lunes, 21 de agosto de 2017

¡Freno a mañosos ex-funcionarios!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Ante la falta de una regulación jurídica para combatir a fondo la corrupción de los ex servidores públicos que han utilizado información privilegiada en su beneficio y de grandes corporaciones, México ha sido sacudido en los últimos  años por sonados escándalos, en los que han participado personajes de la más alta esfera pública.
Las recientes reformas en materia de anticorrupción resultan suficientes para reducir los crecientes índices de la materia que se manifiestan de diversas maneras. No basta con pregonar que estamos haciendo leyes anticorrupción, cuando que, en los hechos, existe una tremenda permisividad.
El conflicto de intereses representa un fenómeno que se agrava cuando hablamos de ex servidores públicos, algo que no debidamente legislado, y que es la influencia comparable de los intereses personales del servidor público que puede darse en el desempeño de sus funciones presentes, pero también en el desempeño de las futuras, una vez que deja el encargo.
El problema se centra con los ex funcionarios que, aún después de concluir su función, están inmersos en un auténtico conflicto de intereses con motivo de sus nuevas actividades con particulares o empresas beneficiadas con decisiones o determinaciones suyas durante su encargo público, o que recibieron beneficios por la información privilegiada a la que tuvieron acceso durante su encargo.
Estos casos, que se traducen en actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida.
Como ejemplo de ex servidores que han estado en estos supuestos se incluye el ex presidente panista Felipe Calderón, quien se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de la compañía estadounidense “Avangrid”, filial de la española “Iberdrola”, que tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad.
Pero eso no sólo en la paraestatal, sino también en otras transnacionales eléctricas, como Mitsubishi y otras recién llegadas, que se frotan las manos frente al negocio que, según datos de la propia CFE, ascenderá a ¡más de 2.1 billones de pesos! en inversiones por realizarse en los próximos 14 años.
Por si fuera poco, en el directorio de esa filial de esa empresa en México también aparece el entonces titular de la Secretaría de Energía y Banobras durante el sexenio de Calderón, Georgina Kessel, consejera independiente desde el 24 de abril de 2013.
Por otra parte, tras concluir su período presidencial, Ernesto Zedillo se convirtió en empleado de la empresa “Union Pacific”, concesionaria de la empresa “Ferromex”, como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, realizada justa y sospechosamente durante el propio gobierno de Zedillo.
Apenas el 8 de agosto se dio a conocer que el ex presidente panista Vicente Fox, quien aplaudió la reforma energética de Peña Nieto y urgió a aprobarla, firmó una empresa conjunta del llamado joint venture con Aubrey McClendon, ex director general del gigante del fracking Chesapeake Energy y actual director ejecutivo de América Energy Partners para explorar el sector de energía en México.
En efecto, ahora tenemos al bigotón ex empresario de la Coca-Cola de petrolero, aunque también ha externado sus deseos de invertir en el tema de la mariguana de México.
El guanajuatense dijo desde hace meses que los costos laborales más baratos en México y la disposición del gobierno a aceptar menor pago de derechos que los propietarios estadounidenses, haría más barata la perforación en México que en Texas, según The Dallas Morning News -de octubre de 2014-, donde comentó que McClendon se beneficiará de un descuento otorgado en México gracias a la reforma energética.
Este tránsito de funcionarios públicos del sector público al privado no existía en México, y despertó resistencia y críticas por considerar que propicie conflicto de intereses al constatar casos de funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que previamente beneficiaron y por visualizar a los ex servidores como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina.
Este proceso, llamado por algunos académicos como “La puerta giratoria”, se presentó a partir de la apertura económica y es particularmente intenso en el sector energético.
Actualmente existe un tráfico cínico de información geológica y geofísica y en los bloques petroleros, que posteriormente licita la Comisión Nacional de Hidrocarburos sin consultar al Congreso de la Unión, como si ese organismo fuera dueña del territorio nacional.
Frente a este panorama, la diputada federal Norma Rocío Nahle García planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de conflictos de intereses de ex servidores públicos para modificar este último término de la fracción VI del artículo 3º, para que también haga referencia de manera expresa al conflicto de intereses de ex servidores públicos.
Asimismo, propone modificar el segundo párrafo del artículo 56, a efecto de que quienes hayan sido Presidentes de la República, secretarios de Estado o Subsecretarios, así como Directores Generales u homólogos no puedan utilizar permanentemente información privilegiada de la que hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones, o incurrirían en utilización indebida de información.
Esto último, por cierto, se castiga en la mayoría de los países del mundo, pero en México todavía se ufanan como si fueran grandes empresarios.
Se propone adicionar el artículo 72, respecto a la contratación indebida de ex servidores públicos por particulares, y tiene como fin establecer que quienes hayan ocupado los mencionados cargos no puedan permanentemente ser contratados por particulares, o participar honoríficamente en sus empresas, en caso de que hubiesen tenido durante su encargo algún vínculo con dichos particulares, lo que implicaría una contratación indebida de ex funcionarios.
Por último, el proyecto, turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, propone adicionar el Título Tercero del ordenamiento,  con el fin de que se mencionen expresamente los supuestos que representarían faltas cometidas por ex servidores públicos.
Lo cierto es que se trata de un nuevo paso para ir a fondo contra la corrupción de los ex servidores que han utilizado información privilegiada en beneficio de las grandes corporaciones y del suyo propio, porque, reiteramos, no basta con presumir leyes anticorrupción, cuando en opera una permisividad insultante para el pueblo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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viernes, 18 de agosto de 2017

 CAPA-Chetumal, ¿a manos de Aguakán?


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Dos veces aspirante a gobernador de Quintana Roo, así como a senador y diputado local, el nombre del titular de la Comisión de Agua “Potable” y Alcantarillado, el perredista Francisco Gerardo Mora Vallejo, se incluye en la lista de los funcionarios “nominados” a quedar fuera del “equipo” -por llamarle de algún modo- del gobernador Carlos Joaquín González.
A 22 días de que el Jefe del Ejecutivo rinda su primer informe, la “competencia” por determinar quiénes serían los más serios candidatos a dejar la administración que inusitadamente expulsara al PRI del gobierno, es cada vez más cerrada, aunque otro de los “nominados” por la generalidad de la población es el oficial mayor. Manuel Israel Alamilla Ceballos.
Este último, a raíz de los últimos, sonados escándalos, uno de ellos el millonario y nunca suficientemente explicada “licitación” para la confección de uniformes escolares que, dígase lo que se diga, habría favorecido abierta, descarada o “discretamente” a una empresa poblana por encima de las locales, cuyo eventual triunfo, legítimo o no, júrelo Usted, seguramente a nadie hubiera escandalizado. Vox populi, vox Dei, mi querido Manuel Israel.
Su segundo escándalo, no menos grave que el anterior, fue el retiro del seguro de vida a los trabajadores jubilados del Gobierno del Estado por una supuesta falta de pago del gobierno de Roberto Borge, aunque, acostumbrados a como nos tiene la Oficialía Mayor, también huele a sospecha, y como sea que fuere, sólo demostró falta de sensibilidad.
Ahora bien, en el caso de Mora Vallejo, cuestionado desde que Carlos Joaquín lo designó como Enlace de Recursos Federales para la transición de su gobierno el 28 de julio del 2016, se trata de un verdadero fiasco en la supuesta tarea de “resurrección” de la eternamente criticada CAPA, lo que a cualquiera obliga a pensar en el sentido de que más se busca hundirla, quebrarla y, finalmente, entregarla.
¿Entregarla a quién?, se preguntará Usted. Pues muy probablemente al mismo organismo al que se lo entregaron, primero, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, y segundo, el propio Roberto Borge, lo que dio al traste con ese servicio de suyo prioritario, particularmente para las clases más necesitadas: Nos referimos a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán), defenestrado particularmente en la Zona Norte.
En efecto, hasta hoy no entendemos por qué el gobierno de Carlos Joaquín no ha mostrado mano dura, o exigido mayor efectividad a su “colaborador” Mora Vallejo, quien cada vez hunde más a esa empresa que, lejos de tratarse de un organismo pública, como debiera ser, opera como una empresa más privada que cualquier empresa privada.
Sueña mal ponerse como ejemplo en algún tema, pero permite mostrar que se ha sufrido en carne propia el pésimo “servicio”. Imagínese Usted pasar 27 días consecutivos sin una sola gota de agua, hasta que hace unos días comenzó a gotear ligeramente, sin que nos enteráramos de algún desperfecto en la línea o reparaciones “urgentes” con las que suele justificar su ineptitud.
Ese fue el caso de su servidor que, inclusive, jamás ha dejado de hacer algún pago. Y jure Usted que, con todo y los modernos métodos de medición de consumo del agua “potable” -aunque sea solo de nombre- la cantidad que nos cobrará seguramente será la misma ¿Sabrá Carlos Joaquín de estas irregularidades que otros afectados no tienen medios para denunciar?
No lo creemos, aunque de poco serviría y, en el último de los casos, sólo orillaría a Mora Vallejo a adoptar la postura de abril último, cuando, cansado de múltiples quejas, se atrincheró en sus oficinas y le negó el acceso al público, que sólo pedía agua en sus colonias de esta capital, Laguna Guerrero y Raudales, donde no podían hacer uso del líquido por su “dureza”.
Tradicionalmente abiertas para ingresar por el estacionamiento frontal, las puertas de acceso a las oficinas centrales se cerraron y evitaron que la gente pudiera ingresar al despacho de Mora Vallejo, quien se atrincheró para evadir a los usuarios, y pidió guardias de seguridad para custodiar el inmueble.
Y es que, probablemente al igual que su servidor, las malas experiencias están a la orden del día, cada día más frecuentes, pese al excesivo personal de la empresa, cuya única “salvación”, ahora vemos, sería su concesión a cualquier otra empresa -¡Dios nos libre de Aguakán!-, o bien la inmediata remoción de su director general.
Como premio de consolación o pago de “factura”, creemos que ha sido fallido el experimento de Carlos Joaquín colocar a un político en un área tan estratégica como CAPA, donde no sólo supuestamente faltan dinero y equipo, sino también buena voluntad, contra la burocracia de jefes y trabajadores. 
Desde que eran directores José Alberto Alonso Ovando y Paula González Cetina, respectivamente, solíamos señalar que lo único bueno de CAPA era su titular de Comunicación Social, Míriam Chan, pero ahora ni eso. Está en ceros y con “numeritos” más ocultos o manoseados que unos gastos de campaña.
Al asumir la titularidad, Mora Vallejo se comprometió a elevar la calidad de servicios, ya que, como hoy, CAPA estaba al borde de la inoperatividad ante la mala administración de la gente de Borge, por lo que consideró importante mejorar la eficiencia del servicio, fortalecerlo y enfrentar los retos planteados por el nuevo gobierno.
La tarea no sería fácil, se publicó en ese entonces, toda vez que fue desastrosa la función de esa empresa, donde Borge también tuvo como titular a Gustavo Guerrero Ortiz, quien, en uso de discrecionalidad en el manejo de recursos, operaba como “caja chica” del Gobierno del Estado.
Del préstamo de 560 millones de pesos que recibió CAPA en diciembre de 2015, solo 34 millones se emplearon para manejar el crédito, y 20 millones para el pago de inversión pública, pero el resto se depositó en una cuenta del Gobierno del Estado y desapareció “misteriosamente”.
Por otro lado, Borge se habría transferido mil 50 millones de pesos por la ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, y la privatización del agua en Solidaridad, todo a favor de Aguakán, subsidiaria de Grupo Mexicano de Desarrollo, influyente corporativo que preside Jorge Ballesteros Franco.
La Secretaría de Finanzas y Planeación, que encabezaba Juan Pablo Guillermo Molina, también se agenció 198 millones de pesos que CAPA recibía anualmente de Aguakán por el uso de dos cárcamos, todo sobre lo cual el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, prometió que se fincarían responsabilidades. Otro cuento.
Precisamente al comparecer Gustavo Guerrero ante el Congreso, donde bebió un vaso de líquido turbio tomado de la llave para demostrar que “es sano”, el legislador le “deseó mucha suerte” y sugirió conseguir buenos abogados por los 506 millones de pesos que autorizó y transfirió a la Secretaría de Hacienda.
Estudios de laboratorio, empero, demuestran que el agua no es potable ni apta para el consumo humano. Un estudio del Laboratorio ABC Analítica, certificado por la Comisión Nacional del Agua y la Cofepris, arrojó que se sobrepasa el límite máximo permisible de dureza, de sulfatos y de sólidos disueltos.
Ahora bien, nos preguntamos, ¿Qué ha hecho Vallejo Mora en un año para darle seguimiento a los millonarios recursos desaparecidos? ¿Qué hecho por mejorar la calidad del agua? ¿Qué ha hecho para mejorar la presión que, en nuestro caso, nos afectó durante 27 días consecutivos? ¿Qué informará sobre CAPA Carlos Joaquín en septiembre próximo? ¿Qué el 100 por ciento de los quintanarroenses, incluida la zona rural, cuenta con agua potable?
Hasta octubre del año anterior, la Comisión adeudaba unos mil millones de pesos, enfrentaba 200 demandas de proveedores, la calidad y la presión del agua daban mucho que desear a los consumidores, en tanto Mora Vallejo, nombrado el 11 de septiembre, lamentaba la concesión a Aguakán en Solidaridad porque el sistema de este municipio era superavitario y subsidiaba a otros municipios, entre ellos José María Morelos.
También diría que el gobierno de Borge ya habría perfilado privatizar las redes de Cozumel y Chetumal, las últimas autosuficientes de la paraestatal, al menos en teoría en el caso de esta capital.
Por lo que se ve, no obstante, todo apunta a que se ha retomado la idea o, por lo menos, esa es la única impresión, ya que, aunque resultan odiosas las comparaciones, es verdaderamente vergonzoso estar regateando un líquido vital, el más caro del país y observar su presión y costo en la vecina Mérida, cuya Junta de Agua Potable (JAPAY) debiera servir de ejemplo a Chetumal.
Lo único cierto es que Mora Vallejo no ha podido con el paquete ¿Y así quería ser gobernador del Estado?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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martes, 8 de agosto de 2017

¿Seguirá mandando Félix en el TSJE?


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En medio de una serie de especulaciones y una lluvia de escándalos, que incluyen la próxima denuncia penal y solicitud de inhabilitación de una jueza, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) “eligió” este martes por unanimidad a su nuevo presidente, en sustitución de Fidel Gabriel Villanueva Rivero, uno de los más cuestionados en la historia del Poder Judicial en Quintana Roo.
         Tras las especulaciones del proceso, por tratarse de un funcionario que acompañará durante los próximos 5 años al gobernador Carlos Joaquín González, el voto de los 12 magistrados fue para el chetumaleño José Antonio León Ruiz, a quien la mayoría de los litigantes y clase política local identifica plenamente con el ex gobernador Félix González y la ex presidenta del TSJE.
         En efecto, León Ruiz, quien ofreció mejorar la impartición de justicia, redoblar esfuerzos y no traicionar la confianza de sus homólogos, se desempeñó como brazo derecho de Lizbeth Loy Song Encalada, en tanto se asegura que, al igual que Fidel Villanueva, estuvo involucrado activamente en la campaña del priísta Mauricio Góngora Escalante a la gubernatura.
         Poco acostumbrados a la cobertura de las actividades del Tribunal, hasta antes de que Fidel Villanueva fuera impulsado para su nombramiento como presidente por su primo Félix González, los medios informativos, sobre todo en redes sociales, dieron amplia difusión a las elecciones internas, aunque, en uno u otro caso, el “ganador” sería cuestionado, tal y como, ocurrió.
         También, como era de esperarse, las especulaciones estuvieron a la orden del día, sobre todo respecto a supuestas “negociaciones”, que nadie niega o afirma, pero que a nadie consta, así como tampoco que el reciente secuestro del ex alcalde de Othón P. Blanco, Diego Rojas Zapata, estuviera vinculado con el magistrado Gustavo Adolfo del Rosal Rivera, su yerno.
         Este funcionario era otro de los candidatos, chetumaleño cercano a los vilipendiados cozumeleños Félix y Borge, según los periodistas Hugo Martoccia y Luciano Núñez. Perfil, “altamente técnico más que político”, que creó un muro alrededor suyo y confrontó fuertemente a Fidel Villanueva por cuestiones administrativas, lo que lo acercó a grupos de Carlos Joaquín.
No obstante, tendría en su contra algunos fallos en asuntos de gente muy cercana al mandatario, inclusive a sabiendas, y de que el propio Carlos Joaquín estaría plenamente enterado.
Con todo, quien tenía más pronósticos en contra era la magistrada Verónica Gloria Acacio Trujillo, quien, avecindada en Cancún desde hace dos décadas, donde se desempeñaba como polémica litigante, fue funcionaria de la Procuraduría de Justicia en el sexenio de Joaquín Hendricks, lo que la haría favorita por su eventual coordinación con el Fiscal Miguel Ángel Pech.
En teoría, tendría en su contra la vinculación profesional con las causas de la escritora Lydia Cacho, dados los graves señalamientos de ésta contra el hermano del gobernador, Pedro Joaquín Coldwell. Además de haber roto relaciones vitales con Carlos Joaquín.
Por razones obvias, otro de los descalificados era Mario Alberto Aguilar Laguardia, quien, pese a su trayectoria, destreza jurídica y capacidad política para navegar en aguas turbulentas, tenía en contra a su familia y esposa, “actores” del “gobierno” anterior, sobre todo su hermano Raúl Aguilar, ex administrador de la Secretaría Estatal de Salud, quien, incluso, se habría amparado para evitar una posible aprehensión.
Asimismo, la ex esposa del magistrado, Lilián Villanueva Chan, quien fungiera como subsecretaria de Educación durante la administración de Borge, estaría siendo auditada por el gobierno de Carlos Joaquín.
Sin embargo, otro de los candidatos severamente cuestionados, pero que no por ello descartado, fue el magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal, ex director del Registro Público de la Propiedad, último reducto del paquete de “impunidad” de Borge, cuya destitución, dígase lo que se diga, continúa en manos del Congreso del Estado.
Las especulaciones sobre el resultado fueron múltiples, una de ellas en el sentido de que se habría conformado el “frente Zona Norte”, con tres votos: Carlos Lima, Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, a los que se habrían sumado García Escamilla y Felipe de Jesús Solís Magaña.
Tras varias especulaciones habrían quedado fuera los tres magistrados de reciente ingreso: Dulce María Balam Tuz, Verónica Gloria Acacio y Luis Gabino Medina Burgos, éste último con mayores posibilidades, aunque desde el gobierno supuestamente habría quedado clara la posición de Carlos Joaquín, en el sentido de mantener “sana distancia” entre Poderes.
Sin embargo, diversos medios refirieron que, mientras la población, clase política incluida, estaba más pendiente de los pormenores de la tormenta tropical que sólo terminó en intermitentes lloviznas para Chetumal, Carlos Joaquín se habría reunido con los principales actores de la sucesión del TSJE, incluido Fidel Villanueva, y dado “línea” para la elección de León Ruiz.
Aunque menos creíble, otra versión asegura que aunque Félix González dijo que no metería las manos, en la práctica se dio todo lo contrario con una supuesta reunión en la Ciudad de México, donde habría coincidido con Fidel Villanueva, León Ruiz y Mario Aguilar.
Los magistrados habrían abordado un avión en Chetumal a las 7 horas rumbo a la metrópoli, donde los esperaba un propio del ex mandatario para trasladarlos a un hotel del centro, donde el aún senador “convenció” a Mario Aguilar a votar por León Ruiz, quien, por cierto, también fue gente de confianza del hoy subsecretario de Gobierno, Joaquín González Castro, cuando éste fungía como presidente del TSJE.
Tras lo que se calificó como “cónclave”, los magistrados habrían retornado a Quintana Roo junto con Félix González, pero Fidel Villanueva se habría quedado en el Hipódromo “De Las Américas”, en la Av. Industria Militar s/n Col. Lomas Sotelo, Del. Miguel Hidalgo.
Cabe señalar que otro de los miembros del Tribunal es Juan García Escamilla, procurador Fiscal de la Secretaria de Hacienda con Borge, donde se iniciaría como persona cercana a esa administración, pero migró a juzgador independiente con perfil altamente técnico. En algún momento fue electo para supervisar a Fidel Villanueva, lo que le generó enemistad con éste.
Calificado como “Apasionado del Derecho”, sin embargo, el magistrado Luis Gabino Medina Burgos figuró para algunos como ad-hoc para el relevo, sobre todo por su experiencia en el servicio público en Yucatán, como asesor jurídico, encuestador, secretario investigador, capacitador electoral, técnico del INE, asistente de organización electoral, coordinador de Distrito, docente en Derecho Procesal Civil y en Licenciatura de Derecho.
De nada sirvió, así como tampoco sus múltiples cargos en Quintana Roo.
Como cabeza visible de Félix en el Poder Judicial, Fidel Villanueva es magistrado numerario desde 2009, avalado por la XII Legislatura, que presidía el tío del mandatario, el ex diputado Luis González Flores, aunque a los pocos meses de asumir Borge, obtuvo la presidencia del Tribunal en 2011 y se reeligió magistrado en 2015, cuando, entre las reformas constitucionales que aprobó en junio por la XIV Legislatura, se facultó  de prebendas excesivas al TSJE y su presidente.
León Ruiz, por su lado, fue designado magistrado en 2010 y se le reeligió en 2015 para un segundo periodo que concluirá en 2021. Fungió como secretario particular de Lizbeth Loy Song durante todo el sexenio de Félix.
Por su parte, Borge supeditó el Poder Judicial al Ejecutivo, al grado tal que en junio de 2016, la XIV Legislatura, que encabezaba Pedro Flota Alcocer, aprobó designar a Carlos Lima y Felipe de Jesús Solís magistrados numerarios del Tribunal durante el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, que el Congreso celebró a puerta cerrada en hotel de lujo de Cancún.
Un año antes, en 2015 se designó a Mariana Dávila y Adriana Cárdenas magistradas numerarias hasta el 2021, mientras que en 2013 García Escamilla -ahora involucrado en el caso VIP Saesa- y Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, lo fueron por la XIII Legislatura, también de mayoría priísta.
Por su lado Mario Aguilar fue nombrado magistrado numerario en 2011 para ocupar la vacante que dejó Gaspar Armando García Torres para convertirse éste en el primer Procurador General de Justicia de Borge. Antes, aquél se había desempeñado como consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO)
En torno al tema de la inminente denuncia y solicitud de inhabilitación de una jueza, es por haber negado la existencia de una orden de aprehensión en un informe justificado solicitado por un Juzgado de Distrito ante el cual un ex funcionario gestionó un Amparo, cuando que dicha orden SÍ existía, pero aquélla lo habría ocultado dolosamente por instrucciones “desde arriba”.
Pronto tendremos el nombre de la funcionaria, una copia completa del expediente, y lo pondremos a su consideración.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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lunes, 31 de julio de 2017

¿Involucrados, protegidos por “alguien”?


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

                                                       “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”: Benito Juárez
         No cabe duda de que los dichos se hicieron para modificar conforme a los intereses de quien convenga, y así, uno célebre del entonces presidente Benito Juárez, terminaría por ser cambiado, ya que aquél “…a mis enemigos, justicia a secas”, terminaría por parafrasearse como “a los demás, la ley a secas”, tal y como parece estar ocurriendo exactamente en Quintana Roo.
         En efecto, aunque nadie medianamente conocedor de la terminología jurídica ignora que los términos justicia y ley son perfectamente diferentes -el objetivo de la ley es precisamente la justicia-, lo que queda claro en el caso de nuestro Estado es que lo que equiparan con el tema del ex gobernador Roberto Borge son los términos “enemigos” y “los demás”.
         Lo anterior queda perfectamente claro, tan sólo por citar un ejemplo, en el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido el 4 de julio último, por una aparente serie de malos manejos que implicaría una multimillonaria pérdida para el patrimonio de Quintana Roo.
         Su captura se veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y comparecido ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno a los malos manejos de esa empresa durante el “gobierno” de Borge, que implicaban, al menos en teoría, a 11 ex funcionarios responsables de la firma de contratos por la renta y compra de aeronaves.
De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían los ex titulares de las Secretarías de Gobierno durante el periodos del Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, se incluyen al ex procurador fiscal y el ex tesorero de Finanzas y Planeación, Víctor Hugo Loyola y Roosevelt Erce Barrón Barrera, respectivamente, y al propio Acosta Gutiérrez.
Por lo menos, esa fue la lista original que manos “misteriosas” filtraron a los medios de comunicación, pero sospechosamente omitieron el nombre de uno de los “peces gordos” que, conforme a las actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos, a los que nos referiremos en su momento.
Aunque Ud. No lo crea, nos referimos a un laureado profesional oriundo de Cozumel ¡Víctor Manuel Alcérreca Sánchez!, un ingeniero químico, publicaría la prensa, cuyo afán por gobernar a un Estado que apenas conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a la que consideraba menos preparada frente a su currículum, “le llevó a falsificar documentos y adulterar su trámite de registro ante el IFE para preparar su camino a la gubernatura”, esto en 2003.
Egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alcérreca Sánchez, a quien 14 años después de aquel desliz durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz -cuando buscaba la diputación federal-, hoy se le pretende postular vía PRI a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, es uno de los principales personajes mencionados en el tema de VIP-Saesa.
También candidato, en su momento, a convertirse en Rector de la Universidad der Quintana Roo, y reconocido por el Colegio de Profesionales de la entidad -miércoles 23 de febrero de 2011- “por su destacada contribución al esfuerzo académico, tecnológico, administrativo y político”, figura como accionista en Actas, cuando fungía como titular de SINTRA ese año.
Ciertamente, el 5 de abril, en asamblea general ordinaria, el consejo directivo que firmó las actas que constituirían los ilícitos, que integró la Fiscalía General del Estado, lo formaban, entre otros, el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera como representante suplente del presidente del Consejo de administración, el gobernador Roberto Borge.
Por cierto, ante la orden de aprehensión en su contra, hace unas semanas Barrón Barrera habría sido despedido como director de la Administración Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa, sin que la Fiscalía de Quintana Roo, sospechosamente, hicieran algo por solicitar su detención.
Otro de los implicados y cuyo nombre se ha omitido en el tema VIP-Saesa, pese a figurar en las Actas, es el de Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Administración Portuaria Integral, cuya participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.
También aparece el tío del ex gobernador Félix Gonzáles, el ex alcalde y ex diputado González Flores, entonces titular de la Secretaría de gobierno, quien figuraba como secretario del Consejo de Administración de la empresa, donde el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, entonces secretario estatal de Hacienda, era tesorero del Consejo de Administración.
Los últimos nombres REALES son los del entonces procurador Fiscal de Hacienda -actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia-, Juan García Escamilla, quien fungía como segundo vocal del Consejo de Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el único detenido por el tema, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fungía como director general.
Por su parte, Alcérreca Sánchez, tenía como encargo el de primer vocal del Consejo de Administración, mientras que, irónicamente, quien NO figura en ese expediente es Gabriel Mendicuti, a quien Borge nombrara secretario de Gobierno hasta el 5 de marzo de 2013, precisamente en sustitución de Luis González, y nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era convocar a sesiones, llevar minutos y elaborar actas.
         En este sentido, todo apunta a que en el expediente relativo EXISTE un “desaparecido”, al menos para la opinión pública, y se incluye a quien nada tiene que ver, por lo que, así las cosas, ante la justicia y la ley, para la Fiscalía General, que dice ser independiente del gobernador Carlos Joaquín González, uno de ellos sería el amigo, y otro, el enemigo. Tan sencillo como eso: Víctor Alcérreca y Gabriel Mendicuti, respectivamente.
         Por si fuera poco -¿nueva “negociación?-, en el expediente que armó la Fiscalía también “desaparece” el nombre de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de actas del Consejo de Administración, aunque, eso sí, interprete Usted las cosas, no sólo es primo hermano del ex gobernador Félix González, sino también del gobernador Carlos Joaquín GONZÁLEZ.
         ¡Y volvemos a recordar la relación del mandatario con Mendicuti Loría! Fue su heredero en la presidencia municipal de Solidaridad (2005), y en dos ocasiones, su rival por la candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo ¿Tendría por qué ser su amigo ahora?
         Otra pregunta obligada es ¿Aplicará Carlos Joaquín la máxima de Juárez sobre la justicia?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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jueves, 27 de julio de 2017

Hermano de alcalde, ¡en cloaca de Borge!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En lo que constituye un nuevo escándalo político, la PGR y la Fiscalía General de Quintana Roo investigan a un grupo de empresarios que se conoció en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, todos compañeros y amigos del ex gobernador Roberto Borge.
El tema pareciera “normal” ante la serie de involucrados con el ex mandatario, pero uno de ellos sería nada menos que Germán Cristóbal Gaudiano Rovirosa, hermano del alcalde perredista de Villahermosa, Tabasco, Gerardo Gaudiano,
Las investigaciones, de las que se habrían desprendido varias órdenes de aprehensión, radica en la forma en que el grupo, a través de sus relaciones, comenzó a incrementar su fortuna, principalmente en los años en que Borge gobernó Quintana Roo.
Según carpetas de investigación de la PGR, los amigos de Borge habrían triangulado recursos de la entidad a través de negocios que establecieron con gobiernos de Tabasco y Yucatán, en una averiguación que involucra a 26 empresas y, por lo menos. 23 personas, en una red de corrupción que incluiría la venta ilegal de terrenos, la adjudicación ilegal de obra pública y el uso de empresas para el desvío de recursos.
Así las cosas, el grupo que más estaría en la mira las autoridades lo constituye el llamado “Grupo Cancún”, como hemos publicado, conformado por Edgar Méndez Montoya, Cristóbal Gaudiano, Alberto Silvestre Oriza Barrios y Edgar Díaz Martínez.
El grupo habría operado a través del “Grupo Desarrollador Rumega, SA de CV” que, conformada por dos presuntos prestanombres de Borge, uno de ellos Cristóbal Gaudiano (empleado de Edgar Méndez), se conformó en mayo de 2011, y de inmediato comenzó a ganar licitaciones de obra pública.
Germán Garduza Linares, operador de Edgar Méndez para Rumega, fue OM en Tabasco -uno de los “Mantras” más sagrados de religiones dhármicas como el nudismo-, muy cercano a Cristóbal Gaudiano, compadre y operador del ex gobernador tabasqueño Manuel Andrade, delegado del CEN del PRI en Quintana Roo (septiembre 2016) y asesor de control de gastos de campaña de Borge.
Por su parte, Edgar Méndez, presunto creador del Grupo Cancún, es socio de Ruiz Unitúa y Andrés Maíz, quienes estudiaron con él y Borge en el Tecnológico, así como Alberto Silvestre Oriza Barrios, ex director de Catastro durante el trienio de “Greg” Sánchez en Cancún, acusado de desviar 14 millones de pesos con el manoseo de tablas catastrales a través de su empresa, Cyden Consultoría, dedicada a la aerofotografía y datos geográficos.
El grupo de Edgar Méndez obtenía información privilegiada y adelantada por parte del Gobierno del Estado sobre futuras obras y los presupuestos asignados, a efecto de preparar cotizaciones ganadoras.
Más allá de eso, se presume que habrían amañado procesos de licitación concursando con empresas “fantasma” para asegurarse que la única real fuera la ganadora, esquema que habrían trasladado a Centro, Tabasco, tal y como se puso de manifiesto recientemente en la licitación de alumbrado público en ese municipio.
Para ese efecto, el recién electo gobernador Gerardo Gaudiano habría entregado dos obras de alumbrado a Traffic Light de México y otras dos a Infralux, pero, como se habría demostrado, ambas empresas son la misma, y ambas ¡con origen en Puebla! ¿Le “suena” el nombre del Estado?
Borge estaría involucrado en un mega-fraude inicial por 80 millones de pesos, en contubernio con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con quien tendría sociedades en común con más de 40 empresas, a través del Grupo Intra, propiedad de los hermanos jarochos Francisco y Javier Ruiz Anitúa.
“Casualmente”, el primero de éstos es compadre de Borge, y el segundo, de Duarte, todos beneficiados a través de “GD Rumega”, filial de Intra , con el que habrían maquinado millonarios contratos, desde dos meses de iniciar el sexenio de Borge, quien les habría entregado más de 80 millones de pesos en contratos en sus primeros 9 meses de sexenio.
Sospechosamente, el domicilio fiscal de Rumega en Chetumal es una casa de interés social semi abandonada y constituida por tres empleados, aunque la Desarrolladora también operó en Veracruz y Monterrey.
Así, apenas en noviembre último, 300 propietarios de predios aledaños al corporativo, encabezados por Ricardo Sánchez Chiunti, denunciaron que Marino Reyes Sosa y Onésimo Capistrán, empleados de Javier y Francisco Ruiz Anitúa, impedían con infraestructura y amenazas acceder a predios particulares en la zona norte del puerto.
Contra sus ofrecimientos de campaña, en el sentido de que viviría en un hotel o rentaría una modesta casa, el nuevo gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, estrenaría en breve lujosa mansión ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa.
Lo cuestionable del caso era que su construcción ¡estaría a cargo de Intra!, lo que remite al caso de Peña Nieto con el grupo Higa y la cuestionada Casa Blanca, que finalmente “devolvió” Angélica Rivera a ese consorcio.
Las oscuras relaciones de Roberto Borge con Intra y su filial GD Rumega, se remontan a 5 años, según se documentaría un año después, cuando se denunció a un operador político y a un compadre de Borge como socios de esta empresa, ganadora de licitaciones “a modo”.
Éstos eran Edgar Méndez -vivía en Cancún- y Francisco Ruiz Anitúa, creadores de GD Rumega, que se convirtió en la “favorita” del ex mandatario, y en sólo 7 meses, a través de Sintra, le habría asignado 10 licitaciones, para lo cual le entregaría información anticipada para eliminar competidores.
Otros socios eran el empresario regiomontano Andrez Maiz y el hermano de su “compadre”, Javier Ruiz, pero, formalmente sólo aparecían los “prestanombres” Cristóbal Gaudiano y Raúl Gilberto Ramos Espinosa, empleados de Edgar Méndez y Francisco Ruiz, respectivamente, aunque también formaba parte el tabasqueño Germán Garduza Linares, operador de Edgar Méndez que colaboró en la campaña de Borge.
Germán Garduza contactaba a Sintra y monitoreaba la asignación de las obras. Su nombre aparece en numerosos correos internos de GD Rumega, con constancias de información privilegiada para elaborar las propuestas ganadoras de los concursos en licitaciones.
Así, a partir de octubre del 2011 “ganó” construir el hospital de Nicolás Bravo, ampliar los Juzgados de Playa del Carmen, mejoramiento urbano de Puerto Morelos, equipar 5 playas de Cancún, un kínder y una primaria de Mahahual -esta última, cancelada-; ampliar el Cecyte IV de Cancún, el Parador Turístico de Puerto Morelos y modernizar la carretera Nuevo Becar.
Además, en abril del 2012, GD Rumega obtuvo las licitaciones para construir los dos primeros CIPIs (Centro Integral de Primera Infancia)  de la Fundación “ALAS” de Shakira, en Cancún y Chetumal, en el primero de los casos se denunció la entrega ilegal del terreno en Villas Otoch Paraíso.
A efecto de cumplir con un formalismo de imagen, la empresa se inscribía en proyectos donde sabía que no ganaría, aunque en todos los demás casos recibía de Sintra información anticipada sobre los presupuestos base de los proyectos a licitar para facilitarles entregar la propuesta ganadora, según consta en sus propios correos internos.
La seguridad de que ganaría por acuerdo político, le permitía en forma paralela iniciar un proceso de solicitud de cotizaciones de los proyectos con otras empresas para subcontratar la obra una vez asignada, ya que carecía de capacidad técnica y maquinaria para ejecutar por sí misma los proyectos.
GD Rumega se creó un mes después de la toma de posesión de Borge, con el único objeto de beneficiarse de los proyectos de obra pública, lo que constituyó un claro caso de corrupción y tráfico de influencias, sobre cuyas investigaciones se ha mantenido amplio sigilo que probablemente se convierta en “negociación”.
En cualquier caso, se espera información oficial por parte de la Fiscalía, a efecto de evitar malos entendidos sobre este tema que ha tenido amplia difusión a través de diversos medios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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