¡Revuelve lodo millonario reclamo de Borge!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A
cerca de ocho años de distancia, pocos recuerdan el alboroto por una explosión el
21 de febrero de 2018 en Barcos Caribe, propiedad del ex gobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge, aún preso por peculado, quien recién armó
escándalo por demandar 602 millones de pesos de indemnización a la Secretaría
de Marina por retirar la concesión de esa empresa, envuelta en irregularidades
y desvío de recursos públicos.
La
controversia gira en torno a Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe,
sociedad mercantil detrás de Barcos Caribe, constituida bajo la fachada de “prestanombres”
ligados a Roberto Borge para manejar el cruce marítimo Playa del Carmen-Cozumel,
pero también involucra el ex gobernador Félix González y otros políticos
cozumeleños.
Lo
cierto es que Borge insiste en la millonaria indemnización relacionada con
Barcos Caribe, que enfrenta trabas legales y su concesión sigue suspendida. El
estatus legal de la empresa es Impulsora, y su nombre formal, Barcos Caribe vinculada
a Borge a través de presuntos prestanombres, en continuo proceso legal.
La
naviera fue suspendida y revocada su concesión tras explotar una de sus
embarcaciones en Playa del Carmen en 2018, por lo que, en octubre de 2024, un
tribunal rechazó pruebas de socios de Barcos Caribe, al intentar reanudar
operaciones y recuperar la concesión, ya que la empresa sigue “congelada”.
En
febrero de 2024, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa se negó a resolver el juicio sobre la explosión, de ahí que la empresa,
como pocos saben, también haya buscado evitar el pago de un crédito fiscal por
unos 55 millones de pesos al SAT con un amparo en octubre de 2024.
La
empresa enfrenta acusaciones de ilegalidad, pues la constituyeron personas
cercanas al ex mandatario en 2012, cuando ninguna parecía tener capacidad
financiera para iniciar la naviera, lo que llevó a acusaciones de
enriquecimiento ilícito y “lavado” de dinero contra el ex gobernador.
En
este sentido, resulta irónico y difícil creer que, mientras la justicia lo
mantiene tras las rejas por saquear las arcas durante su gestión, reclame esa
enorme suma de dinero por luna concesión anulada tras graves fallas y riesgos
para el público.
Por
si fuera poco, todo hace suponer, que no sólo por su condición de ex alto
funcionario preso, Roberto Borge ¡no tiene un poco de vergüenza!, pues todos
los operadores de esos barcos y sus trabajadores estaban dados de alta ¡como
policías! Sí, leyó Usted bien: Estaban en nómina como policías, pero trabajaban
en los barcos, en las mismas condiciones que TODOS, desde las personas que
vendía boletos, hasta los de limpieza, capitanes, azafatas, etc.
Pocos lo recuerdan, pero en la explosión del artefacto en
2018 en Barcos Caribe, en el muelle de Playa del Carmen, resultaron heridas unas
26 personas, y aparecieron otros dos explosivos en otra de sus embarcaciones el
1 de marzo en Cozumel, lo que desencadenó una serie de especulaciones.
Esto
último, porque el propietario de las naves es el padre del ex mandatario, y
hermano del también ex mandatario del Estado, Miguel Borge Martín, y ante las
circunstancias del caso, Estados Unidos y Canadá alertaran a sus connacionales.
Confirmado
con revelaciones, la Fiscalía General de Quintana Roo señaló desde un principio
que una de las líneas de investigación de la explosión tenía que ver con un
presunto auto-atentado por parte del propio Barcos del Caribe.
No
obstante, aclararía que se buscaban datos de prueba para tener certeza, y que era
una hipótesis por la forma en que ocurrió la explosión y se propagó la noticia en
redes sociales, pues era aventurado y poco ético relacionar la explosión como
acto terrorista sin pruebas, pero se enviaron muestras de la embarcación a la
metrópoli para peritajes e incluir en carpeta de investigación.
Pese
a que el otro explosivo estaba en otro barco de la empresa que no operaba desde
hacía más de 10 meses, era extraño que buzos de la empresa lo difundieran para
que la Marina lo destrabara y entregara a la Sedena.
Ante
el temor de Estados Unidos con cualquier tema relacionado con el terrorismo y
su vecindad con México, no era extraño que tomara cartas e
intervinieran el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos según confirmaría la embajada de ese país.
Aunque
la ex presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Laura
Rojas Hernández, se negó a informar sobre los términos en que colaboraba EE-UU.,
el ex titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ratificó el apoyo para que
se supiera que existen adecuados niveles de seguridad.
La
presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, María Elena
Mata Pineda, dijo que no recibieron de buena gana las alertas de Estados Unidos
y Canadá por ser un hecho inusual, aunque la autoridad pidió retirar la naviera
en las operaciones.
Ante
la naturaleza del caso, la Fiscalía se declaró incompetente, aunque colaboró
con la PGR en obtener vídeos, posibles daños y seguimiento de heridos, en tanto
los peritajes y evidencias estaban en manos de la Federación, que determinaría
si eran explosivos y cómo llegaron al lugar.
Empero,
no estaba tan mal la teoría inicial del ex Fiscal, Miguel Ángel Pech Cen,
sobre un auto-atentado, ya que un video del ferry que estalló pudo
evidenciar que se trató de un auto-atentado, e incriminaba a Roberto Borge.
El
video formaba parte de las pruebas de la Fiscalía a la Agencia de
Investigación Criminal, y en él se observan al padre de Roberto Borge
y un desconocido acompañado en el ferry con una mochila en Cozumel.
El
sujeto no descendió con ese objeto en Playa del Carmen, donde Roberto Borge
aparecía saliendo presuroso del ferry, aunque de su presencia en el muelle ya
habían informado otras fuentes, que describen cómo observaba impávido el fuego
en una de sus embarcaciones más costosas, con un seguro por
cuatro millones de dólares (unos 80 millones de pesos)
El
cobro de ese seguro sería el beneficio del presunto auto-atentado, que estaría
dirigido a desestabilizar al gobierno de Carlos Joaquín, con el que
la familia Borge estaba confrontada desde que les arrebató el poder en 2016,
aunque Barcos Caribe rechazó el auto-atentado y dijo tratarse de “un acto muy
bajo, y sin fundamento”.
La
PGR confirmó haber iniciado una carpeta de investigación de la explosión, donde
cinco de lesionados eran estadounidenses, y aunque entre los servicios de
espionaje de varios países le llaman “desconcentración de operaciones en el
tiempo y espacio”, aquí se le dice cortina de humo para desviar la
atención de hechos relevantes.
Por
su parte, tras asegurar que “una falla mecánica” provocó el estallido, la ex
directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo,
Alicia Concepción Ricalde Magaña, no volvió a dar la cara, quizá por defender
la imagen de Apiqroo, constituida en marzo de 1994, como empresa de
participación estatal mayoritaria, con un socio mayoritario, el Gobierno del
Estado, y socios minoritarios, los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Isla
Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad.
Otra
funcionaria poco enterada de las investigaciones, buscó politizar el tema, la ex
diputada federal borgista Sara Latife Ruiz Chávez, quien divulgó un twuiter donde
deslizó que fue “un atentado” y pidió “acabar con el odio”.
Ante
el enfrentamiento de los clanes priístas Félix González-Borge con Carlos Joaquín,
eran de esperarse más repercusiones políticas a lo largo del sexenio, aunque, a
río revuelto, también se mezclarían intereses económicos: En efecto, se trataba
de millonarios ingresos por el traslado de pasajeros y mercancía de tierra
firme a Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, donde surgió el nombre del ex
gobernador Félix González.
El
negocio de transbordadores, desde y hacia Cozumel comenzó a “sonar” fuerte
desde 2006, durante el sexenio de Félix González, cuando era titular de la SCT
Luis Téllez Kuenzler, ya que se fraguaba crear la empresa familiar “Isla de la Paz” como tercera
naviera en la región.
Félix González tenía afán por involucrarse en la
actividad naviera, denunció en septiembre del 2009 el periodista Alberto
Barranco, quien reseñó la conformación de la tercera naviera para romper el
duopolio Molina-Ultramar, que controlaba el tráfico de pasajeros hacia y desde
Cozumel.
A fines de su mandato, Félix González trataba de amarrar
un negocio familiar con ingresos millonarios: Una naviera para
transportar pasajeros de Cozumel a Playa del Carmen y otros puntos de la
Rivera Maya, además de Isla Mujeres y Holbox. Una “tienda de enfrente” para las
empresas privadas.
En
el negocio, cuya facturación alcanzaría 400 millones de pesos anuales, estarían
también la familia González-Borge; los hermanos Lenín Matías y Franco González
Padrón, padres del mandatario y el ex alcalde de Cozumel, Juan Carlos González
Hernández.
La firma se llamaría “Naviera Turística de Quintana Roo”,
cuya cabeza era Roberto Borge Martín, padre del entonces diputado federal
Roberto Borge Angulo, quien planteaba un capital de 20 millones de dólares, de
los cuales 5% se derivaría al Ayuntamiento de Cozumel.
El portal
“Noticaribe” referiría el 29 de septiembre de ese año que “la creación de una
naviera de capital mixto en Quintana Roo es un proyecto familiar de Félix
González, cuyo primo, Juan Carlos González, alcalde de Cozumel, propuso crear la
naviera para conectar la isla con la Riviera Maya.
“En tanto, su otro
primo, Javier Zetina González, director de Puertos de Quintana Roo -cuyo
Consejo presidía Félix González- accedió a liberar un muelle de cabotaje para
esta naviera, lo que aseguraría su sobrevivencia al no pagar uso de puerto”,
concluiría.
El 29 de septiembre de 2009, Reforma publicaría “el
empresario al frente del proyecto sería su tío, Franco González Padrón, quien
quebró Marítima Chankanaab y Marítima de Quintana Roo”.
“Esta
empresa competiría deslealmente con las navieras Transcaribe, Aviomar y
Aquaworld. Faltaba ver qué decía
Alejandro Chacón, de Puertos de SCT, y el ‘Temido Reloaded’ Pérez Motta,
de la CFC. En fin, el futuro parecía que... González
Canto entró como góber ¡y saldrá como empresario!”.
Ante la inminencia del negociazo, los González y Borge
habrían decidido postergar el proyecto y esperar a que Roberto Borge asumiera
la gubernatura y reactivara las negociaciones con la SCT, que les negó los
permisos y tramaban imponer al alcalde priísta de Cozumel, Juan Carlos González
Hernández, como nuevo titular de la Apiqroo, en lugar del primo de Félix,
Javier Zetina González.
Lo cierto es
que lo obsoleto de los barcos, que no garantizan seguridad, fue principal razón
de peso de Juan Molinar Horcasitas, entonces titular de la SCT (2009-2011),
para congelar “Isla de la Paz”.
Pero nadie dijo que
el entonces aún senador pudiera estar involucrado en el tema de los
transbordadores ¿Cómo? Podría ser con un prestanombres.
Hasta donde
se sabía, el mercado de transporte marítimo Cozumel- Riviera Maya conllevaba
ganancias anuales por 32.6 millones de dólares (más de 640 millones de pesos),
pero ¿alguien sabría sobre el mantenimiento de las naves y los millonarios,
atractivos seguros?
Así
las cosas, ¿considera Usted justo o legal el millonario reclamo de una
indemnización por parte del ex gobernador preso?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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