¡Huracán tras renuncia de Ministro!

                                                                         Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La reciente renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al Poder Judicial desató un verdadero huracán en todos los medios, sobre todo en el Senado de la República, donde la oposición, el PRIAN, denostó con toda su furia contra quien se convirtió en uno de los principales colaboradores en la abanderada de Morena a la Presidencia de la República.

Finalmente, tras declararse suficientemente discutido, con votación de 63 a favor y 43 en contra, quedó aprobado el dictamen con punto de acuerdo, y el Senado, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 76, fracción IX, 89, fracción XIX y 98, párrafo 3, de la Constitución, aprobó la renuncia de Zaldívar al cargo de ministro de la Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional del país, cuyas decisiones tienen impacto significativo en la vida de las personas, ya que contribuyen a garantizar el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

Así las cosas, el Senado tenía la responsabilidad de avalar la renuncia de uno de sus ministros, que días antes suscribió una carta al Ejecutivo Federal donde expresa los motivos por los cuales manifestó que su ciclo como ministro de la Corte había terminado.

En este sentido, se entró a debate, toda vez que el artículo 98 de la Constitución señala que la renuncia de los ministros de la Corte solamente procederá por causas graves, y aunque es clara, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Zaldívar, quien ha considerado que se satisfacen los requisitos de la Carta Magna, por lo que lo remitió a la Cámara con el objeto de ser aprobada.

Compartimos que las causas graves no necesariamente tienen que ser única causa trágica contra la nación o de enfermedad, simple y sencillamente es una causa importante y trascendente que sólo incumbe a la persona que actúa, aunque la decisión de Zaldívar es en el ejercicio de un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, por lo cual su renuncia y sus consecuencias deben valorarse bajo esa óptica y no de la politiquería.

Otro hecho irrefutable es que absolutamente nadie puede ser obligado a desempeñar un encargo del cual no tiene interés, deseo o vocación. Aceptar la renuncia es hacer efectivo el derecho humano de libertad de trabajo reconocido en el artículo 5 de la Constitución, con lo que la aceptación de esta renuncia damos paso a una nueva etapa del Poder Judicial.

Durante sus 14 años como ministro, Zaldívar consolidó, a través de sus votos y sentencias, la progresividad de los derechos humanos, dando pasos agigantados para su promoción, protección y garantía.

Por otro lado, la renuncia de un ministro no puede pasar desapercibido o disminuirse en importancia, pues se trata de nuestro máximo tribunal y de una figura investida de una serie de condiciones que hacen que abandonar este cargo represente la necesidad de una causa verdaderamente importante.

La Constitución utiliza el término “grave”, pero, al mismo tiempo, de ninguna manera implica la interpretación de que deba entenderse como causa fatídica, es decir, una causa que implique una connotación negativa. No puede haber ninguna causa más grave que alguien ya no quiera desempeñar ese cargo. No tiene derecho a decir que ya no quiere desempeñar ese cargo.

¿Qué parte de la Constitución prohíbe a cualquier ser humano, a cualquier ciudadano de cualquier condición renunciar a un cargo?

Si en los ministros existe esta condición de gravedad para renunciar, se ha hecho práctica cotidiana recibir renuncias en el Senado, donde la Constitución dice que se trata de un cargo irrenunciable y donde, con justicia, se otorgó autorización a un legislador para dejar el cargo y emprender la causa que le interesa, la causa que le motiva, que le guste.

Se pueden juzgar los motivos personales por los que Zaldívar explica buscar una motivación diferente, que lo anima una motivación diferente, y estima de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que le brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario.

¿En qué parte de esa renuncia se constituye algún delito, falsa indignidad? ¿En qué parte se puede deducir que hay intención perversa de sumir a la Corte en la degradación? Al contrario, en stricto sensu, tendríamos que agradecer la sinceridad.

Por cierto, se le ha menoscabado en este debate méritos a su calidad de jurista extraordinario y, más que eso, de un jurista que muchas veces, rayando en la audacia, tomó determinaciones y presentó proyectos que no contaban siquiera con el respaldo popular, pero fue capaz de hacerlo.

No es de extrañar en su personalidad e historial que sienta haber cumplido sus metas y tenga la sinceridad de decir “ya no quiero ser ministro”, voy a buscar otro espacio. Lo demás es estrictamente especulativo, además de guardar malas proporciones. Se dice que lo que se busca es extender el derecho del presidente a nombrar más ministros de los que le correspondían.

Sin embargo, Fox nombró cuatro ministros. Peña, tres, y Calderón cinco, los mismos que, en su caso, terminará nombrando López Obrador.

No nos toca la especulación, se entiende de tiempos políticos, pero el objeto es revisar lo que más conviene a la República, asumir la causa grave del deseo de un ministro de no seguir desempeñando su cargo porque tiene la sinceridad de decirnos “voy a buscar otros alcances, otras dimensiones, tengo ahora otras motivaciones”.

Y encontrarle alguna causa que impida que se lo concedamos o decir simplemente no se la vamos a conceder, porque políticamente y en los tiempos hay que decir que no, porque la causa a la que se suma es una causa contraria. Hay que valorar objetivamente las razones de la renuncia.

¿Qué conviene más como República? ¿Un ministro que ya no quiere serlo? O un jurista brillante de trayectoria extraordinaria que simplemente quiere prestar sus servicios en otra tribuna, otra área u otra trinchera. Será cuando la ley se lo permita, en los modos que la ley se lo permita.

Por cierto, hace muchos años se acuñó el término PRIAN, en 1988, cuando Diego Fernández de Cevallos apoyó al gobierno a quemar urnas y quemar boletas electorales, pero cuando tuvo más realce el “prianismo” fue en 1995, cuando Ernesto Zedillo decidió hacer reformas constitucionales, entre ellas extinguir la Corte, y este fue un hecho muy grave.

En ese tiempo, esta situación del PRIAN era incuestionable, esta frase la acuñó el periodista Froylán López Narváez, justamente por el hecho inédito de desaparecer la Corte por dos motivos: Porque en 1994 se dio aquella crisis de la economía en México que, según economistas y financieros, seguimos pagando, entonces fue una especie de “cortina de humo”, y dos para tener un Poder Judicial a modo.

En ese tiempo había un presidencialismo a ultranza, peyorativo, omnipotente, que ultrajaba las demás instituciones y lo que quería era el poder a modo, y en ese momento redujo de 26 a 11 ministros con calidad de jubilados, pero no los cesaron, sino hasta el 1 de diciembre de 1995.

Ahora bien, si no existe catálogo de causas graves, ¿qué más grave es que una persona no quiera estar en el cargo? El texto del ministro es muy caro cuando dice que ya no se siente a gusto, que se siente marginal. Y puede ser motivo de muchas cosas, una que, en efecto, el Poder Judicial está podrido.

Más vergüenza debe darles a los jueces y ministros con lo que juzgan prácticamente a diario, pues han exonerado a muchas personas de “cuello blanco”.

Además, es un derecho, como dice el artículo 98 constitucional: Una persona no puede ser forzada a trabajar o no, además, deberíamos felicitar a Zaldívar por actuar con congruencia, ya se decantó por un tema ideológico, quiere participar y seguir participando en la transformación del país.

Sería momento adecuado para que ministros que, abiertamente del lado de la derecha, se quiten la máscara y ser congruentes. Que se quiten esa máscara y digan querer participar abiertamente con la derecha, es momento que la presidenta de la Cortea, a todas luces prianista, se quite la máscara y vaya de ese lado.

No podemos fustigar a quien le ha dado mucho al país desde el punto de vista jurídico, lo dijo la oposición y se avala, y como persona también tenemos tintes ideológicos. Decía la Comisión de Justicia, hay mucho pragmatismo ideológico, se salta de un partido a otro.

Debemos aplaudir en todo caso el carácter del ministro porque se muestra ecuánime, prudente y, de alguna manera, dice: “No quiero ya aquí, no me siento a gusto, y mejor quiero seguir participando por la transformación del país”, por lo que se invita a otros magistrados con preferencias ideológicas de la oposición, también quitarse la máscara e ir a una profunda reforma.

Zaldívar, la verdad, fue auténtico jurista, en cuyo paso por la Corte, por cierto, luchó en favor de las mujeres, sus derechos, y una auténtica transformación del sistema de justicia en México.

El Poder Judicial ha permanecido a lo largo de la historia ajeno a los sentires del pueblo, y con la llegada de Zaldívar al Consejo de la Judicatura, asumió un proceso crítico de autorreflexión y de profunda reforma, mermada por la actual presidenta y su notoria falta de respeto a la división de Poderes, que el Judicial debería tener de los poderes fácticos y oligárquicos del país.

Por el contrario, se han mostrado serviles a lo que los señores del dinero mandan para intentar sabotear de forma permanente el primer programa de gobierno que le ha dado una cara distinta a México, la cuarta transformación de la vida pública.

Durante la época de Zaldívar se exhibió y combatió la corrupción; se aplicó una auténtica política de austeridad y se buscó, por bien de todos, un Poder que se acercara a las demandas sociales de igualdad y justicia que, de forma mayoritaria y absoluta democracia, se expresó en las urnas en 2018.

Lo que al PRIAN le duele es que se señale la dimensión política que necesariamente tiene el derecho. No hay que hacernos como al que nos habla la virgen. La oposición es conservadora y defiende un Estado de derechas, no de derecho. Le gustaría que la Corte emitiera sentencias para que todo siguiera igual, como cuando eran amos y señores de México, vendiendo el petróleo, privatizando trenes, violando flagrantemente la Constitución y empeñando el futuro de nuestros hijos como hicieron con el Fobaproa, que convirtió la deuda privada en deuda pública.

De no ser así, no hubieran votado contra los programas sociales como derecho constitucional, ni emprendido una permanente guerra, utilizando la guerra judicial, buscado parar los proyectos prioritarios de gobierno; ni refugiando a sus corruptos elementos en el Poder y órganos autónomos.

Pero, además, el Senado ha aprobado renuncias de este tipo, como la del ex ministro Eduardo Medina Mora, a quien faltaban 11 años para cumplir su plazo; a Zaldívar, sólo un año y, en el primer caso sólo votaron tres en contra, y de ahí que la renuncia fuera tan opaca o tuviera que ver con investigaciones por delitos fiscales, como dijo la entonces Unidad de Investigación Financiera.

Zaldívar no tiene de qué avergonzarse, como dice la oposición, pues sentó precedente en materia familiar y derechos de los niños y adolescentes, libertad de expresión, derecho al honor y la privacidad, datos personales y derecho a la información, igualdad y no discriminación, derechos laborales y responsabilidades de servidores públicos en materia de amparo, competencial y federalismo procesal, constitucional, electoral, nacionalidad y derechos políticos, penal y debido proceso.

Destacó también con sus votos particulares y concurrentes en materia de compensación económica en el matrimonio, matrimonio igualitario, derecho de las personas indígenas, violencia política en razón de género, así como sus posturas de avanzada en la despenalización del aborto, uso lúdico del cannabis, reconocimiento de la identidad de género en actas de nacimiento y medidas de inclusión como presidente en los juzgados, que eso dio como resultado el nombramiento de 227 juezas de distrito y representación del 51%.

Lo que debería hacer la oposición, finalmente, es un reconocimiento a sus aportaciones, pero su profunda mezquindad no se lo permite como oposición que siempre le ha negado a México una aportación digna de calidad.

Vergüenza debería darles a los ministros que han votado para liberar delincuentes, descongelar cuentas de los familiares de éstos y proteger a evasores fiscales. Eso sí es para vergüenza del Poder Judicial y son a los que la oposición siempre ha defendido.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

      Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.