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 Energéticos: ¡Oscuridad y corrupción!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         No cabe la menor duda de que mientras mayor tiempo estuvieron el PAN y el PRI al frente del gobierno, mayor fue la corrupción en la que navegaron y, lamentablemente, mayor la ignorancia en la que, en el buen sentido de la palabra, obligaron a los mexicanos a convivir, particularmente con uno de los insumos más delicados y necesarios del país: La electricidad.

         Como en el caso de los demás temas prioritarios que se le cuestiona, el presidente López Obrador tomó al toro por los cuernos, y aunque se le critica el nombramiento de Manuel Bartlett Díaz como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el mandatario abordó el tema desde sus raíces.

         Así, envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, donde, tras su discutido paso por la Cámara de Diputados, donde se aprobó tras históricas 412 reservas de la oposición -sobre todo PAN, PRD, PRI, MC-, pasó por el Senado y concluyó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con prioridad de despacho a la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE por encima de las centrales privadas de energías renovables.     

         Ahora bien, tras el análisis de la iniciativa se reveló una serie de datos, desconocidos en su mayoría por la población, a la que la oposición se ha encargado de inundar de una palpable desinformación desde el inicio del mandato de López Obrador, a quien culpan de todo, inclusive de que llueva y, sólo porque sería demasiado brutal, lo acusarían hasta de inventar el Covid-19.  

         “Gracias” a los gobiernos que antecedieron a Morena, cuyos intereses estaban por encima de los del pueblo, la energía eléctrica, que a diario permite encender 5 de cada 10 focos en el país, está controlada por empresas privadas, y aunque en 2012, la Ley General de Cambio Climático estableció como meta generar en México el 35% de la electricidad mediante fuentes limpias, la trampa estuvo en la creación de Certificados de Energías Limpias (CEL)

El artículo 3 fracción XXII de la Ley de la Industria Eléctrica define éstas como fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que, para ese efecto, se expidan, por ejemplo, la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y biomasa, entre otras.

La meta final es descarbonizar la economía, y el precio del Certificado no es fijo; depende de la oferta y demanda. Así, si el costo es muy cercano a cero, el precio de los CEL será igual a la diferencia entre el costo de generación limpia y la proveniente de fuentes fósiles.

Apenas el año anterior, la CFE tuvo que pagar una multa de 2 mil millones de pesos por incumplir con las obligaciones de esos títulos “verdes”, pues sólo pudo comprarles a empresas privadas -son las que venden los Certificados- 7 de los 13 millones de esos títulos que necesitaba. El precio actual de un CEL es de 18 dólares.

Por otra parte, otro tema que se ignoraba es que entre las empresas que quieren competir con parques eólicos e hidroeléctricas se incluyen Intergen, Enel Green Power y Acciona, firmas que buscan fortalecer su negocio de suministro de energía a grandes corporativos, entre ellos Femsa, Walmart, Grupo Bimbo y Bosch.

Por su lado, Mexichem, Grupo México y Minera Autlán buscarán alianzas estratégicas con empresas desarrolladoras, como Alstom y Siemens, para poner en marcha proyectos que les permitan satisfacer sus necesidades de electricidad y vender sus excedentes a terceros.

Según la reforma aprobada y sus leyes secundarias, estas empresas podrán comercializar electricidad tras obtener dos permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), uno para la generación y otro para operar los proyectos.

Lo cierto es que los gobiernos de los gobiernos de la oposición nos engañaron a todos, ya que lo primero que nos “vendían” era la idea que el precio de los combustibles iba a bajar, y jamás bajaron. Tan sólo en Baja California, cuando gobernó la oposición, se instalaron plantas de energía solar y eólica, pero no venden la energía al país, todo se va a Estados Unidos.

Los argumentos de la oposición contra la reforma suenan huecos, ya que se envuelven en banderas medio-ambientalistas que pisotearon cuando fueron gobiernos. Entre otras, depredaron selvas, y contaminaron ríos, en tanto; vendieron el 65% de las playas e islas a través de 55 mil fideicomisos. ¿Habrán olvidado que Fox y Calderón vendieron 56 millones de hectáreas para proyectos mineros de capital extranjero?

Esta extensión representa el 26% del territorio nacional, con brutales impactos ambientales en las comunidades donde se ubican estos proyectos, con lo que se les debería caer la cara de vergüenza a los seguidores de Calderón y Fox. Basta ver el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el impacto de la minería en América Latina, y los responsables vienen con disfraz medioambiental a seguir mintiendo.

Ningún sector estratégico -como es el caso de la electricidad- y de seguridad nacional debería estar en manos privadas -como pretende la oposición-. Es fundamental que estos sectores tengan en todo momento la rectoría del Estado.

El gobierno norteamericano, en específico su capital energética mundial, Texas, lo está repensando, ya que usó todo y a ciegas en las energías renovables y capital privado, ¡y 5 millones de texanos recién vivieron la peor crisis eléctrica que se tenga memoria! Las bajas temperaturas, con turbinas eólicas y gaseoductos congelados; con enormes pérdidas, generadores eólicos detenidos, corte de suministros de combustibles de las grandes plantas de gas…, y 2.7 millones de texanos sin energía.

En contraparte, la CFE y su cuerpo técnico, a través de esa empresa obstinada en desmantelar la oposición, resolvieron en cinco días la afectación en los Estados del norte.

Por eso la proclividad entreguista sigue sorprendiendo con argumentos, en el sentido de que con la reforma se violen tratados internacionales, con tal de seguir desmantelando a la nación, además que, de hecho, el documento final del Tratado con Estados Unidos y Canadá reservó el derecho de México a reformar su Constitución y leyes en materia energética.

Asimismo, es un hecho que se respetarán los contratos privados si no se celebraron bajo criterios discrecionales y de corrupción, y no afecten el interés público que es obligación del Estado privilegiar y cuidar.

Cuando la oposición dice que México apoya la energía sucia y violenta el Acuerdo de París, ignora u olvida -convenientemente- que el promedio mundial de generación de energía a base de carbón es de 36%, y en México solo del 7%, Canadá del 8%, Italia el 10%, Holanda 14, Rusia 16, Alemania 28, Corea del Sur 41, China 65, India 73, Sudáfrica 86%, y en 2019 Estados Unidos 705 millones de toneladas de carbón, de los cuales tan sólo su sector eléctrico consumió 539 millones.

Por cierto, todos estos países también forman parte del Acuerdo de París y están caminando, no vamos mal.

Al igual que esas naciones, México también se suma a la transferencia energética de forma gradual, pero sin perder su soberanía, y de ahí que de forma enfática y contundente diga “sí” a la transferencia energética, a la inversión privada con valores éticos, al respeto de los acuerdos internacionales, y a las energías limpias, pero con la rectoría del Estado privilegiando siempre los intereses de los mexicanos.

         ¿Cómo permitieron PAN y PRI la competencia desleal a la CFE? A través de esquemas de la ley del servicio público en la materia, con lo que esos productores independientes, auto abastecedores, cogeneradores y pequeños productores, así como sociedades de generación y consumo, que contribuyen con el 45.8% de la electricidad disponible en el territorio nacional.

Se trata de firmas que se expandieron a partir de los cambios a esa normatividad y, con la apertura del sector, ganaron espacios y le quitaron clientes a la CFE con el argumento de que ésta ofertaba caro. Así, en 2000, de acuerdo con el informe del organismo que dirigía Alfredo Elías Ayub, se daba atención “personal” a 10 mil 500 empresas consideradas grandes clientes, como Compañía Minera Autlán, Mexicana de Cobre, Altos Hornos de México, Cementos Apasco, Bimbo y Peñoles.

Con el tiempo nacieron otras grandes sociedades de autoabastecimiento con la participación de Telmex, Bimbo, Cemex, Soriana, Chedraui, Cervecería Cuauhtémoc, Celanese, Oxxo, CitiBanamex, Banco Azteca, así como TV Azteca, Hyundai, KIA, Ford, Nissan Mexicana, Tren Suburbano, Grupo Elektra, BBVA, PepsiCo, Costco, Sonoco, Comercial Mexicana y Walmart, entre otros, algo que la CFE calificó como “mercado negro de electricidad”.

A esa lista se sumaron Ternium, Cementos Apasco, Minera Autlán, Kimberly Clark, Mexichem (Orbia), BASF, Conductores Monterrey, Vidriera Monterrey, Alestra, Fábricas Monterrey, Bayer de México, Deacero, Tec de Monterrey, Tubacero, Banca Afirme, Vitro, Continental, Corning, Sanborns, Evenflo, Gamesa, LG, Mabe, Maizoro, Sabritas, Salinas Industrial, Polioles, así como Sigma Alimentos.

         Como decía la diputada Dolores Padierna, uno de los problemas de la Ley de la Industria Eléctrica es que carece de condiciones equitativas para competir en el mercado. Simplemente no tiene “piso parejo”. La reforma energética de Peña Nieto creó un modelo de mercado con reglas para favorecer a los grupos económicos privados. La ley restringe el margen de actuación de la empresa del Estado, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de sus finanzas, desempeño empresarial y eficacia competitiva.

La competencia desleal y dumping comercial van contra la libre competencia y la libre concurrencia, lo que viola los tratados internacionales y la Constitución con el modelo que diseñaron. La ley simula un mercado competitivo, cuando la realidad es muy distinta. Las privadas, al contrario de la CFE, están autorizadas para todo tipo de transacciones, como el comercio intrafirma, contratos bilaterales, comercio de certificados de energía limpia y ofrecer precios subsidiados.

En cambio, a la CFE le prohíbe operaciones intrafirma, es decir, celebrar contratos entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, por eso son tan importantes los contratos de entrega física de energía, porque permiten esa unión, que lleva la electricidad a todos los domicilios del país.

CFE Suministrador de Servicios Básicos provee el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria, en favor de cualquiera que lo solicite en términos de dicha Ley, mientras CFE Generación tiene por objeto generar esa energía mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar comercializar, excepto prestar el suministro eléctrico.

Asimismo, podrá representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista su cargo, incluso aquéllas propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.

En este sentido, la CFE, irónico, ¡tiene que comprar electricidad privada, aunque no tenga necesidad de ella, porque tiene suficientes centrales para abastecer a todos los clientes de México! A la CFE no se le reconoce la energía limpia que produce y produce el 20%. Eso se hizo para obligarla a comprar los certificados, y las privadas hagan con estos certificados un negocio redondo, metiéndolos a la especulación y mercadeo vergonzoso.

Ese es el ambientalismo que conciben los neoliberales, andar traficando con los certificados de energías limpias. A la CFE se le obliga subsidiar a sus competidores en porteo, respaldo y servicios auxiliares, términos a los que nos referiremos en nueva entrega, aunque por hoy fue suficiente (al menos eso creemos) para sanear mentes que sólo cuestionan la nueva ley por “demostrar” su odio por López Obrador… o por Morena… que es lo mismo.

 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos exgobernadores y tres expresidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.

 

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