sábado, 25 de agosto de 2018


Nuestra  riqueza, ¡en grave peligro!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         El reciente surgimiento de un socavón, que provocó la misteriosa desaparición de la laguna Chakanbacan de la comunidad de Nicolás Bravo, a unos 70 kilómetros de Chetumal, provocó que, finalmente, además de la teoría del nacimiento de un cenote, la mayoría de la población volteara como otra posibilidad hacia el fenómeno del sargazo que azota a Quintana Roo y ahora a Yucatán.
         En efecto, el tema del sargazo recién se abordó a profundidad en el Congreso de la Unión, cuya Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a fortalecer las acciones para su remoción, contención y adecuado manejo.
         En este sentido, a efecto de evitar afectaciones al medio ambiente y a la actividad turística, demandó a la Semarnat fortalecer acciones, programas y estrategias encaminadas a esas labores, a través de la Profepa y la Secretaría de Turismo, en coordinación con los gobiernos de las entidades afectadas.
         Resta señalar que este fenómeno se había presentado en las playas de Quintana Roo, aunque no con la magnitud y gravedad de este año, cuando se han retirado miles de toneladas de las costas, ahora con inusual afectación a las de Yucatán.
         Así las cosas, la pregunta obligada es ¿de dónde viene y cuáles son sus consecuencias? Lo explica la experta investigadora de la UNAM Marta García Sánchez., quien, sin ánimo de alarmar a la población, concluyó que ante ese arribo de sargazo al país cabe la posibilidad de un desastre ecológico.
Poco conocido para la mayoría de la gente, el sargazo es un alga de color café que, con invasión a las playas del Caribe mexicano, viene más lejos de lo que imaginábamos y en cantidades cada vez mucho mayores: Del sur del Océano Atlántico.
Su origen como zona de acumulación son las costas de Brasil y África, según se detectó hasta 2011 gracias a imágenes de satélite. Las causas no son aún claras, aunque se manejan varias hipótesis, una de ellas que en estas zonas el agua es más caliente y es área de desembocadura de ríos importantes, como el Amazonas, lo que les podría representar más nutrientes (alimento)
El sargazo, en sí, es una macro-alga color pardo o verde negruzco con textura dura que se entrelaza con facilidad y sobrevive a las fuertes corrientes del Mar Caribe que, junto con el Golfo de México, son su ambiente ideal para proliferarse.
Como consecuencia, cuando llegan en tantas cantidades permanece acumulado en la costa y comienza descomponerse dentro del agua y la arena, lo que aporta mucha materia orgánica al sistema y cambia el color del agua. Muchos organismos que viven en el fondo necesitan la luz del sol, como los pastos marinos, que ya han desaparecido en algunas zonas.
Ante estas consideraciones, estamos ante la posibilidad de un desastre ecológico, lamentablemente, de la mano un gran impacto socioeconómico para la zona, lo que no es fácil de evitar, por lo que  el planteamiento sería un plan de manejo integral para determinar mejores técnicas de retiro, así como generar sitios de acopio adecuados para acumularla y buscarle algún uso.
Sin embargo, estas medidas deberían tomarse a la voz de “ya”, por lo que será importante la coordinación entre los gobiernos  nacional y estatal, sumado al de los municipios, que ya están dando su mejor esfuerzo, aunque la coordinación tiene que estar a un mayor nivel.
         Algunas voces sugieren que el sargazo sería útil para artesanías, que sirve de abono a las plantas, así como de alimento para cerdos, gallinas, vacas y perros, de modo que daría mucho trabajo a mucha gente y, de saber usarse bien, apoyaría la economía, a micro-empresarios y medicinalmente, ya que cura heridas como desinfectante con limón o vinagre.
         No cabe duda de que México es privilegiado. Una de sus grandes fortalezas son sus recursos naturales y sus fortalezas en materia turística, lo que nos ha posicionado a nivel mundial con nuestras costas, en particular las del Caribe, donde uno de los lugares más visitados es Quintana Roo, concretamente Cancún y Solidaridad.
Hoy día, pareciera que la naturaleza nos está llamando la atención, con un grito de alerta, pues una de las bellezas más destacadas, ese azul turquesa en las playas del Caribe, hoy no sólo es un espacio para presumir y disfrutar a nivel mundial, pues tiene un grave problema de salud que está afectando, no sólo al ecosistema, sino a sus actividades.
Nos referimos a hoteles, restaurantes y agencias de viaje, pero, sobre todo, está dañando al turismo, lo que podía deberse a una respuesta de los abusos al planeta: Esa es la plaga, que ha sido tema de discusión en el Senado a través de foros, ya que no sólo afecta la salud natural de espacios, sino también a las actividades económicas.
Lamentablemente también afecta las actividades productivas de pescadores y toda la cadena turística, así como el esparcimiento de turistas nacionales y extranjeros, pues libera ácido sulfúrico, que provoca alergias en piel, boca y ojos, principalmente.
Hasta hoy están documentadas toneladas de sargazo en destinos turísticos como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Holbox y Bacalar, entre otros. Tan sólo entre mayo-agosto se retiraron más de 128 mil toneladas, entre algas verdes, cafés, rojas y diversos pastos marinos.
Entre las zonas más afectadas destaca Solidaridad, donde su arribo alcanzó más de 10 mil 600 metros. Playas como Punta Morena, El Mezcalito, Playa Chumul, Playa Che Río Sur y Norte, además de Playa Bonita, Playa Mirador y Playa Rastas, se han visto seriamente afectadas.
Por si fuera poco, desde la semana anterior se denunció el arribo de toneladas de esta alga a las costas de Yucatán, principalmente en Progreso, Sisal y San Crisanto, en una franja de por lo menos 140 kilómetros que, imagínese Usted, no permite usar esta fortaleza de bellezas naturales.
De ahí que el Congreso de la Unión convocara a autoridades federales, petición a la que el senador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruiz sumó pedir a los nuevos diputados revisar el paquete económico 2019 para que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos contemplen un fondo exclusivo para el sargazo o cada año habrá ese tema en las playas de Quintana Roo y Yucatán, y podría incluir Campeche y Veracruz.
         Desde luego que no es deseable que esto ocurra, por lo que nos sumamos a esa demanda, que deberá impulsar desde Morena el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al menos como respuesta al millonario volumen de votos que sumó en Quintana Roo a su favor

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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martes, 21 de agosto de 2018


 ¡Más enredos y dudas en “caso Borge”!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con las más ambiciosas capturas pendientes de los ex secretarios de Gobierno durante el periodo de Borge, Luis Alberto González Flores y Román Quian Alcocer, así como de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, poco a poco se cierra la pinza en torno al caso de Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. (VIP-Saesa), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido el 4 de julio del 2017.
En efecto, otro de los involucrados en una serie de malos manejos que implicaría una multimillonaria pérdida para el patrimonio de Quintana Roo, el ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo, Mario Castro Basto, fue aprehendido el domingo en Mérida, Yucatán, por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De esta manera, la Fiscalía cumplió la orden de aprehensión contra el también ex dirigente del PRI, derivado de la carpeta 151/2018 por las irregularidades en aquella empresa, en un tema por el que también han sido detenidos varios ex funcionarios de Borge, entre ellos los ex titulares de Gobierno y Finanzas, Gabriel Mendicuti y Mauricio Góngora Escalante.
Además del propio Borge, otro de los “peces gordos” envueltos en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo es una de las piezas claves aún prófugos de la justicia, junto con González Flores, tío del ex gobernador Félix González, y quien también fuera coordinador del Congreso del Estado.
Los otros prófugos en torno a VIP-Saesa son los ex titulares de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, y de la propia SINTRA, Fernando Escamilla Carrillo, mientras que se ventila la participación de los detenidos Víctor Hugo Loyola y Ercé Barrón Barrera, éste último acusado de desviar 11 mil millones de pesos, capturado el 25 de noviembre de 2017, pero liberado el 18 de enero siguiente -ante la deficiencia jurídica de la Fiscalía-, tras el ridículo pago de 10 mil pesos (¿?)
Escamilla Carrillo, quien defendió el sexenio de Borge en sus últimos actos, como en la inauguración de la avenida Guayacán (licitada ficticiamente entre razones sociales de la misma empresa) y la apertura del malogrado “Auditorio del Bienestar”, “elefante blanco” sin condiciones para albergar un evento, también cuenta con orden de aprehensión
 En relación con Castro Basto, la Fiscalía informó que la aprehensión del ex titular de titular de la Unidad Operativa de Diconsa (30 de mayo de 2015, en sustitución de Irazú Sarabia May) se realizó con apoyo de las autoridades de esa ciudad.
El ex funcionario, primer titular de Sintra con Borge y posteriormente diputado local, se habría amparado desde el año pasado, aunque se combatió en tribunales.
Inusualmente, apenas fungió un año como legislador, ya que sería nombrado asesor operativo de Obras Públicas de Sintra, con lo que coordinó el retiro de sargazo en Cancún en 2012.
Cuando todo mundo hablaba de una supuesta “ruptura” con Borge, el detenido, junto con el desaparecido Isaías Capeline Lizárraga, coordinó las cuestionadas “Brigadas del Bienestar” en la Zona Norte, tras lo cual sería postulado candidato a diputado local en las elecciones de 2013, aunque sorpresivamente desplazado por cuestiones de equidad de género a mitad de la contienda por la ex priísta Marybel Villegas Canché (PAN-PRD)
Como “consuelo” fue nombrado presidente del CDM del PRI en Benito Juárez por cerca de año y medio, antes de arribar a Diconsa en lugar de Irazú Sarabia, quien asumió la curul local que dejó vacante Arlet Mólgora Glover.
No obstante, Castro Basto sólo permaneció hasta 2017, cuando estalló el escándalo de las grandes cantidades de despensas descompuestas, “inflado” del padrón de beneficiarios y compras innecesarias, por lo que lo remplazó la delegada de Siresol, la propia Marybel Villegas.
Lejos, muy lejos del caso VIP-Saesa, el tema del ex funcionario -por no decir “cola”- es sumamente extenso y controvertido, aunque Noticaribe lo iniciaría el 4 abril de 2013, cuando se refirió al pintado y repintado de parques y escuelas, desplegado de programas electoreros en colonias y regiones e intentar aumentar el pasaje en acuerdo con los transportistas.
De este modo, recuerda,  el gobierno de Borge encontraría una nueva forma de “hacerse presente” en el ánimo de los ciudadanos, al empezar a rotular, sin autorización del Ayuntamiento de Benito Juárez, la nomenclatura de Cancún, durante el trienio del perredista Julián Ricalde Magaña.
Entonces ex secretario de Sintra y asesor de Infraestructura de Borge, Castro Basto publicaría en redes sociales una serie de fotografías donde se observaban sus Brigadas rotulando postes del alumbrado público con la nomenclatura de la ciudad.
Sobre el nombre de las calles, pintó el logo del Gobierno del Estado con colores del PRI, los mismos con los que se repintaron los parques, con lo que Borge intentaba desestabilizar la administración opositora con acciones que violentaban la autonomía municipal, ya que dos meses después habría elecciones locales, y el gobierno de Borge y el PRI, que habían perdido los últimos comicios en la plaza, estaban urgidos por ganar.
Algo similar ocurriría en la capital chetumaleña, donde no escapó ningún edificio público de los colores del PRI, escuelas principalmente, pero a cargo del titular del Programa Basura por Alimentos y Brigadas del Bienestar, Israel Hernández Radilla, a quien se acusó del desvío de 30 millones de pesos.
Parte del “negro” historial de Castro Basto, con desvío de recursos y exigencia de “diezmos”, lo resumiría el 29 de enero último amplio reportaje de Ariel Velázquez, quien, con el título “Mario Castro engañó a Quintana Roo con obras inexistentes”, diría que Fiscalía y PGR investigaban el “modus operandi” de Borge para  protegerse a través de la rotación de funcionarios y desaparición de dependencias.
Castro Basto se habría involucrado en la construcción de caminos fraudulentos y podridos por más de 70 millones de pesos, investigación que se habría frenado o desvirtuado con el arribo de Peña Nieto a la Presidencia.
La Secretaría de la Función Pública y la Contraloría estatal detectaron que el gobierno de Borge reportó como terminados y entregados más de 195 kilómetros de caminos rurales y “saca-cosechas” que nunca se iniciaron, y que beneficiarían a poblaciones de Othón P. Blanco y Bacalar.
Fueron 32 obras que debieron realizarse entre 2011 y 2012, para lo cual la Federación entregó 70 millones de pesos. Ejidatarios de 15 comunidades confirmaron a que no hubo reparación, pavimentación ni apertura de caminos, y que se enteraron de las obras “fantasmas” por visitas de la Función Pública y la Contraloría estatal.
La trayectoria política del acusado inició como subdirector de Obras con el ex alcalde Carlos Cardín (1993-95), subdirector de servicios públicos con Rafael Lara (1996-99), director de obras con Magaly Achach (1999-2002), y director de servicios públicos con Francisco Alor (2005-08) Después sería diputado local (2008-11) y titular de SINTRA con Borge.
El 19 de octubre de 2009, el entonces contralor de la Comuna de Cancún, Jorge Rodríguez Carrillo, informó que tanto la Auditoría Superior del Estado como la Auditoría Superior de la Federación hicieron observaciones sobre la gestión de Castro Basto como titular de Servicios Públicos.
Por ello, el Ayuntamiento inició un procedimiento para que acreditara diversas obras que no se integraron adecuadamente al expediente, por lo que hubo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la falta de documentación para la construcción de la primera celda del relleno sanitario.
En 2007, tampoco comprobó facturas pagadas por 1.9 millones de pesos para la reparación de camiones recolectores de basura… porque nunca se hizo.
A todo esto, ante la “buenas intenciones” de Carlos Joaquín por aclarar el caso VIP-Saesa, sin embargo, siguen surgiendo más dudas que respuestas, por ejemplo ¿sólo detuvieron a Castro Basto por ese caso? ¿Seguirá la notoria protección a los implicados Víctor Alcérreca Sánchez y Javier Félix “Javicho” Zetina González, este último primo suyo y de Félix González?
El primero de ellos, entonces director general de la Administración Portuaria Integral (API), fungía como primer vocal del Consejo, mientras que el segundo, como director general de la Administración Portuaria Integral (API), aparecía como accionista de la empresa, aunque su participación más cuestionada en el “Caso Borge” sería su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado y su renuncia aparentemente “negociada”.
Pero además, como justamente se comenta, de qué sirve la detención de Castro Basto y de los demás implicados en el magno escándalo de corrupción, si absolutamente NADIE -excepto Carlos Joaquín y su Fiscal- está enterado sobre el volumen y destino de los millonarios recursos recuperados, inclusive probablemente negociados con otros implicados “desde lo oscurito” para el eventual, silencioso retiro de denuncias.
Por si fuera poco, tras los 6 meses que otorgó un juez federal para el cierre de investigaciones contra Borge en enero -venció el 5 de julio último-, nada se ha dicho tampoco sobre el cada vez más insistente rumor sobre la liberación del ex gobernador con una fianza de 85 millones de pesos que le fijó el Tercer Tribunal de Circuito de Quintana Roo.
Eso le permitiría al ex mandatario enfrentar en libertad tres carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía en su contra por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, por unos 3 mil millones de pesos.
Lamentablemente, el silencio ha sido una de las invariables del gobierno de Carlos Joaquín.
        
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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sábado, 18 de agosto de 2018

¡Derroche  de recursos y trampas!



                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con más de 114 mil reproducciones, y subido a  redes sociales el 4 de agosto último, Raúl Bengoa nos remitió un video de la página “Quintana Roo sin Cambio” que, con el título Carlos Joaquín y su esposa Gaby Rejón de Joaquín le roban al pueblo con su protegida Carmen Idania García (Aguayo), vuelve a remitirnos al anuncio de López Obrador en torno a la austeridad.
Asimismo, nos remite invariablemente a una publicación del año pasado que, titulado “Verdadero atraco al erario”, se refiere a la política administrativa del gobierno de Quintana Roo, a cargo de su Oficialía Mayor, cuyo titular, Manuel Alamilla Ceballos, nunca respondió a señalamientos graves sobre onerosos gastos en 15 “consultores” y “asesores”.
Consultora de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, donde devengaba un salario mensual de poco más de 66 mil 221.pesos desde el 11 de enero de 2016, Carmen Idania es acusada del manejo irregular de recursos como coordinadora ejecutiva de la oficina del gobernador Carlos Joaquín en la metrópoli.
Verá Usted. En agosto de 2017, a menos de un año de iniciar el sexenio, Alejandro Hesiquio Aguilar Rule renunció a la Representación, cargo que desempeñaba desde octubre de 2016, cuando relevó al antes empresario de Cancun, Artemio Santos Santos, quien fungió en el cargo desde abril de 2011, todo el periodo de Roberto Borge.
Lo cierto es que Carlos Joaquín nombró como encargada a Carmen Idania, quien antes organizaba festivales y corridas de toros en plazas móviles, y cuya primera acción como funcionaria sería una muestra de hamacas, con lo que se resumiría metafóricamente lo que le hicieran a Aguilar Rule, a quien le habrían puesto “un cuatro”, le dieron hamacazo y tiraron a la mala.
Tras un año en el cargo, el 2 de agosto último se dio a conocer que tanto el Gobierno del Estado como los municipios de Othón P. Blanco y Solidaridad beneficiaron con millonarios contratos a la empresa “Con dinero baila el perro S.A. de C.V.”, propiedad… de Carmen Idania.
En sociedad con Cinthia Velarde y Mirna Fernández -sobrina de Vicente Fernández-, la coordinadora ejecutiva de la oficina de Carlos Joaquín en la Ciudad de México habría cobrado más de 20 millones de pesos por la contratación de artistas para diversos eventos, a través de esa agencia, cuyo catálogo incluye a Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Aleks Syntek, Tatiana y Margarita “La Diosa de la Cumbia”.
Con una supuesta Licenciatura en Derecho como máximo nivel de estudios y la coordinadora ejecutiva de la Representación de Quintana Roo como única experiencia laboral, Carmen Idania fungiría como intermediaria entre la agencia de artistas y el gobierno de Carlos Joaquín, a quien le habrían traído clientes con sobreprecio.
Aún alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez también la habría beneficiado con millonarios acuerdos, entre ellos el contrato -por adjudicación directa- de la cartelera artística para eventos tradicionales de la Comuna en 2017, por los que le pagaron más de 9.5 millones de pesos.
Además del conflicto de interés, la funcionaria le habría vendido al Gobierno del Estado la presentación de artistas con tarifas que habrían sido más altas de las reales, por ejemplo para la celebración del Día del Niño 2017, cuando, como intermediaria, cobró más de 895 mil pesos por la presentación de Tatiana, pese a que ésta cobraría entre 300 y 500 mil pesos.
Algo similar ocurriría con “La Diosa de la Cumbia”, quien se presentó en el 25 aniversario de Playa del Carmen, y aunque cobra entre 550 mil y 800 mil por actuación, la Comuna de Solidaridad facturó más de 1.5 millones de pesos.
En Chetumal, el entonces alcalde Luis Torres Llanes desembolsó más de 900 mil pesos para pagarle a la empresa “Con dinero baila el perro” la presentación de Mariana Seoane en el Carnaval 2017, pese  que la artista cobró 600 mil pesos.
Empero, otra “fuga” de recursos públicos es la Oficialía Mayor, donde, hasta hace un año, Alamilla Ceballos habría erogado más de 6 millones de pesos para el pago de 15 “consultores” y “asesores” de la nómina, pero allegados de Carlos Joaquín, con lo que se confirmaría la falsedad del plan de ahorro y austeridad del “gobierno del cambio” con la coalición PAN-PRD.
Según crónica del diario Por Esto, mientras el desempleo y cobro de más impuestos eran resultado del primer año de Carlos Joaquín, su gente más cercana se enriquecía descaradamente con los recursos públicos, como era el caso de 15 “consultores” y “asesores” de la Oficialía Mayor, donde, en conjunto, recibirían 764 mil 538 pesos mensuales.
Así, al cierre de ese año, la Oficialía habría erogado en un año más de 6 millones de pesos parar el pago de sólo 15 empleados, pese al supuesto plan de ahorro y austeridad que presumía el gobierno del “cambio”.
Tal y como el medio tituló, se trataría de un verdadero atraco al erario desde el gobierno joaquinista, donde algunos “consultores” cobrarían mensualmente 124 mil 932 pesos, más que la “dieta” de un diputado local y funcionarios de más alto nivel, como secretarios de Estado, incluyendo al propio Alamilla Ceballos, quien percibe 103 mil 896 pesos al mes.
Entre esos beneficiados “destacaría” Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, uno de los más desconocidos, pero más cercanos a Carlos Joaquín, supuesto hombre clave en las decisiones más importantes en materia de contrataciones y despidos de personal en el “gobierno del cambio”.
Supuesto líder del “Grupo Tepito”, el político, que “mece la cuna” con Carlos Joaquín, llegó a Quintana Roo con el priísta Carlos Hernández Blanco, entonces alcalde de Cozumel, “ahijado” político del ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell, en breve ex secretario de Energía de Peña Nieto.
También amigo del ex alcalde Greg Sánchez, fungió como asesor de Carlos Joaquín en la etapa de éste como tesorero de Solidaridad y como alcalde, y de ahí que cuando el mandatario fuera subsecretario de Turismo, Juan de la Luz sería director general de Desarrollo Regional de la Secretaría.
Insistentemente nombrados durante los dos años de gobierno de Carlos Joaquín -pero desconocida para los quintanarroenses-, también figuraría una asesora de la Oficialía Mayor, Taydé del Rosario Erales Antonio, con 81 mil 435 pesos mensuales, más de lo que gana un diputado local -65 mil 859 pesos mensuales. Su contratación se concretaría el 1 de octubre de 2016, una semana después de asumir Carlos Joaquín.
El contrato se renovaría en marzo de 2017, ahora como “consultora” de la Oficialía Mayor, aunque con la referencia “sagrada” de haber sido secretaria privada de Carlos Joaquín (diciembre 2012-enero 2015), cuando éste era subsecretario de Turismo.
Otra consultora cuyo nombre resaltaría es el de Cynthia Ulloa Martell (52 mil 191 pesos), ex colaboradora de Carlos Joaquín en la precampaña y campaña a gobernador, así como colaboradora en su equipo de transición.
También figurarían Fernando Oropeza Estrada, asesor del mandatario como subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría del ramo; Patricia Pérez de los Ríos (37 mil 263 pesos), su secretaria técnica como candidato y posterior gobernador electo; así como Virgilio Gómez Morales, parte del Grupo Tepito.
Otra consultora es la ex coordinadora de relaciones públicas del Ayuntamiento del Centro, Tabasco (2013-2016), Adriana del Corazón de María Fernández Balboa, asesora de la Representación en la Ciudad de México, así como el exsecretario y ex consejero político del PVEM, Mauricio Fabián Vázquez Lechuga, desde noviembre de 2016.
“Destapados” por el Por Esto desde agosto de 2017 -y nunca desmentido por Carlos Joaquín o Alamilla Ceballos- los “consultores” no formarían parte de la estructura de gobierno y sólo fungirían como “apoyo”, además de carecer de funciones claramente definidas, pero con onerosos sueldos gracias a su cercanía con las personas claves.
         Además de ellos, también serían privilegiados las consultoras Ileen Colín del Río, con un sueldo de 52 mil 191 pesos mensuales; María González Glennie (52 mil 191 pesos), Jésica Vargas Durán (35 mil 081 pesos), Sergio Horacio Rubio Toledo (35 mil 081 pesos), José Julio Aranda Manzanero (36 mil 591 pesos), Yazmín Margarita Escobar Vera (17 mil 086 pesos) y Virgilio Gómez Morales (51 mil 758 pesos)
Los cerca de 125 mil pesos mensuales que percibiría el “desconocido” Enríquez Kanfachi hasta 2016, aparentemente sólo serían menores que los 152 mil 576 pesos mensuales de Carlos Joaquín, quien, además, contaba con 47 días de sueldo y una prima vacacional de 24 días de sueldo integrados, que recibiría en dos partes: En mayo y diciembre.
Con todo, al igual que otros 17 gobernadores, Carlos Joaquín ganaría más que los 108 mil 248 pesos mensuales de Andrés Manuel a partir de diciembre, cuando asuma el cargo, ya que hasta hoy percibe 160 mil 667 pesos, por lo que la pregunta obligada es si a partir de fin de año disminuirá su sueldo y hará lo propio con su colaborador, el hombre que le habla al oído.
Asimismo, queda en duda si habrá algún movimiento o aclarará por fin el tema de los 15 “consultores” y “asesores” de su gobierno, entre ellos su allegada Carmen Idania, empresaria-funcionaria que, como contratista de artistas, para muchos es oriunda de Chile.

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Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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jueves, 2 de agosto de 2018


¡“Resucita” consentido de Carlos Joaquín!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Cerca de seis meses prácticamente desaparecido del escenario público, el nombre del ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, detenido el viernes 2 de febrero por la PGR por presunto “lavado de dinero”, volvió a sonar insistentemente este fin de semana y volvió a poner en predicamento al gobernador Carlos Joaquín.
Sin embargo, en esta ocasión, irónicamente, no fue porque el juez de la causa lo declarara culpable o inocente, sino por el supuesto “suicidio” de un interno en la cárcel de Cancún, el cubano Luis Manuel Álvarez Adán, quien apareció ahorcado con un cable de televisión en  el baño de su celda, aunque algunos dirían que fue con una soga.
Seguramente se preguntará Usted qué tiene que ver el ex funcionario con este “suicidio”. Resulta que en noviembre del 2013, el hoy occiso lo denunció al igual que a su hermana Norma Vergara por fraude y amenazas, con el argumento de que éstos le habrían cobrado determinada suma de dinero para tramitar su estancia legal en el país.
El denunciante había sido esposo de aquélla, pero Juan Melquiades movió sus “influencias”, y lo contrademandó por extorsión, y se sumaron otras contra el cubano, quien comenzó a revelar operaciones de corrupción del gobierno de Borge, con quien habría sido guardaespaldas y se habría percatado del “trasiego” de cubanos a México, según diario Reforma (2015)
En ese entonces la representación legal de Juan Melquiades estuvo a cargo de Verónica Gloria Acacio Trujillo, a quien, en pago de favores, aquél impulsó para hacerla magistrada del Tribunal Superior de Justicia (2016) y proponerla infructuosamente a la presidencia de ese Poder (2017), aunque terminó como consejera del Consejo de la Judicatura.
Ahora bien, en el caso de Álvarez Adán, su cadáver se encontró poco después de la medianoche de este martes, aunque varios compañeros suyos de prisión aseguran que se trató de un “montaje”, ya que, después de 4 años preso, habría sido asesinado.
Poco después de encarcelado comenzó a revelar corrupción y una red de tráfico de cubanos hacia México en el gobierno de Borge, donde,  entre otros, había sido guardaespaldas de Iván Eliud Garibay Osorio, entonces director jurídico del Gobierno del Estado.
Según él, un 45% de las ganancias de millones de dólares para hacer llegar indocumentados a Estados Unidos serían para el gobierno borgista, donde dijo ser testigo del cobro del 40% al crimen organizado para dejarlo operar, para lo cual escoltaría a Garibay Osorio a cobrar el dinero en distintos puntos de Cancún.
Además, aseguraría que la Policía Judicial los apoyaba por órdenes del entonces procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres, así como del entonces director de la corporación, el Cap. Arturo Olivares Mendiola, actualmente vinculado, junto con cerca de medio centenar de agentes ministeriales, con el sonado caso de tortura y homicidio de Héctor Casique Fernández (a) “El diablo”, pero amparado.
En enero de 2016, Álvarez Adán realizó una huelga de hambre en la cárcel y después de tres días dijo que no probaría alimentos hasta recuperar su libertad, y responsabilizaría de lo que pudiera pasarle a Borge y al compadre de éste, el director del diario Por Esto Quintana Roo, Renán Castro Madera.
El 18 de diciembre de 2014 difundiría una grabación donde éste habría golpeado a su reportero Kermith Zapata y diría ser “la autoridad máxima en el Estado”, mientras que días antes denunciaría que Juan  Rodríguez Alonso, entonces director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, le pidió dinero para protegerle de un posible secuestro.
A raíz del vídeo y otro grabado por la revista Luces del Siglo, donde dice que “cuando usted vea este video yo no estaré”, le habrían “resucitado” el expediente de extorsión de Juan Melquiades, y encarcelado el 30 de diciembre de 2014.
Con tantos enemigos “poderosos”, entre ellos Juan Melquiades, y la bien ganada fama de “autogobierno” y corrupción en la cárcel de Cancún, para nadie resulta creíble el “suicidio” del cubano, quien, hasta antes de su detención, se dedicaba a la venta de accesorios para buceo en Tulum.
Ahora bien, lo cierto es que, tras seis meses de “desaparecido”, vuelve a la mente de los quintanarroenses el doloroso traspié de Carlos Joaquín con su entonces favorito colaborador, a quien “apapachó” desde el 25 de septiembre del 2016 hasta el 8 de enero del 2018, cuando impulsó su fallida candidatura a diputado federal por la coalición PAN-PRD.
 La aprehensión del funcionario, de sólo 24 horas, derivó de una denuncia de septiembre, en la que 13 empresas expidieron facturas falsas declaradas fiscalmente como gastos deducibles que llegarían a varios beneficiarios finales, entre ellos Juan Melquiades, quien, detenido un viernes, sería liberado al día siguiente tras acudir a la audiencia en el Juzgado de Control del Estado de México.
Así, enfrentaría el proceso judicial en libertad, al considerarse no grave el delito que se le imputa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya, le vinculó a proceso y concedió a la PGR seis meses para el cierre de la investigación, pero impuso una garantía por cuatro millones de pesos, y le prohibió salir del país.
Beneficiario final de lavado de dinero por un millón 430 mil 619 pesos de una empresa en 2015, y 49 millones 259 mil pesos de otra, el acusado, con una fortuna mayor que la de Peña Nieto, del ex mandatario Barack Obama y de Carlos Joaquín, sin embargo, el 11 de febrero, nueve días después de su detención, se retiró de la contienda interna por la candidatura federal.
Por si se había olvidado, al día siguiente de su captura, Carlos Joaquín, ahora sí preocupado por la difundida “imagen” de su gobierno, se desmarcó A MEDIAS del tema de Juan Melquiades, con el pretexto de que las acusaciones se refieren a las actividades privadas de éste, no a la función pública, y que para su gobierno es importante la presunción de inocencia, “pero, de probarse los delitos, debe actuarse con energía y apego a ley”.
Sin embargo, en abierta defensa de su ex colaborador, explicaría que las acusaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondían a la etapa previa al ingreso de Juan Melquiades a la función pública, por lo que las acciones que se le atribuían como empresario le eran desconocidas, aunque nunca ordenó que se auditaran las cuentas públicas del año y medio que el acusado estuvo en el cargo… al menos nunca lo informó.
Coincidentemente, los seis meses que anunció el Juzgado de Distrito para el cierre de investigación de la PGR venció precisamente este jueves, mientras que el plazo para el caso del ex gobernador Roberto Borge lo fue el mes anterior, pero en ninguno de los dos casos se ha anunciado decisión alguna sobre los ex funcionarios de Quintana Roo.
Por si fuera poco, otro caso que pareciera haber quedado en el olvido es el de la “misteriosa” explosión de la embarcación Barcos Caribe 3, ocurrida el 3 de febrero en Playa del Carmen, cuando estaba atracada en el muelle, misma que provocó una veintena de heridos, en un tema del que la Fiscalía General se habló de un “auto-atentado” por parte del propietario de la  nave, Roberto Borge Martín, para el cobro de un seguro por 4 millones de dólares.
Días después del siniestro, cuando se hablaba de que ya había detenidos, un supuesto grupo delictivo identificado como “El Pumba y el Tata”, se atribuiría la responsabilidad a través de una manta en la que amenazaba  a la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun Pech, y detallaría que “el atentado de los barcos fuimos nosotros y aremos lo mismo en tu casa” (sic)
Sobre el caso particular de Juan Melquiades nos referimos en forma extensa en su momento http://luisangelqroo.blogspot.com/2018/02/vergaralos-ricos-tambien-lloran-luis-a.html pero seguimos a la espera de la resolución judicial, aunque persiste inquietud sobre su “inocencia” y la de su propio ex jefe Carlos Joaquín.
En efecto, NO es posible ni razonable para cualquier gobernante dejar de indagar los antecedentes de cualquiera de sus colaboradores -sobre todo los financieros-, y más aun tratándose del responsable de la administración de los millonarios recursos de todo un Estado, sabedores de que “en arcas abiertas… hasta el más justo peca”.
¿Acaso este será el mismo caso de los demás “colaboradores? O bien los contrató Carlos Joaquín por amistad, agradecimiento, obligación… o sólo por haberles caído bien.
¿Hasta cuándo seguirá con los mismos? ¿Será una prueba personal de paciencia por la que, sin embargo, los que pagan, por ejemplo con la falta de agua potable, son los pobres quintanarroenses?
¡Seguimos esperando don Carlos!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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martes, 31 de julio de 2018


¡Las “razones” de Miguel Ramón!


                                             Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Si bien no tenía toda la razón en el análisis-reproche de su derrota del 1º  de julio, el ex candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el I Distrito, Miguel Ramón Martín Azueta, por lo menos SÍ tendría gran parte de ella, al responsabilizar de su derrota al gobierno de Carlos Joaquín.
         No pocos coinciden con el ex Jefe de la Oficina del Gobernador, aunque algunos difieren en torno a lo que realmente quiso decir. Así, algunos opinan que se refirió al gobernador, mientras que otros sugieren que habría acusado al Gobierno del Estado, que no es lo mismo.
         Como quiera que fuera, lo cierto es que, falto de honestidad, al ahora ex funcionario, que pareció decir verdades a medias, le faltó un “mea culpa” y admitir que él mismo tuvo parte de responsabilidad, aunque también le faltó reconocer que la ganadora tenía lo suyo y la impulsó el “efecto Morena”.
         Como bien sugiere el colega Armando Batum, desde el inicio de su proselitismo había rechazo a su imagen ante sus antecedentes, lo que ratificó en los comicios el triunfo de la “morena” Adriana Teissier Zavala, hija del afamado periodista y analista político Ernesto Julio Teissier.
         Ahora bien, por el lado de Carlos Joaquín, la derrota de Miguel Ramón y de otros candidatos a manos de Morena, tan sólo fue un cobro de “facturas” del electorado quintanarroense que, como todo mundo, anticipó desde mucho antes su reclamo del “cambio”, que nunca llegó tras despedir al PRI del poder.
         En efecto, ante los constantes yerros de sus colaboradores, los reclamos al mandatario fueron pan de cada día desde sus primeros meses de gestión, aunque éste parecía ignorarlos, o bien estaría atado de manos por su pago de “facturas” al PAN y PRD por avalar su candidatura.
         Las públicas denuncias por corrupción en su contra, que algunos medios intentaron matizar infructuosamente, terminaron por ahogar al “buey en la barranca” y hacer explotar la paciencia de Carlos Joaquín, quien terminaría por reclamar y exigir cumplir compromisos a sus colaboradores, tal y como daríamos a conocer apenas el 3 de mayo último:
         El reclamo provocó un record de visitas a nuestro blog, sin embargo, pocos resultados se dieron en los meses siguientes, cuando eran visibles el odio y rencor contra todo lo que “oliera” a Carlos Joaquín, tales que abundaron públicas exigencias por redes sociales y en los propios eventos públicos, tal y como ocurriría unos días después:
         Hasta ahí las cosas, ésta sería la “culpa” de Carlos Joaquín, ya que a la de Miguel Ramón se suma una serie de traspiés que reseñó el portal “Punto sobre i”, que le restriega corrupción, quiebra de empresas y violaciones, como algunos elementos que rodearon su trayectoria, entre ellos los siguientes:
-La construcción del Muelle de Ultramar en el 2001 sin aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando era alcalde de Solidaridad.
-El abandono del proyecto de creación de un rastro, lo que provocó que los carniceros de Solidaridad le compraran a proveedores de Cancún.
-Una denuncia por violar a una empleada suya, con expediente 529/2000 que, sin embargo, no procedió.
-La creación del periódico “El Quintanarroense” (2004), con el que obtuvo onerosos convenios, pero que cerró con rumores de “lavado de dinero” y desentendió a unos 300 ex trabajadores.
-El atentado carretero del 4 de octubre de 2011 en carretera, en el que falleció su contador Rolando Gómez Carrillo.
-La violación de una compañera de escuela que acudió a una tarea de equipo por parte de cuatro jóvenes, dos de ellos sus hijos, según Averiguación Previa 713/10/2011.
-El secuestro de un mecánico por parte de su hijo Jorge Miguel, entonces regidor del alcalde Filiberto Martínez Méndez, tan sólo para evadir el pago de un servicio.
-Nulos resultados en el Consejo de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, donde fue enviado, y tres años después entregaría al puesto a su hermano Jorge Alberto Martín.
-La quiebra de la pasteurizadora de leche y queso de Bacalar, donde el “gobierno” de Félix González habría invertido 10 millones de pesos para procesar 30 mil litros de leche diarios, pero cerró y los ganaderos nunca pudieron cobrar su producto.
Hasta ahí las cosas, otra “culpable” de su derrota sería Adriana Teissier, de quien sus críticos se mofaban como la “candidata invisible de AMLO”, pero que terminaría arrasando con Miguel Ramón (PRD-PAN-MC) y Leslie Hendricks (PRI-PVEM-PANAL)
Ahora bien, ¿Quién es esta nueva diputada federal de Quintana Roo? Nada menos que ex cónyuge del ex delegado del ISSSTE, el cozumeleño priísta Carlos Hernández Blanco, presidente del PRI en la isla y suplente de Pedro Joaquín Delbouis en la planilla ganadora.
Adriana Teissier, en cuyo último cargo fue subsecretaria de Desarrollo Social en la Zona Norte -sustituyó a Susana Hurtado Vallejo en mayo de 2013- trabajó en los gobiernos de Félix González y Roberto Borge, con quienes tiene relación personal, aunque su principal vinculación política es con el PAN, no con el PRI.
Como aparentes datos extraños en su candidatura, surgió de Cozumel, donde menos votos obtuvo Morena en 2016, e incluso carece de regidores, por lo que hubiera sido más “normal” que se abanderara a alguien de Playa del Carmen, o hasta de Tulum, donde AMLO tiene mayor fuerza.
Directora del Sub centro de Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) en Cozumel, titular del Comité para la Prevención del Suicidio y síndico en el Ayuntamiento de Cozumel, militó muchos años en el PRI, pero renunció “porque los grupos de poder se apoderaron de todos los espacios”.
Así las cosas, el 24 de marzo de 2016 la registraría el PAN en Cancún como precandidata a la diputación por el Distrito de Cozumel, y horas después de volver a  la isla, al intentar abordar su vehículo, sería extrañamente atacada con un objeto metálico por el cancunense Luis Humberto Pat Chan, quien fue sometido por vecinos y entregado a la policía,
Por cierto, durante el paso de su ex esposo en al ISSSTE, el entonces líder del sindicato de trabajadores, Tarquinio Ortega Otero,  enfrentaría a la subdirectora administrativa, Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, a quien acusaría  en mayo de 2014 de despedir trabajadores para colocar a parientes y amigos.
No obstante, Carlos Hernández siempre la defendió ante señalamientos por desvíos de recursos e irregularidades financieras, hasta que Cora Amalia Castilla Madrid asumió como nueva delegada y nombró en lugar de aquélla a Sonia Leticia Elías Coral, en octubre de 2016
(En octubre de 2017, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, la nombró secretaria de Administración del Poder Judicial, y se le ligó sentimentalmente con Carlos Hernández, “ahijado” político de Pedro Joaquín)
         Con todo, frente a esta maraña política, Miguel Ramón cree que su derrota del 1º de julio “sólo” fue un voto de “castigo” contra Carlos Joaquín, o contra el gobierno de éste, según la teoría del vaso medio lleno o medio vacío.
         En fin, lo único cierto es que las últimas elecciones de Quintana Roo, incluso la del propio Carlos Joaquín, dejaron como lección que los votantes han aprendido a cobrarse “facturas” en las urnas, por lo que NADIE en absoluto puede estar seguro de triunfar, como otrora ocurría, cuando podían darse el lujo de echar todos los huevos en la misma canasta.
         En este sentido, podemos hablar de “focos rojos” en el gobierno de Carlos Joaquín, quien probablemente aprenda la lección, y ponga las barbas a remojar, o en los próximos comicios, las “intermedias”, terminará por perder su acotado espacio y muy debilitado capital político.
         Algo parecido deberá asimilar el propio Morena, la otrora oposición que hoy festeja como Carlos Joaquín lo hizo el 5 de junio de 2016, aunque el mandatario está a tiempo de tratar de recuperar terreno, primero con ajustes necesarios en su pobre, débil, cuestionado gabinete, donde, todos saben, ya no caben amiguismos ni compromisos, sólo el bien de Quintana Roo.
         ¿Qué hará con Miguel Ramón? Sólo Dios y él lo saben, aunque muy probablemente haya aprendido la lección.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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