viernes, 24 de marzo de 2017

 ¿Comienza caída de “peces” gordos?


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Aunque pareciera resultar inminente la detención del ex priísta Israel Hernández Radilla como, hasta hoy, probable responsable de una larga lista de irregularidades constitutivas de ilícitos durante la administración de Roberto Borge, lo cierto es que apenas constituye una bocanada de oxígeno puro para el gobierno de Carlos Joaquín González.
         En efecto, las supuestas 17 órdenes de aprehensión que emitió un juez de control contra otros tantos funcionarios del gobierno anterior, entre ellos el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, alivian en buena medida la andanada de inconformidades por el fallido combate a la delincuencia organizada en la turística Zona Norte de Quintana Roo.
         Entonces responsable del cuestionado “electorero” del PRI en el sur de la entidad, Programa Basura por Alimentos y Brigadas del Bienestar, Hernández Radilla, quien está a punto de asumir la dirigencia municipal del Partido Verde “Ecologista” en Othón P. Blanco, estaría acusado inicialmente del desvío de 30 millones de pesos. 
         Como se sabe, el otro responsable de ese programa que abanderó el ex gobernador Roberto Borge, pero en la Zona Norte, es el desaparecido Isaías Capeline Lizarraga, quien también fungía como titular de la Dirección de Gobernación y cuya sangrienta, misteriosa,  ejecución en la ciudad de Cancún sigue siendo una de las signaturas pendientes de la Fiscalía General.
Como explica el portal “El Punto sobre la I”, Hernández Radilla habría sido uno de los principales beneficiados del desvío de recursos, cuando, con el pretexto de apoyar las campañas del ex candidato del PRI, Mauricio Góngora Escalante, habría “administrado” recursos del Fondo Nacional de Desastres, Liconsa y Diconsa, y utilizado despensas de damnificados para operar en Felipe Carrillo Puerto, OPB y Bacalar.
         Por si fuera poco, el funcionario, regidor durante el cuestionado trienio del también priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui en OPB, habría desviado recursos de la venta del reciclaje a empresas de Yucatán, a precios muy por debajo de los normales, que, aparentemente tolerado por Roberto Borge, nunca ingresó a las arcas del gobierno del Quintana Roo.
         Por aquello de que, según diría Verónica Aguiluz Medina, durante el “gobierno” de Roberto Borge nunca era raro observar a personajes de otros Estado en cargos políticos locales, el entonces regidor Hernández Radilla, quien proviene de Durango, también pretendió infructuosamente ser candidato a diputado local por el III Distrito.
Déspota como acostumbran ser no pocos políticos, el hombre, cuyas “costumbres” siempre estuvieron en duda, fue no pocas veces cuestionado por extorsionar campesinos y pagar para hacer lo que quiera, desde luego, decía, “a nombre del gobernador” -similar a Isaías Capeline-, por lo que su eventual diputación puso a temblar a los bacalarenses.
Aunque no se trata de uno de los personajes políticos más significativos de Quintana Roo, Hernández Radilla, en cambio, sí es de los de mayor historia, ya que se recuerda, inicialmente, llegó a Quintana Roo como delegado nacional de la CNC del PRI hace más de 20 años, aunque, tras ser destituido por su ineficacia, lo rescató el ahora cuestionado Víctor Alcérreca Sánchez durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz.
No obstante, los traicionó a ambos durante la campaña del primero de ellos, al igual que durante el trienio de Andrés Ruiz Morcillo como alcalde de OPB, cuando éste puso a su cargo oficinas, sueldos para él y su esposa, vehículos y nómina para sus “aviadores” ¿El resultado? Nueva traición.
Lo cierto es que se “infló” los bolsillos y abusó de la confianza de Roberto Borge, por lo que no fue nada raro que también traicionara al PRI y se pasara a las filas del Verde “Ecologista”.
Las “Brigadas” del Bienestar fueron el pretexto perfecto para poner en nómina a toda su familia, aunque otro pretexto colateral lo fue la campaña de Raymundo King a diputado federal y luego a la candidatura interna del PRI, cuando dispuso libremente de dinero y bodegas de aparatos eléctricos.
Considerado “hijo putativo” del priísta Armando Liogon Beltrán, nuestro personaje, con todo y que para nadie era un secreto ser inculto, ladino e intrigante, se supo mover como pez en el agua en el ambiente de la “grilla”, donde pocos periodistas escapaban de sus “encantos” con grandes billetes para apoyar sus opacas actividades… o para callarlas.
  Alguien escribió, inclusive que “es un ente fantasmal para campesinos y representantes de comunidades rurales que día a día caminan por los pasillos de la atormentada Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, donde ocupa un puesto como subsecretario que en realidad nunca ha ejercido… lo que es de llamar la atención porque si algo ha hecho bien Hernández Radilla es venderse como excelente operador político aunque esto no sea del todo real”.
Como coordinador de la campaña de Raymundo King de la Rosa, salió airoso no precisamente por sus grandes cualidades, sino por los pobres adversarios de la oposición, que le allanaron el camino al todavía dirigente estatal del PRI, aunque por momentos el petista Mauricio Morales Beiza les metió algún susto.
Recordamos que tras la “aplastante” victoria de su candidato, Hernández Radilla retornó a sus labores en la Sedari, al menos en teoría, ya que nunca se le veía como uno de los 4 subsecretarios de la dependencia, y de ahí que desde ese entonces las cosas no anduvieran bien en el sector agrícola del Estado.
Tan sólo en las “Brigadas” del Bienestar, el hombre no sólo aprovechó para no dar un solo golpe en la Secretaría, sino que encontró una verdadera mina de oro, pues con opacidad total decidía a quién, cómo y en cuánto comprar materiales y elementos necesarios para esos programas, donde nunca existió licitaciones o concursos de proveedores ni hubo datos públicos de acciones de coordinación.
Con todo, reiteramos, Hernández Radilla no es el “pez mayor” de la cosecha del prepotente Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, ya que, en todo caso, encabezaría la larga lista -suponemos que no son todos los que están, ni están todos los que son- el propio Juan Pablo Guillermo, responsable indiscutible y directo del manejo de  todos los recursos del sexenio borgista.
También más importante que Hernández Radilla sería el cozumeleño Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico de la Secretaría de Finanzas, y uno de los principales operadores financieros de la administración de Roberto Borge, aunque ya traía la “experiencia” como tal desde el sexenio de Félix González, aunque, sospechosamente no cuenta con patrimonio alguno asentado en el Registro Público de la Propiedad, no así su esposa Violette Eljure Eljure.
Entre otros personajes “importantes” con supuesta orden de aprehensión también se incluye Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado, denunciada por la venta irregular de miles de hectáreas de terrenos a precios muy por debajo de su valor real.
Asimismo, figura el nombre de Alejandro Marrufo Roldán, ex titular de la Tesorería General del Estado, y Encargado de Despacho en la Secretaría de Finanzas en 2015, cuando sustituyó temporalmente a Juan Pablo Guillermo, quien pretendía incorporarse como diputado federal suplente de José Luis “Chanito” Toledo y después retomó el manejo de las finanzas estatales.
Aunque hasta el momento no existe información oficial ni declaración alguna del Fiscal General, se espera encontrar en la lista de “buscados” al ex administrador de la Secretaría Estatal de Salud y ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte, Raúl Aguilar Laguardia, hermano del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mario Aguilar Laguardia, presidente de la Sala Constitucional y Administrativa desde noviembre del 2015. 
 Así las cosas, lamentablemente, nunca falta un pelo en la sopa y, en este sentido, tras liberarse las órdenes de aprehensión, el propio Tribunal Superior de Justicia, suponemos que a través de su cuestionado presidente, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, filtró la información a algunos implicados, que comenzaron a solicitar amparos.
Para buena fortuna de la justicia, sin embargo, trascendió que no habría procedido ese recurso en los caso de Juan Pablo Guillermo y Villanueva Lanz, respectivamente, aunque, en todo caso, habría que esperar los próximos días para ver cómo se desarrolla el tema “Borge-Quintana Roo”, en el que también la PGR por fin dijo “esta boca es mía”.
Por lo pronto, hasta poco después de las 14 horas, el Tribunal, a través del personal del área de Juzgados, habría desmentido en un portal electrónico haber emitido, por parte de un Juez de Control, órdenes de aprehensión contra Roberto Borge y varios de sus más cercanos colaboradores. La Fiscalía, por su parte, ni fu ni fa.
No obstante, reiteramos, el principal pendiente de Fiscalía General y más de la policía “preventiva” se sigue llamando inseguridad, principalmente en la zona norte, más aún en Cancún, donde, para variar, este viernes fueron balaceadas dos personas, una de ellas en la Región 96, en la calle 22 y la avenida Industrial.
¡El tema está para llorar! ¿Habrá que “negociar” realmente con los delincuentes, como “sugiere” el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena? 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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jueves, 16 de marzo de 2017

Cancún, ¡consentido de Antorchistas!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con fuerte presencia nacional entre los sectores más populares del país, el Movimiento Antorchista o Antorcha Campesina, organización política mexicana de carácter nacional cuyo supuesto objetivo es “erradicar” la pobreza, se ha convertido en fuente de extorsión y lucro de sus dirigentes, a lo que no ha escapado Quintana Roo.
Fundado en 1974 en Tecomatlán, un municipio de la paupérrima región de la Mixteca Baja de Puebla, ante un grupo de 40 universitarios y campesinos que encabezaba el ingeniero agrónomo Aquiles Córdova Morán, este jueves hizo “gala” de presencia nuevamente en la capital chetumaleña, ahora para “exigir” justicia para unos 100 agremiados suyos desalojados en Cancún.
Encabezados por su dirigente estatal, Dimas Romero González, los inconformes organizaron un “plantón” permanente frente al Palacio de Gobierno para demandar la intervención del gobernador Carlos Joaquín González en lo que calificaron como injusto despojo de más de 100 familias pobres.
No obstante, el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, explicó que, en base a una orden judicial, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública notificó el desalojo de un predio particular en la Supermanzana 237 de Cancún, en apoyo de un actuario del Juzgado Segundo de lo Civil.
Ello, conforme al expediente 1098/2010 y oficio 446/2017, suscrito por el secretario en funciones del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cancún, Guillermo Durán Valencia, quien solicitó el apoyo de la fuerza pública para notificar a sus ocupantes abandonar el terreno marcado con la Manzana 6, Lote 1, conocido como “El Fortín”.
El procedimiento derivó de una ejecutoria del Amparo 1723/2016-III del Juzgado Tercero de Distrito, promovido por el propietario del inmueble, Amado Elías Serrano Batún, por lo que se ordenó la diligencia para que alrededor de 85 familias abandonaran el terreno.
Según Rodríguez Marrufo, la corporación sólo funge como autoridad presencial en apoyo al actuario del Juzgado y salvaguardar la integridad física de éste durante el procedimiento, aunque también intervinieron otras dependencias. Entre ellas las policías estatal, Ministerial y Federal.
Pese a estar motivado y fundamentado el desalojo, sin embargo, la organización, a través de un comunicado firmado por Edna Hernández, indica que “varias familias antorchistas de escasos recursos de la colonia El Fortín, entre otras, fueron dejadas al desamparo y sin protección al ser desalojadas por la fuerza pública del lugar donde tenían sus viviendas”.
Pero además, agregan que tanto autoridades municipales como estatales ni un dedo mueven en el renglón para dar respuesta a este conflicto, aunque en ningún momento alegan sobre la legalidad del desalojo.
Era de esperarse, ya que el Movimiento Antorchista es una organización del PRI que llenó de gente los eventos del ahora presidente Peña Nieto durante la campaña presidencial 2012, esto acarreando a los más pobres de los pobres, de quienes vive y a quienes cobra hasta por un taco, según se desprende de una investigación que incluye desde dinero público con propósitos electorales, hasta uso clientelar de acciones de gobierno…que el PRI dice que ya no es.
Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública ha exigió en su momento al gobierno perredista de la ahora Ciudad de México devolver 489 millones del Fondo Metropolitano del Valle de México que, según sus criterios, no debieron emplearse en obras paralelas a la Línea 12 del Metro.
Sin embargo, no dijo ni una palabra del priísta Eruviel Ávila, quien compró con ese mismo fondo 38 hectáreas -unas 40 canchas de futbol- para el Movimiento Antorchista.
Ya se imaginará Usted qué no harán sus dirigentes a nivel estatal, entre ellos Quintana Roo, donde se ha denunciado hasta la saciedad su “modus Operandi”: Invaden o compran terrenos parcelarios a bajos costos y con engaños, para después hacer una llamado “al pueblo” amolado, con el argumento de un nuevo asentamiento, cobrándoles mil pesos y luego otros 5 mil pesos al momento de entregarles un predio sin garantía legal.
El propio Dimas Romero ha sido denunciado de lucra con los recursos económicos que recauda la comunidad estudiantil adherente a su organización, y que malgasta en restaurantes de lujo y en viajes fuera del Estado, mientras los jóvenes carecen de mobiliario y otros enseres para su albergue.
En tanto, envía a estudiantes de albergues indígenas a pedir dinero, dinero que se la pasa gastándolo como parte de sus “actividades diarias”, aunque, eso sí, paseando en vehículos nuevos y con vestimenta fina, mientras que los alumnos del albergue sufren de hambre y de recursos para costear sus estudios, además de carecer de todo tipo de servicios básico.
Nuestro vecino Yucatán tampoco ha escapado del “encanto” de esa organización, por ejemplo cuando, sin justificación, ni documentos comprobatorios, el gobierno priísta de Rolando Zapata Bello le entregó más de 217 mil pesos, supuestamente para gestionar apoyos para campesinos y colonos, aunque, en realidad, es brazo ejecutor de políticos priistas y modus vivendi de sus dirigentes, la mayoría de ellos oriundos de otros Estados.
         Antorcha Campesina tenía originalmente orientación marxista leninista, pero luego fue atraída por el PRI para contrarrestar a otras organizaciones campesinas radicales, vinculadas a la izquierda.
         Bueno, en el caso de Quintana Roo, ahora vemos, pretende desestabilizar al gobierno panista-perredista de Carlos Joaquín, y aunque hoy el pretexto fue el desalojo perfectamente legal de “El Fortín”, mañana será con otro pretexto, o bien empujado por otros “intereses” políticos, léase ex gobernador Félix González, a quien sobran suficientes argumentos, y no menos suficientes millones de pesos.
         ¿Por qué protestar en Chetumal si el problema fue en Cancún?, nos preguntamos, o bien ¿Por qué no hacerle el plantón al gobierno Ecologista de Remberto Estrada Barba? ¿Qué acaso no “entienden” el concepto y alcances de la autonomía municipal?
Son muchas las preguntas que, sin embargo, sólo mueven a respuestas sospechosas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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martes, 14 de marzo de 2017

Joaquín González, ¡moneda de cambio!

 

                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         El reciente nombramiento de Joaquín González Castro como nuevo Subsecretario de Enlace Interinstitucional fue un magistral movimiento del gobernador Carlos Joaquín González al que es difícil sustraerse, sobre todo ante el difícil momento por el que atraviesa la dependencia de la que depende el nuevo funcionario, sobre quien faltaría espacio para dedicarle a su brillante trayectoria.
         Supuesto asesor “visible” del diputado federal José Luis “Chanito” Toledo en la reciente contienda interna del PRI por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, el nuevo funcionario ocupa hoy la plaza que dejó vacante el ex priísta Adrián Chicato Alonso, a quien Francisco López Mena despidió controversialmente el 17 de noviembre de la Secretaría de Gobierno.
El ahora hoy ex funcionario, quien apenas había tomado posesión el 5 de octubre, había renunciado al PRI a mediados de abril para sumarse a la campaña de Carlos Joaquín, aunque desde ese entonces externó su interés por la presidencia municipal de Benito Juárez en 2018 como candidato independiente.
Ante el tamaño político de su sucesor, sin embargo, pocos o nadie extraña el “incidente” de este ex funcionario, quien presumía haber fungido exitosamente como delegado del CEN del PRI en los procesos electorales de otras entidades.
En efecto, resultaría ocioso reiterar la envidiable trayectoria de González Castro en terrenos de la administración pública, aunque baste recordar su origen veracruzano para remontarnos a su lucha por alcanzar los primeros planos desde mediados de los años 70, hasta convertirse en serio, muy serio, candidato a la gubernatura de Quintana Roo.
Para su mala fortuna, su mayor obstáculo era un correligionario priísta, el entonces senador Mario Villanueva Madrid, quien le ganó la carrera en la última “zancada” con el apoyo de la CNC, aunque su mayor obstáculo era el desaparecido “Nativismo” que, impulsado por el propio “villanuevismo”, se oponía a que el jarocho alcanzara la gubernatura.
Una vez logrado su propósito, Villanueva Madrid no sólo emprendió, a la par de una campaña de venganzas contra sus opositores, sino la tradicional operación “cicatriz” que, como era de esperarse, incluyó al propio González Castro, a quien convirtió en uno de sus mejores amigos e impulsó su trayectoria. Claro, había conseguido sus propósitos.
Durante el sexenio siguiente, tras el “destape” de Joaquín Hendricks Díaz, el nuevo subsecretario, junto con otros políticos que vieron desvanecerse sus posibilidades de alcanzar la gubernatura, entre ellos Jorge Polanco Zapata, optaron por abandonar las filas del PRI para engordar las del desaparecido Partido Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, en 2005, al inicio de la gubernatura de Félix González, González Castro se convirtió en diputado local por la XI Legislatura, que encabezó Manuel Valencia Cardín como presidente de la Gran Comisión, por Convergencia, en lo que constituyó la primera vez que la oposición ocupaba esa importante posición. El PRI sólo tuvo 8 legisladores; el PRD, 7; el PAN, 4; Convergencia, 3; uno el Verde y PT, y un Independiente.
Ahora bien, la lectura obligada es cuál será realmente el papel de González Castro en la Secretaría de Gobierno, ya que pocos o nadie se creó el cuento de que, supuestamente, será “para fortalecer las relaciones del poder ejecutivo y la coordinación entre las distintas instituciones de la administración pública, incluyendo los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos”.
Nada más falso, como un billete de 10 pesos, ya que a todas luces la inoperancia de la “vicegubernatura”, como segundo órgano de mayor relevancia en el gobierno de Carlos Joaquín, comenzaba a permear en todos los ámbitos del sistema, con el natural debilitamiento del mandatario, cuando que, en la práctica y en teoría, López Mena debería encargarse de resolverle problemas…no a creárselos.
 Sin embargo, es claro que Carlos Joaquín no puede darse el lujo de mostrar signos de debilitamiento, y menos a tan sólo 6 meses de gobierno, por lo que es mejor tapar un “bache” que dar muestras de que la “avenida” es un verdadero desastre.
Así, González Castro, con su vasta experiencia, deberá poner orden en todos los ámbitos, principalmente en materia de seguridad y procuración de justicia, aunque tiene capacidad para involucrarse en el creciente escándalo del Poder Judicial, donde, como ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no habrá nada que enseñarle ante el cuestionado -y cuestionable- Fidel Villanueva Rivero.
Como era de suponerse, López Mena seguirá “despachando” por el momento como secretario de Gobierno -sólo eso-, a menos que Carlos Joaquín decida de una vez por todas librarse de ese lastre que ha dado muestras de ser un magnífico burócrata, de esos que se encuentran por toda la entidad, pero sólo eso.
Sin pretender ser adivinos, los días del panista están contados, para su buena fortuna, sólo como secretario de Gobierno, ya que, como “cuota” del PAN por la campaña, Carlos Joaquín está imposibilitado de correrlo, ya que el acuerdo con la cúpula blanquiazul ¡fue la senaduría! Sí, leyó Usted bien: ¡Será candidato del PAN a la senaduría en 2018!
¿O acaso creía Usted que Carlos Joaquín tendría las manos libres para designar a sus candidatos? Posiblemente tenga su corazoncito para proponer candidatos a diputados federales, pero el PAN pidió a López Mena para el Senado de la República como condición para sumarse a la coalición que propuso al mandatario como abanderado, aunque aquí había que ver qué opina el PRD, donde la lucha interna siempre ha sido su principal característica.
Casi podríamos jurar que, en uno y otro caso, tanto el PAN como el PRD convocarán a una serie de “consultas” para simular la designación de sus candidatos federales, aunque, al menos en el primer caso no habrá moneda en el aire. Está decidido.
Por lo pronto, bienvenido González Castro. La comunidad quintanarroense vio con buenos ojos su llegada y, como necesario tanque de oxígeno para su gobierno, seguramente Carlos Joaquín… también.
PD: Trascendido a todos los medios locales y redes sociales, para la comunidad periodística del Estado -suponemos que a la nacional- resulta reprochable y condenable la cobarde actitud del diputado local del PRD por el XII Distrito “de la Zona Maya”, José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura, quien ayer lunes amenazó públicamente al reportero de Novedades de Quintana Roo, Benjamín Pat, por una nota publicada sobre su pobre desempeño legislativo.

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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jueves, 9 de marzo de 2017

Delegado, ¿falta de cortesía? o respeto


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         No cabe duda de que al gobernador Carlos Joaquín González le urge una “limpia” con algún brujo de Catemaco, ya que, contra todo sentido común, resultó estar más “salado” de lo que merece, al grado tal de que no termina de disiparse un problema -conste, no dijimos resolverse- cuando uno nuevo se vislumbra en su horizonte.
         La comparación resulta un tanto desagradable, pero recuerda parte del sexenio de Miguel Borge Martín, a quien, durante “su” confrontación con el diario Novedades de Quintana Roo, a principios de los años 90 le llovía a diario y por todos lados. No bien concluía su jornada diaria, cuando ya estaba más pendiente de lo que vendría al día siguiente.
         Quizá quien más padecía aquel vendaval era su entonces directora de Comunicación Social, Cecilia Lavalle, cuya “cabeza” exigía el periódico a través de Lorenzo Pacheco, con el objeto de sustituirla a la postre por el ahora cuestionado periodista radiofónico David Romero Vara, entonces amigo cercano de un familiar de los representantes del Novedades.
         Pero, vaya, esa es otra historia, ya que la que hoy nos ocupa se refiere a los padecimientos de Carlos Joaquín, cuyo nombre de periódico enemigo cambió ahora por el de “Por Esto Quintana Roo” que, por citar un ejemplo, a más de tres meses de un supuesto “levantón” del ex Vocero de Borge, Rangel Rosado Ruiz, ahora lo da como noticia y, como era de esperarse, lo atribuye a un colaborador del mandatario.
         Pero este no es precisamente el tema de hoy, sino que, no bien digería Carlos Joaquín este nuevo “ataque” de sus abiertos enemigos, cuando por todos lados se informaba del nombramiento del ex alcalde de Cozumel, el priísta Fredy Marrufo Martín, como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu)
         Independientemente de tratarse de un miembro del PRI, diferente a los partidos que postularon a Carlos Joaquín, lo delicado del caso es el currículum del funcionario, cuyo pésimo desempeño como munícipe obligó a Cozumel a votar por la oposición (PAN) en las últimas elecciones, donde la derrotada resultó ser la propia esposa de Freddy Marrufo, la hoy regidora Georgina Ruiz Chávez.
         Pero eso no es lo más indignante, sino que estamos hablando de uno de los entonces más cercanos colaboradores del tristemente recordado ex gobernador Félix González, con quien fungió como titular de la Secretaría de Hacienda, por lo que, aunque parezca mentira, fue considerado uno de los más serios aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo.
         Su sorpresivo nombramiento, celebrado en la ciudad de México y encabezado por la titular de la dependencia, Rosario Robles, fue calificado por Carlos Joaquín como una elemental “falta de cortesía” del gobierno federal, que ni tan siquiera tuvo la decencia de cubrir las “formas”, en el sentido de informarle, aunque nosotros preferimos llamarle falta de respeto, no sólo al gobernante, sino al propio Quintana Roo.
         Antes de ser alcalde, Fredy Marrufo fue diputado de la XIII Legislatura del Congreso del Estado, donde, junto con los también priístas, el ex alcalde de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui; José de la Peña Ruiz de Chávez, Manuel Parra López y José Alfredo Contreras Méndez, integró la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, de la que fue presidente.
         Ahora responsable de la coordinación de trabajos para el desarrollo y ejecución de acciones en materia de ordenamiento territorial que firmó Carlos Joaquín el 2 de febrero con Rosario Robles, nuestro personaje se encargó como legislador de “maquillar” y promover la aprobación de las cuentas públicas del hoy senador Félix González.
         Y no era cosa menor, ya que asumió descaradamente el papel de juez y parte, pues esas cuentas fueron las mismas que manejó como titular de Hacienda, cuando se convirtió en histórico artífice de que la deuda pública de Quintana Roo pasara de poco más de mil millones de pesos a más de 10 mil 500 millones, que con Roberto Borge se elevó a más de 23 mil millones.
         Fiel a esa manía de endeudar, Fredy Marrufo, socio del llamado “Grupo Cozumel”, también hizo lo propio como alcalde, ya que contrajo un crédito, aunque “sólo” por 316 millones de pesos, que manejó con absoluta opacidad, al grado tal de ser duramente cuestionado por la entonces diputada local Perla Tun Pech -ahora primera edil de la ínsula-, ante su falta de transparencia.
         Respecto al “pastel” de la inicial histórica deuda de Quintana Roo, el responsable de sus últimos “retoques” fue otro no menos “célebre” personaje, el frustrado ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, titular de la Secretaría de Hacienda (2011-13) hasta los últimos días del sexenio felixista.
Hasta ese entonces, el titular era Gonzalo Herrera Castilla -sucesor de Fredy Marrufo-, a quien, sin embargo, Félix González nombró titular de la Contraloría por la renuncia de Francisco Flota Medrano, quien había resultado “electo” presidente del Concejo Ciudadano del recién creado municipio de Bacalar.
El nuevo titular de la Sedatu ha sido instrumento de Félix González, por ejemplo cuando, sabedor de que éste requeriría de alguien que le cuidara las espaldas al concluir su encargo, impuso su candidatura a diputado, sobre todo por conocer a detalle el destino del dinero que operó su ex jefe.
Tras los comicios para integrar la XIII Legislatura se esperaba que su estratega financiero fuera nombrado coordinador, pero el ex gobernador maniobró con la mayoría priísta para que el lugar fuera para Eduardo Espinosa Abuxapqui, a efecto de evitar inconformidades del chetumaleño, que aspiraba a la candidatura que negoció Félix para el malogrado Roberto Borge.
Por si fuera poco, Eligio Marrufo Rejón, padre del ex alcalde sería uno de los beneficiados con los predios patrimonio del Estado que Roberto Borge remató: Un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la carretera costera de Cozumel, vendido por el IPAE el 7 de abril de 2011, dos días después de Beto asumió la gubernatura, derivado de un contrato de febrero de 2011, cuando Félix González era aún senador.
El valor catastral del predio, que puede verse en el Registro Público de la Propiedad en Cozumel, era de 15.5 millones de pesos, pero se le entregó a Eligio Marrufo en poco más de 4 millones, como uno de los inmuebles que “Somos Tus Ojos” ha denunciado por haber sido desincorporado del patrimonio de los quintanarroenses de manera irregular.
Este día el también exdiputado local, Fredy Marrufo Martín, primo del senador priista Félix González Canto, de quien fuera su secretario de Hacienda, fue designado en su nuevo encargo, en sustitución de Raúl Omar González Castilla, otro familiar de González Canto.
Ahora bien, lo más lamentable del caso de Fredy Marrufo, quien sustituye a Raúl Omar González Castilla -otro familiar de Félix González- es que su nombramiento viene a confirmar dos teorías: Que Félix González, su primo amado, está más vivo que nunca, y que, o es muy amigo de Rosario Robles, o bien a ambos les importa poco o nada lo que piense el presidente Peña Nieto sobre el nombramiento de delegados.
Lo que sí es cierto es que, en tratándose de la Federación y los Estados, poco le importa al primero lo que piensen los segundos sobre sus designios, y ni qué decir del caso de Quintana Roo, donde no existe siquiera un porcentaje significativo de dependencias federales en manos de quintanarroenses, o al menos designados desde el Gobierno del Estado…aunque fueren poblanos.
¡Y menos posibilidades existen con un Gobierno Federal diferente al PRI!  ¡Y conste que los delegados priístas por todo el país se han eternizado porque el PAN no hizo los cambios cuando debió, y pudo!
Con todo, creemos, ¡tiene toda la razón del mundo en ofenderse Carlos Joaquín!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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lunes, 6 de marzo de 2017

 ¿Dos Fiscales para el “caso-Borge”?


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La recriminación de la escritora Lydia Cacho al gobierno de Carlos Joaquín González resultaba contundente: “Sostuvo, tiene a personas que se han enriquecido a lo largo de los últimos 30 años con su cercanía al poder”.
Entrevistada por Carmen Aristegui en torno a los ex gobernadores de Quintana Roo, se refería a otro de los funcionarios más controvertidos de la administración pública, el todavía titular del Poder Judicial, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, sobre quien dijo que se ha enriquecido “de forma brutal”
-Él mismo se apropió o expropió predios ejidales, los puso a su nombre o de sus hijos. No hay absolutamente nada de transparencia, afirmó.
Lydia Cacho habló sobre las investigaciones contra el ex gobernador Roberto Borge y el hilo que siguió ella misma para llegar a investigar al Poder Judicial del Estado, refiere la entrevista publicada ayer en la página de Carmen Aristegui.
Y es que, aunque razón le sobra para cuestionar al aún presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo cierto es que también habría que hacerlo con los propios “colaboradores” de Carlos Joaquín, que han incrustado y empoderado a funcionarios de administraciones anteriores que afectan la adecuada marcha del equipo.
Nos referimos al “vicegobernador” Francisco López Mena, el panista titular de la Secretaría de Gobierno, de quien depende políticamente la otrora Procuraduría de Justicia del Estado, hoy llamada Fiscalía General que, hasta donde sabemos, opera con la misma Ley Orgánica de la primera y que, al menos en teoría, “es un órgano único, indivisible y jerárquico en su organización, que goza de autonomía técnica y de gestión”.
Pues bien, el caso es que el Fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, también está políticamente imposibilitado a actuar libre, “autónomamente”, y menos aún, ya se imaginará Usted, en tratándose de casos que, además de ser netamente legales, atañen directamente al ámbito político, como es el tema de Roberto Borge.
En buena medida, de ahí podemos explicarnos que la Fiscalía opere para que permanezcan estancadas las denuncias del ámbito del fuero común que supuestamente interpuso el gobierno de Carlos Joaquín, ya que, contra todo sentido común, están siendo frenadas o “estructuradas” a conveniencia desde la Secretaría de Gobierno.
Y asómbrese Usted, ¿Sabe a cargo de quién estaría esa operación? ¡Del ex procurador de Justicia, el yucateco Carlos Humberto Pereyra Vázquez, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de López Mena desde el 5 de octubre de 2016!
El funcionario fungió como Abogado del Estado durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz y, entre otros, le correspondió enfrentar, pero nunca resolver, el sonado caso del asesinato de la joven estudiante Mayra Ayuso, en Cozumel, en el que estuvo vinculado el ex gobernador Félix González, pero del que dos jóvenes fueron detenidos como “chivos expiatorios”’ y después liberados por falta de pruebas.
Para arribar a la Procuraduría de Justicia por cerca de dos años, Pereyra Vázquez -le sucedió Celia Pérez Gordillo- fungió como coordinador de asesores del entonces gobernador y ex titular de esa dependencia, aunque al término del sexenio recibió como compensación una de las 12 Notarías que liberó aquél, al igual que Adrián Samos Medina, Enna Rosa Valencia y Naím Díaz, entre otras cuestionadas.
Durante su paso como Procurador de Justicia, Pereyra Vázquez también fracasó en sus investigaciones contra el entonces prófugo ex gobernador Mario Villanueva Madrid, aunque explicaría que, oficialmente, no había procedido contra el ex gobernador “porque no le pidió apoyo la PGR”.
Lo curioso de la injerencia de Pereyra Vázquez en la Fiscalía, es que, al menos en el organigrama de la Secretaría de Gobierno, sólo dependen de su área de competencia las direcciones generales de Notarías (¡Ahhh!) y del Registro Civil, y la Unidad de Servicios “Especiales” de Vigilancia, así como el Periódico Oficial.
Asimismo, tiene a su cargo los departamentos Jurídico, Administrativo, Archivo e Informática.
Sin embargo, la rebanada mayor del “pastel” es la Fiscalía, ya que López Mena jamás se distinguió precisamente por el litigio, del que su colaborador y amigo es “chucha cuerera”, aunque también los liga una confianza de años, ya que el yucateco fue su suplente en la Notaría Pública número 7 de Cancún.
Los últimos suplentes de los que se tuvo conocimiento fueron la yucateca María Elí López Reyes (2004) y Mario E. González Campos, suponemos que después que Pereyra Vázquez recibió su propia Notaría, la número 42, en Playa del Carmen, donde tiene como auxiliar a George Jacobo López Karam.
Aunque en este caso habría que preguntarse por qué las agrupaciones de Notarios no han elevado la voz al cielo para protestar que sus supuestos “homólogos” estén desempeñando tareas diferentes a las que les encomendó en su momento el Jefe del Ejecutivo, también habría que preguntarse si el ex funcionario de un gobierno del PRI desprotegería a un correligionario, o bien se transformó en panista de la noche a la mañana.
Por lo pronto, mientras son peras o manzanas las “investigaciones” contra Roberto Borge siguen sin caminar y, lo que es “peor”, ya no pueden echarle la culpa a la PGR que, al menos en apariencia, está cumpliendo con la parte que le corresponde en el ámbito federal, pero ¿y los delitos del fuero común ‘apá?  
Así las cosas, seguimos pensando que el supuesto cobijo del PAN a la candidatura de Carlos Joaquín le resultó de suyo más perjudicial como gobernante, o bien el verdadero problema no es precisamente el PAN, sino el propio López Mena.
Lo más curioso de todo es que todo hace suponer que quienes se atreven a denunciar públicamente las irregularidades son los verdaderos responsables de las críticas a este interminable impasse e, inclusive, ahora se pretenda proceder legalmente contra ellos, como es el caso del empresario Carlos Mimenza Álvarez…aunque Usted no lo crea.
PD: Una disculpa por aplicar el término “impasse”, único que, tras seis meses, sentimos aplicable al caso de Quintana Roo: “Situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución”.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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jueves, 2 de marzo de 2017

“Javicho”, ¡más cuestionado que nunca!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
¿Sabía Usted que el cuestionado titular de la Auditoria Superior del Estado, Javier Félix Zetina González, además de ser primo del ex gobernador Félix González también lo es del actual mandatario Carlos Joaquín González? ¿Y sabía Usted que fue el primer priísta en resultar derrotado por la oposición en las elecciones por la presidencia municipal de Cozumel?
 Muy probablemente ignorara ambas cosas de quien desde años atrás conocen como “Javicho”, a quien desempacó el ex gobernador Roberto Borge de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de la SINTRA para incluirlo, con la complicidad de la XIV Legislatura, como parte del paquete de “blindaje” para protegerse de la justicia.
Pese a las presiones del gobierno de Carlos Joaquín y la propia opinión pública, pero ante lo que pareciera impotencia del Congreso del Estado, el funcionario se mantiene en la Auditoría contra viento y marea, aunque ayer miércoles parecía que concluía el conflicto con una supuesta renuncia “voluntaria” que, empero, él mismo se encargó de desmentir de inmediato.
Desde que el ex priísta Gustavo Ortega Joaquín -también primo de Carlos Joaquín- lo derrotara en 2005 en la lucha por la alcaldía cozumeleña al frente de la coalición PAN-Convergencia, Zetina González no ha dejado de ser noticia, inclusive años antes, en 2002, cuando el PRI lo hizo diputado plurinominal  de la X Legislatura, y, con la renuncia de Rosario Ortiz Yeladaqui,  se convirtió en presidente de la Gran Comisión en 2004.
Pocos se enteraron también de que en febrero de 2012, ya como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, su hija Rosa Cristina Zetina Zavala, obtuvo su libertad tras protagonizar trágico accidente en el que el vehículo que conducía embistió y mató a una pareja que viajaba en moto -Margarita María Canul Balam y José Adrián Uicab Ku- que dejó dos niños en la orfandad.
Coronada en junio de 2011 como Reina de la Marina, la joven, entonces de 18 años de edad, viajaba a exceso de velocidad en un Mazda gris placas UUU-74-20, pero fue liberada sin pagar fianza debido a que el peritaje resultó a su favor.
Con todo, pocos ignoran que en SINTRA fue donde su nombre “sonó” a todo lo que da, sabedores de que, como “caja chica” de gobierno -lo de chica sólo de nombre-, la dependencia es una de las más oscuras de gobierno, no sólo por la libre, indiscriminada distribución de placas de vehículos de alquiler, sino por haber enriquecido a no pocos funcionarios y ex funcionarios.
  La negra herencia de Zetina González volvió a ponerse de manifiesto la semana anterior ante una demanda de la Unión de Transportistas de la colonia chiapaneca La Franja, de Alfredo V. Bonfil, actualmente Sindicato de Transporte Público de Pasajeros del Servicio Colectivo de Cancún, a cuyos socios defraudó con la entrega irregular de concesiones.
Para ese efecto, el funcionario contó con la complicidad del presidente del Frente Único de Transportistas y secretario general de Transportistas del Servicio Colectivo La Franja, Vicente Olmos Sánchez, de cuyas tropelías se tiene conocimiento desde el 2012, cuando se adjudicó 8 de 65 concesiones que otorgó Roberto Borge a los transportistas de La Franja, mientras su secretario y tesorera, Mateo Cocom y Amparo Díaz, se quedaron con cinco cada uno.
No obstante, Olmos Sánchez “aclaró” en abril de 2014 que entregó dinero Zetina González para obtener permisos de 105 concesiones, de las cuales 65 han sido entregadas y las restantes operan con permisos, en tanto vendía y comprometía las concesiones hasta por 150 mil pesos cada una.
En el caso de La Franja, el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante y del sindicato de choferes propietarios de automóviles y similares de Isla Mujeres “Gustavo Díaz Ordaz”, Eduardo “Wato” Peniche Rodríguez recibió las concesiones porque la Cooperativa carecía de registro oficial y despojaron a los socios por carecer de vehículos propios.
Así las cosas, encabezados por su asesor Juan Larios, la cooperativa exige la reversión de las concesiones y el padrón de socios al titular de la SINTRA, así como al director de Transportes, los no menos cuestionados perredistas Jorge Alberto Portilla Manica y Alejandro Janitzio Ramos Hernández, respectivamente.
Firman la solicitud de la cooperativa, de la que son fundadores José Luis Maas Balam, Víctor Díaz Yeh, Mayra Aidee Demedicis Demedicis, Angélica Dister Bartolón, Javier Ramiro Ku Tinah, Edgar Manuel Ku Pech, Daniel Be Che, Jorge Baltazar Chan Chimal y Juan Adolfo Pareza Galera, los socios concesionarios Alejo Chan Hau y Primo Manzanero  Maas Balam, quienes piden apoyo del diputado del PAN Fernando Zelaya Espinosa.
No se espera mucho que prospere la solicitud, menos aún en tanto es pública la forma de actuar de los funcionarios a los que se dirigen y la criticable experiencia en torno a quien cuestionan, el cozumeleño Zetina González, quien con antelación había sido señalado por actos de extorsión contra comerciantes y por violentar la autonomía municipal.
Con todo, la XIV Legislatura lo nombró titular de la Auditoria Superior del Estado a tres meses de que Roberto Borge dejara el cargo, cuando los diputados volvieron a sesionar en privado en el complejo “all inclusive” “Royalton Riviera Cancun” para desahogar el “Paquete de impunidad” del ex mandatario, que el 25 de septiembre dejó el cargo a Carlos Joaquín.        
Como culpa restregada en el rostro, la designación fue con votos de la alianza PRI-PVEM-Panal, más los de Hernán Villatoro y Víctor Hugo Esquivel Sánchez, del PT y Movimiento Ciudadano, receptivamente, pese a que Zetina González es conocido en la isla, pero no precisamente por ser honesto y de sobrada calidad moral.
¡Cómo olvidar que, como parte de aquella inusual, lujosa sesión del Congreso que encabezó Pedro Flota Alcocer también rindió protesta el ex Fiscal General, Carlos Álvarez Escalera! y, lo que es peor, dentro del “Paquete de impunidad” quedaron pendiente por desahogar, las cuentas públicas de 2015, que corresponderá dictaminar a Zetina González.
En aquel periodo extraordinario, los diputados también aprobaron la reestructuración de mil 30 millones de pesos del Ayuntamiento de Solidaridad que, para dirigentes del PAN y PRD, también era “caja chica” de Roberto Borge.
En fechas recientes, inclusive ayer mismo, reiteramos, corrió el rumor de que Zetina González renunciaría a la Auditoría Superior, y aunque él mismo ha desmentido esta versión una y otra vez, se cree que, en realidad, está “negociando” su salida y que será este mismo mes cuando él mismo anuncie su salida de esta dependencia, que se ha convertido en punto clave de los intereses del borgismo.

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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