenar cubetas, ollas, todo lo que haya a mano para poder tener agua, platica.

Llega sin presión y tenemos que conectar bombas eléctricas para subir un poco a los tinacos. Pero si llega a las dos de la mañana, conecto la bomba y me quedo dormido, se queda conectada toda la noche y se quema y se incrementa el recibo de energía eléctrica, platica un joven del fraccionamiento Hacienda del Caribe que no da su nombre por temor a represalias.

Ya no solo es pagarle a Aguakán, sino a la Comisión Federal de Electricidad y aparte, el cansancio, porque es un desgaste físico estar despierto pendiente de que llegue un poco de agua, dice.

Enrique Burton activista de Solidaridad, donde la consulta de 2022 no logró el porcentaje de participación necesario para que el resultado, también contrario a Aguakán, fuera vinculante. Es coordinador de Asamblea Social del Agua y asegura que ese ejercicio democrático tuvo trampa.

La consulta fue ‘vinculante’, en el sentido de que las autoridades tenían que atender el tema, no de que automáticamente se cancelara la concesión; en lugar de plebiscito, que sí sería vinculante para cancelar la concesión, hicieron solo una consulta, reprocha.

El ex diputado local Julián Ricalde, que formó parte de la comisión especial que se creó en el Congreso para el caso Aguakán, también asegura que la consulta no sirvió de nada porque nadie actuó para revocar la concesión.

No sirvió nada. Ahí estaba durmiendo el sueño de los justos, hasta que creamos esa comisión extraordinaria, primero, para llegar a entender y saber quién era el responsable de actuar, porque permanentemente se ‘echaron la bolita’ el estado, los municipios, el Congreso, para eso servía, explicó.

Ante la inacción de otras autoridades, en 2023, el Congreso decidió dejar sin validez la prórroga que en 2014 se autorizó a la concesión de Aguakán que vencía en 2023, por 30 años más, pero por esa decisión la empresa buscó el amparo.

Karina Tiquet, miembro de la Asamblea Social del Agua, explica que la empresa ha emprendido estrategias para dilatar más el juicio en su contra, como faltar a las audiencias, por lo que considera necesaria la intervención del Máximo Tribunal del país.

Lo que pediríamos es que se atraiga esta necesidad, este requerimiento, de la ciudadanía desde la Corte y se termine de una vez por todas este daño, asalto y robo a la ciudadanía por parte de esta empresa, opina.

Además, considera que los municipios deberían tener papel protagónico para ejercer su facultad constitucional de prestar ellos mismos el servicio de agua potable y no mediante una empresa privada.

¿Por qué permitimos que una empresa mantenga esta concesión cuando perfectamente la podría administrar cualquiera de los municipios de la zona norte y generar infraestructura, si también son dudosas las inversiones que ha hecho Aguakán?, reclama.

Ante el compás de espera del tema en tribunales, Burton va más allá y afirma que debe usarse el antecedente de la clausura de la mina de Vulcan Materials Company, conocida como Calica, para resolver esto.

Ese es ejemplo de que, si hay un verdadero involucramiento y decisión del gobierno federal, se va a poder avanzar, opina.

Lo único malo de las buenas intenciones de Claudia Sheinbaum es que la cuestionada intención de Mara Lezama es retirarla la concesión a Aguakán por cualquier vía para la venderla a la empresa española “Acciona”, que opera de manera igual de cuestionada en Veracruz.

Todo hace suponer que la intervención presidencial surgió a raíz de una publicación de octubre del portal Sol Quintana Roo, en el sentido de que la SCJN, la Corte del “Bienestar”, determinó bajar de la lista la atracción del caso Aguakán para retirar la concesión, pues habría confirmado que la solicitud de reasunción de competencia 67/2025, que el día 16 de ese mes, cuando estaba pactada la fecha de resolución, el caso habría vuelto a archivarse. 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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