jueves, 19 de julio de 2018


Los  sueldos, ¡merienda “de negros”!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hasta hace poco más de un año y medio, el 16 de enero de 2017 para ser precisos, nadie creería que las palabras de un poderoso miembro selecto del PAN -ahora “fiel” seguidor del PRI- serían un grave presagio para el país, y eso que no se refería a la entonces lejana posibilidad de que Morena alcanzara la Presidencia de la República.
Nos referimos a quien fuera uno de los coordinadores de la infructuosa campaña del priísta José Antonio Meade, el todavía senador Javier Lozano Alarcón, quien, sin imaginar que López Obrador haría realidad una demanda de todos los mexicanos sobre los elevados sueldos de funcionarios, diría que “si me bajan el salario me pongo a robar”.
Entonces panista, el funcionario, quien fuera secretario del Trabajo Federal, había acudido al Congreso de Puebla a la entrega del sexto Informe de Gobierno del cuestionado Rafael Moreno Valle, en un momento en que el tema del día era la reducción de salarios debido a las medidas de austeridad a consecuencia del “gasolinazo”.
Lozano Alarcón dijo estar contra la reducción de su salario por ser el ingreso de lo que vive, y que la propuesta era pura demagogia: “Esa demagogia de decir con mucho gusto doy la mitad de mi salario ¿y luego a robar o qué?”, aunque se mostraría a favor de austeridad en gobierno o la eliminación del presupuesto a los partidos políticos.
Sin embargo, sobre el sueldo de los senadores, argumentó que los montos ya habían sido “congelados” y si se reducía a la mitad el gasto del Senado no sucedería nada: “Es obesa la administración pública en gasto corriente, gasto en servicios administrativos y en partidos”, concluiría.
Año y medio después, ante el triunfo de López Obrador y sus medidas de austeridad, es de esperar que no todos los funcionarios piensen en el mismo sentido, o la calle se llenaría de ladrones, y menos aún en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde saltó la liebre con un Ministro que se declaró en rebeldía: Su presidente Luz María Aguilar Morales.
Al presentar los 50 puntos del Plan de Austeridad Republicana y, tal y como prometió en su campaña, López Obrador anunció que recortaría su sueldo un 40%, con lo que ganará 108 mil 248 pesos mensuales, contra los 270 mil de Peña Nieto, además de reducir 70% el personal de confianza, bajar a la mitad el sueldo de los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y desaparecer las partidas de vestuario para el presidente, entre otros.
Dado que anunció que ningún funcionario ganaría más que el Ejecutivo, Aguilar Morales argumentó que las remuneraciones y pensiones del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que “garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces”.
Reconoció que la ciudadanía votó por el mejor candidato que consideró, que durante años buscó pacíficamente la confianza de la sociedad, aunque tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser utopía.
Remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, dijo, les permitan humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones internas o externas que doblen la vara de la justicia. La independencia del Poder Judicial garantiza equilibrio de poderes, defensa de la Constitución frente a las arbitrariedades y freno ante los atropellos de las mayorías hacia las minorías.
Según el manual de percepciones del Poder, un ministro alcanza un salario neto de 269 mil 215 pesos mensuales, más prestaciones y estímulos, como un pago por riesgo anual de 554 mil 595 pesos “por la complejidad de sus funciones”. Los magistrados de Circuito perciben 145 mil 266, y los jueces, 132 mil 431 pesos mensuales.
La disminución de ingresos será en todo el gobierno de López Obrador, pero los más señalados son los de la SCJN, los criticables Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral y Banxico, aunque también dieron de qué hablar los gobernadores, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Gobernación.
En lo que las redes sociales calificaron como “El paraíso del presidente de la SCJN”, Aguilar Morales, según el presupuesto de Egresos 2018, devenga anualmente 4 millones 743 mil 537 pesos entre sueldo y compensación, aunque, aunado a prestaciones, alcanza hasta cerca de 7 millones (6 millones 938 mil 234 pesos)  
Así, percibe una prima vacacional (95 mil 475 pesos), seguro por gastos médicos (47 mil 770 pesos), aguinaldo (586 mil 318 pesos), seguro de separación (528 mil 782 pesos), ayuda de anteojos (3 mil 100 pesos), estímulo por antigüedad (46 mil 154 pesos), seguro de vida institucional (33 mil 876 pesos) y pago por riesgo (853 mil 223 pesos) ¡Increíble! ¡Uno de los funcionarios mejor pagados del mundo en un país de extrema pobreza!
¡“Justa” razón tiene en reclamar que le mantengan ese privilegio! Quizá parezca mucho dinero en términos anuales, pero el Ministro devenga “sólo” 651 mil pesos mensuales que, pregunta la sociedad, ¿qué puede hacer con tanto dinero? O bien ¿qué ha resuelto a favor de la nación mientras un médico salva vidas, un maestro educa, un policía protege, un soldado salvaguarda al país? Éstos no ganan esa cantidad ni en dos años.
Con el insostenible argumento de la autonomía, el Poder Judicial de todo el país ha gozado por siempre de una serie de privilegios, tales que, por lo menos, 500 jueces y magistrados del Poder Judicial han metido a sus parientes en cargos del sistema judicial mexicano.
Así lo revelaría un estudio de 31 Estados, elaborado desde julio de 2017 por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, y entregado al Consejo de la Judicatura Federal de la SCJN.
En este sentido, los 500 jueces habrían beneficiado al menos a siete mil 148 parientes, con cargos como servidores públicos en 31 circuitos, familiares que, a su vez, tienen otros parientes en nómina.
Los magistrados involucrados le habrían dado empleo a 112 esposas o parejas, 180 hijos, 136 hermanos y 27 padres, aprovechando su facultad de nombrar o remover a funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aunque, en términos reales, lo que han generado son marcadas y descaradas redes de nepotismo.
Ahora bien, la pregunta obligada en el caso de la SCJN surge de la eventual nueva titular de la Secretaría de Gobernación, ya que se trata nada menos que de una Ministra en retiro, conocida de los quintanarroenses por su papel en Cancún durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz: Olga Sánchez Cordero.
Los cuestionamientos, como era de esperarse, ha inundado las redes sociales, ya que devenga una pensión de 269 mil 215 pesos mensuales, con cinco empleados a su servicio y seguro por gastos médicos, entre otros. ¿Será que conoce las nuevas “reglas de juego”? ¿Las acatará? O bien, no figuraba en sus planes.
Otro de los renglones que seguramente levantará ámpula es el ingresos de los gobernadores, ya que 17 de ellos y al menos ocho alcaldes ganan más de los 108 mil 248 pesos que propone López Obrador como su salario máximo y que ningún funcionario gane más. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegaría a los estados y municipios donde varios mandatarios debería ajustar su salario.
El gobernador  de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, encabeza la lista de los mejor pagados, con 245 mil 742 pesos mensuales. Como alcalde de Aguascalientes capital (2005-07), también figuró entre los ediles mejor pagados, con 102 mil 763 pesos mensuales.
En segundo lugar aparece otro miembro del PAN, Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato (222 mil pesos), y le siguen Arturo Núñez Jiménez (PRD), de Tabasco, quien este año termina su gestión (179 mil 428 pesos), y el primo de Peña Nieto, del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza (PRI), con 174 mil 409.65 pesos.
Dos priístas más tienen salarios arriba de 108 mil 248 pesos: Alejandro Moreno Cárdenas (Campeche), con 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval (Jalisco), con 166 mil 195 pesos, así como el panista Javier Corral Jurado (Chihuahua), con 163 mil 381, y el “aliancista” Carlos Joaquín, de Quintana Roo, con 160 mil 676.
El gobernador priísta de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien dijo ganar 90 mil pesos mensuales, advirtió que no ajustará su sueldo por devengar “mucho menos que el presidente”, aunque en su tabulador de percepciones aparece con 158 mil 835.98 pesos “brutos”, con mil pesos mensuales de despensa y mil 296 pesos en recreación, cultura y deporte, así como un aguinaldo de 173 mil 494 pesos.
Ya seguiremos con los temas de ingresos y lineamientos de austeridad, aunque hoy cabría preguntarse la postura de los demás miembros de la SCJN sobre este tema que se antoja delicado porque, de seguir pretendiendo defender su autonomía para justificar sus elevados, ofensivos ingresos, se daría una profunda controversia constitucional.
De una cosa estamos ciertos: Podrán tener eventualmente la ley de su lado, pero NO la justicia…y el objetivo final de la ley es precisamente la justicia.
¿O acaso, como Lozano Alarcón, también amenazarán con ponerse a robar? ¡Imagínese cuántos ladrones más habría tras aprobarse la ley si todos los “afectados” piensan igual!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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jueves, 12 de julio de 2018


¿“Sabadazo” del gobernador en OPB?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Para tratar de desenredar el aparente nudo gordiano que se formó tras la firma del reciente convenio de coordinación fiscal entre el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el Gobierno del Estado en  torno al impuesto predial, resulta obligatorio remitirse a la autonomía municipal y los conceptos del artículo 115 constitucional para determinar posibles violaciones.
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia con la tesis “La Autonomía Municipal y su Garantía Constitucional Directa de Protección”, que le valió el “Premio Extraordinario de tesis doctoral 2004”, Pedro Torres Estrada refiere la mejor definición sobre Autonomía local:
Titularidad del municipio de gestionar y resolver todos los asuntos de carácter local, mediante sus representantes elegidos democráticamente entre los miembros de su comunidad, los cuales tendrán entre sus prerrogativas organizar un medio de la reglamentación y sin tutela, todos los ámbitos que a su competencia constitucional y legal corresponda, así como la libre administración de sus recursos.
En este sentido, es el derecho del municipio a elegir libremente a sus gobernantes, otorgar sus propias normas de convivencia social, resolver sin intervención de otros poderes sus asuntos propios y peculiares, contar con renglones propios de la tributación y disponer libremente de su hacienda, y que esta prerrogativa estén definida y garantizada en el ordenamiento supremo del Estado.
Ahora bien, la doctrina del municipalismo más reciente desglosa la autonomía en tres apartados: La administrativa, financiera, y política.
En  el caso que nos ocupa, la financiera, el artículo 115 de la Carta Magna dice que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a…” una serie de bases,
Entre éstos, la fracción IV dice que éstos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Puntualiza que “los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones”.
Esta circunstancia se explica como un sistema de transición por virtud del cual el Estado administrará algunas de estas contribuciones, por ser evidente que muchos municipios carecen de infraestructura administrativa y técnica para administrar estas contribuciones.
Lo ideal sería que los municipios asumieran el pleno manejo de las contribuciones como plantea la Constitución, ya que las leyes federales no limitarán la facultad del Estado para establecer las contribuciones que la Constitución estipula en beneficio al municipio,
         Ahora bien, los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Sin ellos éste no podría funcionar, ya que carecería de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc.
Respecto al predial, es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria que deben pagar todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. Existe en muchos países y se basa en la idea de que todos los propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al gobierno en forma de tributo.
En el caso concreto de Othón P. Blanco, constituye uno de los ingresos propios más importantes de la Comuna, junto con otros impuestos, como diversiones y espectáculos; Derechos (cobro de basura, anuncios, rastro); Productos (mercados o venta o explotación de bienes); y Aprovechamientos (multas y gastos de ejecución)
Sin embargo, hasta donde se sabe, en 2017 sólo se recaudaron 37 de los 60 millones de pesos proyectados, por lo que sus renglones de ingresos más significativos son, por mucho, como siempre, las transferencias, asignaciones y subsidios, así como las participaciones y aportaciones. Éstas ascendieron a cerca de 618 millones.
La tesorera de la Comuna, Verónica Zavala Pérez, justificó el convenio de coordinación fiscal como un instrumento que brindará eficiencia recaudatoria y además el municipio podrá obtener recursos extraordinarios, aunque nadie ve por dónde, pese a señalar que permitirá acceder a una póliza del 30% de los excedentes de recaudación…que JAMÁS han existido.
Asimismo, dice que “tiene por objeto buscar una eficiencia recaudatoria del impuesto predial, subsanando el rezago en el cobro de dicho impuesto y lograr una mayor cobertura en la cobranza, que permitirá generar mayores ingresos al municipio” ¿Tendrá mejores métodos el Gobierno del Estado?
Por si fuera poco, admite que  “ustedes saben que tenemos problemas en cuanto los recursos y también es sabido que la cuestión del predial es donde tenemos el mayor número de morosos y también nos permitirá hacer una mayor recaudación” ¿Acaso la Comuna ignoraba esos problemas desde un  principio? O significa ¡Tiramos la “toalla”!
Pero además, como seguramente ocurrirá, aclara que el convenio puede darse por concluido en el momento que desee la administración de Hernán Pastrana Pastrana, aunque pidió el beneficio de la duda y esperar.
Hasta ahí las cosas, el presidente de la Comisión de Asuntos municipales en la XV Legislatura, el diputado del Panal, Javier Padilla Balam, dijo esperar que el Gobierno del Estado tenga mayor facilidad de acceder a los cobros de esos impuestos, pero que también regresen estos recursos a las arcas municipales a la brevedad posible.
No obstante, al igual que la mayoría de la población, considera que, aprobar esta medida a unos meses de concluir la administración municipal, y que el próximo gobierno en la capital lo encabece Morena, partido diferente al actual, se presta a una mala interpretación, aunque habrá que investigar para que no se preste a una mala jugada.
Conforme a la prensa local Othón P. Blanco cuenta con más de 10 mil morosos del pago del predial, que representan una cartera vencida de más de 50 millones de pesos, aunque su cobro iniciaría en diciembre, siempre  que Hernán Pastrana respalde el convenio, lo que vemos poco probable.
Entérese del controvertido convenio: https://goo.gl/hhzpfv
Los únicos regidores que votaron contra el proyecto fueron los del PRD, Laurentino Estrella Chan y Andrés Blanco Cruz, por considerar que vulnera la autonomía municipal al intervenir en el libre manejo de las finanzas del Ayuntamiento; mientras que los del PAN, PRD y PRI, como sugiere nuestro colega Jesús Amador, decidieron “vengarse” por los resultados adversos en las urnas, y la “ecologista” Gabriela Santana faltó “por motivos de salud”.
Como quiera que fuera, lo cierto es que la presidenta municipal, María Luisa Alcérreca Manzanero, asume toda la responsabilidad política e histórica de esta medida que, para nadie es un secreto, proviene directamente de los "talleres intelectuales” de Palacio de Gobierno, sabedores de que nadie cree que el PAN-PRD estén tan “preocupados” por la suerte de Morena, como para entregarle en bandeja de plata un regalo de bienvenida tan dadivoso.
En resumen, no se violó la autonomía municipal ni existió alguna ilegalidad, pero, para cualquiera con un centímetro de frente, todo hace suponer que metió las manos el gobernador Carlos Joaquín ¿Alguien lo duda?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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lunes, 9 de julio de 2018


AMLO, ¿Mitómano?... ¡O Mesías!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con el espectacular informe de que un video publicado el 6 de julio, a tan sólo cinco días de las elecciones en México, muestra a Jorge Arturo Torres Vargas, conductor del programa “Adictivo”, hablando sobre las mentiras en propuestas de Andrés Manuel López Obrador, muchos dirán que subsisten los coletazos del “dinosaurio” PRI.
Sin embargo, contaba con más de 2 millones de reproducciones y miles de interacciones, donde Torres Vargas cuestiona con tres invitados a virtuales, futuros titulares de Energía, Hacienda y Seguridad, Rocío Nahle García, Carlos Manuel Arzúa y Alfonso Durazo, en relación con  los precios de la gasolina, nuevo aeropuerto, avión presidencial, Estado Mayor Presidencial, legalización de la mariguana y militares en las calles.
         Con cerca de 10 minutos de duración, el video cuestiona las promesas de campaña de AMLO, en el sentido de que en sólo tres días demostró que ocho de sus propuestas fueron mentiras de campaña, nunca fueron ciertas, pero que la gente NO votó por las propuestas, sino porque estaba harta del PRI, aunque, insiste, en 72 horas se cayeron 8 promesas.
         Al externar su duda de que Morena obtenga en las próximas elecciones intermedias el 50% de los 32 millones de votos a su favor, como el 1 de julio, el conductor demandó también que, pese a que Andrés Manuel prometió estar fuera de lo superfluo, de lo artístico, supuestamente nombró como su Vocera a la cantante Belinda.
Esto nunca se anunció, pero asegura que ha estado más nombrada que nunca, más por su participación política con AMLO que por su actividad musical, sobre todo después de anunciar a Marcelo Ebrard como futuro secretario de Relaciones Exteriores. Algunas columnas refieren que la artista “se ha convertido en una especie de vocera del éxito de AMLO en las urnas”.
         Tras el “anuncio” de Belinda, se presentó a Héctor Vasconcelos como el titular de esa dependencia, aunque hace unos días, en un ajuste de gabinete, se  rectificó que éste último iría al Senado, y el ex regente de la Ciudad de México, a esa Secretaría.
         En una de las “grandes mentiras” del próximo presidente, el 12 de abril último, en una gira por Nayarit, reiteró su compromiso de que, en caso de ser electo presidente, los precios de las gasolinas no aumenten, aunque a lo largo de 12 días de campaña, habría prometido disminuir los precios de los combustibles.
“Vamos a producir en México las gasolinas. Y vamos a tener energía eléctrica suficiente y gas, todos los combustibles y vamos a bajar los precios de la gasolina, la luz, el diésel, el gas. Ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad”, afirmaría en Compostela, Nayarit.
Para ese efecto, planteó dos refinerías (en Tabasco y Campeche), cuya construcción sería durante los tres primeros años de su administración, con un costo es de 8 mil millones de dólares, aunque, de entrada, ya no aumentaría ninguno de luz, gas, gasolina, diésel, cuyos precios de congelarían.
Ya no van a haber aumentos en términos reales de combustibles: Ya no habrá “gasolinazos”. Y una vez que tengamos las dos refinerías, entonces vamos a bajar el precio de los combustibles”, puntualizó.
Carlos Manuel Urzúa, sin embargo, lo contradijo el miércoles 4 de julio, al sostener que no puede haber movimientos abruptos en los precios de las gasolinas, y que piensan incrementar cada año el precio por la inflación. “En términos reales no, pero en términos nominales si, por la inflación”.
Aunque no parece, está controlado el precio de la gasolina porque se está bajando o subiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y “es lo mismo que haríamos nosotros”, expuso en el programa Despierta con Loret, de Televisa.
Asimismo, precisó que también se mantendrán los contratos petroleros derivados de la reforma energética en caso de que su revisión no arroje irregularidades.
Otros anuncios importantes fueron reducción de nómina, eliminación de seguros médicos privados, gasolinas y seguros de vida para funcionarios, así como el uso de los automóviles. La meta, un crecimiento económico del 2.5%, inflación de 4 a 5% y un tipo de cambio de 19 pesos por dólar.
Otro tema sobre el que habría mentido AMLO fue legalizar la mariguana, ya que, según Torres Vargas, se contrarió en sus declaraciones de campaña, cuando dio un rotundo NO y ahora pide analizarlo, aunque, en realidad, el  9 de mayo de 2018 Andrés Manuel planteó su aprobación sin mitos y tabúes ante la reflexión sobre el tema, aunque planteó que es preferible atender las causas de la violencia.
Lo único que me preocupa es que por esas medidas se deje de atender las causas y que la delincuencia cambie de ramo, dijo realmente, en tanto aclaró que si ben se ha militarizado la atención a la inseguridad, la decisión de retirar al Ejército de las calles no estaba decidida.
¿Sacar al Ejército de las calles? Eso lo vamos a ver. En muchas partes la gente dice si se van, nos quedamos en el desamparo completo. Eso lo vamos a ver poco a poco, no es un asunto maniqueo, hay que ver qué conviene más para conseguir la paz, dijo.
Sobre derogar la Ley de Seguridad Interior, respondió: Ni sí ni no, sino esperar a que la Suprema Corte de Justicia resuelva las impugnaciones, pero el Ejército debe cumplir su función y no reprimir a los ciudadanos, por lo que en su gobierno no habría orden de reprimir al pueblo y se buscará la forma de incorporar a las corporaciones policiacas a un trabajo coordinado.
Con todo, Alfonso Durazo dijo el 6 de julio que en 3 años podría ser el retiro relevante del Ejército, tras comenzar la capacitación de los cuerpos policiacos, y que la única manera responsable de retirarlo de las calles es capacitar a aquéllos pues uno de los mayores problemas del país es su debilidad, particularmente a nivel municipal.
Otra aparente mentira fue la del 1 de abril 2018, cuando arrancó su campaña con la advertencia de cancelar las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que suspendería esa construcción “y con ello ahorrar más de 200 mil millones de pesos”.
Durante un mitin en Ciudad Juárez, Chihuahua, agregó que ese proceso será con estricto apego a la ley, buscando el acuerdo con las compañías a las que se les han adjudicado contratos; garantizando el pago de bonos, con protección de las inversiones de Afores…se actuará con legalidad, y se dará certidumbre, no se va a permitir la corrupción.
Sin embargo, el futuro secretario de Hacienda dijo el 4 de julio que con Andrés Manuel la construcción del nuevo aeropuerto tiene tres opciones para su desarrollo, la primera trasladarlo a las dos pistas militares de Santa Lucía; la otra, seguir con el proceso que coordina el Grupo Aeropuertario, con contratistas mexicanos en su mayoría, a quienes se propondría ser inversores; y la tercera, la mejor, que el gobierno continúe las obras y concesione.
         Una nueva “mentira de campaña” gira en torno al avión presidencial, sobre el cual en noviembre de 2017 López Obrador reiteró que, de ganar la presidencia, buscaría vender, primero al Donald Trump, “por ser vecino”, pero de no interesarle sería a cualquier compañía o personaje.
No obstante, el 24 de abril de este año, en gira por Nicolás Romero, Edomex, propuso una encuesta para decidir si lo vende o no, por lo que pidió a los asistentes votar a mano alzada sobre la venta del avión. La decisión gue unánime por la venta del avión.
El 10 de abril, en reunión con inversionistas de la American Chamber, calificó de “pura fantochería utilizar los helicópteros, los aviones. El avión (presidencial) que compró Calderón para Peña costó 7 mil millones de pesos”. Ese día, cuando le preguntaron qué pasaría de llegar tarde a una reunión de la ONU por viajar en aerolíneas comerciales, respondió “pues no llego”.
Contra las afirmaciones del conductor Torres Vargas, nunca dijo que el avión no se vendería, como tampoco sus eventuales colaboradores
Otra mentira más, que parece ser más atribuible a su detractor que a él, fue sobre la supuesta desaparición del Estado Mayor Presidencial, sobre el cual, el 7 de enero de este año, aseguró que de ser presidente, no lo usaría, como tampoco las instalaciones de este cuerpo militar que, dijo, se integrarían al Bosque de Chapultepec.
En un mensaje en Fortín de las Flores, Veracruz, afirmó que tampoco viviría en Los Pinos, donde crearía un espacio para el arte y la cultura y se integraría al Bosque, donde están el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec y el Auditorio Nacional.
En tanto, anunció que el Estado Mayor, único órgano militar que integra al Ejército, la Marina y la Fuerza Área, con el principal objetivo de preservar la seguridad del Presidente de la República. se incorporaría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Apenas el 5 de julio, ratificó que no aceptará la seguridad del Estado Mayor Presidencial y ordenará su integración para que sus miembros continúen sirviendo al país en regiones, zonas y guarniciones militares.
Dos días después aclaró que la gente lo cuidará, no los militares, lo que contraste con lo que afirmó su virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que es necesaria su protección porque no sólo se trata de él, sino de la investidura presidencial.
Justificó que la investidura presidencial es tema de Estado, es la institución presidencial. Como jefe de Gobierno tuvo un cuerpo de “gacelas”, damas, para que no se vieran hombres rudos, altos e imagen de agresividad, entonces voy a platicar con él sobre este tema y espero convencerlo.
En honor a la verdad, prácticamente convencidos de que en sólo tres días López Obrador habría demostrado que ocho de sus propuestas fueron mentiras de campaña, nunca ciertas, nos dimos a la tarea de buscar por Internet sus declaraciones, pero sin sacarlas de contexto, y la verdad es que nos sorprendió cómo el “maquillaje” periodístico nos puede elevar del suelo hasta el cielo…y viceversa
         Júzguelo Usted mismo a través del siguiente enlace:

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viernes, 6 de julio de 2018


¡El  “blindaje” de Carlos Joaquín!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Supuestamente obra del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana (1863-1952) y escrita en el bloque número 4 del campo de Auschwitz I, donde se realizaron los atentados más grotescos y deplorables contra la humanidad, la frase “Quien olvida su historia está condenado a repetirla” vuelve a actualizarse en  México.
En efecto, tras la increíble forma como Morena y Andrés Manuel López Obrador arrasaron en las elecciones del histórico primer domingo de julio, los forjadores políticos del país -los grandes ganadores y grandes derrotados-, con toda seguridad pondrán las barbas a remojar durante los próximos seis años para evitar la repetición de errores.
Si bien cada caso será diferente sobre quien se trate, en torno a Quintana Roo a nadie deja de asombrar las causas de los fracasos de las coaliciones del PRI y PAN, como seguramente pocos o nadie asimilarán los resultados cuando que, sobre todo, los principales actores echaron toda la carne al asador.
Pocos o nadie suponía qué tanto arrasaría el “efecto Morena”, que no podríamos llamar “efecto López Obrador”, ya que, como bien decía un buen amigo, el número de votos emitidos en favor de algunos de los candidatos rebasó a los que se acreditó al ahora Presidente de la República electo, sobre todo en la Zona Norte, que no fue el mismo caso del Sur.
Como quiera que fuere, la paliza al PRI sería ingenuo atribuirla sólo a la mejor campaña de la oposición, ya que para nadie era un secreto que la dirigencia del tricolor olvidó totalmente a Quintana Roo, inclusive tras su derrota por la misma gubernatura, cuando debió hacer los cambios necesarios en la propia campaña.
En este sentido, cualquiera con un centímetro de frente sabía que lo primera medida que debió adoptar era cortar cabezas, por principio con el presidente del CDE del PRI, Raymundo King de la Rosa, a quien mantuvo inexplicablemente contra viento y marea y, por si fuera poco, tuvo la osadía de postularlo candidato ¿Alguien daba un centavo por él? ¡Nadie!
Si hablamos de la coalición PAN-PRD, que también sufrió no menos estrepitosos fracasos ante Morena, también era bola cantada. No pocos advertimos desde un principio que electorado le cobraría en las urnas a Carlos Joaquín todos los desaciertos de su mal llamado gabinete del “cambio”, que nunca concretó éste…al menos NO para bien.
¿Alguien imaginó que perdería Luis Torres Llanes la diputación en el Distrito donde dos años antes había arrasado en busca de la presidencia municipal de Othón P. Blanco? Nadie, seguramente ni el “Brujo mayor”, pero nadie podía pretextar que era mejor candidata la ex perredista Patricia Palma Olvera, integrante del Barzón que, desde luego, tendrá muchas cualidades, pero no tantas para tantos votos.
Quizá nunca lo acepte, pero prácticamente todos sus votos fueron contra el gobierno de Carlos Joaquín “y simplemente por el cambio”, por lo que, así fueran candidatos de Morena unos inventados Juan Pech o María Cahuich, apostaríamos que cualquiera de ellos hubiera triunfado. Algo similar ocurrió con la candidatura de Miguel Ramón Martín Azueta.
Ahora bien, en el caso de “quien olvida su historia…”, involucra en forma directa a Carlos Joaquín, sobre todo por la diferencia de partidos con el nuevo presidente, lo que de alguna manera le obligará u orillará a negociar, no sólo con los nuevos presidentes municipales y legisladores federales “de oposición” en Quintana Roo, sino con el propio, nuevo Gobierno Federal.
Con la caída de su obligado “gallo” panista Ricardo Anaya, el Ejecutivo estatal se vio en la necesidad de realizar un “blindaje” que, nada parecido al que buscaron infructuosamente los ex gobernadores priístas Roberto Borge y Javier Duarte, debió ser con sus obligados homólogos del blanquiazul -nunca se afilió a las filas del PAN- contra el enemigo común. Andrés Manuel.
En este sentido, se reunió con seis de los 12 gobernadores del PAN que conforman la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y envió un mensaje público de apoyo a López Obrador: Francisco Domínguez Servién (Querétaro), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas), José Antonio Gali Fayad (Puebla), Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes) y José Rosas Aispuro (Durango)
Los gobernadores panistas que NO integran el grupo, llamado por algunos como “Conaguito”, son Javier Corral Jurado (Chihuahua), Miguel Ángel Yunes Linares (Veracruz), Francisco Vega de la Madrid (Baja California), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato) y Antonio Echevarría García (Nayarit)
Esa medida panista nos remonta necesariamente al nacimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con su primera reunión de Mazatlán, Sinaloa, cuando, el 10 de agosto de 2001, asistió una veintena de mandatarios NO panistas para enfrentar al recién electo Vicente Fox.
La entonces inusitada organización, no obstante, se constituiría el 13 de julio de 2002 en Cancún, Quintana Roo, con la presencia o representación de todos los mandatarios del PRI) y PRD, “para reafirmar la voluntad superior de los Estados con el pacto federal. Por nuestra entidad sería fundador Joaquín Hendricks Díaz.
Actualmente conformado por 15 mandatarios del PRI, 11 del PAN, 4 del PRD, uno del Verde y un Independiente, la Conago -el próximo viernes cumplirá su XVI aniversario- se ha venido consolidando con una serie de comisiones, una de ellas para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste del país.
Precisamente de ésta surgiría el término “Conaguito”, al que ahora pertenecería Carlos Joaquín para su propia seguridad política, aunque, tras la creación de su esquema  bajo el cual sus integrantes elaborarían el 8 de julio de 2013 un proyecto para atender las necesidades de los Estados de la región, se le puso el mote por el número de miembros.
Así, sólo estarían presentes los mandatarios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz (Duarte), Puebla y Oaxaca, mientras que Yucatán, Quintana Roo (Borge) y Guerrero, mandaron a sus representantes. Sobre sus nulos resultados concretos, el resto es historia.
Hoy en día, la “Conaguito” se refiere a la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, conformada por puros panistas que se reunieron y enviaron el mensaje público de apoyo a López Obrador, aunque, repetimos, sólo se refiere a siete de los 12 mandatarios del blanquiazul ¿Por qué no están sus demás homólogos correligionarios?
Resulta que, en su pelea por las diputaciones federales de tres Distritos en disputa con Morena, Corral Jurado se negó a cerrar filas con AMLO. La coalición “Juntos Haremos Historia”, entre Morena-PT-PES, triunfó en 10 Distritos de su Estado, donde 5 de los candidatos son morenistas y la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, dio instrucciones de “calentar” la plaza.
Por otra parte, si bien el proyecto original de la Conago era luchar ante el gobierno del PAN, durante su X Reunión Ordinaria -la VI de gobernadores del PAN- celebrada en San Luis Potosí el 30 de julio de 2003, se integraron los gobernadores de todos los partidos, que se manifestaron por la agenda común de buscar el mejor diálogo, fortalecer el pacto federal y trabajar en forma integral.
Su anterior aniversario, el 10 de julio de 2017, lo encabezó el propio Enrique Peña Nieto, y su última reunión ordinaria, la 52ª, fue en mayo último, mientras que la primera sería en Atlihuetzía, Tlaxcala, el 24 de agosto de 2002.
Hoy vemos que el PAN, al que pertenece informalmente Carlos Joaquín, no pretende olvidar la historia para evitar repetirla y, por si son peras o manzanas, se ha agrupado en torno a la “Conaguito”, tal y como el PRI y el PRD hicieron con la Conago para evitar ser aplastados por el Gobierno Federal.
Aunque parezca mentira,  y con ilusiones hasta los cuernos de la luna, Morena ya tiene en la mira la gubernatura de Quintana Roo, con lo que, de no tomar cartas en el tema, la gubernatura aliancista de Carlos Joaquín sería un triste caso de debut y despedida, y no precisamente por no haber querido hacer bien las cosas…, sino por no haber podido.
Ahora bien, en torno al costo político de ser cobijado plenamente por el PAN, se insiste en que el mandatario tiene frente a él dos exigencias: Afiliarse al blanquiazul y su pública ruptura con el PRD ¿Hasta dónde se atreverá?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.

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miércoles, 6 de junio de 2018


 ¡Aguas con los candidatos federales!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No pretendemos dar clases sobre política, mucho menos sobre la triste realidad del país, sino hacer un llamado a votar a conciencia el 1º de julio, principalmente por senadores y diputados federales, cuyo compromiso, dígase lo que se diga, NO es con la ciudadanía, sino con su partido.
Aunque lo hemos repetido una y otra vez, la mayor parte de la culpa de la inseguridad, corrupción e impunidad en México la tienen los oficialistas PRI, Verde Ecologista, Panal y Encuentro Social, que se aliaron -se hicieron cómplices- durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
¿Cómplices de quién? Para nadie es un secreto que esos “legisladores”, que eventualmente recibieron el apoyo del PAN o del PRD -con respetables excepciones- concluirán su periodo el 31 de agosto arrodillados, y bajo las órdenes del presidente Peña Nieto, a quien le besaron los pies durante 6 (senadores) y 3 años (diputados), respectivamente.
Esta confabulación Poder Legislativo-Ejecutivo posibilitó que TODAS las iniciativas del presidente de la República las aprobaran diputados y senadores por mayoría -excepcionalmente por unanimidad-, y de ahí que entraran en vigor cuestionadas Leyes y reformas, encabezadas éstas por la Energética y de Seguridad Interior…y el “gasolinazo”.
¿A cambio de qué? Millonarios recursos no fiscalizados -la mayoría de ellos vía Coordinadores de bancada-, candidaturas, nombramientos directos o algún cargo público. Para ello, lo que sobró fue dinero, no de balde el país está más endeudado que nunca y Peña Nietro gastó lo que quiso en su “imagen”.
Apenas en abril último, con ocasión de concluir el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, en plausible papel de opositor en Movimiento Ciudadano, Macedonio Salomón Tamez Guajardo cuestionó los excesivos meses de receso y que aunque se presentaron iniciativas para reducirlo, no hubo eco en una mayoría, que parece seguir creyendo que ser diputado es privilegio y no compromiso de servicio y trabajo
Reproducido en un vestíbulo de la Cámara, José María Morelos escribió una frase que recogió en sus “Sentimientos de la Nación”, en el sentido de que, como la buena ley superior a todo hombre, las que dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia e indigencia, de tal suerte que aumente el jornal del pobre y mejore sus costumbres, alejando ignorancia, rapiña y hurto.
La LXIII Legislatura quedó muy corta y dejó de cumplir a cabalidad su compromiso legal y moral de darle al país buenas leyes -como decía Morelos-, y de servir de contrapeso a los demás Poderes. La cantidad y calidad de su trabajo quedó muy lejos de lo que México necesita y reclama.
Su calidad de legislar representa un problema todavía más grave, prueba de ello, sus “números”: De las 5 mil 864 iniciativas que recibió sólo el 12% aprobó el pleno, desechó el resto y quedó un 61% pendiente de dictaminar.
Es tan grave su rezago, que no dictamina o pretende hacerlo de última hora, al vapor, tal y como ocurrió en los últimos meses, lo que no es más que una abominable irresponsabilidad de la mayoría oficialista.
Esta omisión de trabajo es un verdadero fraude al pueblo, que eligió a sus diputados y senadores para legislar y les paga por ello, lo que se debe en buena medida a su inasistencia e impuntualidad, tanto a sesiones plenarias como a las de comisiones.
La verdad es que parece increíble que hace tres años pedían el voto con todo tipo de promesas y compromisos -como ahora-, y a lo largo de su Legislatura, ya electos y con generosos estipendios, muchos no cumplan su obligación fundamental de asistir con tiempo y disposición de trabajo.
Debieran enviar alguna iniciativa para crear un sistema de evaluación de diputados totalmente en manos de la sociedad, para medir su asistencia y puntualidad, como niños de primaria. Es penoso que ante su falta de capacidad o vocación -o ambas cosas- para cumplir su deber, el propio Poder Judicial haya tenido que llamarle la atención a través de sentencias de Amparo que protegen a ciudadanos que se quejaron de su omisión.
En este caso fue para constituir una Subcomisión de Examen, previo a expedir la Ley de Comunicación Social y nombrar a los contralores de los órganos constitucionales autónomos. Aunque “a modo” -de la mayoría oficialista- cumplió la Legislatura.
No obstante, también es cuestionable su calidad de legislar a lo largo de dos años y 10 meses. ¿Cuántas de las cerca de 800 iniciativas aprobadas eran realmente importantes o trascendentes para el país? ¿Cuántas generarán un cambio positivo y cuántas se promovieron para un exclusivo lucimiento personal? La respuesta…para llorar
 Esas iniciativas pusieron a andar un proceso legislativo, incluyendo ocho enfadosos y repetitivos discursos al someterse a discusión y votación, y muchas veces sin más intensión que agregar una palabra a una ley sustentable, especial o para mencionar algún grupo o región, al igual que días con tantas solemnidades y efemérides que sólo provocaron perder el tiempo, como los innumerables discursos para despedir a alguien que solicitó licencia.
Para lo único que sirvió también fue para un breve video de diputados proponentes y conseguir unos cuantos “me gusta” en redes. En esta feria de vanidades, como decía el novelista inglés William Thackeray, se perdió tiempo en tramitar ocurrencias, mientras el país se deshacía en sus manos.
Si hablamos de legislar bien, por ejemplo en seguridad que, junto con la corrupción, es el problema más grave de los mexicanos, ésta se ha convertido no sólo en una demanda, sino en una verdadera exigencia y lamento de una sociedad que sufre y vive con temor.
Empero, se dejó de ir una extraordinaria oportunidad de mejorar nuestro sistema de seguridad, al votar contra una minuta del Senado, que establecía a nivel nacional un mando mixto, con pesos y contrapesos, certificaciones, apoyos y sanciones que hubiesen mejorado la función policial.
Por otro lado, se aprobó la abominable Ley de Seguridad Interior, torpe e inconstitucional, que engaña a todos, Al pueblo se le hace creer que estará mejor cuidado, y a las Fuerzas Armadas, en toda su nobleza, que están autorizadas a actuar como policías sin alguna responsabilidad. Es tan mala esa Ley, que el gobierno federal no se ha atrevido a aplicarla.
A lo largo de este año, con la norma vigente, las fuerzas armadas han intervenido en algunos Estados, y en ninguno se ha puesto en marcha el mecanismo de declaratoria de Estado de afectación la seguridad interior.
En materia de corrupción, ni qué decir. Con mucha alharaca se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, como si su sola creación fuese a acabar con ese mal, cuando que, en realidad, no existe voluntad política para ello.
En primer lugar, su creación no era estrictamente necesaria, pues ya el Código Penal contempla los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias… y no pasa nada. Lo que falta es voluntad política, no hacer leyes y dejarlas en archivos jurídicos.
Así, siguen libres pillos de alta envergadura, como Emilio Lozoya, protegido desde la Presidencia de la República. La mayoría de esa vergonzosa caterva de monstruosos gobernadores que hemos tenido y sus cómplices indiciados en algún proceso o presos, lo están porque fueron denunciados o apresados fuera del país… no en México.
En materia de corrupción, mientras todo mundo festejaba y presumía la creación de ese Sistema, en los existe vocación por lo contrario, a través de las siguientes acciones y omisiones:
En la Cámara de Diputados se creó la Subcomisión, tardíamente y mediante Amparo, manipulada para promover la impunidad de muchos de los acusados, por ejemplo, en el caso del priísta Rodrigo Medina, al que no se pudo procesar, entre otros, por el paso del tiempo.
La Sección de Instrucción no tuvo voluntad para proceder contra presuntos delincuentes. Se demoró en nombrar al Auditor Superior de la Federación y Contralores de organismos constitucionales autónomos, como si no necesitáramos una cercana y diligente vigilancia del manejo de recursos.
         Por otro lado, la Comisión de Presupuesto no se han dictaminado las cuentas de la administración de Peña Nieto. Cuentas claras para qué, seguramente dirán los responsables.
Finalmente, no se garantizó la autonomía e independencia del sistema de procuración de justicia. La PGR no tiene titular, salvo un encargado de despacho, que utiliza la institución políticamente, como a todos consta, y ha bloqueado investigaciones de trascendencia nacional por sus alcances, como son los casos de Odebrecht y de la “Estafa Maestra”.
En este sentido, también sigue pendiente el nombramiento de un fiscal anticorrupción y 18 magistrados especializados. ¿Dónde está -más allá de los discursos- la vocación por combatir exitosamente la corrupción en México?
En materia de política interior, no hubo mayoría para legislar sobre asuntos tan importantes que demanda la sociedad, como la reducción de diputados federales y senadores ni para establecer una saludable segunda vuelta electoral, que tanta falta hace.
Tampoco progresaron las iniciativas para una mejor fiscalización de los gastos del Ejecutivo en particular de publicidad, y se aprobó una Ley de Comunicación Social muy cuestionada. Tampoco hubo medidas de austeridad, como tanto demandamos ni se pudo impedir -con el pretexto de un mejor equilibrio ecológico- se promulgaran leyes contrarias, que sólo ven negocios.
Para remediar todo esto se está sembrando odio en estas campañas y se responde con odio. Así no vamos a llegar a ningún lado.
Esperamos que el cambio, que tanto necesita México, y seguramente empiece en julio, sea para bien -porque también hay cambios para mal-, y México alcance la grandeza que le corresponde a través de esa armonía y justicia que tanto necesita.
¿Cómo contribuir para ello? Medite su voto a conciencia y comprometa a sus candidatos, sobre todo a los que aspiran a senadores y diputados federales. No se deje engañar o comprar y, sobre todo, ¡No los deje “colgarse” de ningún nombre o partido!

PD: Confirman que, en virtud de un Amparo, basado en su estado de salud -padece de la próstata y de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-, el exgobernador Mario Villanueva Madrid fue trasladado este miércoles a Chetumal y recluido a las 10:30 horas en el Centro de Reinserción Social.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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