martes, 6 de noviembre de 2018


 Policías, ¡en busca de un culpable!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”: Sócrates
 Con  el renombrado tema de los policías de Cancún, hoy volvemos al dicho aquel, en el sentido de que “Quién olvida su historia está condenado a repetirla”, ya que, como si se tratara de una copia al carbón, ahora leemos en  las últimas horas una “noticia” que, aunque Usted no lo crea, también apareció a través del portal del periódico El Financiero, tres años atrás, esto es del 5 de septiembre de 2015.
Decía así: “Más de 100 policías del Mando Único en el municipio de Cuautla, Morelos, realizaron un paro de labores la mañana de este sábado en protesta por el exceso de trabajo, la falta de equipo y abusos de parte del director operativo de la policía, Jesús Pérez Abarca.
Los elementos policíacos iniciaron el paro desde las 7 horas, cuando se llevó a cabo el cambio de turno, y se concentraron en las oficinas de la Policía del Mando Único ubicadas en la colonia Plan de Ayala de Cuautla. Los uniformados determinaron no salir a las calles para solicitar la renuncia de Pérez Abarca, a quien acusaron de prepotente e irrespetuoso al recibir maltratos físicos y verbales, así como de obligarlos a trabajar de forma excesiva y sin descanso.
Los inconformes también denunciaron que no cuentan con equipo suficiente para sus labores, como armas, uniformes e incluso patrullas, por lo que exigieron destinar más recursos a seguridad pública para desempeñar de la mejor manera su labor”.
También, al igual que ahora, la nota decía: “Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, informó a El Financiero que los policías que no salieron a realizar sus patrullajes la mañana de este sábado serán sancionados, pero se analizará si recibirán una multa económica, un proceso administrativo o la separación del cargo”.
¿Y Sabe qué ocurrió poco después? Los propios policías corrieron al mal jefe, tal y como ahora nos obliga a narrar: Tal como le sucedió en 2015 en Morelos, cuando policías del Mando Único lo acusaban de abuso de autoridad y denunciaban falta de herramientas para su labor, policías municipales de Cancún, protestaron en las oficinas de la dependencia y, a empujones, corrieron a Pérez Abarca, director de la corporación que asumió desde el 30 de septiembre a puertas cerradas.
Ya se esperaba una serie de inconformidades tras de que, contra viento y marea, el gobernador Carlos Joaquín diera posesión el 26 de septiembre al controvertido “Rambo” tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra- “padrino” de Pérez Abarca-como nuevo titular de la Secretaría estatal de Seguridad Pública.
Sin embargo, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, minimizó el tema al darle  posesión como director de la Policía Municipal, cuando opinó públicamente que: “Al ciudadano no le interesa la distribución de responsabilidades. La demanda es que se garantice su seguridad y la de su familia. Y hoy ratifico el compromiso que hice con las y los cancunenses”.
         Mejor prueba del “cordón umbilical” Capella Ibarra-Pérez Abarca -¿qué intereses los ligarán?, ¿simple simpatía?-, es que hace un año, cuando el primero se desempeñaba como titular de Seguridad Pública en  el inseguro Estado de Morelos, realizó una serie de “rotaciones”, entre ellos el cambio del jefe de la Policía en Cuernavaca, a quien nombró Coordinador de Estrategia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad.
Apenas el 14 de noviembre de 2016, Capella Ibarra había designado a Pérez Abarca como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Cuernavaca, como parte de la oxigenación del Mando Único y de resultados efectivos para la temporada decembrina.
              El nuevo funcionario estaba hasta hace 10 días estaba al frente de la policía del municipio de Cuautla, pero tras concluir su periodo, hasta el 2017, junto con el propio Capella Ibarra, se les acusó por despojo, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros, por haberse apoderado de manera ilegal de dinero, computadoras e instalaciones del corralón “Grúas Bahena” del Ayuntamiento de Cuernavaca, por poner en la indefensión a más de 500 propietarios de vehículos que se encuentran en el lugar.
En virtud de lo anterior, el secretario de Asuntos Jurídicos y la titular de la Contraloría Municipal de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera, analizaba las opciones para presentar los cargos penales a que se habrían hecho acreedores los responsables.
         Por si fuera poco, en el marco del periodo de Capella Ibarra, en 2 de enero de 2016, apenas unas horas después de tomar posesión como alcaldesa de Temixco, Morelos, a unos 10 kilómetros de Cuernavaca, la perredista Gisela Mota Ocampo fue asesinada por cuatro hombres que golpearon ay dispararon a matar a la política en un ataque armado en su propio domicilio.
En respuesta, el gobernador perredista Graco Ramírez anunció que asumiría la seguridad en 15 municipios que no habían querido ratificar los convenios de coordinación del Mando Único policial, como había hecho la alcaldesa asesinada, lo que inició una disputa con el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco -gobernador electo de Morelos-, quien acusó “un golpe de Estado” del gobernador, luego de que fuerzas estatales tomaron el control de la policía de ese municipio.
Bajo este contexto, y ahora con una corporación en paro de labores en un municipio con más de 487 ejecuciones en lo que va de este año, si de buscar culpables se trata no se puede responsabilizar del todo a Mara Lezama, como han pretendido algunas corrientes, ya que no puede ser ninguna “casualidad” que hubiera optado Pérez Abarca o que entre miles de posibles candidatos hubiera optado por alguien ligado a Capella Ibarra.
En este sentido, el único culpable de cuanto ocurre es el gobernador Carlos Joaquín que, puede Usted jurarlo, de no haber nombrado a Capella Ibarra por alguna fallida “recomendación”, puede estar seguro que el nombre de Pérez Abarca no figuraría ni en los horóscopos, aunque la terquedad de sostener al “Rambo” también obligó a cometer un nuevo error: Jugar con la idiosincrasia de los quintanarroenses en la desaparición de nuestra identidad con la modificación constitucional de la que fue cómplice la mayoría de los diputados locales.
Y todo ello sólo para que no haya reclamos contra la contratación de “altos” funcionarios que prefieren un cómodo helicóptero a un “ferry” o la selección de un nuevo Fiscal General que, como se vislumbra, levantará tanta ampolla como la de Capella Ibarra.
Cierto que es de humanos cometer errores, pero es de sabios reconocerlo y, lo más importante, recomponer el rumbo. Ya lo decía Goethe: “El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”, aunque “El error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea” (Concepción Arenal)
¿Lo entenderá de este modo Carlos Joaquín? ¡Vale la pena ponderarlo! ¡Aún es tiempo!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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miércoles, 31 de octubre de 2018


Amparo  a Borge, ¿un paso a la calle?


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Tema obligado de comentario del día es el Amparo que un juez de Distrito otorgó ayer al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, con lo que dejó sin efecto la vinculación a proceso que se dictó en su contra hace cerca de 11 meses como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como “lavado” de dinero”.
         En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal informó en comunicado que el juez le concedió un Amparo al ex mandatario del PRI, con lo que ordenó al juez de control José Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, dictar un nuevo auto de vinculación que funde y motive de manera correcta y suficiente la participación de aquél en los delitos que se le atribuyen.
         Así las cosas, el cozumeleño, que junto con su paisano, correligionario y homólogo Félix González sobreendeudaron sospechosamente al Estado       en sexenios consecutivos, enfrentará una nueva audiencia, tras quedar sin efecto el auto vinculación que se le dictó el 5 de enero último, poco después de haber sido extraditado de Panamá.
Entre otros, Borge es acusado por la PGR por enajenar y adquirir de manera ilícita 22 predios que eran parte del patrimonio del gobierno estatal, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística de Quintana Roo, los cuales vendió a precios irrisorios a personas cercanas y familiares, entre ellas su propia progenitora.
No obstante, el Amparo sólo deja sin efecto su vinculación a proceso respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que no obtendrá su libertad, al menos no por el momento, ya que pesan en su contra otras tres órdenes de aprehensión pendientes por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Otro efecto del Amparo es que el juez José Artemio Zúñiga deberá valorar nuevamente si Borge debe o no continuar sujeto a proceso por el “lavado” de dinero, por lo que deberá definirse en la siguiente -no se precisa la fecha-, ya que en enero, según el amparista, se le habría procesado con un fallo que “no cumple con la motivación y fundamentación adecuada”.
Conforme la sentencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, en funciones de juez de Control, vinculó a proceso a Borge por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción II, del Código Penal Federal.
Sin embargo, el Amparo dice que la vinculación a proceso “no satisface la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional”, aunque, hasta hoy, el “lavado” es el único proceso federal iniciado contra Borge, contra quien pesan las tres órdenes de aprehensión pendientes señaladas.
         Para ilustrar en torno al “lavado”, la última reforma al Código Penal Federal, publicada en marzo de 2014, el artículo 400 Bis del Capítulo II, respecto a “Operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o bien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Para ese efecto se entiende que son producto de actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
En caso de conductas previstas en ese capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá denuncia previa de la Secretaría de Hacienda, y cuando ésta, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos, deberá ejercer las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente sean ilícitos.
¿En qué se basó el juez federal para concluir que la decisión de José Artemio Zúñiga “no cumple con la motivación y fundamentación adecuada”? Sólo lo saben los que habrán tenido acceso al expediente, aunque, dadas las especiales circunstancias que rodean al “tema Borge”, similares al de su entonces homólogo veracruzano Javier Duarte, tanto el trabajo de la PGR y ahora de los jueces federales “huele a podrido”.
Asimismo, obligan a remitirnos a una añeja plática de café con desaparecido abogado, cuyo nombre nos reservamos por respeto, aunque se había desempeñado en el Ministerio Público Federal y refería que para hacerse de dinero en el cargo era sencillo “cumplir” con el trabajo sin ser sospechoso de corrupción.
Simple y sencillamente se elabora el expediente con una serie de “lagunas” y otras anomalías, tales que, confesaba, permiten a la defensa del acusado acudir exitosamente al Amparo para obtener su libertad. Algo así como el típico “yo hago como que te pego, y tú, como que te caes” ¿Éste habrá sido el caso de Borge…y de Duarte? ¡Muy difícil creer lo contrario con tanta evidencia!
Para nadie son secretas las complicidades entre los poderes Judicial y Ejecutivo,  y más aun en el ámbito federal, donde no podemos olvidar que, quiérase o no, el priísta Peña Nieto sigue siendo presidente de la República hasta fines de noviembre, y lo que le sobran son “facturas” pendientes de pago, sobre todo en favor de quienes costearon su campaña presidencial con muchos millones de pesos, entre ellos Borge y Duarte.
Y no se diga del papel  de la desacreditada SCJN, cuyos magistrados no son precisamente hermanas de la caridad, además de no pecar precisamente por acción, sino también por omisión.
Irónicamente,  la única esperanza de justicia, por llamarla de algún modo, se llama Fiscalía General de Quintana Roo, donde esperamos que, con los cerca de dos años al frente, su ex titular Miguel Ángel Pech Cen, haya integrado adecuadamente el expediente contra Borge, aunque ya hablaremos sobre el particular,
  
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
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viernes, 5 de octubre de 2018

¡Merienda  de… morenistas en Q. Roo!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Convertidos en primeras autoridades gracias al “efecto Morena”, el descontento generalizado de la población contra el PRI o, en el caso concreto de Quintana Roo, también contra el gobierno de Carlos Joaquín, centenares de políticos se convirtieron inesperada, pero peligrosamente en legisladores o presidentes municipales de todo el país.
         En el caso de nuestro Estado, es más concreto el caso de los munícipes de Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez, cuyo ascenso al poder ha dado mucho de qué hablar desde antes de que tomaran posesión -y lo seguirán dando-, pero particularmente después de darse a conocer el nombre de sus pretendidos colaboradores.
         Y conste decimos pretendidos porque, al menos hasta donde sabemos, por primera vez en la historia de Quintana Roo debieron resignarse a negociar posiciones con sus Cabildos o su partido, en un tema donde, dígase lo que se diga, tuvo una inherencia directa Carlos Joaquín, aunque, como era de esperarse, jure y perjure respetar la autonomía municipal.
         El caso más delicado resulta ser el del municipio capitalino de Othón P. Blanco, donde el nuevo alcalde Hernán Pastrana Pastrana sólo operará como simple figura ante la falta de suficientes recursos propios, parte de los cuales se apropió el Gobierno del Estado vía “cesión” de la recaudación del impuesto predial por parte de la administración anterior.
         Tal vez menos delicado, pero más escandaloso, sin embargo, también resulta trascendente el tema de Solidaridad, donde, al igual que al primero, a la nueva alcaldesa, Laura Esther Beristain Navarrete, “su Cabildo” terminó por “mocharle” los brazos al aceptar negociar diversas posiciones, con lo que tendrá junto a ella a sus principales enemigos.
         La excepción, desde luego, es el propio Carlos Joaquín, el más fuerte, al que no tendrá de cerca, al menos NO personalmente, ya que para eso figura su propio supuesto correligionario, el Síndico Omar Sánchez Cutis, con respaldo de los regidores del PRI, PAN y PRD, así como los regidores morenistas Vladimir Montejo Campos, Bárbara Aylin Delgado Uc y María de Jesús Meza Villegas, con los que analiza solicitar al Congreso la extinción de poderes.
         Por si fuera poco, la propia munícipe acusó al director general de Vinculación de la Oficina del Ejecutivo, Gerardo Ortega Otero (a) “El colombiano”, de amenazarla de muerte, además de haber salido a relucir un video donde el funcionario advirtió tener gente “armada” fuera del Teatro de la Ciudad cuando aquélla rendía protesta, “y si se ponen pend… nos ponemos pend… también”, decía.
Mientras Carlos Joaquín se deslindaba del conflicto, debió suspenderse la primera sesión del Cabildo, donde Laura Beristain sólo pudo tomarles la protesta a algunos funcionarios, ya que parte de los regidores harían lo propio con otros… pero para los mismos cargos.
Ahora bien, si se pregunta Usted por Ortega Otero, se trata del esposo de la regidora Samaria Angulo Sala, quien, por cierto, el 2 de abril último fue nombrada suplente de la ahora ex alcaldesa, Cristina Torres, cuando ésta buscaba la frustrada reelección, desde luego, con apoyo de Carlos Joaquín.
Tras las recientes elecciones locales, el propio mandatario fue acusado de encabezar los reclamos de la funcionaria -por cierto, Notaria Púiblico con licencia- contra el resultado de la votación en su contra, los que, finalmente, no prosperaron.
El caso es que los regidores encabezados por Sánchez Cutis no coincidieron en ninguna propuesta para los cargos e, inclusive, se apagaran las luces, y una silla voladora llegó al hombro de la regidora Angulo Sala, pero al concluir la sesión se divulgó un video donde se escuchaba a  Ortega Otero afirmar al regidor priísta Martín de la Cruz  que tenía gente armada afuera.
Dirigente croquista, éste último decía por teléfono que se requería cambiar de sede, pero no había nadie para escoltar a los 10 regidores, por lo que Gerardo Ortega afirmaba: “Vámonos, nos vamos en la camioneta. Aquí tengo varios carros y gente también armada…Si se ponen p… nos ponemos p… también”.
Ante su facultad de proponer nombramientos, y mientras llegaban  a acuerdos, había nombrado como encargados de la Secretaria General del Ayuntamiento a Alfredo Paz Cetina, y de la Oficialía Mayor, a Isela Moguel.
Por su parte, Sánchez Cutis amenazó con solicitar al Congreso declarar la ingobernabilidad del municipio y desconocer a la alcaldesa electa por abandonar sus funciones ese día, aunque persistían los nombramientos de Walter Ruperto Puc Novelo como secretario general; Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez (tesorero) y Martín Estrada Sánchez (encargado de la Dirección de Seguridad Pública)
No obstante, se rechazó la propuesta para director de Ingresos (Víctor Manuel Rivero Aguilar), y propuso a Eduardo Sánchez Aguilar, mientras que en la Dirección de Egresos aprobó a Jorge Flores Solís, quien ocupó el cargo con Cristina Torres.
         Asimismo, Sánchez Cutis aseguró que los nueve regidores designaron a Bárbara Aylin Delgado Uc y a Orlando Muñoz  como presidenta municipal interina y  secretario, respectivamente, en tanto Walter Ruperto Puc sería secretario general de la Comuna, Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez, tesorero, y Unidan Organista Bonora, contralor.
En tanto, ratificaron a Estrada Sánchez, a Sánchez Aguilar y a Flores Solís, Puc Novelo; Gutiérrez Sánchez.
Lo cierto es que los cuatro morenistas se unieron a los regidores de oposición del PAN-PRI y PRD para poner trabas a Laura Beristain en la Secretaría General del Ayuntamiento, donde propuso a Julio César Mena Brito, con lo que comenzó a frustrarse el intento de Cuarta “Transformación” en Solidaridad.
Al término de la inconclusa sesión, Estrada Sánchez vuelve a Seguridad Pública de Solidaridad, tras haber sucedido a Rodolfo del Ángel en el trienio anterior, aunque previamente fue director de la Policía Turística en Benito Juárez, y antes, subsecretario de Seguridad Pública para la Zona Norte. Su último encargo fue como director de Tránsito en Cancún el año pasado.
Asimismo, se avaló unánimemente a Puc Novelo, se terminó aceptando la propuesta original de Beristain Navarrete para la Tesorería (Luis Fernando Vargas Aguilar), ex presidente de la Canirac de Cancún, miembro del Consejo Coordinador Empresarial de ese municipio, así como a Rubén Delfino Almorejo López para la Contraloría, tal como propuso la edil, ante su experiencia en el Poder Legislativo federal.
Otro cambio aprobado fue la inclusión de Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez en Ingresos, pese a que la propuesta original de Beristain fue Rivero Aguilar y los opositores querían a Sánchez Aguilar. Por último, Gedet Mendoza fue designado en Egresos, tal como Beristain propuso originalmente, con lo que ya no repetirá el director actual, como intentaron los regidores.
Lo único positivo del fuego cruzado -que algunos prefieren llamarle “merienda de negros”-, fue que ninguna de las partes se apresuró a candidatear a un titular definitivo en seguridad pública, como ocurrió en Benito Juárez, sino mantener a un encargado, dada la importancia y delicadeza del cargo, tales que indigna contratar titulares riesgosos… y peligrosos, más aun si se trata de recomendados políticos de otras entidades.
¡Triste experiencia del inicio de Morena en Solidaridad!, y más cuando tiene por enemigo a un gigante en palacio de gobierno.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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jueves, 27 de septiembre de 2018

¡Sorpresa  con el “Rambo” tijuanense!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como dijera el ex presidente panista Felipe Calderón, “haiga sido como haiga sido”, pero lo cierto es que, cuando todo mundo esperaba la caída de Francisco López Mena de la “vicegubernatura” de Quintana Roo, lo que podría ser cuestión de días, el gobernador Carlos Joaquín se decidió por un “pez pequeño” y optó por Rodolfo del Ángel Campos.
En efecto, precisamente cuando el funcionario juraba y perjuraba que la decisión de continuar en la Secretaría de Seguridad Pública estaba en manos del mandatario, éste, sin embargo, anunció sorpresivamente este miércoles que Del Ángel Campos fue quien presentó su renuncia y presentó al relevo de éste: el tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra.
El anuncio tomó por sorpresa a todo mundo, y NO precisamente porque aquél estuviera realizando buen papel, sino por los oprobiosos, pésimos antecedentes del nuevo funcionario, a quien Carlos Joaquín dijo haber “invitado”  a asumir el cargo, ya que, según él, cuenta con “una destacada trayectoria”, donde desde 1994 ha tenido una carrera de participación activa en distintas instancias en Baja California.
Quizá el mandatario se refería al papel de Capella como líder social de ese entonces, ya que el 1 de diciembre de 2008 fue destituido como secretario de Seguridad Pública de Tijuana en medio de una ola de violencia, apenas dos días después de que se hallaran nueve decapitados, entre ellos tres policías municipales.
De 47 años de edad y egresado de la Universidad Autónoma de Baja California como Licenciado en Derecho, Capella, quien estaba al frente de dos mil agentes, habría sufrido un atentado del que salió ileso un año antes, cuando fue nombrado titular de la policía.
Lo sustituyó un conocido de los quintanarroenses de Cancún, el Tte. Julián Leyzaola Pérez, asesor de seguridad pública de ese municipio que aún  “gobierna” el Verde Ecologista”, cuando la propia Comisión de Derechos Humanos externó su preocupación por estar sujeto a una serie de denuncias por violaciones a ese renglón.
El caso es que la salida de Capella ocurrió horas después de que la Policía de Tijuana capturara con apoyo del Ejército a tres sicarios del grupo de Fernando Sánchez Arellano, líder de una facción del cartel de los hermanos Arellano Félix, de los que es sobrino.
Días antes la policía halló los cadáveres decapitados de nueve hombres, tres de ellos policías, que se sumaron a los más de 350 crímenes de los últimos meses atribuidos a la delincuencia organizada. Sobre las cabezas de los agentes, los verdugos colocaron las identificaciones personales de aquéllos, en un barrio conocido como Granjas Familiares del Matamoros.
Capella se hizo famoso por su postura contra la industria farmacéutica, que en el pasado había sido prácticamente inexistente en México, ante la naturaleza de su participación en los intentos de detener el tráfico de drogas, especialmente entre los cárteles de la droga de Tijuana.
En un caso sin precedentes, fue renombrado nuevamente titular de Seguridad Pública de Tijuana el 4 de octubre de 2011 gracias a su padrino, el entonces alcalde del PRI Carlos Bustamante Anchondo -en el sexenio del panista José Guadalupe Osuna Millán-, quien, en noviembre de 2013, días antes de concluir su gestión, y sin permiso de Gobernación, se adjudicó una casa de apuestas en un hotel de su propiedad.
En la planta baja del establecimiento, conocido como “Las Torres de Tijuana”, desde hace 20 años operaba una de las casas de juego del empresario priísta Jorge Hank Rhon.
Al concluir su periodo el nuevo colaborador de Carlos Joaquín, el 6 de enero de 2014 fue nombrado titular de la Comisión de Seguridad Pública en el Estado de Morelos por el gobernante de PRD, el controvertido Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, aunque renunció el 2 de diciembre de 2016, tras  ““un acto de profunda reflexión y conciencia”.
¿Y sabe Usted cuál fue su “herencia”? -mejor dicho, ¿lo sabrá Carlos Joaquín?- convirtió a Morelos es el Estado más violento del país, con lo que los ONGs desmintieron a Graco Ramírez cuando aclararon que Morelos es la entidad más violenta de México, y Cuernavaca, su capital, la ciudad con más de 100 mil habitantes con mayores índices de inseguridad.
El estudio “Ranking de la violencia en municipios y entidades 2014”, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, contrarió a Graco, quien en repetidas ocasiones aseguró que el mando único disminuyó los delitos más graves en esa entidad.
Sin embargo, la violencia no sólo no había disminuido, sino que se recrudeció según demostró ese estudio, que documentó cifras de averiguaciones previas de los ministerios públicos y procuradurías estatales, entregadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El portal de Milenio Digital refirió en 2014 que, de activista, Capella  se convirtió en funcionario durante los años de mayor violencia de Tijuana, como personaje sin carrera policial, que pasó de reclamar a las autoridades a dirigir la seguridad pública, pero al finalizar su gestión dejó un repunte de homicidios que atribuyó a la transición de gobierno.
Su segundo nombramiento, por parte de Carlos Bustamante, causó sorpresa porque en su primera gestión fue destituido tras un fin de semana en que se registraron casi 40 homicidios en Tijuana, aunque aquél aseguró que a Capella se debía que Tijuana recuperara los niveles de seguridad tras la ola violenta de 2008 a 2010.
Capella inició su carrera pública dos años antes de volverse funcionario, primero como coordinador en Baja California del Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, luego como consejero del Comité de Participación Ciudadana de la PGR y finalmente como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
Como presidente del Consejo, en 2006 encabezó una serie de marchas, donde los tijuanenses, vestidos de blanco, exigían acabar con la ola de secuestros, homicidios y asaltos. Fueron las primeras marchas de su tipo en la ciudad y también primeras donde las clases media y alta se manifestaban en las calles. Fue cuando había una especie de éxodo de la clase pudiente hacia Chula Vista, California.
Las protestas culminaron en una marcha de más de dos semanas a lo largo de todo el Estado, en la que sociedad civil organizada y Capella exigieron a las autoridades a frenar la delincuencia, y éste denunció corrupción en policía y gobierno al concluir un recorrido de 500 kilómetros.
Tras las marchas, Capella denunció amenazas de muerte, que culminaron cuando un comando armado atacó a balazos su casa en noviembre de 2007, cuando los repelió con un arma larga, sin apoyo de la policía, cuyo cuartel está a menos de 100 metros de la casa, pues no acudió.
Con la historia de haber repelido el ataque solo y sin experiencia con el manejo de armas, no tardaron en apodarlo “el Rambo tijuanense”. Un mes después, el Cabildo de Tijuana lo nombró titular de la Secretaría, y a Julián Leyzaola, director de la Policía.
En una de sus acciones más controversiales, suspendió a los policías que no habían aprobado los exámenes de control y confianza; incluso fue acusado por el abogado de 33 de agentes de haber contactado al Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para que les retiraran las visas de turista a aquéllos y sus familias.
         ¡Vaya futuro de la seguridad y los policías de Quintana Roo! ¡Vaya “recomendación” que seguramente habrá recibido Carlos Joaquín del PRD?
         ¿Nos resultará más caro el caldo que las albóndigas? ¡Ojalá mañana no tengamos que reclamar “¡qué vuelva Rodolfo del Ángel!”… aunque sea lo que se llevó.

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martes, 25 de septiembre de 2018


¡Inminente  desahucio de una Secretaría!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         No bien concluía el segundo informe de Carlos Joaquín, y la exigencia generalizada era el “cambio”, una palabra harto conocida por el mandatario, aunque en esta ocasión se refería al cambio de colaboradores en un gabinete estatal que, dígase lo que se diga, ni pinta ni da color en Quintana Roo, aunque las baterías están enfocadas principalmente contra la Secretaría de Gobierno.
         Encabezada desde el inicio del sexenio por el panista Francisco López Mena, la dependencia, la mayor y más importante de la estructura de gobierno, ha sido una de las más cuestionadas desde el arranque de esta “aventura” aliancista PAN-PRD, aunque, si sirve de consuelo a López Mena, algo similar ocurre con la Fiscalía General del Estado.
         En efecto, Miguel Ángel Pech Cen, tampoco se encuentra en un lecho de rosas, y su relevo también parece ser uno de los más inminentes, para lo cual, al igual que en el caso de la Secretaría de Gobierno, la interminable lista de aspirantes a sucederle aumenta día con día, aunque, como se sabe, la prensa jamás renuncia ni nombra funcionarios.
         Con todo, ante el relevante papel de esa Secretaría en la administración, considerada -hasta antes de López Mena- como una “vicegubernatura”, resulta de suyo importante el relevo, ya que no sólo no cubrió sus expectativas como tampoco sus objetivos como dependencia que debería resolverle problemas a Carlos Joaquín… no creárselos.
         Aunque para algunos resultó inadvertido, el reciente motín del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal es tan sólo una de las pruebas de la incapacidad de López Mena, ya que, aunque nadie se refirió a la Secretaría de Gobierno, depende directamente de ella y es responsable de todo cuanto ocurre en su interior.
         Con una hacinada población de cerca de mil 500 reos, prácticamente el doble de su capacidad, el penal chetumaleño ha sido víctima de un llamado “autogobierno” que toleran o permiten autoridades carcelarias de todo el Estado, donde, hasta el año anterior, existían más de tres mil 453 reos, de los cuales, según el Inegi, el 24%, o sea 837, habían sido víctimas en la cárcel.
         Esto significa que los cabecillas de ese “autogobierno” hicieron de las suyas contra sus compañeros, en la  mayoría de los casos por no pagar su “cuotas” o desobedecer “órdenes”, y de ahí la pregunta sobre el papel de los  directores del penal, que obligan a pensar que son simples administradores, “cuates” del secretario de Gobierno o cobradores de “otras” cuotas.
         Lo cierto es que en el penal existe de todo, excepto coordinación u orden, y la mejor prueba ocurrió la madrugada del miércoles 19, con el sangriento motín, provocado por el operativo mal planeado por el titular de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos -otro candidato al cadalso-, y la subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Sistema Penitenciario, María Mayela Almonte Solís.
         Durante el escandaloso operativo, para el traslado de 38 reos al penal de Nayarit, entre ellos Heriberto Campos Martínez (a) “El Diablo”, líder del autogobierno, resultó gravemente lesionado el teniente Raúl Tassinari, comandante de la zona norte de la Policía Estatal, así como otras 20 personas, entre ellas 9 policías estatales y más de 15 reos.
         La movilización provocó la participación de los tres niveles de gobierno, encabezados por Del Ángel Campos y María Mayela Almonte, quienes negaron el acceso de las autoridades miliares y ministeriales porque, supuestamente todo estaba bien planeado.
Sin embargo, al momento de pretender sacar de su celda a Campos Martínez, los escoltas de éste lo impidieron y se desató el sangriento motín, en el que, inclusive, se desarmó a varios policías para ponerse el uniforme y tratar de huir. Durante la confusión, policías estatales echaron gases lacrimógenos a sus propios compañeros pensando que eran reos.
En tanto, la Policía Federal lanzaba gases lacrimógenos desde helicópteros para tratar de controlar el motín, lo que finalmente sólo fue posible con la participación del Ejército.
Del Ángel Campos, como en otros casos, ha sido la cabeza visible de este tipo de situaciones, cuando que, en realidad, al igual que él, dependen directamente de la desacreditaba Secretaría de Gobierno, de donde han surgido los nombres de los sucesivos directores del CERESO ¡Cuatro desde el año pasado!
Así, el primero de ellos sería el Mayor Paul Armando Hernández Ruíz, quien renunció al cargo el 16 de abril de 2017, aunque nueve días después sería nombrado Luis Rodolfo Aguilar Delgado, quien, sin embargo, sería cesado después que el 20 de junio de ese año se registrara un motín causado por el “autogobierno” de “El Diablo” para evitar el traslado de éste a Cancún.
En ese entonces, la movilización arrojó el saldo de un reo lesionado y la toma de las oficinas de la dirección, donde los presos destruyeron documentos oficiales y el mobiliario, tras lo cual quedaría como encargado Eliezer Reyes Chaidez.
         Sin embargo, éste resultó destituido el 6 de marzo de 2018 después del escándalo por abusos sexuales y violencia contra internas del Área Femenil denunciado en 11 de febrero, cuando se nombró como encargado a Uriel Córdova Martínez, y posteriormente como titular al nayarita Julio César Partida Sigala.
En ese entonces Del Ángel Campos diría que la renuncia formaba parte de las investigaciones en torno a las denuncias, “independientemente de las responsabilidades penales o administrativas que se determinen al concluir las investigaciones y que se aplicarán sin distinción alguna“. Ya sabe Usted qué pasó: NADA
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 71 cárceles estatales del país tienen condiciones de “autogobierno”, ya que la mayoría presenta deficiencias graves, desde sobrepoblación, falta de funcionarios de seguridad, existencia de privilegios y malas condiciones de salud, higiene y alimentos para los presos. Chetumal tiene todo eso
Así, en 130 prisiones estatales, 21 federales de máxima seguridad y tres militares existen problemas similares. Mientras en los estatales 95 de los 130 carecen de personal de custodia suficiente y hay sobrepoblación, en 71 de ellos el mismo número existen condiciones de “autogobierno”.
La sobrepoblación es uno de los mayores problemas por desencadenar la pérdida de esquema de seguridad, brotes de violencia, mayores carencias de salud y alimentos y crecimiento de “autogobierno”,  y de ahí la existencia de otro problema importante, los privilegios, que se dan en 73 centros.
Estos privilegios suponen, por ejemplo, a un interno disfrutar de dos celdas mientras 30 personas se hacinan en una sola, además, habilitada para albergar a cuatro, o que algunos internos tengan celulares, televisiones o armas pese a estar prohibidos.
Otro gran problema es la falta de clasificación de los reos, ya que no se separa a los acusados de delitos comunes de los del crimen organizado, o las mujeres, en muchos casos, no cuentan con cárceles solo para ellas, lo que debería corregirse para que cada Estado cuente con una prisión femenil.
México cuenta con una población de unos 247 mil presos, pero sólo las cárceles de un Estado, Guanajuato, en el centro del país, están en buenas condiciones. El resto tiene problemas, y en 13 estados las carencias son graves y urgentes.
Por si fuera poco no existe alguna ley de ejecución penal con un perfil de derechos humanos que propicie la reinserción y persisten problemas para fomentar actividades laborales y luchar contra las adicciones en la mayoría de lugares, pero  todo eso “le vale madr… ina” a López Mena, que ya no quiere más queso, sino tan sólo terminar indemne el sexenio… igual que Pech Cen.
Por lo pronto, la terna de candidatos para suceder al primero lo integran: La aún presidenta municipal, la Notaria María Cristina Torres Gómez;  y los ex candidatos a diputados federales, Luis Torres Llanes y Miguel Ramón Martín Azueta ¿Por quiénes NO apuesta Usted?

PD: El momentáneo retiro de nuestra columna de redes sociales, por la feliz conclusión de nuestro quinto libro. 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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