martes, 17 de abril de 2018

¡Cobro de “facturas” a Carlos Joaquín!
  
                                                             
                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Tal y como le benefició en su momento durante la campaña electoral rumbo a la gubernatura, todo hace suponer que hoy corresponde nuevamente al mandatario aliancista PAN-PRD, Carlos Joaquín González, el tradicional pago de “facturas” políticas a quienes hicieron posible arrebatarle el bastión del PRI en el Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
         ¿Por qué nuevamente? Porque para nadie es secreto que, por principio de cuentas, tras alcanzar la gubernatura, el ex alcalde de Solidaridad primero debió ponerse “a mano” con los partidos que abanderaron su candidatura. Y conste que no empleamos el término “apoyaron” porque, se sabe, era tanto el hartazgo contra el PRI, que bien pudo ganar hasta como independiente.
         Lo cierto es que, inclusive desde antes de tomar posesión, Carlos Joaquín inició el reparto del “pastel” entre perredistas y panistas, éstos últimos los más beneficiados por el financiamiento que recibió del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que buscaba infructuosamente la candidatura panista a la Presidencia de la República.
Así, junto con el pago de favores a políticos locales, también inició la “arribazón” de poblanos, que despojaron a no pocos quintanarroenses de fuentes de trabajo, pese al prometido “cambio” que nunca llegó, amén de que, dígase lo que se diga, existía y existe un imparable ánimo de venganza contra todo cuando oliera a la administración anterior.
Ahora bien, el segundo cobro de “facturas” ocurrirá en julio próximo, con ocasión de las elecciones que, en el caso de Quintana Roo, para buena fortuna de Carlos Joaquín, NO incluye la gubernatura, ya que, quiérase o no, sería de pronósticos reservados, aunque el poder esté en manos del dueño de las “canicas”.
En efecto, dentro de menos de tres meses los quintanarroenses acudirán a las urnas con el ánimo acorde a como les haya ido en la “fiesta”, sobre todo entre los que resultaron o se sienten afectados por el “cambio”, aunque no todos de forma justificada, pero SÍ la mayoría, entre ellos miles de profesionistas, jóvenes principalmente, carentes o arrebatados de alguna fuente de empleo.
Por citar un ejemplo, justificado, en parte, es el caso de los taxistas de Solidaridad que, en mensaje-reclamo a Carlos Joaquín, le anticipan el voto el contra a los candidatos del PAN-PRD para los cargos de elección popular en juego en ese municipio, donde destaca el de la presidencia municipal, donde pretende reelegirse la perredista Cristina Torres Gómez.
Suplida desde el 2 de abril por la Oficial Mayor, Samaria Angulo Sala, la ex funcionaria no sólo demostró carecer de capacidad para gobernar un municipio con tantos problemas de inseguridad y falto de servicios públicos, sino que triunfó circunstancialmente en unas elecciones que le beneficiaron ante la renuncia del priísta Gabriel Mendicuti Loría a participar.
La venganza del electorado de Solidaridad -y probable derrota de los candidatos de Carlos Joaquín- resultará más grave si se considera que dicho municipio es cuna del mandatario, así como de otro de sus candidatos, el también ex alcalde Miguel Ramón Martín Azueta, quien buscará la diputación federal abanderado por Movimiento Ciudadano.
 ¿Por qué sólo en parte es justo el reclamo del sindicato de taxistas, choferes y concesionarios de Solidaridad? Porque, según su misiva, después de muchos años de sufrir embates de malos gobiernos emanados del PRI, que lo único que hicieron bien fue hacerse ricos al amparo del poder, no han podido salir del gran bache que les dejaron,
Al igual que en el resto de Quintana Roo, esos gobiernos, encabezados por los priístas Félix González y Roberto Borge, sólo dejaron durante 42 años una estela de pobreza y necesidad, en un Estado que, con todo y sus riquezas naturales, provocó que la mayoría de la gente tomara la decisión de no más malos gobiernos.
En este sentido, dicen, “nos dimos la oportunidad de que un hombre como usted nos devolviera la esperanza de que podríamos cambiar la historia y que en verdad las oportunidades mejorarían”, explican, aunque aclaran que ha pasado más de un año desde que llegó al poder, y NO sienten su presencia y “estamos igual o peor que antes”.
Más adelante, le recuerdan al mandatario que el 29 de mayo del 2016, con ocasión de su cierre de campaña en Playa del Carmen, se comprometió con los trabajadores del volante a que los sindicatos de taxistas dejarían de ser la “caja chica” de gobierno y a que ya no se venderían más concesiones para financiar campañas políticas.
Lejos de ello, denuncian que, tan sólo en Solidaridad, se han vendido ¡poco más de mil 300 concesiones! en lo que va de su gobierno. En tanto que de las cosas que prometió ninguna se ha realizado en favor de los taxistas organizados del Estado.
Hasta ahí las cosas, tienen razón en su reclamo, no así en que “a esa falta de cumplimiento de su palabra” pretendan sumarle que el mandatario convoque a la consulta pública basada en la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, en vigor en marzo de este año, según ellos, a modo para evadir su responsabilidad de cumplirles lo que les prometió en campaña.
Los taxistas argumentan que Carlos Joaquín ofreció preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales, esto en torno al ingreso de Uber al Estado.  
Con esta medida, dicen, “creemos que se burló de nosotros”, que sólo los utilizaron una vez más para fines electorales y defraudó su esperanza porque ya sabía de la nueva Ley de Movilidad Urbana y que debía permitir la entrada de Uber por presiones de los que financiaron su campaña, por lo que lamentan que sea uno más de los políticos en la cárcel, de los que pensaron que ya se habían librado.
Así las cosas, lamentan no haberse dado cuenta de la simulación, pero advierten que esa gran familia taxista le cobrará la “factura” en julio, cuando no sólo razonarían mejor su voto, sino que harían lo necesario para proteger su patrimonio, pues, de ser preciso, se manifestarían día y noche hasta que se desista de la consulta pública, aunque en un marco de estricto respeto, “pero con mucha valentía, como cuando nos la jugamos con usted”.
Concluyen que procurarán que NO vuelvan a postularse para algún cargo de elección popular los políticos sin palabra ni compromiso con los trabajadores del volante organizados del Estado, algo así como establecer “reglas de juego”, por lo que dicen, ajenas a los intereses del pueblo, usuarios y, sobre todo, al Estado de Derecho.
Por si faltara algún comentario sobre el particular, cabe recordar la máxima en torno al aforismo “Dura lex, sed lex” que, originado en el Derecho Romano, significa que “dura es la ley, pero es la ley”, similar a “Durum est, sed ita lex scripta est”, que quiere decir “es duro pero así fue redactada la ley”, lo que permite entender la dimensión que el poder de la ley posee en sí misma.
         En este sentido, nada está inventando Carlos Joaquín al aplicar estrictamente la ley, aunque quizá lo que moleste a sus ahora detractores, taxistas o no, es que les hubiera engañado desde un principio -sólo lo saben los interesados-, sobre todo en el caso de Uber, ya que el tema se manejaba en todo el país desde antes de las campañas de ese entonces.
         ¿Cuál es el real interés de los taxistas? Es claro: ¡Seguir monopolizando un servicio del que ya están hartos no sólo los quintanarroenses, sino los usuarios de todo el país! Quizá el servicio de Uber sea más oneroso o no esté al alcance de la mayoría, pero, por lo menos, resulta más digno y decoroso para quien los sostiene y ha soportado por años su prepotencia.
         Pero de eso a que Carlos Joaquín haya entregado más de mil 300 concesiones en año y medio -como hacía el PRI que tanto criticó-, ni quien defienda el “cambio”… y de que miles de votantes le cobrarán “facturas” en las urnas, ¡puede Usted jurarlo! ¿Quiénes serán las “víctimas? ¡Muy pronto lo veremos!  

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      
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miércoles, 11 de abril de 2018


¡Trampas  con los independientes!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque duela mucho aceptarlo, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y, lamentablemente, México eligió a las autoridades que se encargaron de avalar todos los actos de ese gobierno, en este caso los legisladores del PRI-corifeos que, invariablemente sujetos a la voluntad del presidente en turno, no hacen absolutamente nada en favor del pueblo.
Verá Usted. Con lo que el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una decisión “controvertida” del Tribunal Electoral de la del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otro de los candidatos independientes a la Presidencia de la República podrá participar en las próximas elecciones de Julio.  
Atado de manos, el Instituto Nacional Electoral (INE), que inicialmente habría negado el registro, acató “forzosamente” la sentencia por inatacable, aunque sus 11 consejeros coincidieron en que el beneficiado no cumplió con el número de apoyos válidos para obtener la candidatura: El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco”. 
El abanderado de Morena, puntero lejano de todos sus adversarios, consideró que “controversia” es lo menos que puede decir, muy contraria a la limpieza que debe existir en las elecciones, aunque confió en que la elección presidencial concluya en las urnas con el voto ciudadano, y no en el (TEPJF) o el INE, por lo que dijo estar tranquilo “porque sabemos que vamos a ganar”.    
Ahora bien, ¿Qué se sabe realmente del Tribunal y cuál es su objetivo? Para los que tienen memoria, conforme a la ley, los eligió la “mayoría” del Senado en 2016 para periodos de 9, 6 y 3 años para entrar en funciones a partir del 4 de noviembre de ese año, con un salario anual neto de entre 4.5 millones y 2.9 millones de pesos.
Para efectos de “negociación”, en ese entonces el PRI propuso a cuatro candidatos, mientras el PAN lo hizo con tres, con lo que el PRIAN obtuvo mayoría de votos en el proceso. Así, resultaron “electos”, por nueve años, Janine Otálora Malassis (presidenta del Tribunal), Mónica Arali Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña.
Por su parte, Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón resultaron electos por un periodo de 6 años, y José Luis Vargas Valdés, ex director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos del CISEM, e Indalfer Infante Gonzales, Consejero de la Judicatura Federal por el Senado (2007), por tres años.
 Lo curioso del caso es que ahora los del PAN, sus voceros, desgarran sus vestiduras y probablemente salgan a declarar que el tema del Tribunal fue una grave violación a los derechos ciudadanos, aunque no reconozcan haber sido cómplices.
Sin embargo, todo mundo, empezando por los consejeros del INE, ha demostrado amnesia o bien se hizo de la vista gorda con el fraude electoral del Estado de México, donde nunca vio nada, pese a que el gobierno priísta gastó miles de millones de pesos en comprar votos, como probablemente ocurra en los próximos meses, en “una mancha más del tigre”.
Pero si de más irregularidades de independientes se trata, el 28 de marzo el INE informó haber encontrado anomalías en el caso de Margarita Zavala, quien, además de registrar más de 200 mil firmas ilegales y cientos fraudulentas, presentó anomalías por más de 10 millones de pesos en el financiamiento de campaña para recolectar apoyos para su candidatura.
Según la auditoría del INE a los ingresos y egresos de aspirantes, último paso para acreditar los requisitos, la ex panista, esposa del Felipe Calderón, registró gastos por 13.8 millones de pesos, pero sólo reportó ingresos por 3.7 millones, pero el Instituto le otorgó el registro por no rebasar el “tope” de gastos y se limitó a emplazarla a cubrir el adeudo en 30 días e imponerle una multa de 377 mil 450 pesos.
Entre el total de aspirantes independientes, todos descalificados por el INE inicialmente, excepto Zavala, el INE aprobó 19 multas por 2.2 millones de pesos, ya que a “El Bronco” le detectaron depósitos en cheques de caja con desconocido origen, por lo que se le impuso un procedimiento oficioso por todas las aportaciones que recibió, por 17.3 millones de pesos.
Otro aspirante, Armando Ríos Piter, presentó movimientos “inusuales” por 2.5 millones de pesos, mientras María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” registró una operación por cada mil 482 pesos gastados. El resto lo hacía, en promedio, cada 22 mil, lo que demuestra un nivel de rendición de cuentas muy por encima del promedio.
Lo cierto es que, tras la reforma constitucional en materia político electoral de 2012, como respuesta a una exigencia de la sociedad en el sentido de consolidar la democracia en nuestro, el Senado definió una potestad que los ciudadanos sin partido pudieran competir en las elecciones.
Esa reforma dio un paso vital en la modernización del sistema democrático, al reconocer la figura de candidaturas ciudadanas independientes como mecanismo de participación para puestos de elección popular a personas sin pertenecer a un partido político.
De acuerdo con la legislación electoral, los aspirantes ciudadanos a la Presidencia de la República tenían que lograr, según define la ley secundaria, 866 mil 993 firmas válidas para ser abanderados, en tanto en 17 entidades deberían contar al menos con el 1% de los registros.
Desde ese entonces se preveía que figuras importantes con presencia trascendental en algún Estado no pudieran reunir en ese único lugar todas estas firmas, por lo que, en tratándose de una competencia por la Presidencia, se requeriría un consenso de apoyos en la mitad más uno de las entidades.
Así, sociedad mexicana y sistema político, depositaron su confianza en esta alternativa para mejorar la credibilidad de los políticos con oportunidad a personas que, desde la sociedad civil organizada o ciudadanos sin partido, pudiesen participar en la toma de decisiones de la administración pública y el Congreso de la Unión.
Empero, esta confianza ha sido traicionada por un fraude o simulación en el proceso de recolección de firmas por parte de los aspirantes
Según el INE, tres candidatos independientes presentaron apoyo ciudadano NO válido, “El Bronco”, Ríos Piter y Margarita Zavala, cuyos votos NO eran válidos para reconocer su registro, e informó el porcentaje obtenido de manera irregular. Más de un millón de firmas irregulares y otras inconsistencias duplicadas de apoyo, simulación de firmas, fotocopias y documentación inválida, entre todos.
Tan sólo Jaime Rodríguez introdujo casi 368 mil firmas falsas entre los dos millones de rúbricas de ciudadanos que lo “respaldaban”; Ríos Piter, más de 900 mil firmas falsas de un total de un millón 765 mil apoyos. Los datos alterados están principalmente en simulaciones de credencial, fotocopias y otros documentos sin validez para votar.
Margarita Zavala, fue la única a quien el INE había avalado, no obstante haber entregado más de 700 mil firmas irregulares, ya que habría recabado 870 mil 168 apoyos válidos y una dispersión geográfica de 21 Estados, aunque sus irregularidades sumaron 708 mil 606, de las cuales 219 mil 344 fueron firmas fraudulentas.
Esto implica que en la primera contienda de personalidades que quieren ser candidatos independiente y compitieron por firmas, cometieron ilícitos, con violación a la Fracción II del artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece multa de 60 a 200 días multa, y prisión de 3 a 7 años a quien altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al RFE, Padrón Electoral o listado de electores.
Es inaceptable que el INE no haya presentado denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales contra TODOS esos candidatos que manipularon datos personales de ciudadanos para engañar al INE, pero también a la opinión pública, para obtener su registro para el máximo cargo de Administración Pública Federal, lo que realmente preocupa.
Lo cierto es que estamos ante una legalidad, y no puede existir quien simule “poquito” o trampee “poquito”, pero siga teniendo y gozando del registro porque faltó “un poquito más” para que finalmente no reuniera los requisitos básicos para obtener la candidatura.
Es un precedente nefasto a la decisión de buena voluntad y buena fe hacia quienes se pusieron a discutir las leyes secundarias de la reforma constitucional para abrir los cauces de participación a quienes no están en un partido y quieren competir por otra vía.
Independientemente de que se reforme la ley electoral, el tema de los independientes es un asunto de la FEPADE, que no debe ser omiso y proceder hasta las últimas consecuencias contra quienes están timando y nos están viendo la cara. El INE debe llegar a las últimas consecuencias.
Ahora bien, contra lo que dice López Obrador, el tema no es tan casual, ya que no sólo estamos viendo de qué son capaces los independientes para obtener votos, sino que la aceptación de Margarita Zavala y “El Bronco” sólo puede tener una lectura: El PRI busca dividir el voto para que hacer útiles sus votos duros, cautivos y llevar los resultados ante el TEPJF, donde ya sabe Ud. quién resultará menos favorecido.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
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viernes, 6 de abril de 2018


El Congreso, ¡verdadero basurero!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Aunque guardadas las proporciones por su similitud con lo que ocurre prácticamente en todas las entidades del país y sus respectivos gobernadores, el Congreso de la Unión es responsable de TODA la problemática en materia de escándalos, corrupción e impunidad que ha caracterizado al ya tristemente célebre gobierno priísta de Peña Nieto.
         Y es que, lamentablemente, la responsabilidad incluye tanto a la Cámara de Diputados como de Senadores, en los que predomina la voluntad del Presidente de la República, ya lo adivinó Usted, a través de los votos de SU mayoría priísta, a cambio de lo cual éstos no sólo aseguran prácticamente su futuro político, sino también engordan sus cuentas bancarias.
         Por acabarla de amolar, el PRI no está solo, ya que cuenta con el respaldo in-con-di-cio-nal de los cómplices partidos Verde “Ecologista” y Nueva Alianza que, nos consta a quienes seguimos paso a paso y día con día al poder Legislativo, jamás de los jamases -sí, leyó Usted bien, jamás- votan en contra de las decisiones del PRI. En nada.
         Irónicamente, de ahí que tanto diputados como senadores del PRI se jacten de practicar la “democracia”, según justifican, porque cualquier decisión, por estúpida que sea, lo someten invariablemente a votación. ¿Pero cómo no –nos preguntamos- si tan sólo reuniendo los votos de esos “tres tristes tigres” ganan cualquier decisión? Cualquiera, por descabellada que sea.
         Por si fuera poco generalmente cuentan con el apoyo de uno u otro de dos partidos que SÓLO presumen ser de la oposición, ya lo sabe Usted, el PAN y el PRD, algunos de cuyos miembros son realmente opositores y demuestran dignidad legislativa, pero nada pueden contra las órdenes y oscuros “acuerdos” de sus respectivos Coordinadores de bancada.
Lo cierto es que ante este lamentable panorama, poco o nada ha podido hacer el resto de los legisladores contra los tres apocalípticos partidos, ya que, por citar un ejemplo, cuando el PRD no está de acuerdo con el PRI-Verde-Panal, el PAN justifica de cualquier modo su respaldo, y cuando el PAN está en discordia con ellos, el PRD es el que levanta la mano a favor. Esta ha sido la invariable en la mayoría de las Legislaturas.
Ahora bien, aunque con escasa presencia en número en las Cámaras, el Partido del Trabajo, aunque Usted no lo crea, ha realizado un buen papel y demostrado NO ser incondicional del PRI y corifeos, al igual que Movimiento Ciudadano (MC), aunque hace un año una de sus correligionarias denunció de qué pie cojea el partido.
Dígase lo que se diga -siempre lo hemos señalado porque nos consta- el único partido que ha demostrado realmente ser opositor, no sólo del PRI-corifeos, sino también del PAN y PRD, es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, con un fundador a punto de convertirse en el nuevo huésped de Los Pinos, batalla sesión tras sesión contra Peña Nieto. O el PRI, que es exactamente lo mismo.
En efecto, aunque, según algunos gobernantes del tricolor, éstos son mandatarios del PRI, lo cierto es que el PRI es realmente un partido de los gobernantes y, en este sentido, una vez que llegan al poder se convierten automáticamente en los nuevos dueños del PRI, sobre todo los presidentes de la República en turno, que ordenan qué hacer a sus correligionarios y cómo.
Aquella triste creencia de la supuesta división de Poderes es sólo una falacia, un sueño incumplido de los mexicanos que nunca existió, si acaso hace muchos años, a grado tal que a muy contados consta. Hoy más que nunca, por lo menos, el Poder Legislativo constituye un aborto del Ejecutivo.
En febrero del año pasado, cuando el entonces vicecoordinador del PRI, Carlos Ramírez Marín, declaró que la oposición se estaba echando para atrás en reducir el número de miembros del Congreso, el diputado Jorge Álvarez Máynez., del MC, le aclaró que, en realidad, lo que sobran no son legisladores de la oposición, sino del PRI.
Nada más cierto, ya que, hasta donde sabemos, el tricolor tiene mayoría en TODAS las comisiones, tiene “congeladas” TODAS las iniciativas que no le convienen, entre ellas para reducir el costoso número de diputados, y no quería eliminar las prerrogativas de los partidos.
El PRI obtuvo 32% de los votos en las elecciones y tiene el 40% de los diputados, y mientras Morena y MC, con 3.5 millones y 2.5 millones de votos, respectivamente, requirieron de 100 mil cada uno para acreditar a cada legislador, el PRI, con las tramposas “reglas de juego”, sólo requirió 57 mil votos por cada diputado, casi la mitad de lo que necesitó la oposición.
Pero no sólo ese es el problema de la Cámara, sino su costo, opacidad e ineficiencia. Costaba siete mil 600 millones de pesos y más de 660 iniciativas “dormidas”, incluyendo las que tienen que ver con la reducción del tamaño del Congreso, atorada en la congeladora, como muchísimas otras.
En efecto, hay que eliminar inicialmente los 100 diputados y la sociedad está en todo su derecho de exigirlo, pero que los 400 diputados restantes sean realmente representativos de la voluntad ciudadana, ya que la LXIII sólo ha demostrado no representar cómo votaron los mexicanos en 2015.
Pero además, nos preguntamos, ¿cómo no van a sobrar diputados si 83 de ellos no presentaron una sola iniciativa en lo que va de la Legislatura? Y adivine Usted de qué partido es la mayoría de “vacacionistas” que sólo acuden a las sesiones a hacer “bulto”. Ya lo adivinó: Del PRI
Otro ejemplo de la inmundicia de la Cámara es que por lo menos uno de cada siete diputados ha “justificado” por lo menos 10 veces su inasistencia al año. A cualquiera le podría parecer que no son tantas faltas, pero significan más de un mes de trabajo, más de un mes de sesiones.
El caso es que el Congreso sólo trabajaba siete meses al año; cinco meses no sesiona, ni en periodo ordinario o extraordinario, aunque el PRI también había congelado en la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa para regular esa anomalía.
Por lo demás, volvemos a preguntarnos ¿Cómo no indignarle a la sociedad tantos diputados si en cada votación faltan más de 130, ya se imaginó Usted, de manera “justificada? Cada votación promedio por tablero y nominales, sólo tiene un voto promedio de 370 de los 500 diputados.
Y conste que esto es sólo la punta del iceberg, ya que, aunque se eliminara diputados, el ahorro no alcanzaría para cubrir la serie de pillerías del gobierno de Peña nieto y sus “colaboradores”, entre ellos el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien, tan sólo en el uso del avión asignado a Pemex gastaba el equivalente al sueldo y prerrogativas anuales de 50 diputados.
Luego entonces, ¿cómo no estar quebrado Pemex y ser poco competitivo a nivel mundial si lo saquean y exprimen de esa manera, aunado, desde luego, a la corrupción en la que se involucró con el tema del brasileño Marcelo Odebrecht?
Además, el Congreso gasta 161 millones de pesos en seguros de vida y gastos médicos mayores ¿Cómo no indignarnos el tamaño de su gasto? ¿Cómo no indignarnos si cuando se anunciaba el incrementaba del 20% del precio de la gasolina en enero del 2017 la Cámara anunciaba que se asignaba 9 millones de pesos en vales de gasolina para uso discrecional de sus diputados?
La peor noticia es que esos vales, que los coordinadores manejan con absoluta opacidad, no les llegó a la inmensa mayoría de los diputados, al grado tal que el mayor monto observado, por la Auditoría Superior de la Federación, tiene que ver con la asignaciones discrecionales a grupos parlamentarios, de las cuales, ni siquiera se beneficia la inmensa mayoría.
Para acabar pronto, ni siquiera los propios priístas tienen claro cómo se gasta el dinero en la Cámara, y de ahí que no sólo urge eliminar diputados, en principio, sobre todo a los que no representan a nadie en la Cámara y a los que estorban por ineficientes y corruptos, ya que no sólo enlodan la imagen pública de la política, sino también el bolsillo de los  mexicanos.
         Así las cosas, ante el reciente arranque de campañas políticas es de suyo importante analizar, sobre todo en el caso de los candidatos a diputados y senadores, si lo que deseamos es MÁS DE LO MISMO con el PRI y sus corifeos y, sobre todo, exigir a los aspirantes representar realmente los intereses del pueblo, y NO los acuerdos y negociaciones de sus partidos.

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lunes, 26 de marzo de 2018


¿Perdonados en el “Caso Borge”?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con un quebranto patrimonial al erario que la Auditoría Superior de Quintana Roo estimó en 11 mil 813 millones de pesos hasta agosto del 2017, el gobierno de Roberto Borge involucraba hasta 84 colaboradores, contra los cuales existían supuestamente 27 denuncias penales por parte de la Fiscalía General del Estado, aunque los daños podrían superar los 16 mil millones.
Hasta ahí las cosas, a siete meses de distancia, el tema de la cuestionada administración priísta anterior continúa siendo una verdadera incógnita, ya que las buenas intenciones del gobierno de Carlos Joaquín González están en manos de dos instituciones: Una que, contra viento y marea, encabeza Miguel Ángel Pech Cen, y la otra, el Poder Judicial, que preside Antonio León Ruiz.
En efecto, las expectativas de los quintanarroenses sólo pueden apostar a algunas alternativas: La Fiscalía no ha armado las respectivas denuncias, lo hizo incorrectamente, los juzgados penales se han negado a “obsequiar” las órdenes de aprehensión por estar mal fundamentadas, o por existir algún interés político, o bien la Fiscalía no las ha querido o no ha podido cumplir.
Pero lo cierto es que del escandaloso número de implicados sólo se ha detenido a cerca del 10%, entre ellos el propio Roberto Borge, lo que no puede ser motivo para sentirse satisfecho Carlos Joaquín, toda vez que, pese a tratarse de uno de los “peces gordos”, existe más fondo y hasta hoy se ignora a cuánto ascienden los recursos recuperados o qué se hizo con ellos.
Asimismo, no sólo no se ha dicho nada sobre personajes cuyo “plumaje” quedó sin mácula -¿Verdad “Javicho”? ¿Verdad Alcérreca?-, sino tampoco en torno al destino de los acusados, o bien por qué la ley ha sido benéfica con algunos, tales que los jueces han permitido prisión domiciliaria.
Por si fuera poco, tras la captura del ex gobernador, cuando corrieron kilómetros de tinta de información, poco o nada se ha dicho sobre su destino, al grado tal que no pocos ignoran cuál es su situación legal, o bien se han olvidado los nombres de los principales implicados.
Lo cierto es que, después de haber sido extraditado de Panamá a México el 4 de enero y al término de una audiencia inicial que duró cerca de 14 horas, el juez de control del Estado de México, José Artemio Zúñiga, otorgó a la PGR seis meses para cerrar la investigación complementaria respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea “lavado” de dinero.
Además, dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Borge en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que el Artículo 400 Bis fracción II previó la modalidad de ocultar y pretender ocultar bienes en territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El ex mandatario no obtuvo el arraigo domiciliario por haber estado prófugo por varios países y contar con recursos económicos suficientes para, en su caso, intentar evadir a la justicia, además de que la PGR presentó 89 pruebas en su contra, aunque sólo para demostrar un quebranto al erario por unos 900 millones de pesos por la venta de 22 predios a un costo muy por debajo de su valor real y favorecer a amigos y familiares.
Además, lo acusó de idear y ejecutar un plan para enajenar y ocultar las transacciones de la venta de los terrenos, para lo cual habría utilizado a la directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario dl Estado, Claudia Romanillo Villanueva, quien se encargaba de la enajenación de predios de diversos municipios, algunos ubicados en áreas de reserva.
Conforme a la audiencia inicial, en el Centro de Justicia Federal de Nezahualcóyotl, se detalló que los 22 terrenos se vendieron hasta en un 80% menor a su precio real a familiares y amigos de Borge, entre ellos su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla, y el abogado de la familia, Cesar Celso González Hermosillo, quién también operaba como su “prestanombres”.
Por ejemplo, un terreno se vendió a la madre en un área de reserva en 13.7 pesos el metro cuadrado, cuando en realidad costaba 2 mil pesos. El total de predios vendidos abarcan una extensión de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, equivalente a dos veces la extensión de Isla Mujeres y 10 veces la de Xcaret.
Las investigaciones se basaron en una denuncia de la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Roxana Lilí Campos, quien detectó la irregularidad desde que tomó posesión, aunque el propio Borge era presidente del Consejo del Instituto del Patrimonio, por lo que estaba enterado de la enajenación.
Las PGR también detectó por lo menos cinco empresas “fachada” para triangular los recursos, aunque durante toda la audiencia el exgobernador se negó a declarar cuando, tras lo cual se le notificaron las órdenes de aprehensión por delitos del fuero común.
Se trata de tres acusaciones por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y ejercicio indebido de la función pública por un presunto quebranto al erario local por poco más de 3 mil 104 millones de pesos, delitos por los que Borge tramitó un amparo y obtuvo una suspensión, pero debió pagar 85 millones de garantía que no cubrió.
Hasta donde se dijo, el juez federal determinaría si se autorizaba su traslado a Quintana Roo, si las audiencias serían por videoconferencia, o si las autoridades locales se trasladarían al lugar donde se internó al ex mandatario para esas audiencias.
La Fiscalía del Estado anunció que se podría ampliar el número de ilícitos imputados, pues “no está restringido su derecho para ampliar a más delitos” contra Borge, detenido el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, Francia.
En Panamá, enfrentó un proceso de extradición a México que concluyó en diciembre último, cuando la Corte Suprema de ese país resolvió entregarlo por no encontrar evidencia de violación al proceso en su contra.
En un recuento de involucrados en el “Caso Borge”, que rindió protesta como gobernador el 5 de abril de 2011, el portal de Excelsior diría el 4 de enero último que el desvío de recursos y el número de personas e instancias involucradas, incluyen prácticamente a los altos mandos de TODO el gobierno
En efecto, su red de corrupción incluye a exfuncionarios y particulares, en un desvío de recursos que involucró a casi todas las dependencias estatales y a diversos gobiernos municipales, incluso a otras entidades, como es el caso de Tabasco, donde su ex alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, aspirante a la gubernatura en los próximos comicios, fue investigado por la SEIDO, por sus presuntos vínculos en el saqueo.
Entre los implicados y procesados por peculado y desempeño irregular de la función pública se incluye la exdirectora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable, Ana Alicia Rivera Galera, por el presunto desvío de mil 56 millones de pesos. Fue vinculada a proceso por peculado, aunque desde el 26 de noviembre se le impuso prisión preventiva y embargo de bienes, entre ellos un predio de Othón P. Blanco y dos vehículos.
Asimismo, se incluyó a la exdirectora de la paraestatal, Paula González Cetina, detenida a fines de noviembre, acusada de peculado y vinculada a proceso, por lo que el juez solicitó prisión preventiva, al igual que en el caso del ex tesorero y ex director de la Administración Portuaria Integral, Roosevelt Erce Barrón Barrera, detenido el 25 de noviembre cuando pretendía viajar a Estados Unidos desde Tijuana.
Se le vinculó a proceso por el uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que se le embargaron tres propiedades de OPB, Cozumel y en la carretera Tulum-Playa del Carmen, así como un Tsuru 2009 y una camioneta Traverse 2017.
También incluye al ex secretario de Desarrollo Urbano y ex Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, detenido el 9 de noviembre, y vinculado a proceso por su desempeño irregular de la función pública, sentenciado a 5 meses y 20 días de cárcel, así como reparación del daño por 39.7 millones de pesos.
Por su parte, el ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Víctor Hugo Loyola Corona, fue detenido el 3 de septiembre por desempeño irregular de la función pública y el presunto mal manejo de más de 11 mil 813 millones de pesos, por lo que se le decretó prisión preventiva, estaba recluido en el penal de Chetumal y se le embargaron bienes. Otros involucrados son:
-La ex titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, acusada de autorizar la enajenación de predios públicos a precios subvaluados, como parte del remate territorial estatal, aunque interpuso un Amparo para evitar su detención y logró la suspensión provisional de un juez de Distrito. Se ignora su paradero.
-Junto con la orden contra Romanillos, también figuran la ex secretaria de Borge, María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de la familia Borge y socio de la naviera “Barcos Caribe”, y de la inmobiliaria Caracol 65, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
 -El ex director de VIP-Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, detenido el 4 de julio por el desempeño irregular de la función pública, al día siguiente mereció prisión preventiva, y el 11 de julio fue vinculado a proceso, aunque apenas el sábado 24 último resultó favorecido con arresto domiciliario tras permanecer preso poco más de 8 meses en Chetumal.
-Fabián Vallado Fernández, ex delegado de la Sedesol, también está ligado al desfalco, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, aunque había sido investigado por la Fepade, luego que se le evidenció usar programas sociales para fines electorales. Tras dejar la dependencia se dice que cuidaba las empresas de Borge y fue parte del grupo que lo visitó en Panamá.
-Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), detenida el 8 de mayo de 2017, libró la prisión con una fianza. Es acusada de desempeño irregular de la función pública, por lo que el Juez de Control decretó embargo de bienes por 18 millones de pesos en seis propiedades de Cozumel y un automóvil de lujo.
-Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas, tiene varias denuncias penales y de juicio político, una por enriquecimiento ilícito, aunque el 10 de mayo de 2017 solicitó un amparo para evitar su detención y el juez Tercero de Distrito de Quintana Roo le negó la suspensión definitiva por lo que la orden sigue vigente. Está acusado de desviar mil 464 millones de pesos.
Se teme que obtenga un Amparo que le permita asumir la diputación federal que heredó como suplente del ex priísta José Luis “Chanito “Toledo Medina, quien solicitó “licencia” el 3 de marzo último para buscar la presidencia municipal de Benito Juárez, ahora postulado por el PRD.
-José Alberto Alonso Ovando, exsecretario de Educación y Cultura, posee 11 propiedades en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum, según el Registro Público de la Propiedad. El 3 de abril de 2017 solicitó Amparo ante una orden de aprehensión librada por el juez Primero de lo Penal de Quintana Roo por desviar por al menos 8 millones de pesos en 2015, según la Auditoría Estatal.
-Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, exsecretario del Trabajo, con dos inmuebles a su nombre en Cancún e Isla Mujeres, es acusado de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum y departamentos de lujo en Cancún. Representantes legales y abogados de los desfalcados revelaron que permitió simular un juicio con trabajadores falsos para hacerse de 4 departamentos que, tras un amparo, les devolvieron a sus dueños, esto relacionado al caso de la Torre Maioris, en Cancún. 
-Gabriel Mendicuti Loria, acusado de favorecer a sus empresas desde los cargos públicos como alcalde de Playa del Carmen y titular de Sintra con Félix González -con Borge fue secretario de Agricultura y de Gobierno-, y según el Registro, posee 18 bienes en Playa del Carmen, por lo que tenía orden de aprehensión por su presunto desvío de 6 mil millones de pesos en simulaciones de renta de maquinaria y apoyos al campo. Fue detenido el 20 de enero, pero acusado de desviar 534 millones.
-Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente, cesado en 2009 públicamente por el entonces presidente Felipe Calderón como delegado de la Semarnat como responsable de ordenar destruir un manglar. Borge o nombró en 2013 como titular de Ecología, pese a ser señalado por fraudes, despojos y otros crímenes en complicidad con su esposa y otros miembros de su familia.
-A Saúl Badillo Perry, esposo de la secretaria de Salud de Carlos Joaquín, Alejandra Aguirre Crespo, lo investiga la Fiscalía por su negligencia en la pérdida de 65 mil vacunas cuando era director de Servicios de Salud hasta 2011. Fue responsabilizado del aumento del dengue en la entidad por su nula aplicación de campañas de prevención, cuyos recursos se habrían desviado a otros fines. Está relacionado con el grupo de 17 personas del primer círculo de corrupción de Borge.
-Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de Agua Potable, solicitó un amparo para evitar su aprehensión y se desconoce su paradero, aunque es parte de la lista de presuntos responsables del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA durante el periodo de Borge.
-Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Finanzas, considerado uno de los principales operadores financiero de Borge. Dicen que habría salido del país y refugiado en Líbano, ya que desde marzo del 2017 tenía orden de aprehensión, aunque su relación con Borge se remonta al 2006, cuando éste era Oficial Mayor, y Villanueva director general de Administración. Según el Registro Público posee 4 propiedades en Chetumal y OPB.
-Edgar Méndez Montoya, presunto prestanombres de Borge, es el primer implicado sin haber sido servidor público. De acuerdo a la carpeta de investigación 351/2017, se le acusa de estar relacionado con la compra de seis predios, por los que pagó 11.5 millones de pesos al IPAE, cuando su valor real era de 189.7 millones.
-Otros vinculados son: Marilyn Rodríguez, hermana de Mauricio, primer colaborador de Borge detenido; la ex diputada del Verde “Ecologista”,  Gabriela Medrano Galindo; el ex alcalde de Solidaridad, ex secretario de Finanzas de Borge y ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, detenido disfrazado el 25 de enero último; los ex titulares de Sintra, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo -éste también investigado por la simulación de renta de maquinaria para obra pública-; y el ex titular de la Gestión Pública, Gonzalo Herrera Manzanilla.  
Finalmente, se vincula al ex director administrativo de la Secretaría Estatal de Salud  y ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte, Raúl Aguilar Laguardia, hermano del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mario Aguilar, por lo que aquél obtuvo en febrero último un amparo provisional ante el Juzgado Sexto de Distrito para evitar enfrentar la justicia.
 Así las cosas, con sólo ocho detenidos de 84 involucrados en el desvío de más de 16 mil millones de pesos, queda en duda la efectividad de la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial y esperar hasta julio próximo -curiosamente después de las próximas elecciones- para conocer el destino de Roberto Borge, aunque NO del acusado del auto atentado en la explosión de un barco en Playa del Carmen…sino de su hijo “Betito”.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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