sábado, 17 de febrero de 2018

Elecciones 2018: ¡Apuesta a la corrupción!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a las “buenas intenciones” de la autoridades, electorales sobre todo, México inició este año en un contexto de auténtica crisis política, del descrédito de partidos e instituciones y con una serie de deficientes controles para evitar contiendas inequitativas, tal y como lo vivimos recientemente en junio último en el Estado de México.
Para desgracia de todos, estamos inmersos en el proceso electoral más grande y costoso de la historia del país, con más de 3 mil 416 cargos de elección popular en juego. La situación no es problema de un partido, sino un asunto de Estado.
Nos enfrentamos a un difícil escenario, ya que se renovará casi todo el mapa político del país. Tan sólo en Baja California y Nayarit no habrá comicios electorales locales, a lo que se suma el empleo de instituciones -como la Sedesol- para fines electorales, así como la presión a los ciudadanos para la manipulación del voto.
La crisis y desconfianza son evidentes. Nunca antes como hoy se había puesto en evidencia un número tan elevado de ex gobernadores presos o en problemas con la justicia. Es indignante la lista de ex mandatarios del PRI vinculados a procesos, algunos detenidos y otros aún prófugos: Andrés Daniel Melo (Tabasco), Jesús Reyna García (Michoacán), y los veracruzanos Flavino Ríos Alvarado y Javier Duarte de Ochoa.
También se incluyen en la lista Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), los tamaulipecos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores; el chihuahuense César Horacio Duarte Jáquez, y los quintanarroenses Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo, aunque no pocos esperan completar la tercia con Félix González.
Por si fuera poco, el PAN tampoco escapa de la magra relación, con el sonorense Guillermo Padrés Elías y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.
Así las cosas, existen otros elementos objetivos que distorsionan y corrompen la finalidad de los comicios, como la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por un lado, los altos niveles de violencia que padecen algunas zonas complican desde ya la postulación de candidatos y el reclutamiento de funcionarios de casilla, y por el otro, la pobreza reproducirá, como siempre, el tradicional círculo clientelismo-inequidad.
Desafortunadamente, el PRI y el PAN le apuestan a llegar al 1 de julio sin que el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral Federal hayan logrado detener el desvío de los recursos de programas sociales y la compra y facción del voto.
Dígase a lo que se diga, nos enfrentaremos a elecciones similares a las recientes del Estado de México y Coahuila, donde no ganaron los mejores, sino los más tramposos o los que contaron con más recursos, ya sea del partido del gobierno, a través de programas sociales, o el que empleó fondos de dudosa procedencia.
Por un lado, es sabido que, en la mayoría de los casos, se utilizan los programas sociales que operan por los gobiernos estatales porque escapan a la fiscalización.
En pocas palabras, la política estatal social es una gran “caja negra” de recursos para el comportamiento tramposo de los políticos, y de ahí la exigencia ciudadana en el sentido de que las autoridades competentes apliquen sanciones ejemplares, entre ellos el retiro de candidaturas o del registro de partidos.
Los ciudadanos exigimos más a los partidos, ya que siempre juegan a engañar a la autoridad. La gente debe aumentar su nivel de exigencia ejerciendo presión hacia las autoridades y fuerzas políticas, que acaban cínicamente imponiendo sus decisiones.
Uno de los mejores ejemplos es el caso de Chihuahua, donde resulta injusto que la población sea víctima de un conflictos de partidos, en este caso del PAN y el PRI que, en un “toma y daca”, buscan el deslinde de culpas y de inconsistencias administrativas en el tema presupuestal, aunque  por encima del beneficio de la población.
No obstante, en la propia versión de la Secretaría de Hacienda estuvo la admisión de culpa, en el sentido de que habría mentido al retenerle ilegal y arbitrariamente 700 millones de pesos a esa entidad como represalia por la detención el 20 de diciembre de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, lo que demuestra su inconsistencia de argumentos.
Lo cierto es que, con la mirada de las fuerzas armadas como advertencia ante los probables reclamos e inconformidad con los procesos y resultados de las próximas elecciones, todo mundo teme que imponga su voluntad el “dueño de las canicas”, es decir, quien ejerce el poder absoluto, lamentablemente, con sometimiento de los demás Poderes.
Lamentablemente, todo mundo sabe quién es su enemigo a vencer, y el papel de la población, como simples ciudadanos, será derrotar y someter a esa corrupción con una histórica votación, que no deje lugar a dudas en todo el país y el ámbito internacional.
         ¡Esa es la convocatoria!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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jueves, 15 de febrero de 2018

Félix González, ¿cerca del patíbulo?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Olvidado en algún escritorio de la PGR, donde probablemente duerme “el sueño de los justos”, la denuncia que interpuso hace 5 meses la presidenta de la organización “Somos tus ojos”, Fabiola Cortés Miranda, contra el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González, apareció hace unos días en redes sociales, avalada por la llamada “Sociedad Civil Unida por México”.
Con un interesante “bigote” que indica que “el líder del cártel Quintana Roo tiene nombre y apellido” (Félix González) -nos seguimos negando a escribir su segundo apellido-, transcribe prácticamente la columna que Fabiola Cortés publicó el 18 de septiembre último con el título “Quintana Roo, sobre cimientos de corrupción. Se interpone denuncia contra otro ex gobernador”.
Sin embargo, aparentemente cuidando la “imagen” del gobernador Carlos Joaquín, así como de familiares y funcionarios de éste, la nota aparece notoriamente “rasurada” en la parte final, en uno de los subtítulos que indica que “parientes y funcionarios del actual gobernador Carlos Joaquín, parte de la entrega ilegal de predios”.
En este sentido, omite que el subsecretario de ingresos de Carlos Joaquín, el primo de Félix, Jaime Manuel Zetina González, también fue beneficiado ilícitamente con terrenos propiedad del patrimonio del Estado, ya que el 2 de septiembre de 2010, el IPAE le vendió en 2.1 millones de pesos un terreno de 6 mil 667 metros cuadrados en Akumal que, con valor catastral de 5.4 millones, el 21 de septiembre de 2012 Zetina González vendió en 8 millones, con una ganancia de 6 millones de pesos en dos años.
En la administración de Roberto Borge, Jaime Zetina recibió de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, firmado por Mauricio Rodríguez Marrufo, un predio de 1801.53 metros del Fundo Legal de Cozumel, por el que pagó un millón 088 mil 856 pesos, pero pagó menos de lo que costaba, además, de tratarse de un lote parte de “área verde”.
El funcionario, uno de los hombres más cercanos a Félix, se asoció con éste en la empresa Servicios Marinos Holbox SA de CV, donde también figuran Emilio Alberto Gamboa García, Nayn Manuel Moguel Ordaz y Naín Moguel Canto.
Otro funcionario que también habría sido beneficiado con el patrimonio inmobiliario es Miguel Ramón Martín Azueta, quien fuera jefe de la ahora desaparecida Oficina del Gobernador, cargo que Carlos Joaquín le habría creado ex profeso como amigo personal, pero al que recién renunció para buscar la candidatura a diputado federal de la mano de Movimiento Ciudadano.
 El ex alcalde de Playa del Carmen habría obtenido el 24 de agosto de 2010 un predio de 5 mil 749 metros cuadrados, por el que habría pagado un monto subvaluado de 805 mil pesos por un terreno ubicado cerca de la plaza comercial Centro Maya y exclusivos fraccionamientos. Con Borge el predio lo clausuró la Profepa por el ilegal relleno de un cenote y la deforestación de 5 mil 964 metros.
Además de ellos, conforme a la denuncia, también familiares cercanos, y no tantos de Carlos Joaquín habrían adquirido predios patrimonio del Estado, entre ellos Ignacio Nassim Ruiz Joaquín -hijo de Addy Joaquín Coldwell-, así como Pedro Óscar y Nassim Joaquín Delbouis, ambos hijos del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
También omitido, y con el subtítulo “Por qué la PGR debe investigar”, la columna del portal “Somos tus ojos” explica que, al igual que con la denuncia contra Borge, la PGR debe indagar las circunstancias que rodean la venta de los cientos de predios que desincorporó Félix, ya que se trata del mismo “modelo de negocio”, además de nombres repetidos con Félix y Borge.
En efecto, la PGR debiera indagar, con apoyo de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, si la venta y reventa de predios violan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; las formas de pago; el origen de los ingresos de los participantes; la constitución de las personas morales, y si los ingresos de éstas ser reportaron al SAT o se utilizaron sólo para trasladar las propiedades.
Con un deslinde del empresario de Tulum, Emilio Heredia Lima, del desarrollo hotelero-inmobiliario Mayazama, y de haberse beneficiado con la entrega de terreno, la sospechosa operación masiva de inmuebles involucra, no sólo a quintanarroenses, sino también a empresarios yucatecos, dos miembros del Senado ¡y hasta un ex titular de la PGR!
Con el título ¡Ahora dice Félix ser “angelito”!, el 21 de septiembre último publicamos En primera fila una serie de datos en tono al papel de Félix y el IPAE, aunque omitimos al ex Rector de la Universidad de Quintana Roo, el líder estatal de Morena, José Luis Pech Várguez, aspirante al Congreso de la Unión http://luisangelqroo.blogspot.mx/2017/09/dice-felix-ser-angelito-por-luis-a.html
         La denuncia sobre el tema, en tres anexos con 156 hojas con detalles de predios vendidos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, la presentó Fabiola Cortés el 14 de septiembre, por el remate de 165 predios patrimonio del estado a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
A punto de concluir el periodo de Félix en el Senado, explicó que la prescripción de delitos se interrumpe mientras el involucrado goza de fuero constitucional, por lo que la denuncia debe investigarse en virtud de que el ex mandatario concluyó su sexenio en abril de 2011, y en septiembre de 2012 asumió el cargo de Senador, y aun goza de fuero… hasta julio próximo.
El “modus operandi” de la venta de predios fue a través de un esquema totalmente discrecional y sin apegarse a lo que dispone la Ley del Patrimonio Inmobiliario del estado. Así, si el remate de predios de Borge resultó escandaloso, el de su antecesor lo supera en número de terrenos y plusvalía, así como en involucrados, varios de los cuales se repiten.
Uno de los más grandes negocios de Félix fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios entre ellos sus prestanombres, así como un personaje vinculado directamente al senador yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene estrecha amistad con el ex procurador Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.
Como gobernador, Félix cedió a un grupo de empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el entonces Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo, de esos terrenos 31 hectáreas pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Entre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios, Mayazama, cuya primera fase está vendida y habitada. Está también otro de los desarrollos más controvertidos llamado inicialmente Down Town Tulum, cuyo nombre debió cambiar ante la presión de grupos ecologistas.
Las 321 hectáreas que Félix cedió a Mayazama y socios a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) fue a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades.
A través de la escritura pública 22824, de 31 de diciembre de 2007, pasada ante el desaparecido notario chetumaleño número 5, Reynaldo Vanegas Marín, se conocen los antecedentes de un negocio turbio en el que están involucrados además de Félix, empresarios como Díaz Castellanos y Rodolfo Rosas Moya, (su socio y prestanombres), así como los hermanos Francisco Javier y Francisco Evadio Garibay Osorio, este último ex titular del INVIQROO y del IPAE, esto en los primeros meses de Félix.
También son parte de la sociedad Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.
En el Antecedente séptimo de la mencionada escritura, consta que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados (lote 001, manzana 001 de la supermanzana 002 del polígono 4 de Tulum), con un precio pactado de 208.7 millones de pesos, o sea a 15 pesos el metro cuadrado de un terreno donde se proyectaba exclusivo y lujoso desarrollo turístico inmobiliario, cuyo metro cuadrado vale hoy cerca de seis mil pesos.
La oferta no sólo estuvo en el precio, sino en la forma de pago: A cinco años de plazo, aunque se extendió hasta el gobierno de Borge.
A las más de 321 hectáreas rematadas a Mayazama, se agregan 31 hectáreas que eran patrimonio a la Universidad de Quintana Roo, y que Félix ordenó regresar al IPAE paras vender a Mayazama.
En el contrato, firmado el 22 de febrero de 2008, entre el entonces Rector, José Luis Pech y el IPAE, se hace efectivo el del 13 de diciembre de 2007, mediante el cual la Universidad aceptó regresar al IPAE un terreno que el ex gobernador Mario Villanueva Madrid le entregó por decreto de 30 de abril de 1997.
Múltiples caminos se bifurcan en los negocios de Félix y los empresarios y políticos yucatecos, donde los nombres se repiten en nuevas inversiones y desarrollos, que van de Quintana Roo a Yucatán, con las mismas empresas y proyectos.
Así, los socios de Mayazama serían los mismos que adquirieron en Yucatán y en oferta, terrenos de la Siderúrgica, donde, a través de Inmobilia Desarrollos, construyen un complejo de lujo Emilio Díaz Castellanos, Roberto Kelleher Vales, Carlos Alberto Palma Rodríguez, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez y María Isabel Mantecón Ponce (esposa de Díaz Castellanos) A su vez, son los mismos dueños del proyecto Country Towers.
Otro nexo entre priístas y el ex titular de la PGR surge con otro predio de Playa del Carmen, adquirido por el suplente de éste en el Senado, el capitalino Ricardo Urzúa Rivera.
Con una superficie de 154 mil 709 metros cuadrados, el IPAE le asignó al terreno de más de 15 hectáreas un valor de un peso por metro cuadrado, esto es, 154 mil 709 pesos. El 8 de diciembre de 2005, el IPAE, con Francisco Evadio Garibay, lo vendió a Servicios Aéreos Milenio, de Ricardo Urzúa Rivera, en 3 millones 094 mil pesos.
El 8 de junio de 2007, la empresa lo transmitió a “Corporación GEO”, que representaban Víctor Segura Gómez y Luis Ignacio Abdeljalek Martín, en 22 millones 517 mil pesos, lo que significa que en año y medio el predio pasó de 3 a 22.5 millones de pesos, con lo que Urzúa Rivera obtuvo una ganancia de 19.5 millones de pesos.
Tres meses después, el 21 de septiembre de 2007, Corporación GEO vendió el terreno a “Bacalar Bienes y Raíces”, representada por Elías Reyes Castellanos, en 33 millones 988 mil pesos, con lo que, en dos meses, el terreno elevó su plusvalía en casi 11 millones de pesos.
Entre los socios de Urzúa Rivera se incluye “Servicio Gobernadores”, representada por Gabriel y William Jorge Karam Kassab, ligados a la industria gasolinera y a múltiples políticos priistas de primer nivel, como Roberto Madrazo, y empresarios de primera línea como Carlos Hank Rohn.
Otro de los intereses directos de William Jorge Karam en Quintana Roo se reveló tras hacerse público que es representante de Inmobiliaria Moka, una de las empresas que adquirió lotes en el polémico Malecón Tajamar.
Servicios Aéreos Milenio tuvo especial crecimiento con el ex gobernador poblano, Mario “Preciso” Marín, principal usuario de sus naves, quien le favoreció con contratos por hasta 132 millones 485 mil pesos, en tanto Urzúa Rivera también recibía favores de aquél, quien primero lo hizo suplente del diputado federal Ardelio Vargas Fosado, y al final del sexenio lo premió con una diputación local.
El 14 de junio de 2010, una avioneta se accidentó en Felipe Carrillo Puerto, donde perecieron 9 colaboradores del equipo de campaña de Borge, entonces candidato a gobernador. A pesar del hermetismo, se supo que la nave era propiedad del Grupo Aéreo Xiknal, parte de Servicios Aéreos Milenio.
En septiembre 2014, Urzúa Rivera asumió como suplente de Cervantes Andrade, quien se incorporó a la docencia y posteriormente cuando éste asumió como Procurador en octubre de 2016.
Expansión publicó en agosto pasado que Borge pagó a Servicios Aéreos Milenio, a través de Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP-Saesa), más de 101 millones 200 mil pesos en contratos.
Los nexos entre Raúl Cervantes y Quintana Roo fueron obvios, por ejemplo, a través de Emilio Gamboa, amigo y socio de Díaz Castellanos.
El 25 de octubre de 2016, cuando Cervantes dejó el Senado, agradeció y remarcó su amistad con Gamboa Patrón, a quien dijo haber conocido como titular de la SCT, y él abogado nacional de industrias de transporte, litigando, o negociando.
Por otro lado, también fluyen vínculos de Emilio Gamboa con Quintana Roo a través de la clase empresarial yucateca, grabados en la historia cuando en octubre de 2016 el ex líder del PRI aterrizó con Díaz Castellanos en su helicóptero en el Área Natural Protegida “Arrecife Alacranes”, junto con el desaparecido Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
Con todo, más claro es el nexo y conflicto de intereses que pudo tener Raúl Cervantes, en el caso de Ricardo Urzúa, beneficiado por Félix.
La lista de nombres de empresarios beneficiados por el ex gobernador es larga. En los anexos vuelve a aparecer Luis Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, quien, junto con sus amigos, continuó el negocio de sus padres a costa del patrimonio de Quintana Roo.
Los mismos nombres y apellidos que se repiten son Eloy Cáceres Delgado y su esposa Gabriela Wejebe Gene; Graciela Claudina Vales Cámara, esposa de Jorge Montalvo Ferraez; Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas, constituida por Carlos Antonio Vales Ochoa, y otros, y por las personas morales Hispanoamericana de Inversiones (cuyos socios son Playa Sur Condominios y Roberto Marroquín Sámano), y Muebles e Inmuebles Corporativos (socios Luis Alberto Montalvo Ferráez y esposa Martha Elena Millet Molina; Graciela Claudia Vales Cámara y Raúl Montalvo Escamilla.
Inversiones y Desarrollos, constituida por Eloy José Cáceres Wejebe, hijo de Cáceres Delgado, y Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Montalvo Ferráez; Desarrollos Simca, integrada por dos personas morales: Desarrollos Monsi (que tiene de socios a Luis Alberto Sierra Sauri y Rodrigo Montalvo Vales), Innova Inmobiliaria (tiene como socios a Cáceres Wejebe y Montalvo Millet)
Se trata de múltiples empresas en las que participan los mismos empresarios yucatecos que han logrado parte de su fortuna con la complicidad de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán.
Otro empresario parte del expediente contra Borge y al que también benefició generosamente Félix, es Ricardo Antonio Vega Serrador, considerado su prestanombres. Éste utilizó empresas para obtener predios patrimonio, como Inmobiliaria Chiluca, Inmobiliaria Koh, Paloma del Sureste Inmobiliaria, Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maltico e Inmobiliaria La Rotonda.
Vega Serrador es conocido como “zar de las gasolineras” del Sureste, y varios de los predios que le entregó el IPAE están ocupados actualmente por estaciones de gasolina.
Durante su criticable sexenio Félix sólo se sabía que habría vendido a particulares 877 predios, aunque saber en cuánto cada uno y quiénes requeriría de miles de horas, pues el IPAE siempre  se negó sistemáticamente a informar, excepto con un folio del Registro Público de la Propiedad.
         ¿Por qué ocultar los montos? Obvio, Félix habría vendido a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino habría cumplido su promesa de distribuir la riqueza, pero a favor de unos cuantos.
         A punto de concluir como Senador, Félix perderá su fuero, y toda posibilidad de continuar con la inmunidad e impunidad que le caracterizó frente a tantas denuncias. También podría perderá la protección del próximo ocupante de Los Pinos, aunque conservaría el “calor” del eterno Gamboa Patrón y Raúl Cervantes, quien, irónicamente, era candidato a convertirse en el zar “Anticorrupción” de todo el país.
                 
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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jueves, 8 de febrero de 2018

¡Reeditan “guerra sucia” contra AMLO!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Alentado por el éxito de sus sucias estrategias de campaña frente a las anteriores elecciones presidenciales, el Revolucionario Institucional, de la mano del presidente Peña Nieto, prepara una nueva “guerra sucia” contra el aspirante el Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien, como desde el principio, continúa encabezando las preferencias electorales.
         Para ese efecto, tal y como operaron en 2012, con ocasión de la campaña de Peña Nieto, cuando el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, encabezó la campaña de desprestigio contra el entonces candidato de la coalición Movimiento Progresista, el PRI-gobierno ha echado mano de conocido extranjero.
Según se ha difundido masivamente por redes sociales, único aliado de López Obrador, se trataría del venezolano Juan José Rendón, conocido en el ámbito político como “el mercenario de las campaña”, al menos el único NO mexicano detectado hasta ahora, a diferencia de hace cerca de 6 años, cuando lo que abundaron fueron los extranjeros.
En aquel entonces, los coordinadores de las campañas presidenciales del PRI-PVEM, PAN, y de la coalición Movimiento Progresista, Luis Videgaray, Roberto Gil Zuarth y Ricardo Monreal, respectivamente, se enfrascaron en ríspido debate a propósito del presunto “pase de charola” de colaboradores del tabasqueño.
Ante los micrófonos de Radio Fórmula, con Joaquín López Dóriga, Monreal aseguró que el supuesto “pase de charola” a empresarios era parte de una “campaña negra” orquestada por los ¡42 asesores del candidato Peña Nieto!, con lo que reeditaban la campaña de desprestigio de 2006, cuando la moda era el “peligroso” que sería para México que ganara Andrés Manuel.
Lo cierto es que en 2012 Peña Nieto y Videgaray habrían contratado a 42 “asesores”, pero 20 de ellos de nacionalidad extranjera para difundir una campaña en el sentido de que Andrés Manuel sería culpable de la crisis financiera europea, que tendrá repercusiones en México en la devaluación del peso. De este tamaño https://youtu.be/l7xV1qujuwQ
Así las cosas, ahora que las autoridades electorales institucionalizaron prácticamente el fraude electoral con la aprobación del reparto de tarjetas con dinero como propaganda sin ninguna consecuencia para candidatos y partidos, urge analizar el papel de los “intoxicadores” profesionales de las campañas y la “guerra sucia”.
¿Qué tan legal es el espionaje informático en las campañas, esa “guerra sucia” y la contratación de expertos en marketing electoral, cuyo objetivo principal es aniquilar con todo tipo de mentiras, propaganda barata y campañas difamatorias, por encima de la ética y la moral?
Conforme al portal sinembargo,mx la falta de regulación de esos y otros agentes dañinos a la democracia que lastiman la legalidad y el estado de Derecho, provocan una carrera desigual rumbo a la Presidencia de México en las próximas elecciones, en una campaña cruel, sucia, manipulada e intoxicada.
En el caso especial de Juan José Rendón, se trataría de una suerte de “gurú fascista” -publicista-, especializado en espionaje informático, cuyo historial se centra en campañas difamatorias en Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela y México, entre otros.
Una de sus últimas infamias sería en Colombia, donde lo acusaron de recibir 12 millones de dólares del narcotráfico para la reelección de Juan Manuel Santos, pero renunció, y en 2016 Estados Unidos le otorgó asilo político, aunque gracias a las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, que trabajaba con él, se conocieron sus “métodos” para intoxicar campañas.
Con la publicación ¿Cómo hackear una elección?, la revista Bloomberg Businesweek reveló que Rendón trabajó en 2012 para el PRI, utilizó espionaje informático, robó estrategias y manipuló medios sociales para crear falso entusiasmo y burla contra los opositores de Peña Nieto.
Rendón habría hackeado teléfonos, clonado webs y enviado mensajes de correos electrónicos masivos para asegurar la victoria priísta ante López Obrador y a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, cuyos discursos eran conocidos tan pronto como se redactaban, por lo que se sabían de sus reuniones y horarios de campaña antes que sus propios equipos.
A Rendón, quien vive en Miami, no le interesan la ética, moral o decisión de los electores, mucho menos los valores supremos de la libertad o la verdad, por lo que diría hacer “lo que esté a mi alcance dentro de la ley para que AMLO no llegue a la presidencia”.
Titular de la revista mexicana “Líder”, que lo presenta como “el mejor estratega político de Latinoamérica” porque de 29 candidatos para los que trabajó, 26 llegaron al poder, aquélla no explica, sin embargo, los sucios métodos para que llegaran al poder.
Las burdas estrategias del mercenario quedaron al descubierto en Venezuela, cuando aparecieron pintas a favor de López Obrador y ser atribuyeron a Rendón para “intoxicar” las elecciones mexicanas y seguir con la “guerra” que compara a AMLO con Chávez, y advertir a los mexicanos de que en caso de ganar, México se convertiría en una Venezuela con los mismos problemas.
A estos mercenarios como Rendón o el español Antonio Solá, que contrató Vázquez Mota, habría que añadir los intereses de buena parte de la prensa estadounidense, ya que Donald Trump no ve con buenos ojos el posible triunfo de AMLO, a quien la prensa más cercana a él, se ha dado a criticar al líder de Morena, a través de varios medios como la cadenas CNN, que dirige la cubana Cynthia Hudson
Algunos periódicos como The Washington Post relacionan a López Obrador con Vladimir Putin y el supuesto apoyo de Rusia a su candidatura, en una “investigación” de su reportera Frida Gitis, en base a la relación de John Ackerman como académico comentarista de la cadena de televisión RT.
Por lo pronto, al candidato de Morena lo mencionan con un simple “López”, como estrategia de la contra-propaganda electoral que le pretende seguir comparándolo con el simple “Chávez” para ensuciar su camino.
Lo cierto es que se advierte que la campaña electoral será encarnizada, salvaje, violenta, sucia y muy previsible, por lo que habría de tener sumo cuidado en no dejarse engañar y analizar bien los mensajes, ya que “el baile apenas empieza”. http://www.sinembargo.mx/15-01-2018/3373736
¿Quién es Juan José Rendón? De acuerdo con una semblanza publicada en la página www.jjrendon.com se trata de un psicólogo, comunicador y publicista que cuenta con dos posgrados en Ontopsicología y Desarrollo Organizacional; así como tres especializaciones en Psicología de la Comunicación de Masas, Planificación Estratégica y Gerencia en Publicidad y Mercadeo.
Ahora convertido en aliado del alicaído priísta José Antonio Meade, Rendón es Caracas, Venezuela, con una trayectoria de 25 años en campañas políticas, tanto presidenciales, estatales y municipales.
El polémico estratega político es conocido por trabajar al lado del PRI como orquestador de escándalos y campaña sucia contra sus adversarios. Como él mismo informa en su página oficial, fue parte de la campaña de Peña Nieto en 2012.
Su principal estrategia del proceso electoral de ese año fue ensuciar la figura e imagen de López Obrador y dar continuidad a la frase "AMLO es un peligro para México", acuñada en 2006 por el consultor español Antonio Sola, aunque se ha declarado enemigo del gobierno chavista en Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, por lo que busca seguir enmarcando al abanderado de Morena con el régimen autoritario.
Independientemente de que los mexicanos se dejen “manejar” o  no, el Instituto Nacional Electoral debería responsabilizarse en su rol de árbitro de la contienda y, en primera instancia, obligar realmente a desglosar gastos de campaña de todos los candidatos, sobre todo en el caso de Peña Nieto, tal y como se planteó infructuosamente desde 2012.
Otra instancia que también jugará un papel determinante es la acéfala PGR que, sin embargo, hace 6 años enmudeció ante la demanda que interpuso en Estados Unidos el empresario José Luis Ponce de Aquino contra Peña Nieto, por conspiración y fraude por 56 millones de dólares por una transferencia internacional de fondos desde tres países a una cuenta de Monex.
Además, también Alejandro Carrillo Garza Sada estuvo involucrado en el financiamiento de esa campaña, aparentemente con dinero ilícito, lo que se reflejó en lo que se vería venir en los próximos meses: Gastos irracionales en electrodomésticos, lavadoras, televisores, así como en tarjetas de despensa, con mil pesos, en empresas de alimentos, relojes y juegos de mesa.
Pero además habría que blindarle las manos a la Secretaría de Desarrollo Social que, encabezado en Quintana Roo por la delegada priísta Rosario Ortiz Yeladaqui, “suele” meter las manos en todas las elecciones…ay sabe Usted a favor de qué partido.
En fin, además del “baile” que recién inicia, se vislumbra un negro, muy negro panorama para el proceso 2018… con los militares enfrentando cualquier inconformidad que ellos califiquen como violatoria de la Ley de Seguridad Interior ¡Dios nos cuide!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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martes, 6 de febrero de 2018

¡Más “cola” con el caso Vergara!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         A dos días de que el juez de control emita una resolución en torno a la demanda contra el ex titular de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, por “lavado” de dinero, el tema del otrora colaborador de mayor confianza del gobernador Carlos Joaquín parece complicarse cada vez más, al involucrarse una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas.
         En efecto, el juez que liberó la orden de aprehensión por demanda del Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinará este miércoles si el ex funcionario recibe una suerte de formal prisión y se le traslada a la cárcel, ya que sólo goza de libertad en virtud de no ser grave el delito que se le imputa, aunque, como medida cautelar, habría depositado una considerable fianza, cuyo monto se ignora.
         Como era de esperarse, intereses encontrados dieron origen a una serie de versiones, la principal de ellas en el sentido de que obtuvo su libertad por no haber acreditado su responsabilidad la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando que, en realidad, se acreditó perfectamente el delito.
La detención del ex funcionario, quien también podría perder la posibilidad de ser candidato a diputado federal por la coalición PAN-PRD, el primero de los cuales, al igual que el propio gobernador Carlos Joaquín, se desmarcó públicamente del aspirante, se realizó en la ciudad de Cancún.
Víctima del llamado “llueve sobre mojado”, Vergara Fernández también es señalado de haber “lavado” dinero en su natal Puebla en complicidad con el otrora aspirante a la Presidencia de la República, el ex gobernador panista Moreno Valle, entonces “gallo” de Carlos Joaquín, cuya candidatura habría financiado.
Asimismo, el ex secretario de Finanzas habría “lavado” dinero del ex diputado local y ex alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, además de que, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sería accionista de por lo menos 15 empresas que no reportó en su declaración 3de3.
En relación con la magistrada del Poder Judicial de Quintana Roo, en lo que se podía configurar un eventual conflicto de intereses, se trata de Verónica Acacio Trujillo, señalada por diversas publicaciones como socia de Vergara Fernández en las empresas Maeco Empresarial de Control Administrativo, Tradiciones del Caribe, Orgullo del Caribe y Tesoros del Caribe.
Designada polémicamente en noviembre de 2016 junto con Luis Gabino Medina Burgos y Dulce María Balam Tuz como magistrada de número por seis años -hasta noviembre de 2022- para completar a 12 el número de miembros de este Poder, su nombre surgió de una terna que “recomendó” Carlos Joaquín.
Curiosamente, Verónica Acacio, a quien, entre otros, se acusó de litigar a través del abogado Marco Larroza para fijar una fianza de 41 millones de pesos a Diego Gutiérrez Marcos por la presunta falsificación de documentos, sería socia en seis de las 15 empresas que no reportó Vergara Fernández en su declaración 3de3.
  Respecto al “lavado” de dinero en Puebla, la ex diputada federal del PAN y precandidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, exhibió facturas en la compra de mototractores y propaganda con sombrillas, así como tuits oficiales para documentar la relación de negocios y complicidades entre Moreno Valle y Rivera Pérez con Vergara Fernández.
Entre los favorecidos con los supuestos servicios que éste ofreció vía corrupción, “lavado” de dinero y enriquecimiento ilícito, mencionó a Moreno Valle, quien busca imponer a su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo al gobierno de Puebla; además de Javier Duarte de Ochoa,  en prisión por actos de corrupción en Veracruz; el también detenido ex gobernador Roberto Borge, así como el chiapaneco Manuel Velasco Coello, el yucateco Rolando Zapata Bello y el potosino Fernando Toranzo.
Según la denuncia, Vergara Fernández y Roberto Arandia Gutiérrez “El Rojo” habrían sido los encargados de proporcionar sombrillas de promoción durante la campaña a gobernador de Moreno Valle, y a presidente municipal de Rivera Pérez.
Asimismo, a través de la empresa televisora México Travel Channel y Salud TV, habrían transmitido por televisión de paga y radio tanto los informes de gobierno de Moreno Valle, como publicidad de todo tipo de actos en los que el entonces mandatario pretendía posicionarse en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.
Inclusive, Moreno Valle sería motivo de burla por salir en varios canales y medios que carecían de temática política, como en el caso de Salud TV, propiedad también de Juan Vergara y transmitida por Arandia Gutiérrez, todo lo cual obraría en facturas, contratos y sentencias, inclusive tweets de la cuenta de Juan Vergara reconociendo este hecho.
Después convertido en Acus-k, México Travel Channel habría adquirido 32 concesiones de frecuencias de radio, en tanto Arandia Gutiérrez compraría la compañía LiveNetwork, gracias a lo cual el espectro radial y televisivo permitiría cobertura nacional.
Por otro lado, Violeta Lagunes ratificó que, como se sospechaba, Moreno Valle habría apoyado las aspiraciones de Carlos Joaquín para la gubernatura de Quintana Roo, con Rivera Pérez como coordinador de campaña, por lo que, una vez que se convirtió en mandatario, un grupo de poblanos, conocidos como “El Cártel Poblano”, fue contratado en su gobierno.
Entre éstos incluyó a Vergara Fernández; Rocío Moreno Mendoza, coordinadora de Vinculación Gubernamental, hoy responsable de la Secretaría de Desarrollo Social; José Antonio Mendoza Ramírez; coordinador General del C-4; Eukid Castañón Herrera, responsable del Despacho Solución Total Consultores y Corporativo Ealog; Héctor Hernández Sosa, responsable del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo; y Eduardo Rivera, con UDLAP Consultores.
Pese a que el mandatario y colaboradores siempre han negado la invasión de poblanos que han desplazado a quintanarroenses, principalmente en la capital chetumaleña, la lista también incluye a Eduardo Alcántara Montiel, asesor en la Coordinación de Agenda Legislativa, todos ellos ligados al grupo de Moreno Valle y Eduardo Rivera.
Lo cierto es que Vergara Fernández habría firmado un convenio en el 2015 con el propio gobierno de Peña Nieto, según el portal Animal Político
Ahora bien, si su detención deriva de la denuncia del SAT, sería interesante determinar qué ocurrió con la que presentó Carlos Mimenza en marzo del 2017, donde pidió investigar contratos millonarios de Vergara Fernández con los gobiernos de Moreno Valle (Puebla), Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucatán), Roberto Borge (Quintana Roo) y Fernando Toranzo (San Luis Potosí)
Según recuerda el portal “El Heraldo de Puebla”, “Maya sin fronteras” publicó el 13 de diciembre del 2016 que la relación Carlos Joaquín-Moreno Valle-Juan Vergara se consolidó entre 2010 y 2013, cuando, siendo el primero subsecretario de Turismo, se decidió que el Tianguis turístico de Acapulco se trasladara a Puebla para el año 2013.
El evento se convirtió en el más importante de Moreno Valle con realce nacional e internacional, y México Travel Channel manejó las cuentas de promoción de la Secretaría, así como las de los gobernadores Moreno Valle, Roberto Borge, Manuel Velasco, Rolando Zapata y Fernando Toranzo.
En ese entonces la periodista Lydia Cacho pidió en enero de ese año investigar al diputado federal poblano del PAN, Eukid Castañón Herrera, sobre su posible intervención en el control político en el Estado de Quintana Roo, aunque en 2017 existiría una denuncia penal contra ese personaje de parte de mil 500 ejidatarios.
En efecto, los ejidatarios de Puerto Morelos lo acusaron de fraude y robo por 1.5 millones de pesos que les pidiera dinero a cambio de entregar apoyos de un Fondo de Ecoturismo que jamás les dio.
A través de un oficio al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, los denunciantes explicaron que el funcionario pidió mil pesos a cada uno de ellos para participar en la entrega de este fondo, con la complicidad de la empresa “Soluciones Totales S.A. de C.V.”, pero nunca llegó, por lo que pidieron al CEN del PAN expulsar al legislador.
Por su parte, Carmen Aristegui dijo que Castañón Herrera forma parte del grupo político de Carlos Joaquín, y que se habría apoderado del Congreso del Estado
La pregunta obligada sigue siendo si Carlos Joaquín había decidido deshacerse de su ex colaborador tras haber pagado “su factura” de campaña con Moreno Valle o con el propio Vergara Fernández, y si habría hecho lo propio con los casos de Julián Ricalde Magaña y Miguel Ramón Martín Azueta, quienes, al igual que el primero, buscan las candidaturas federales para las elecciones del 2018.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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