martes, 5 de diciembre de 2017

 ¡Declaran diputados la guerra a México!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ya lo decía el diputado perredista Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, cuando la despreciable mayoría PRI-compinches de la Cámara de Diputados aprobaba el cuestionado proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: Se estaba incubando el huevo de una serpiente.
De aprobarla también el Senado, como, lamentablemente, también es previsible ante la mayoría priísta del Jefe del Ejecutivo Peña Nieto ante el Poder Legislativo, el criticable proceso anticonstitucional de militariza el país sería un hecho. No se escuchó a la sociedad civil ni a más de 250 organismos en contra ni a más de 10 organizaciones internacionales.
El que encabezó el “jueves negro” desde la presidencia de la mesa directiva, irónicamente, fue un vecino nuestro, el diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, aspirante a convertirse en candidato del PRI a gobernador de esa entidad. Dios libre a nuestros paisanos de ese funcionario que ha demostrado ser sólo un títere más de Peña Nieto.
La trágica historia de la nueva Ley arrancó en la Comisión de Gobernación de la Cámara que, como burla para el pueblo, también “maneja” la mayoría  priísta con una docena de los 32 integrantes, aunque sumados a tres del Verde “Ecologista”, uno del PES y otro más del Panal, hacen un total de 17 para aventajar a la oposición.
Irónicamente, ¿Sabe Usted quien preside esa Comisión? Seguramente lo habrá adivinado: Una priísta ¿Pero sabe de quién se trata? Nada menos que Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ex subsecretaría de Migración y de Asuntos Religiosos de Segob, cuyo nombre quizá no le diga gran cosa, pero, mejor conocida como “Paloma” y con una Notaría en Tampico, Tamaulipas, es hermana del llamado Subcomandante  Marcos.
Para comenzar, el artículo 73 constitucional dice que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, pero, con todo, desde la comodidad de su Casa Blanca, Peña Nieto llamó a “sus” diputados del PRI y “paleros” del Verde para darles “línea” y aprobar esa Ley que, sin duda, afectará la tranquilidad de los mexicanos.
No es posible abordar este tema sin hacer sentir la molestia, enojo y gran decepción de ver cómo esa Cámara se ha convertido en una verdadera Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, una “sastrería” donde se hacen trajes a la medida, en un trámite más de la expedición de leyes que en nada abonan a un país próspero y de paz.
La Ley de Seguridad Interior no es otra cosa más que un síntoma de miedo ante la proximidad de las elecciones del 2018, y una actitud beligerante del gobierno priísta hacia la sociedad y sus derechos. No es extraño que se hubiera aprobado bajo el esquema de mayoría que aplasta y aprovecha esa condición para socavar los grandes avances de derechos humanos las últimas décadas, de menospreciar a este poder y gobernar de manera autoritaria.
Lo que no mide Peña Nieto es que la ley podría revertir sus intenciones claras de represión, vulnerar los derechos humanos y violar las garantías de los mexicanos. El Ejército tiene el propósito fundamental de defender la soberanía del país, así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes, pero no es policía.
Es ilusorio pensar que, a través de sus tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación, sirvan a partir de esta ley para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva ¿Dónde quedarán entonces la libre manifestación y el libre tránsito consagrados en la Carta Magna?
Por ello esta ley se considera parte de la militarización. No hay necesidad de considerar acciones de orden interno con despliegue permanente de fuerzas armadas que vulneren derechos de la población.
¡Qué falta de imaginación, responsabilidad, y menosprecio a las fuerzas armadas! Recomendaciones de organismos nacionales e internacionales han externado preocupación por la intervención del Ejército en tareas que no les corresponden, y emitido observaciones claras sobre violaciones a los derechos humanos, ya que no están preparadas para acciones policiales.
En efecto, ésta no es la vía para combatir la delincuencia ni el crimen organizado. La profesionalización, la coordinación entre gobiernos, la delimitación de responsabilidades y la estricta aplicación de la ley será la que realmente nos lleve por el camino del orden y respeto en nuestra sociedad.
Por tanto, como ley que faculta al Ejército como policía, ni genera controles de verificación de respeto a los derechos humanos, en tanto permite la intervención militar en protestas sociales por su poca transparencia, nula regulación e imprecisiones conceptuales, es necesario revisar la pertinencia de crear una ley para tal objeto.
La “discusión” de la ley incluyó la confesión de una legisladora, en el sentido de que a lo largo de la Legislatura nunca había sentido más miedo, mientras que otra más, afín al presidente Peña Nieto amedrentaba al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al que gritó y retó, en tanto descalificó el trabajo de ese organismo.
No pocos hicieron un reconocimiento al trabajo de las fuerzas armadas con el Plan DN-III y otros más, pero, con todo, la nueva ley no parece más que la preparación de un nuevo fraude electoral, del que los priístas buscan esconderse tras de las botas del Ejército.
Quiérase o no, a partir del 2006, cuando inició la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, aumentaron las graves violaciones a derechos humanos. Antes de ello estaban registradas cerca de 190 denuncias contra organismos militares. Después de ese año existen más de mil cada año.
¿Y así dicen que está funcionando? ¿En qué diagnóstico queda claro que la política de militarización, en ningún lugar del mundo, ha sido eficiente? Es una absoluta mentira. Recordemos el halconazo del 71, Aguas Blancas del 95, Acteal del 97, San Fernando de 2010, o Tlatlaya de 2014 ¿Quiénes fueron señalados como responsables?
No obstante, mientras las recomendaciones internacionales piden al Estado mexicano el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las calles, los diputados buscan regularizarlo, disque momentáneamente, parcialmente, pero llevamos 10 años con ellos en las calles y nada ha cambiado para bien, al contrario.
En 2007 teníamos cerca de 10 mil homicidios, y en 2016 suman 23 mil, lo que significa que se duplican y un poco más. La presencia del Ejército en las calles no ha funcionado, aunque también se olvida que el propio secretario de la Defensa señaló en un discurso que ellos no habían sido reclutados, por lo que no era su obligación detener criminales.
Por otro lado, resulta una irresponsabilidad exponer al Ejército cuando tiene otras tareas, pero también se permite que los gobernadores y presidentes municipales no sólo NO aceptan el mando mixto, sino que también son omisos ante su responsabilidad de procurar la seguridad con paz.
         Por el lado legal, el representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, escribió dos párrafos en un artículo llamado Seguridad Interior. Preocupan mucho porque pueden ocasionar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
Según explica respecto al desequilibrio entre Poderes, la propuesta inclina la balanza a favor del Ejecutivo federal, no sólo porque su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación en acciones de seguridad interior, sino también, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, lo faculta a emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior.
Con ello se lesiona el federalismo y evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional, para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y sus garantías.
El tema es de la máxima relevancia, porque el aún proyecto de ley no especifica las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, lo que generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbre.
Y es que la ley exhibe una tentación autoritaria de los gobiernos civiles para reprimir. No olvidemos que quien manda, instruye y ordena las acciones del Ejército será el Presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también responsable de las violaciones de los derechos humanos que han aumentado en 10 años, desde que participa el Ejército en las labores de seguridad.
La ley es inconstitucional, no sólo porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le deja una responsabilidad de labores policiacas para las que no está preparado. Es decir, se abandona la responsabilidad de los poderes civiles, que han costado al país miles de vidas en el pasado en procesos históricos.
Existe una enorme omisión del gobierno para garantizar la seguridad de la sociedad. Piensa en las instituciones, y no en las personas; ignora el concepto de seguridad humana, donde lo fundamental es generar las condiciones para una sociedad con paz y armonía, y se olvida la integralidad de la seguridad pública, nacional y humana.
Esa paz se genera con una política social que respeta los derechos y la dignidad humana, no con represión o uso de la fuerza. La guerra que emprendió Felipe Calderón y continúo Peña Nieto sólo ha dejado dolor y miedo a la sociedad. Ha legalizado su fracaso en materia de seguridad.
En síntesis, la Ley de Seguridad Interior es prácticamente una declaración de guerra que quiere utilizar al Ejército para ganarla, nada más absurdo. Encima, no existe convicción o voluntad de respetar los derechos, entre ellos su artículo 4o. respecto a la obligación de las autoridades señaladas en la ley de respetar los derechos humanos de conformidad a los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Entre las infructuosas propuestas tras más de 5 horas de discusión y 64 oradores, se pidió que al momento de definir el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, se garanticen los derechos humanos, con protocolos de actuación con irrestricto respeto a la normatividad en materia de derechos humanos, así como los tratados internacionales suscritos por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los mismos.
Asimismo, se propuso que dentro de la definición de inteligencia de la seguridad interior se establezca de manera clara que la información obtenida en materia de seguridad interior se obtenga de manera lícita.
Así, se pidió evitar temas de espionaje como Cepegas, con lo que se blinda de abusos por parte del Estado, ya que resulta sorprendente que la ley proponga clasificar como tema de la seguridad nacional la información que se genere con motivo de su aplicación, aun cuando hubo avances en la materia al aprobarse en 2016 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al parecer, a los gobernantes aún les tiembla la mano para transparentar el uso de la fuerza pública, por lo que la información que se genere por motivo de la ley debe ser de carácter público, accesible a todos y, sobre todo, totalmente transparente.
Por otro lado, pese a que prácticamente nadie conoce la ley en ciernes, es necesario eliminar de ella la facultad discrecional por parte del presidente y el secretario de Gobernación para el indebido uso de la ley, conferida en el artículo 24 que, de manera enunciativa, considera la posibilidad de que, sin la declaratoria de protección a la seguridad interior, se pueda enviar a las fuerzas armadas a alguna zona geográfica, a criterio del presidente.
Ya hemos conocido a lo largo de este sexenio el criterio del mandatario, en una estrategia no ha pacificado al país. Vemos que esta estrategia que proviene desde Felipe Calderón, no ha dado solución a las comunidades en extrema violencia.
El Ejército, como nosotros, es parte del pueblo, es el pueblo uniformado al que se le ha obligado a actuar fuera del marco constitucional. La gente quiere vivir en paz, por lo que la inseguridad debiera abatirse combatiendo la pobreza.
Más grave aún, el artículo 8o. de la ley pretende coartar la libertad de expresión y libre manifestación pública. Los priístas olvidaron el 2 de octubre. Su intolerancia es tal, que buscan legitimar la acción violenta para inhibir protestas en contra de la acción gubernamental.
Así, establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, salvo que no sean pacíficas. El error del dictamen y la trampa consiste en dejar al presidente de la República calificar cuáles son pacíficas.
         El negro historial de las fuerzas armadas lo conforman señalamientos reiterados de violaciones a los derechos humanos, tortura sexual a mujeres su detención, ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, atroz tortura de cuatro personas a manos de algunos militares en Baja California Norte en junio de 2009.
También incluye mayo de 2006, Atenco; junio de 2014, Tlatlaya; septiembre de 2014, Ayotzinapa; junio de 2016, Nochixtlán y. desde luego, la matanza del 2 de octubre de 1968, pero hay más. Las víctimas de las 99 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha, más de 200 organizaciones y numerosas sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Si los senadores no son más humanos que los diputados, y México les importa menos que su “disciplina” presidencial, ¡Dios nos bendiga!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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viernes, 1 de diciembre de 2017

¡Llueven Amparos contra “aliancista”!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda de que, pese a sus recientes reformas, la Ley de Amparo mexicana sigue siendo objeto de una serie de controversias, tales que se ha convertido tan sólo en tema de referencia histórica, según se desprende de los comentarios del especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, el Doctor en Filosofía Política, Baldomero Méndez López.
         Ponente del último módulo de Amparo que, como parte del Diplomado en la materia, concluimos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Chetumal, el profesional impartió durante dos días sendos talleres, en los que abordó polémicos comentarios en torno a esa materia, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
            Ya hablaremos en su momento sobre ese tema, ya que se trata de una garantía constitucional que, cuestionada por sus alcances, y supuesto abuso en la protección de arbitrariedades, dicen otros -que desconocen el fondo del tema-, se puso de boga en Quintana Roo ante el cambio de administración que supuso la permuta de colores partidistas en el poder.
         Así, tras que el priísta Roberto Borge cediera la gubernatura al “aliancista” Carlos Joaquín, surgió una serie de irregularidades que se concretó una larga lista de denuncias y numerosos involucrados, la mayoría de los cuales se vio en la necesidad de recurrir precisamente al Amparo, se supone, para un juicio imparcial que impidiera su momentánea detención.
         No obstante, entre los involucrados, como se dice, “no son todos los que están ni están todos los que son”, la aparente venganza de Carlos Joaquín contra sus enemigos y la protección de sus amigos, obligó a no pocos a solicitar la protección de la Justicia Federal, algunos para ganar tiempo y otros más alguna eventual “negociación”.
         Lo cierto es que no todos lograron sus pretensiones, ya que, hasta donde se sabe, algunos Jueces de Distrito negaron suspender los actos reclamados, en algunos casos por negarse aquéllos a ponerse a disposición de la Justicia Federal, o bien a cubrir un depósito para la posible reparación del daño.
         En otros casos, no obstante, los involucrados ni siquiera saben que lo están, ya que, se sabe, en materia de burocracia se suelen obedecer órdenes a ciegas -ante la posibilidad de perder el empleo-, por ejemplo en la firma de documentos, o bien carecen de recursos suficientes para garantizar reparación.
No nos consta, pero, dicen, éste podría ser el caso de la ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Ana Alicia Rivera Galera, detenida esta semana por el presunto desvío de más de mil millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y que debió ingresar a CAPA.
Su captura se suma a la del exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá; Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, delegado y subdelegada, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), aunque ambos libres tras pagar sus fianzas y garantizar la reparación del daño
Los que permanecen en prisión son el director de VIP-Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, y recientemente Ercé Barrón Barrera, acusado del ejercicio indebido de la función pública, aunque su defensa solicitó ampliar el término constitucional y el juez reanudará la audiencia el próximo dos de diciembre.
Ahora bien, el caso es que, del primer círculo del ex gobernador, hasta el 13 de junio último se investigaba a 17 personas -originalmente se hablaba de 23-, una de las más importante el ex titular de Finanzas, el yucateco Juan Pablo Guillermo Molina, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito, que la organización Somos Tus Ojos estima en más de mil 464 millones de pesos.
Amparado el 10 de mayo ante el Juez Tercero, que le habría negado la suspensión definitiva del juicio político que le promovió el Congreso del Estado, seguía en pie la suspensión provisional para evitar que la comisión instructora encargada de la solicitud pudiera entregar su dictamen al pleno, toda vez que ingresó un recurso de revisión de sobreseimiento.
El sería uno de los “peces gordos” que demanda la comunidad, al igual que el ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, en cuyo haber figuran 11 sospechosas propiedades en Chetumal, Holbox, Tulum y Holbox, según el Registro Público de la Propiedad, por lo que se amparó el 3 de abril contra una orden de aprehensión del Juez Primero.
Además, desde 2016 el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, Luis Echeverría Esquivel, habría revelado indicios de la desaparición de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.
Obviamente, diría, se trataría de un fraude en la venta de vehículos a los maestros y el pago de éstos por nómina, lo que no suscribió su organización con la Secretaría y la empresa Abaco Etesa, que demandó liquidar el costo de las unidades, mientras que la actual titular de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.
Alonso Ovando, al parecer refugiado en Mérida, habría encabezado un plan para reestructurar estos adeudos que heredó de la gestión de la ex titular de la dependencia y actual diputada federal, Sara Latife Ruiz de Chávez, aunque, independientemente de su paso por CAPA y la SEyC, también se le señala como uno de los beneficiarios en la venta ilegal del territorio estatal, donde habría invertido casi seis millones de pesos.
Tan sólo en 2012 compró una propiedad en exclusiva zona residencial por 1.8 millones de pesos, pese a que, de acuerdo con el tabulador de sueldo vigente al 2016, los secretarios de estado tienen un salario bruto de hasta 103 mil 536 pesos mensuales que, con los impuestos, sería de hasta 73 mil 993 pesos libres de compensaciones u otros ingresos.
-Otro “pez gordo” sería Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo y financiero de la CAPA, que habría solicitado un crédito por mil 562 millones de pesos, cuyo paradero se desconoce. El 28 de julio, junto con el ex operador financiero de Finanzas, Luis Armando Hoil Be, solicitó Amparo para evitar su eventual aprehensión.
Según denuncias que presentó en diciembre último la Secretaría de la Gestión Pública, los recursos corresponden a un contrato y deuda pública. Se trata de casi mil 056 millones de pesos que la CAPA recibió de Aguakán por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en Playa del Carmen y la ampliación de la concesión en Cancún.
Los cerca de 507 millones pesos restantes corresponden a un crédito de la CAPA por 560 millones que, según decreto que aprobó el Congreso local, serían para invertir en infraestructura. No obstante, las auditorías revelaron que no se aplicaron para ese fin y se transfirieron en forma directa a Finanzas.
-El ex subsecretario de Finanzas, Eliezer Villanueva Lanz, considerado como principal operador financiero de Borge -ya habría salido del país y refugiado en Líbano- es uno de los principales reclamos de la justicia, por lo que desde marzo último se habría librado orden de aprehensión en su contra.
Para ese efecto, la Secretaría de la Función Pública interpuso 15 denuncias por abuso de autoridad, desempeño irregularidad de funciones y peculado ante la Fiscalía General, por lo que el Juez de Control del Poder Judicial también le habría librado orden de aprehensión por usurpación de funciones.
Su reciente cargo fue de Secretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas, aunque fungió como operador financiero del ex gobernador Félix González durante el trienio de éste como alcalde de Cozumel, y su sexenio como gobernador.
Con Borge como Oficial Mayor de Gobierno (2006-2009), Villanueva Lanz fue director general de Administración, y también operó las finanzas de aquél como mandatario.
-Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud y esposo de la actual Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, es otro de los 17 implicados, ya que, como director de los Servicios de Salud con Manuel Aguilar Ortega como Secretario de Salud, fue separado del cargo en abril de 2011 como presunto responsable de la descomposición de 65 mil vacunas.
Esto, sin pasar por alto que en tiempos de Juan Carlos Azueta Cárdenas, también ex titular de la SESA, Badillo Perry fue responsabilizado del alarmante aumento de casos de dengue ante la nula aplicación de las campañas de prevención, dado que los recursos destinados se desviaron a fines lucrativos personales.
Por si fuera poco, también es señalado de participar en la venta ilegal de predios propiedad del Estado, fungir como prestanombres, participar en el saqueo al erario público, y operar financieramente a favor de Borge.
-Con dos Amparos, la ex titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, se suma a quienes tendrían orden de aprehensión, según el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, por irregularidades en la enajenación de predios propiedad del Estado, con una superficie de 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) a particulares relacionados estrechamente con Borge.
Las anomalías se le atribuyen por vender a precios que no corresponden al valor real de los predios, en muchas ocasiones al 1% de su costo, o menos, con compradores entre los que destacan familiares del ex mandatario.
El total de la superficie vendida equivaldría a más de 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces el tamaño de Isla Mujeres. En un desglose por municipio,  el negocio habría sido así, Venta de reserva de gobierno vendida en Bacalar, 7%: Felipe Carrillo Puerto, 10%; Tulum, 20%: Cozumel, 23%: Benito Juárez, 36%: Solidaridad, 52%: y Puerto Morelos, 60%.
Entre los beneficiados, se incluirían accionistas de una naviera -al parecer Barcos del Caribe-, que en los últimos 4 años habrían adquirido 3 naves con valor de hasta 7 millones de dólares, y todos ellos relacionados laboral y profesionalmente con Borge y su familia.
-Considerado por el actual gobierno como principal prestanombres de Roberto Borge, Edgar Manuel Méndez Montoya sería otro enorme “pez”, ya que, con 12 propiedades en Cancún (3) y Playa del Carmen (9), según el Registro Público, en su declaración ante Hacienda dijo que el 85% de sus ingresos era de su salario, y el resto como empresario.
Con 3 aviones que facturaba el Gobierno del Estado, era socio de tres empresas favorecidas en obra pública desde el inicio del gobierno de Borge, pero se amparó contra el titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita de la Seido.
-Irónicamente, en forma oficial, Borge aparece en el Registro Público sólo con 6 propiedades en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Declaró ante Hacienda que el 100% de sus ingresos provenía de su salario que,  según la Oficialía Mayor ascendía mensualmente a 152 mil 576 pesos, aunque, con una reducción en agosto de 2013, quedó en 146 mil 110 pesos, uno de los más elevados del país
-Otra fémina implicada es Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana del ex secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez, primer colaborador de Borge en ser detenido, siendo secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez con el cuestionado alcalde del Verde “Ecologista”, Remberto Estrada Barba.
Tras declararse confeso del desempeño irregular de la función pública por la venta irregular de predios, el hombre, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue liberado del Cereso, donde permaneció 188 días por desviar 39 millones de pesos, que fue obligado a devolver, con una multa adicional de 2 mil pesos para salir libre.
Hijo del ex procurador de Justicia del Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, el ex funcionario salió libre tras pagar 19 millones y garantizar el resto con propiedades.
-Quizá la más controvertida de los implicados, es la ex diputada federal del Verde “Ecologista”, Gabriela Medrano Galindo, supuesta pareja sentimental de Borge, rastreado y detenido en Panamá gracias a las fotos que aquélla y el secretario particular del ex mandatario -Alan García- habrían “subido” a redes sociales, aunque no ha ido a visitarlo desde su captura.
Según destacados columnistas, como Fray Bartolomé, a la ahora ex novia, de 34 años de edad, se le habría visto más frecuentemente en Michoacán, cerca del gobernador perredista Silvano Aureoles, con quien sería aparentemente “asesora”.
En una aparente burla, la política publica fotografías de sus múltiples viajes por el mundo, pagados con el dinero de los quintanarroenses, y en los cuales presuntamente estuvo acompañada de Borge. Gracias a la publicación cotidiana de sus viajes de placer, costeados con dinero que éste saqueó a los quintanarroenses, la Interpol calculó los movimientos del ex gobernador.
Tras la detención, comenzó a borrar toda evidencia, y desapareció, pero se presume que podría “orientar”" a las autoridades a encontrar 800 millones de pesos que intentaba sacar Borge del país, pues tras concluir el mandato comenzó a realizar una serie de viajes que presumía en redes sociales.
-El ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, es otro involucrado que aparece con dos inmuebles en Tulum y Cancún, aunque es acusado de orquestar la simulación de juicios laborales con trabajadores falsos para despojar a hoteleros de Tulum y departamentos de lujo en Cancún, entre ellos a espaldas de Torre Maioris, donde concluyó 4 departamentos
-Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente rescatado por Borge luego que el entonces presidente Felipe Calderón lo despidiera públicamente de la delegación de la Semarnat por ordenar destruir manglares, es otro de los involucrados en el despojo de terrenos, en un historial que lo califica como “pirata”.
-En un caso calificado más político que delictivo, también figura en la lista de implicados el ex Secretario de Gobierno de Borge, Gabriel Mendicuti Loría, acusado de favorecer supuestamente a sus empresas desde sus cargos como alcalde de Playa del Carmen y Secretario de Infraestructura con Félix González.
Con Borge inició como titular de la Sedari, y según el Registro Público, posee 18 bienes en Playa del Carmen, donde, sin embargo, siempre se desempeñó en la industria de la construcción.
-Trascendió que Fernando Escamilla y Ariel Federico Meesel Soureau y Andrés Canul Novelo, titular y subsecretarios de la SINTRA, forman parte de la indagatoria judicial que incluía a Paulina Achach, designada por Borge en relevo de Mauricio Rodríguez, y detenida el 8 de mayo como la segunda captura de la Fiscalía en menos de tres días.
Con una disculpa por el espacio y su paciencia, ya seguiremos hablando del tema en nueva oportunidad, ya que cada uno de ellos implica una historia completa… además de los que NO aparecen aún.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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lunes, 27 de noviembre de 2017

 ¡Se enreda la justicia del “cambio”!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con la caída de Erce Roosevelt Barrón Barrera, uno de los verdaderos “peces “gordos” de las opacas administraciones de los priístas Félix González y Roberto Borge, la pinza se va cerrando en torno a los amigos y enemigos del gobernador Carlos Joaquín, quien, como temíamos desde un principio, aplica la máxima de Juárez sobre la justicia: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”.
Vayamos por partes. En lo que constituyó una verdadera noticia de fin de semana, autoridades migratorias del puente binacional del aeropuerto de Tijuana-San Diego, retuvieron a Barrón Barrera, quien fuera tesorero de los ex cuestionados ex gobernadores de Quintana Roo.
La retención se dio por orden de aprehensión 151/2017 del juez de control de Primera Instancia de Chetumal, ante su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública.
Según la Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, la Policía Federal Migratoria pidió a la PGR de Tijuana realizar los trámites para su entrega a la dependencia, responsable de consignarlo ante el juez de control.
Erce Barrón fue dos años Tesorero General de Félix González (2005- 2011), y lo ratificó Roberto Borge por tres años más, tras lo cual, a partir de febrero de 2014, le nombró director general de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo) en sustitución de Román Quian Alcocer, pero habría manejado ésta como empresa particular, al igual que el erario público.
En el primer caso, habría concesionado muelles al mejor postor, y una vez concluido el sexenio, se refugió́ nueve meses en Sinaloa, donde el  director general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, le nombró responsable de la Administración Portuaria de Mazatlán.
Además, está implicado en actos de corrupción en complicidad con Borge por medio de contratos y pagos millonarios de servicios aéreos falsos, ya que, además de estar al frente de la Apiqroo, formaba parte del Consejo de Administración de VIP-Saesa, por lo que se le acusa de ejercicio irregular de la función pública.
Hasta ahí las cosas, el nombre de un político influyente viene a la mente de los quintanarroenses, ya que, tal y como señaláramos en nuestra columna del 31 de julio último, como el título ¿Involucrados, protegidos por “alguien”?, se equipara con el tema con los términos “enemigos” y “los demás”: Nos referimos a Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
         Lo anterior quedó perfectamente claro en el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, había sido detenido el 4 de julio por una serie de malos manejos que implicaron una multimillonaria pérdida para el patrimonio del Estado.
         Su captura se veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y comparecido ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno a los malos manejos de esa empresa, que implicaban, en teoría, a 11 ex funcionarios responsables de la firma de contratos por la renta y compra de aeronaves.
De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían los ex titulares de la Secretaría de Gobierno durante el periodos del Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, incluía al ex procurador fiscal, Víctor Hugo Loyola, así como a Acosta Gutiérrez y al propio Barrón Barrera.
Por lo menos, esa fue la lista original que manos “misteriosas” filtraron, pero que sospechosamente omitía el nombre de otro “pez gordo” que, según actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos.
En efecto, nos referíamos al cozumeleño Alcérreca Sánchez, un eterno aspirante a gobernar Quintana Roo, que apenas conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a la que consideraba poco preparada frente a su currículum, lo que le habría llevado a falsificar documentos y adulterar su registro ante el entonces IFE en 2003.
Tal y como publicamos en su momento, Alcérreca Sánchez, uno de los 14 jubilados de Pemex que gana más que el mismo presidente Enrique Peña Nieto -entre 238 mil y 362 mil pesos mensuales-, también figuró en Actas como accionista de VIP-Saesa cuando se desempeñaba como titular de la SINTRA ese mismo año.
En efecto, el 5 de abril de 2003, en asamblea general ordinaria, el consejo directivo de la empresa aérea, que firmó las actas que constituyen los ilícitos que integró la Fiscalía General del Estado para denunciarlos, lo formaban, entre otros, Barrón Barrera, entonces representante suplente de Borge como presidente del Consejo de Administración.
Como se sabe, otro de los involucrados, cuyo nombre se omitió en el tema VIP-Saesa pese a figurar en las Actas, es Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Apiqroo, cuya participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.
También figura el tío de Félix Gonzáles, el ex diputado local Luis González Flores, entonces titular de la Secretaría de gobierno, quien fungía como secretario del Consejo de Administración de VIP-Saesa, donde el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, entonces titular de Hacienda, era tesorero del Consejo de Administración.
Los últimos nombres son del entonces procurador Fiscal de Hacienda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan García Escamilla, entonces segundo vocal del Consejo de Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el entonces único detenido por el caso, Acosta Gutiérrez, fungía como director general.
Por su parte, el millonario Alcérreca Sánchez, ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, tenía el cargo de primer vocal del Consejo, donde uno de los enemigos políticos de Carlos Joaquín, Gabriel Mendicuti Loría, fue vinculado al proceso, irónicamente, tan sólo por haber sido antecesor del mandatario en la presidencia municipal de Playa del Carmen.
Dos veces contrincante suyo a la candidatura del PRI a la gubernatura, el ex funcionario, quien sustituyó precisamente a González Flores, fue secretario de Gobierno de Borge hasta el 3 de marzo de 2016 -cuando anunció que buscaría la candidatura- y nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era convocar a sesiones y elaborar minutas y actas.
         Como parte de la “investigación” de la Fiscalía, donde todo apunta a una aparente “negociación-, el expediente también omite el nombre de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de actas del Consejo, aunque, para su buena fortuna, no sólo NO es enemigo de Carlos Joaquín, y SÍ primo-hermano de Félix González, sino también del propio mandatario.
         Según crónicas, esposado y escoltado, pero con gran sonrisa, Barrón Barrera arribó desde el vuelo comercial de Internet 2544 al aeropuerto de Chetumal, donde se le “juzgará” por desempeño irregular de la función pública.
Guiado, por dos agentes ministeriales hacia afuera de la terminal, donde abordó un vehículo oficial, Barrón Barrera, como se esperaba, aseguró ser inocente: Gracias, hasta luego, ¡saludos!, comentó a los reporteros, mientras el fiscal Miguel Ángel Pech Cen, informó que solicitaría prisión preventiva en su contra por no contemplarlo de manera oficiosa el delito por el que se le acusa.
En efecto, el desempeño irregular de la función, delito por el que se acusó y sentenció al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, no es grave ni prevé prisión preventiva.
Para refrescarle al memoria -en el buen sentido de la palabra- el 13 de junio de 2016, con el título ¡A cortarle las “manos” a Borge!, publicamos que, como “premio” del ex gobernador para ineptos y corruptos, como el ex titular del Infovir, el también cozumeleño Ricardo Pech Gómez, Barrón Barrera ¡también recibió una Notaría!
Amigo personal del indeseable ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, nombrado en marzo delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el detenido fungió como secretario particular de este último hasta ser promovido Tesorero, pero siguió en la Secretaría, mientras que su Notaría la trabajaba el chetumaleño Gabriel Ávila Osorio.
Continuó como tesorero de Roberto Borge hasta renunciar en febrero de 2012, cuando, en calidad de presidente del consejo de administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el gobernador lo nombró nuevo director, en sustitución de Román Quian.
Ante este panorama, titularíamos el caso ¡la “justicia” del “cambio”!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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martes, 21 de noviembre de 2017

 ¡Sospechoso “premio” a Carlos Joaquín!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En una aparente burla, estrategia para desviar la atención o intento de apoyo político con miras al próximo proceso electoral, ahora resulta que el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es el mejor gobernador del 2017, por lo menos para el desconocido Grupo Valores entre los quintanarroenses.
         En efecto, como seguramente, al igual que nosotros, se habrá enterado de esa inusitada nominación a través de las redes sociales, donde circuló profusamente la noticia desde el jueves último, el Jefe del Ejecutivo de la entidad recibió ese reconocimiento, irónicamente, lejos de Quintana Roo y lejos del sentir de los quintanarroenses: En la capital del país.
         Y es que, cabe aclarar, esto no significa que el aliancista PAN-PRD sea o no el mejor o peor de los gobernantes del país, pero, caray, en todo caso creemos que deberían ser precisamente los quintanarroenses los que calificaran su trabajo, ya que, por principio de cuentas, son los únicos que podrían constatar y calificarlo.
Por otro lado, tampoco podemos calificarnos pro o anti “joaquinistas”, pero lo cierto es que desde un principio nos dio mucho que pensar la selección del gobernante como el mejor de todo el país, por encima de los otros 31 mandatarios, y no porque alguno de ellos sea realmente “el mejor”, sino porque hacer un nombramiento de esa naturaleza requiere de mucho trabajo.
         Seguramente no pocos “joaquinistas” se habrán congratulado con ese galardón para quien apenas días antes había sido cuestionado como el aparente “rey de los gastos”, como seguramente no pocos se habrán indignado, inclusive rasgado las vestiduras en un afán de reclamo, principalmente los opositores priístas.
         No obstante, en uno y otro caso, y aunque suene absurdo, ambos tienen la razón, como la tienen todos los quintanarroenses, ya, repetimos, en todo caso, se les debió consultar previo a informar con toda pompa que Carlos Joaquín era “the best”, al menos para sus premiadores.
         Para todo esto, conste que, aunque parezca mentira, todo hace suponer que, curiosamente, el menos “culpable” es el mandatario, quien gustoso acudió a la metrópoli a recibir el trofeo. Era lógico que lo aceptara, ya que, al menos políticamente, hubiera sido de mal gusto rechazarlo.
         Y hete aquí el quid del caso, ya que seguramente sobrarán los que opinen que, de ser más honesto, Carlos Joaquín hubiera hecho mutis y aparentar que no había pasado nada, o bien declarar que sus paisanos eran los indicados para calificar su gestión, ya que sería ingenuo suponer que le habrían calificado otra cosa.
         Lo cierto es que, según crónicas, su comentario fue: “El camino es arduo, el compromiso mayor, dar tranquilidad y crecimiento a Quintana Roo. Nos esforzamos por alcanzarlo y ofrecer más oportunidades para todos. Los premios son un aliciente para esforzarse más y ser mejores. Gracias a la Revista y Grupo Valores por reconocer a Q. Roo”.
Conforme las publicaciones, la Revista y Grupo Valores realizó el evento “para reconocer la trayectoria y labor de personajes de renombre en el país”, por lo que ellos entregó 10 galardones, entre otros para el titular de la Delegación Gustavo A. Madero de la ciudad de México, Víctor Hugo Lobo; y el alcalde de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del Villar.
Durante el evento, el periódico capitalino Excélsior también recibió el Premio de manos del socio director de la Revista, Alberto Legorreta, quien explicó que estos reconocimientos se otorgan con base al respaldo de las personas a través de las redes sociales a empresas socialmente responsables, políticos cercanos a la gente y medios con trayectoria.
La encargada de recibir este Premio fue la subdirectora Editorial de Excélsior, Fabiola Guarneros, quien valoró el trabajo periodístico del rotativo, que cumplió 100 años, “que ha dado testimonio del devenir de México y el mundo en el último siglo”.
Por su parte, Alberto Legorreta comentó que, con siete años de trayectoria, consideró a la gente, al vox populi, a través de las redes sociales, para elegir ternas o alternativas de premios, “y con esta innovación de los millennials, de la generación millennials, tuvimos a bien convocar a la entrega de premios, de galardones”.
Con todo, la designación de Carlos Joaquín no deja de ser polémico para la clase política local, que, con justa razón, cuestiona que una revista -sí, leyó Usted bien-, una revista que ni siquiera se edita en Quintana Roo, califique el desempeño del gobernador de todo un Estado, lo que a cualquiera obliga a la sospecha,
La intención de abordar este tema es poner en CONTEXTO lo que para la mayoría de la población fue sólo una noticia, y nada más, ya que obtener un premio de esta especie pareciera tan sencillo como los Honoris Causa que entregan algunas instituciones previo pago de una “colaboración”.
    No estamos diciendo que ese haya sido el caso de Carlos Joaquín, pero es sumamente extraño que una revista, extraña para los quintanarroenses, realice un reconocimiento al mandatario, obviamente para buscar aumentar el capital político de éste, que no para otra cosa ¿O sí?
Para quienes nunca han leído la revista -suponemos que muy pocos la conocen-, todo hace suponer que opera a través del sistema de franquicias, ya que se promueve con este anuncio: “¿Te gustan los negocios, la política y el periodismo? ¡Tú puedes adquirir la franquicia Valores en tu Estado!
Con columnistas de la talla de Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos en México, apunta que es la “primera Revista en México, cuyos contenidos buscan mostrar lo mejor de nuestro país, destacando los valores que nos identifican como mexicanos”.
Su publicidad, asegura, será vista por los más de 45 mil lectores de nuestra versión impresa y los miles de seguidores de nuestra edición digital (redes sociales y sitio web)
Concluye que “nuestra revista se distribuye en universidades públicas y privadas, Cámaras empresariales, Cámaras de diputados y senadores”, así como en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ahora Congreso de la Ciudad de México; jefaturas delegacionales de ésta, embajadas, aeropuertos, restaurantes y cafeterías de prestigio del área metropolitana.
¿Será que los más de 1.5 millones de habitantes de Quintana Roo comulguen con la misma idea de Alberto Legorreta y su revista? ¿Será que los habitantes de los demás Estados restantes también? O la metodología de ésta será la diferencia.
En este sentido, verá Usted, según la encuesta nacional de Gabinete de Comunicación Estratégica, los gobernadores de Yucatán, Durango y Sonora,  en este orden, resultaron los mejor evaluados, en contraste con los de Morelos, Tabasco y Guerrero, que menos confianza generaron.
Con esto, el mandatario priísta yucateco, Rolando Zapata Bello, habría mantenido su posición como el mejor gobernador de México.
Desde nuestro particular punto de vista, en el caso de Quintana Roo sería una simple contraprestación en pago de favores por la compra de publicidad del gobierno, obvio, para que Carlos Joaquín, ante las cada vez más inminentes elecciones del 2018, busque recuperar el capital político que gozaba hasta antes del inicio de su gobierno.
Hasta ese entonces, todo era esperanzas para un “cambio” que no termina de llegar.
¿Se imagina Usted qué diría Carlos Mimenza ante el premio? ¡Una serie de insultos y ofensas!
Y preguntamos a los “colaboradores” de Carlos Joaquín -léase Felipe Ornelas- ¿por qué exponer a su jefe a estos riesgos? Juzgue Usted, respetable lector.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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