miércoles, 6 de junio de 2018


 ¡Aguas con los candidatos federales!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No pretendemos dar clases sobre política, mucho menos sobre la triste realidad del país, sino hacer un llamado a votar a conciencia el 1º de julio, principalmente por senadores y diputados federales, cuyo compromiso, dígase lo que se diga, NO es con la ciudadanía, sino con su partido.
Aunque lo hemos repetido una y otra vez, la mayor parte de la culpa de la inseguridad, corrupción e impunidad en México la tienen los oficialistas PRI, Verde Ecologista, Panal y Encuentro Social, que se aliaron -se hicieron cómplices- durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
¿Cómplices de quién? Para nadie es un secreto que esos “legisladores”, que eventualmente recibieron el apoyo del PAN o del PRD -con respetables excepciones- concluirán su periodo el 31 de agosto arrodillados, y bajo las órdenes del presidente Peña Nieto, a quien le besaron los pies durante 6 (senadores) y 3 años (diputados), respectivamente.
Esta confabulación Poder Legislativo-Ejecutivo posibilitó que TODAS las iniciativas del presidente de la República las aprobaran diputados y senadores por mayoría -excepcionalmente por unanimidad-, y de ahí que entraran en vigor cuestionadas Leyes y reformas, encabezadas éstas por la Energética y de Seguridad Interior…y el “gasolinazo”.
¿A cambio de qué? Millonarios recursos no fiscalizados -la mayoría de ellos vía Coordinadores de bancada-, candidaturas, nombramientos directos o algún cargo público. Para ello, lo que sobró fue dinero, no de balde el país está más endeudado que nunca y Peña Nietro gastó lo que quiso en su “imagen”.
Apenas en abril último, con ocasión de concluir el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, en plausible papel de opositor en Movimiento Ciudadano, Macedonio Salomón Tamez Guajardo cuestionó los excesivos meses de receso y que aunque se presentaron iniciativas para reducirlo, no hubo eco en una mayoría, que parece seguir creyendo que ser diputado es privilegio y no compromiso de servicio y trabajo
Reproducido en un vestíbulo de la Cámara, José María Morelos escribió una frase que recogió en sus “Sentimientos de la Nación”, en el sentido de que, como la buena ley superior a todo hombre, las que dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia e indigencia, de tal suerte que aumente el jornal del pobre y mejore sus costumbres, alejando ignorancia, rapiña y hurto.
La LXIII Legislatura quedó muy corta y dejó de cumplir a cabalidad su compromiso legal y moral de darle al país buenas leyes -como decía Morelos-, y de servir de contrapeso a los demás Poderes. La cantidad y calidad de su trabajo quedó muy lejos de lo que México necesita y reclama.
Su calidad de legislar representa un problema todavía más grave, prueba de ello, sus “números”: De las 5 mil 864 iniciativas que recibió sólo el 12% aprobó el pleno, desechó el resto y quedó un 61% pendiente de dictaminar.
Es tan grave su rezago, que no dictamina o pretende hacerlo de última hora, al vapor, tal y como ocurrió en los últimos meses, lo que no es más que una abominable irresponsabilidad de la mayoría oficialista.
Esta omisión de trabajo es un verdadero fraude al pueblo, que eligió a sus diputados y senadores para legislar y les paga por ello, lo que se debe en buena medida a su inasistencia e impuntualidad, tanto a sesiones plenarias como a las de comisiones.
La verdad es que parece increíble que hace tres años pedían el voto con todo tipo de promesas y compromisos -como ahora-, y a lo largo de su Legislatura, ya electos y con generosos estipendios, muchos no cumplan su obligación fundamental de asistir con tiempo y disposición de trabajo.
Debieran enviar alguna iniciativa para crear un sistema de evaluación de diputados totalmente en manos de la sociedad, para medir su asistencia y puntualidad, como niños de primaria. Es penoso que ante su falta de capacidad o vocación -o ambas cosas- para cumplir su deber, el propio Poder Judicial haya tenido que llamarle la atención a través de sentencias de Amparo que protegen a ciudadanos que se quejaron de su omisión.
En este caso fue para constituir una Subcomisión de Examen, previo a expedir la Ley de Comunicación Social y nombrar a los contralores de los órganos constitucionales autónomos. Aunque “a modo” -de la mayoría oficialista- cumplió la Legislatura.
No obstante, también es cuestionable su calidad de legislar a lo largo de dos años y 10 meses. ¿Cuántas de las cerca de 800 iniciativas aprobadas eran realmente importantes o trascendentes para el país? ¿Cuántas generarán un cambio positivo y cuántas se promovieron para un exclusivo lucimiento personal? La respuesta…para llorar
 Esas iniciativas pusieron a andar un proceso legislativo, incluyendo ocho enfadosos y repetitivos discursos al someterse a discusión y votación, y muchas veces sin más intensión que agregar una palabra a una ley sustentable, especial o para mencionar algún grupo o región, al igual que días con tantas solemnidades y efemérides que sólo provocaron perder el tiempo, como los innumerables discursos para despedir a alguien que solicitó licencia.
Para lo único que sirvió también fue para un breve video de diputados proponentes y conseguir unos cuantos “me gusta” en redes. En esta feria de vanidades, como decía el novelista inglés William Thackeray, se perdió tiempo en tramitar ocurrencias, mientras el país se deshacía en sus manos.
Si hablamos de legislar bien, por ejemplo en seguridad que, junto con la corrupción, es el problema más grave de los mexicanos, ésta se ha convertido no sólo en una demanda, sino en una verdadera exigencia y lamento de una sociedad que sufre y vive con temor.
Empero, se dejó de ir una extraordinaria oportunidad de mejorar nuestro sistema de seguridad, al votar contra una minuta del Senado, que establecía a nivel nacional un mando mixto, con pesos y contrapesos, certificaciones, apoyos y sanciones que hubiesen mejorado la función policial.
Por otro lado, se aprobó la abominable Ley de Seguridad Interior, torpe e inconstitucional, que engaña a todos, Al pueblo se le hace creer que estará mejor cuidado, y a las Fuerzas Armadas, en toda su nobleza, que están autorizadas a actuar como policías sin alguna responsabilidad. Es tan mala esa Ley, que el gobierno federal no se ha atrevido a aplicarla.
A lo largo de este año, con la norma vigente, las fuerzas armadas han intervenido en algunos Estados, y en ninguno se ha puesto en marcha el mecanismo de declaratoria de Estado de afectación la seguridad interior.
En materia de corrupción, ni qué decir. Con mucha alharaca se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, como si su sola creación fuese a acabar con ese mal, cuando que, en realidad, no existe voluntad política para ello.
En primer lugar, su creación no era estrictamente necesaria, pues ya el Código Penal contempla los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias… y no pasa nada. Lo que falta es voluntad política, no hacer leyes y dejarlas en archivos jurídicos.
Así, siguen libres pillos de alta envergadura, como Emilio Lozoya, protegido desde la Presidencia de la República. La mayoría de esa vergonzosa caterva de monstruosos gobernadores que hemos tenido y sus cómplices indiciados en algún proceso o presos, lo están porque fueron denunciados o apresados fuera del país… no en México.
En materia de corrupción, mientras todo mundo festejaba y presumía la creación de ese Sistema, en los existe vocación por lo contrario, a través de las siguientes acciones y omisiones:
En la Cámara de Diputados se creó la Subcomisión, tardíamente y mediante Amparo, manipulada para promover la impunidad de muchos de los acusados, por ejemplo, en el caso del priísta Rodrigo Medina, al que no se pudo procesar, entre otros, por el paso del tiempo.
La Sección de Instrucción no tuvo voluntad para proceder contra presuntos delincuentes. Se demoró en nombrar al Auditor Superior de la Federación y Contralores de organismos constitucionales autónomos, como si no necesitáramos una cercana y diligente vigilancia del manejo de recursos.
         Por otro lado, la Comisión de Presupuesto no se han dictaminado las cuentas de la administración de Peña Nieto. Cuentas claras para qué, seguramente dirán los responsables.
Finalmente, no se garantizó la autonomía e independencia del sistema de procuración de justicia. La PGR no tiene titular, salvo un encargado de despacho, que utiliza la institución políticamente, como a todos consta, y ha bloqueado investigaciones de trascendencia nacional por sus alcances, como son los casos de Odebrecht y de la “Estafa Maestra”.
En este sentido, también sigue pendiente el nombramiento de un fiscal anticorrupción y 18 magistrados especializados. ¿Dónde está -más allá de los discursos- la vocación por combatir exitosamente la corrupción en México?
En materia de política interior, no hubo mayoría para legislar sobre asuntos tan importantes que demanda la sociedad, como la reducción de diputados federales y senadores ni para establecer una saludable segunda vuelta electoral, que tanta falta hace.
Tampoco progresaron las iniciativas para una mejor fiscalización de los gastos del Ejecutivo en particular de publicidad, y se aprobó una Ley de Comunicación Social muy cuestionada. Tampoco hubo medidas de austeridad, como tanto demandamos ni se pudo impedir -con el pretexto de un mejor equilibrio ecológico- se promulgaran leyes contrarias, que sólo ven negocios.
Para remediar todo esto se está sembrando odio en estas campañas y se responde con odio. Así no vamos a llegar a ningún lado.
Esperamos que el cambio, que tanto necesita México, y seguramente empiece en julio, sea para bien -porque también hay cambios para mal-, y México alcance la grandeza que le corresponde a través de esa armonía y justicia que tanto necesita.
¿Cómo contribuir para ello? Medite su voto a conciencia y comprometa a sus candidatos, sobre todo a los que aspiran a senadores y diputados federales. No se deje engañar o comprar y, sobre todo, ¡No los deje “colgarse” de ningún nombre o partido!

PD: Confirman que, en virtud de un Amparo, basado en su estado de salud -padece de la próstata y de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-, el exgobernador Mario Villanueva Madrid fue trasladado este miércoles a Chetumal y recluido a las 10:30 horas en el Centro de Reinserción Social.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

lunes, 4 de junio de 2018


 ¡Peligroso “elefante blanco” de CJG!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Con un paso asegurado a la historia de Quintana Roo como primera Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General, la yucateca -oriunda de Valladolid- Rosaura Antonina Arzápalo Villanueva, ha puesto en riego al país de recibir severa condena por parte de organismos internacionales por su omiso papel.
         Envuelto en permanente enfrentamiento con su personal -policías y fiscales- su “padrino”, el Fiscal General del Estado, el inefable Miguel Ángel Cen Pech, está a punto de ser llevado entre las patas por aquélla, ambos por un caso que, aparentemente ignorado por el gobernador Carlos Joaquín, ha trascendido a todo el ámbito nacional… salvo en Quintana Roo.
         En un tema llevado y traído en redes sociales desde hace más de 5 años, inclusive molesto para quienes ignoran los hechos o prefieren ignorarlos, se trata del multicitado caso de Héctor Casique Fernández, sobre quien resultan determinantes cuatro fechas: El 16 de marzo de 2013, cuando fue detenido; 10 de marzo de 2014 (libre por primera ocasión), 24 de septiembre de 2016 (finalmente liberado) y 9 de junio de 2017 (asesinado)
         Para darle una idea de la trascendencia del tema, la propia ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenaron enérgicamente la muerte de este personaje apodado “El Diablo”, y cuya ejecución -con el ánimo de “lavarse” las manos- las autoridades atribuyeron a supuesto ajuste de cuentas del crimen organizado.
         “En primera fila” documentamos paso por paso este caso, que lo mismo ignoró el ex procurador de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, que el propio Cen Pech, pese a que, originalmente, existían hasta 43 inculpados. Tas la ejecución, la supuesta “investigación” se ha centrado en uno de los principales involucrados, el “capitán” Arturo Olivares Mendiola.
         En reconocimiento de las irregularidades y delitos de sus agentes, la Fiscalía General extendió una débil respuesta a las acusaciones de tortura por parte de la defensa de Casique, encabezada ésta por su madre, Yazkade Fernández. Para ese efecto, ofreció el año anterior una disculpa pública al ahora asesinado que, sin embargo, se negó a aceptarla.
         Casualmente, ¿recuerda Usted quién dio a conocer esa “mea culpa”, en un evento al que ni siquiera se dignó asistir Cen Pech? Lo dudamos, pero fue precisamente la hoy Fiscal Anticorrupción, que aquel 30 de marzo de 2017 fungía como vice-fiscal en la Zona Norte, aunque no por convencerse de sus yerros, sino por la recomendación 017/2015-II de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¡Dos años después de expedida!
         Coincidentemente, el reportero Pedro Canché Herrera, encarcelado nueve meses por supuesto sabotaje al gobierno de Roberto Borge, también recibió días antes disculpa pública similar de autoridades municipales y del Gobierno del Estado, por violación a sus derechos humanos.
         No obstante, a diferencia de Casique, aceptó la disculpa en Carrillo Puerto, en un evento denominado “Acto de disculpa y reconocimiento público de violación a derechos humanos de Pedro Canché Herrera”, en base a la recomendación 13/2015 de la propia Comisión de los Derechos Humanos, ya que denunció encarcelamiento por cuestiones políticas…y sigue el caso.
         Lo cierto es que el tema de Casique se continúa ventilando ante los escenarios internacionales, encabezados por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde, ante la serie de evidencias aportadas, faltas y fallas de la justicia, todo hace suponer que podría surgir un nuevo, histórico fallo condenatorio contra México.
         En ese sentido, la dependencia que encabeza Rosaura Arzápalo podría pasar nuevamente a la historia de Quintana Roo por su incapacidad en resolver el caso y hacer gala de lo que el jueves 14 de septiembre de 2017 se obligara a combatir: La corrupción, aunque el tema de Casique no es el primero que le “quema” las manos, pues hasta hoy se ignora de algún caso resuelto en sus cerca de nueve meses de presumir el cargo.
         Ahora bien, lo cierto es que éstos no son los primeros temas álgidos en los que se ha visto envuelta. En marzo de 2013 también pasó a la historia, en esa ocasión como primera juzgadora de Quintana Roo suspendida en sus funciones -un mes-, ante su presunta protección al crimen organizado, según apreció el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
         Juez Segundo de lo Penal en ese entonces, la funcionaria, quien tenía un año y medio en el cargo, sería objeto de una investigación por su excesiva protección a criminales, a grado tal que ni siquiera permitía que los reporteros fotografiaran a éstos cuando comparecían tras la rejilla de prácticas.
Conforme medios de comunicación, el 6 de septiembre de 2011, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, le dio posesión como titular del Juzgado Segundo, en sustitución de Alex Ramiro Buenfil Ayala, en cuya gestión, que comenzó el 30 de abril de 2008, se involucró en escándalos de cerrazón y sentencias erróneas.
Por cierto, el mayor escándalo en el que vio envuelta Rosaura Arzápalo como fiscal fue la liberación de Nahum Fuentes Rivera (a) “El Cacho”, involucrado en el crimen del ex judicial Eliodoro Jiménez Hermenegildo. Aquél salió libre el 27 de octubre de 2012 por supuesto desvanecimiento de datos…a cambio de presunto soborno de un millón de pesos.
El nombramiento de la Fiscal Anticorrupción, quien permanecerá siete años en el cargo, surgió de cuestionada terna en la que, con mayores méritos, también participaron Raúl Rafael Ojeda González y Joanna María Guadalupe Gutiérrez Martínez.
         Ahora bien, si de nombramientos cuestionables se trata, no podemos omitir el de Jesús Mena Paullada, designado director general de la Policía Ministerial el 15 de enero de 2017, ya que en 2012 se vio involucrado en un caso de despojo contra Banco Mercantil Banorte, que acusó a Olivares Mendiola, posterior verdugo de Casique, y entonces director de la Policía Judicial, por apoderarse de un terreno de playa en el municipio de Tulum.
Según la denuncia, Mena Paullada, entonces abogado del denunciante, el empresario inmobiliario Mattew Eduardo Burghoff, se hizo cómplice de Olivares Mendiola para perder el caso y quedarse con el terreno, según se dio a conocer.
En un somero recuento de hechos, Casique fue golpeado, torturado y abusado sexualmente en 2013 por 43 agentes de la judicial para obligarlo a confesarse culpable de distribuir droga, cobrar derecho de piso y orquestar el homicidio múltiple del bar “La Sirenita”, ubicado en la Región 233, ocurrido el 14 de marzo de ese año, con saldo de siete muertos y dos heridos.
Fue presentado a la prensa como el “El Diablo”, presunto líder de Los Zetas en el Estado. Tras tres años y seis meses de prisión, dejó el penal de Cancún para encontrase, nueve meses después, con la muerte.
Casique fue detenido de manera arbitraria el 16 de marzo al salir de la discoteca “Mandala”, de Cancún, acusado de pertenecer al crimen organizado y de participar días antes en la múltiple ejecución. Trasladado a los separos de la Policía Turística, los judiciales le sometieron a larga sesión de tortura de 30 horas, según se comprobada tras aplicársele el “Protocolo de Estambul”.
Dos días después de su captura, el entonces Procurador de Justicia, hoy Notario Público, Gaspar Armando García Torres, lo presentó a la prensa como “El Diablo” y presunto líder de Los Zetas, responsable del multi-homicidio en dicho bar, donde celebraba una reunión el sindicato de taxistas.
Familia y defensa de Casique denunciaron que fue golpeado, torturado y abusado sexualmente por 43 policías, todo por órdenes del entonces titular de la Judicial, Arturo Olivares, a quien Casique exigía devolver 75 mil pesos que le entregó a cambio de una plaza en la corporación, que nunca le concedió.
El 10 de marzo de 2014 lo liberaron por primera ocasión tras ganar un Amparo en relación al multi homicidio, pero fue reaprehendido cuando salía del penal de Chetumal y sometido a nuevo proceso en Cancún… con las mismas acusaciones, pero con nuevo testigo que resultó otro de los supuestos sicarios.
En la cárcel sufrió varios atentados, e incluso se desataron motines para lesionarlo, según documentó en su oportunidad la Visitaduría de Cancún de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lo cierto es que su familia obtuvo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó ejercer acción penal en contra de 35 miembros de la Procuraduría que participaron en la tortura. Tras tres años y seis meses de prisión, Casique dejó el Centro de “Reinserción” Social de Cancún… ¡para encontrase nueve meses después con la muerte!
Fue ejecutado en un restaurante de la zona de Bonfil en junio de 2017. También falleció en ese lugar su acompañante, Oscar Damasco Contreras. La madre de Casique acusó de la muerte de su hijo a los “judiciales. Fin de la historia porque el próximo sábado 9 de junio se cumple un año de su muerte, y la Fiscal Anticorrupción sólo ha servido para presumir el cargo y cobrar seguramente no pocos pesos.
Mientras tanto… la nueva Fiscalía Anticorrupción, con una serie de pendientes -v. gr. el tema de Función Pública- y un presupuesto seguramente envidiado por otras dependencias… sigue como “Elefante blanco”.
Como se diría al inicio de la actual administración, ¡Me dueles Quintana Roo!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

viernes, 1 de junio de 2018


 ¿Otra “papa caliente” para el gober?


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Siempre maquiavélico antes, durante y después de su sexenio, el ex presidente Carlos Salinas invariablemente operó con una sonrisa en el rostro y las armas en la mano oculta, tal y como demostró con el caso del magisterio mexicano que, convertido en su tiempo en uno de las mayores organizaciones sindicales, terminó por bajar la guardia ante él.
         Con su líder Carlos Jonguitud Barrios al frente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cumplía 17 años con un cacicazgo que pasaba por encima de cualquier autoridad, pero aquel abril de 1989, el siempre denostado ex mandatario nombró como sucesor de aquél a Elba Esther Gordillo.
         En política y psicología, divide y vencerás o dividir para reinar -como practicó Salinas con el magisterio-, es ganar y mantener el poder mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes, que individualmente tienen menor energía. El concepto se refiere a una estrategia que rompe las estructuras de poder y evita la vinculación de los grupos de poder más pequeños.
El término se podría utilizar en todos los ámbitos en los que, para un mejor resultado, en primer lugar es necesario o ventajoso romper o dividir lo que se opone a la solución a determinado problema inicial.
Lo anterior viene al caso con la reacción del gremio estatal de taxistas ante la aprobación de la nueva Ley de Movilidad que regula la operación de plataformas digitales de transporte de Quintana Roo, como es el caso de Uver (Uber Technologies Inc., empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil,​ que conecta pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte a particulares)
Su incorporación era cuestión de tiempo, no sólo ante el reclamo de los usuarios por el pésimo servicio de la enorme mayoría de taxistas locales, sino también como mandato constitucional en relación con la prohibición de monopolios en México.
Lo cierto es que el servicio se había convertido precisamente en un monopolio que, convenientemente permitido por los gobiernos en turno como gremio cautivo del PRI en elecciones políticas -inclusive como grupo de choque-, también servía para premiar a funcionarios y amigos con la concesión de una placa de alquiler, periodistas entre ellos.
De entrada, resulta anómala la propia denominación de sindicato, dado que, al menos en teoría y hasta donde sabemos, NO existe el sindicato de patronos -como es el caso de los taxistas-, sino de trabajadores, por lo que, en todo caso, podrían conformar una Cámara o Confederación de Taxistas, sin embargo, con otros objetivos y derechos…pero NUNCA Sindicato.
Pero bien, lo cierto es que, tan seguros estaban los gobiernos priístas de que nunca perderían el control sobre los taxistas -como tampoco perder la gubernatura-, que no se preocuparon por regularizarlos, sino en consentirlos y tolerarlos cada vez más. Menos aún pensaron en dividirlos.
Mejor prueba de esa tolerancia fueron las agresiones físicas, públicas, directas contra los choferes de Uver y el prácticamente “permiso” para adueñarse de calles y avenidas para guiar como se les pegue la gana, y ahora para manifestar su “indignación” como niño al que le arrebatan un juguete…pero en perjuicio de usuarios y automovilistas. Supuestamente pelean sus derechos, pero ¿y los nuestros?
Por si fuera poco, lo que es peor, los señores dueños de placas -no se les puede llamar taxistas porque éstos son los que trabajan- ignoran o prefieren ignorar la naturaleza del servicio que prestan y la naturaleza del “premio” que en su momento les ofreció el Gobierno del Estado, aunque probablemente las mismas autoridades estén en las mismas circunstancias.
En efecto, hablamos de la CONCESIÓN, término al que en diversas ocasiones nos hemos referido en relación con el servicio de la Comisión de Agua Potable, y que, conforme a Derecho Administrativo, es el “otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada”.
Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recurso humano para proporcionar un servicio, como es el caso de las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, por lo que lo concesiona a un particular, con la condición de que éste sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que no TRANSFIERA, RENTA ni VENDA ésta, y ofrezca un servicio de CALIDAD.
Lo cierto es que el gobernador Carlos Joaquín debió exigir desde el principio a su área Jurídica profundo análisis del tema, pues CUALQUIER beneficiado con una concesión que incumpla esas condiciones está legalmente sujeto a un proceso de REVERSIÓN, con el que puede perder la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ al pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.
El caso es que desde la noche del lunes 28 el Congreso aprobó la Ley de Movilidad, que permite la entrada de plataformas digitales, con lo que fracasó la consulta que solicitó Carlos Joaquín, y avaló el Instituto Electoral de Quintana Roo para que la ciudadanía decidiera si regresaba Uber.
La decisión provocó una serie de bloqueos de taxistas, que mostraron su descontento con esa medida que entraría en vigor 90 días después de publicarse, aunque no se ha visto que los afectados esgriman argumentos legales para rebatirla, excepto molestias por el bloqueo de calles y avenidas, como ejercicio de un supuesto derecho de “libertad de expresión” que, sin embargo, a todos perjudica.
La intervención de un Poder distinto al Ejecutivo en el tema de la prestación de un servicio público, seguramente obligará a las partes a contratar expertos en materia legal para el análisis a fondo de las concesiones, ya que la implícita delegación del servicio NO significa que el concedente (el gobierno) renuncie a sus facultades.
En efecto, únicamente delega al concesionario lo indispensable para la prestación del servicio en la forma y términos que determina él mismo –habría que conocer el contrato-, con lo que mantiene en todo momento sus poderes de intervención, control, dirección y hasta de prestación del servicio, que en todo momento conserva su carácter público, respecto al cual atribuye al concesionario un derecho personal, sólo temporal.
Voluntaria o involuntariamente, ante la entrega de las placas, el gobierno olvidó u omitió que, por naturaleza propia, la concesión de servicio público es TEMPORAL, sin que pueda ser a perpetuidad porque implicaría, desde el momento de su otorgamiento, la transferencia definitiva de las actividades concesionadas que, por tal razón saldrían de la esfera del poder público para ingresar al ámbito privado.
Esto significaría una renuncia del Estado a esas actividades y privaría al servicio de su carácter público, lo cual sería un procedimiento absurdo, ya que la concesión sólo se utiliza para servicios públicos que no implican ejercicio de potestad o soberanía, porque, en tales casos, como los de tránsito y seguridad pública, los gestiona directamente el Estado o el municipio
Así, es recomendable la concesión para servicios públicos onerosos, por ejemplo el cobro por el servicio de baños públicos, que prevén una tarifa para remuneración del concesionario. Tratándose de servicios públicos gratuitos, si se pretende prestar el servicio mediante particulares, es más práctico recurrir al contrato de local, o gestión interesada, donde administración y empresario participan en el resultado de la explotación del servicio.
Lo único cierto es que el tema de la nueva ley y los taxistas, júrelo Usted, no será sólo de un día, pero no afectará a esos empresarios -algunos de ellos hasta con 20 placas-, no así a los verdaderos trabajadores, los choferes mejor conocidos como “martillos”, a los que aquéllos sólo emplean como carne de cañón.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                 
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

martes, 29 de mayo de 2018

Peña  Nieto-PRI, ¡A la historia!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         A la posibilidad latente de que el PRI pierda su registro como partido político por el millonario financiamiento irregular de campañas de sus candidatos, hoy se suma Peña Nieto a su seguro pase como el peor presidente en toda la historia de México, donde su huella es corrupción, impunidad e inseguridad.
         Así las cosas, no es de extrañarse el pésimo resultado de la campaña del priísta José Antonio Meade a la Presidencia de la República, para lo cual, asómbrese Usted, ya no cuenta ni siquiera con los tradicionales votos “duros” de sus militantes cautivos que, convencidos del inminente cambio de huésped en Los Pinos, han optado por mudarse de partido.
         Como era de esperarse, a la serie de cuestionamientos que caracterizan a Peña Nieto, se suma un multimillonario despilfarro de recursos públicos que, consentido por sus diputados y senadores, avalaron sus tradicionales aliados del Verde “Ecologista” y Nueva Alianza (Panal)
A éstos, múltiples veces se sumó el “comodín” Encuentro Social y, como se sabe, el PAN o el PRD -o ambos a la vez-, en una pobreza legislativa que, según consta en las páginas electrónicas de cada Cámara, sólo tuvo como permanente excepción a Morena y, eventualmente, al Partido del Trabajo.
Quiérase o no, y de manera por demás sorpresiva, uno de los partidos que se convirtió en agradable noticia es Movimiento Ciudadano que, ante la falta de cuadros representativos, se vio en la necesidad de aliarse y “colgarse” a indeseables partidos, como Encuentro Social.
         Así las cosas, en el marco de la reciente ratificación de Úrsula Carreño Colorado como Subsecretaria de Egresos de Hacienda, el perredista disfrazado de petista, Mario Delgado Carrillo, recriminó a aquélla que, pese a cubrir el perfil, la oficina se ha “distinguido” como centro de simulación del gobierno indisciplinado y despilfarrador.
En efecto, uno de los “sellos”  de Peña Nieto fue el permanente engaño para tener un ritmo de gasto insostenible y llevar al país a un peligroso sobreendeudamiento, para lo cual cada año utilizó la misma metodología: Prometer un crecimiento  económico mayor al 3% que NUNCA se alcanzó, pero SÍ se gastó y endeudó como si estuviéramos creciendo.
Cada año se repitió la historia de prometer recortes y terminar gastando de más: En 2013, el Congreso le aprobó un presupuesto de 3.9 billones de pesos, y ejerció 4.2 billones, es decir 250 mil millones de pesos adicionales.
En 2014, la misma historia: Le aprobaron 4.4 billones, y gastó 100 mil millones de pesos más. En 2015, le  aprobaron 4.6 billones, y gastó 4.9 billones, pero en 2016 se descaró tras aprobarle 4.7 billones y gastar 5.3 billones; 613 mil millones de pesos más.
Las cifras preliminares de 2017 indicó algo similar, ya que la Cámara de Diputados le aprobó 4.8 billones y gastó 5.1 billones, con 288 mil millones de pesos adicionales.
Lo relevante del 2017 fue el irrisible argumento de Peña Nieto sobre el “gasolinazo”, sobre el cual Meade, entonces Secretario de Hacienda, dijo que mantener el precio de las gasolinas costaría 200 mil millones de pesos que  no teníamos, por lo que se cancelarían Prospera y Oportunidades;  y cerrarían escuelas y hospitales…, pero gastaron 288 mil millones más a lo autorizado.
Por si fuera poco, el gobierno despilfarrador nos endeudó 10 puntos del PIB adicionales al que prometió, y lo peor de todo, el dinero se ha ido por el caño de la corrupción y despilfarro, pues, pese al endeudamiento acelerado, la inversión física, productiva del gobierno es la más baja desde 1942.
De 2012 al 2018 la inversión pública cayó 2 puntos del PIB. Peña Nieto la recibió en 4.6, y este 2018 será de 2.5. Como resultado, se está llevando una “medalla” que ningún presidente había ostentado: En ningún año logró niveles de crecimiento de 3% y SÍ el crecimiento económico más bajo de la historia, sólo superado por Miguel de la Madrid.
El año anterior también impuso  otro “récord”: Nunca en la historia habíamos destinado más recursos  para el pago de intereses de la deuda que a la inversión pública total. Desde hace dos años nos cuesta más: Invertimos más en intereses que en inversión para aumentar la competitividad del país… y todo esto se gestó desde la Subsecretaría de Egresos.
El caso es que este gobierno más indisciplinado de los últimos años llevó a las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s, desde fines del 2016 y 2017 a prender focos de alerta, mientras el gobernador del Banco de México salió en febrero del 2015 a pedir orden en la política fiscal por el impacto en precios, y advirtió un nivel de gasto absolutamente insostenible.
Como resultado, existe bajo crecimiento económico y mayor período de endeudamiento desde López Portillo, ante la política económica de un Peña Nieto indisciplinado, despilfarrador y manipulador, que nos ha dejado más pobreza y cada vez más deuda.
Perredistas como Isidro Pedraza Chávez también lamentan la escasa inversión  y pésima obra pública en un gobierno que termina con la menor inversión de capital de la historia…, pese a aprobarse una reforma fiscal y energética que, supuestamente, garantizarían recursos para inversión y combate a la pobreza.
Pero además, el gasto en obra pública, lamentablemente, sigue siendo turbio y envuelto en una serie de escándalos, si no es una Casa Blanca, un socavón en el Paso Exprés, o una estafa maestra.
Además de faltar un nuevo marco jurídico en materia de obra pública, es clara la colusión privados-gobierno, que amplifica los problemas de planificación, insuficiencia económica, fallas en la ejecución de obra sobre costos y adjudicaciones directas.
Desafortunadamente, la LXII Legislatura concluye sin modificaciones y cero en la materia, sobre todo por falta de voluntad de la mayoría del PRI en el Congreso, y mejor prueba de ello es la SCT, donde, pese a la reforma anticorrupción, mantiene desvíos de recursos y corrupción en grandes obras carreteras y empresas del Estado.
Otro ejemplo es que mientras en varios países las investigaciones judiciales del caso de Odebrecht se conocen al detalle, en México prevalece la opacidad y, con el argumento de “información reservada”, la PGR evadió informar al Sistema Nacional Anticorrupción.
Odebrecht es el caso de corrupción más preocupante del gobierno del PRI, donde se habla de 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin, como director de Pemex entre 2012 y 2014, cuando, en plena campaña electoral de 2012, Odebrecht transfirió más de 3 millones de dólares a una empresa de Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya, entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto.
Otro caso de corrupción fue el del Tren Interurbano México-Toluca que, de acuerdo con el IMCO, se cotizó en 2014 en 38 mil millones de pesos, pero en 2018 el costo se disparó 59 mil millones de pesos, con un aumento de más del 50% al monto original.
También es ejemplo el Paso Exprés de Cuernavaca que, apenas a tres meses de su inauguración, dos personas murieron en un socavón por el tema de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación determinó que, además de las fallas técnicas en su ejecución, existe un daño al erario por 272.3 millones de pesos, por lo que solicitó aclarar 31.8 millones y provocó tres procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la SCT.
En materia electoral resulta inadmisible el desconocimiento u omisión de Hacienda en los escándalos de endeudamiento y desvío de recursos públicos en Veracruz y Chihuahua, lo que está documentando.
De los 32 gobernadores que han “administrado” al país a la par de Peña Nieto, sólo los 22 del PRI han desviado cerca de 259 mil millones de pesos del erario público, según denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación. No es una cifra inventada.
En este sentido, eliminar el control político de Hacienda es fortalecer el federalismo, como el caso de Chihuahua que, a través del Ramo 23, donde el gobernado Javier Corral y el pueblo han denunciado la asignación de una bolsa millonaria de recursos a criterio exclusivo de Hacienda que, sin reglas de operación, diseño ni normatividad, decide a quién otorgarle recursos
¿Por qué, cuánto y cuándo? Se ignora, ya que la entrega se realiza por medio de convenios que la misma Secretaría define, y que, en su  mayoría, no se publican ni transparentan.
Por si fuera poco, el Gobierno Federal ha gozado de las mieles de la reforma fiscal, que generó sobre-ejercicios de hasta un 14% del presupuesto, medio billón de pesos en 2016, cuando el sello característico, por ejemplo, fueron el gasto en comunicación social y publicidad del gobierno.
De 2013 a 2017 ascendió a 38 mil 232 millones de pesos, cuando sólo se le autorizaron 15 mil 195 millones, pero, unilateralmente, y sin autorización del Congreso, recato alguno, ni ningún respeto al orden legal, Peña Nieto sobre-ejerció 23 mil 37 millones, más allá de lo autorizado y presupuestado.
Así, ofende la manipulación unilateral del Ejecutivo, que recorta el gasto en programas sociales y el campo, pero amplía su gasto en propaganda gubernamental, con lo que violenta la división de poderes y la voluntad del Poder Legislativo.
¿Ahora se entiende por qué el priísta Meade se encuentra en un cada vez más lejano tercer lugar de las preferencias electorales?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

lunes, 28 de mayo de 2018


Por  Anaya: ¡Simplemente, NO!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A la falta de algún cargo público de elección ciudadana en sus más de 18 años de carrera política y las acusaciones formales por “lavado” de dinero que nunca ha querido explicar, el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, sumó un nuevo, sonado escándalo, ahora por homosexualidad.
Desde su paso como diputado federal, cuando evidenció una marcada relación con el PRI y enfrentó una serie de acusaciones por “moches”, el aspirante, entonces secretario general de Acción Nacional, fue señalado como homosexual.
         Con una doble moral ante una aparente “familia ejemplar”, esposa e hijos en portadas de revistas, después de largas jornadas de trabajo, según ex colaboradores suyos, Anaya, quien siempre mostró su preferencia por vivir en Atlanta Estados Unidos, donde posee una mansión similar a la “Casa Blanca” de Peña Nieto en México, buscaba “desestresarse”.
         Aún en un lejano segundo lugar en las preferencias del electorado, el joven “político”, que ha buscado acortar distancias con el primer lugar de Andrés López Obrador a través del ataque directo, irrespetuoso al abanderado de Morena, es señalado por sus víctimas de sus desviaciones sexuales.
“Una vez me llamó a su oficina para pedirme un paquete de copias de unos documentos; ahí, de la nada, me preguntó si yo estaba a gusto porque si no, podría ser de otra manera’”, relata Manuel, un prestador de servicio social en San Lázaro.
Después de esa “invitación”, cuenta el ofendido, pasó el brazo por encima del hombro del joven y se acercó por detrás, para indicarle al oído de cuáles documentos se harían fotocopias.
         “Lo sentí muy acelerado en su respiración, como nervioso, y su aliento era demasiado cálido sobre la nunca; fue entonces que me incomodé, di dos pasos adelante y lo miré molesto. Me dijo que si estaba bien, y como no respondí (por miedo) cortó la conversación y me pidió que me retirara”.
         Manuel asegura que esa fue la primera vez, pero que después hubo otras ocasiones más incómodas con quien la única vez que intentó un cargo de elección, cuando perseguía una diputación local en Querétaro, no pudo reunir los votos necesarios.
Verá Usted. El candidato nació en Naucalpan, Estado de México, aunque comenzó su carrera política en Querétaro, donde, antes de unirse al PAN, trabajó en 1997 como director del Instituto Municipal de la Juventud y asesor jurídico en la guardia municipal. Ese año se hizo novio de Catalina Martínez, su esposa y madre de sus tres hijos.
En el 2000 comenzó a forjar su capital político que, 15 años más tarde, lo convirtió en presidente nacional del PAN hasta fines de 2017.
         Con una habilidad política notable, se alió al PRD y al MC para una candidatura común a la presidencia, aunque, tras la salida de Margarita Zavala del partido, se posicionó como el panista con más oportunidad, según casas encuestadoras.
         Sin embargo, carece totalmente de experiencia en cargos de elección popular. De sus 10 cargos públicos, a ninguno llegó a través del voto, ya que buscó una diputación local en Querétaro, pero perdió feo y se fue con la cola entre las patas, aunque, eso sí, evadiendo aceptar su derrota. En cambio, presume haber conseguido muchos votos para el PAN.
Ahora en busca de la presidencia de México, sólo se ha movido entre panistas, lo que le ha evitado una campaña exitosa, que requiere aglutinar voluntades más allá de la comodidad y protección de su partido.
Su primera chamba como panista llegó en 2003 como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, quien le apodó “El Cerillo” por dos cosas: Su cabello rojizo y, según dicen, porque quema todo lo que está cerca de él.
Respecto a su carrera, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se graduó con mención honorífica, y se convirtió en panista a los 21 años, en 2000, y continuó sus estudios de posgrado en la Universidad del Valle de México, con una Maestría en Derecho Fiscal.
También es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que ha declarado tener título, pero no cédula profesional.
         En 1997 inició su carrera como funcionario, en el Instituto Municipal de la Juventud, aunque entre 2003-2009, como secretario particular del entonces gobernador de Querétaro, se le acusó públicamente- por primera vez, de usar recursos del erario para promover campañas, y primera vez que se le señaló como “traicionero” por haber jugado en 2009 con el priista José Calzada Rovirosa para asegurarse un puesto más grande: Diputado.
         Tras fungir como coordinador de Desarrollo Humano del Gobierno de Querétaro (2009-10), logró ser diputado local, pero por representación proporcional, es decir sin haber sido votado por los electores.
En 2011 fue presidente del CDE del PAN en Querétaro, y el mismo año el entonces Ejecutivo Felipe Calderón le hizo subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría del ramo, lo que significó su salto a un puesto público a nivel federal. Calderón, paradójicamente, le abrió la puerta a las “grandes ligas”.
         Un año después, en 2012, fue vocero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, quien quedó en tercer lugar, detrás de Peña Nieto y López Obrador, pero no lo arrastró la derrota, pues creció: En 2012 se hizo Diputado federal plurinominal, y al año siguiente, presidente de la Mesa Directiva, donde se mantuvo hasta 2014
Gustavo Madero lo hizo secretario general del PAN, y el 30 de septiembre de 2014 solicitó licencia para encabezar la lista de diputados de representación proporcional para el proceso del 2015.
         Anaya se volvió Presidente Interino. Luego llamó a elecciones, y semanas después se realizó la elección interna en el blanquiazul -la única que ha ganado en su carrera de forma directa- y sería electo presidente nacional, aunque Madero advirtió entonces que había secuestrado al PAN.
De acuerdo con su declaración 3de3, Anaya tiene una participación accionaria en las empresas inmobiliarias, Cintla y Juniserra, con el 50 y el 42 por ciento de acciones, respectivamente.
         Su esposa tiene actividades en el mismo sector, con la renta de locales y bodegas comerciales, pero según la declaración, sus acciones no representan participación mayoritaria. En tanto, su padre se desarrolla en el sector manufacturero relacionado con el calzado, donde dice ser administrador único con una participación “voluntaria”, sin remuneración.
Sobre sus remuneraciones, Anaya dijo percibir anualmente, por cargos públicos, 219 mil 977 pesos, es decir, 18 mil 331 pesos al mes, incluyendo sueldo, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.
Además, por “servicios profesionales”, que incluye su participación en consejos, consultorías o asesorías, declaró 938 mil 356 pesos mensuales por su cargo como secretario general y presidente nacional interino del PAN, para un total de 1 millón 158 mil 333 pesos. Su esposa reportó un millón 503 mil 964 pesos.
Entre ambos poseen cinco bienes inmuebles, curiosamente todos donados, cuatro en Querétaro y uno en la Ciudad de México. Dos son casas, y tres locales.
Respecto a inversiones y cuentas bancarias, Anaya declaró tener ocho compromisos, cinco bancarios, uno de valor bursátil y dos con organizaciones privadas. De las bancarias, tres son menores o iguales a 100 mil pesos y las otras dos, mayores o iguales a 500 mil pesos. De las organizaciones privadas, en Cintla y Junisierra, tiene una inversión mayor o igual a 500 mil pesos.
Con todo, los ingresos de ambos no concuerdan con lo que él declaró con motivo de una serie de notas publicadas en El Universal sobre su estilo de vida. En Televisa, dijo que su familia tenía un flujo mensual de 400 mil pesos, pero, según su 3de3, el ingreso mensual sería alrededor de 222 mil 191 pesos.
Durante esa misma participación en Televisa, donde parecía estar en el banco de los acusados, explicó que tener a sus hijos en Atlanta le costada una renta anual de 42 mil dólares (3 mil 500 dólares al mes o 63 mil pesos mensuales), colegiatura en la High Meadows School (48 mil 300 dólares o 4 mil 25 dólares mensuales, 72 mil 450 pesos) y 52 vuelos redondos al año a esa ciudad, uno por semana (7 mil 268 pesos y al año, 377 mil 936 pesos)
A todo eso, agregó la renta anual de un departamento en Reforma por 168 mil pesos (14 mil pesos al mes)
En total, por sólo esos gastos reportó 332 mil 522 pesos mensuales, 110 mil 331 pesos más de lo que dice ganar en su declaración 3de3.
Por otro lado, en julio de 2015, acusó a Javier Corral de representar sólo a los plurinominales en las discusiones internas de su partido, cuando que él también llegó a diputado por esa vía. En esa campaña por el control de la cúpula panista, Anaya habló de la necesidad de regenerar al PAN, y Corral dijo ser parte de la degeneración por tener y practicar “la peor escuela priista”.
Anaya ganó, y luego en las federales de 2015 y las locales de 2016, en una constante de todas las campañas, estaba su rostro en el primer plano. Se montó en las campañas y, luego se adjudicó las victorias de los procesos 2016. “Estamos muy contentos… el PAN está de regreso”, decía uno de sus spots.
         En otros, refería con tono serio que México no iba por el camino correcto, manchado por la violencia, la corrupción, el salario mínimo, de ahí salió su lema: “Claro que podemos”.
En un spot en Tamaulipas y Veracruz, destacó que la inseguridad y la falta de oportunidades eran resultado de “los años y años de los mismos malos gobiernos”. Sus críticas alcanzaban a Calderón. Algunos lo leyeron así. Al final, la violencia había llegado con el Presidente, que le dio su primer puesto federal.
La violencia dejó en esos dos estados más pobreza y desigualdad, acusaba, aunque sus opositores le recordaron que él fue uno de los principales promotores de la dañina Reforma Laboral, diseñada por el panista Javier Lozano, y aprobada también durante la administración de Calderón, pero él ya montaba su propio caballo. Estaba ya en la precandidatura presidencial, y había sumado dos nuevos enemigos: Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala.
Ambos le reclamaban lo mismo de toda su carrera: El uso de recursos del partido o públicos para promoverse; traición y utilizar su puesto como presidente nacional del PAN para su siguiente objetivo: La candidatura por la Presidencia.
¿Sus únicas cualidades? Saber mentir y, sobre todo, hablar “bonito” sobre sus mentiras, aunque, contra todo ello, no de balde las redes sociales están inundadas de mensajes que lo definen a la perfección, uno de ellos titulado “Inexperto y pitoniso”, aunque de esto último no le vemos nada.
Así las cosas, el mensaje aconseja: Tómelo con seriedad. Está en juego el futuro del país. Ricardo Anaya NUNCA ha sido jefe de manzana, presidente de la sociedad de padres de familia de alguna escuela, director de área o regidor de algún ayuntamiento; síndico, o secretario de Ayuntamiento,  presidente municipal, Comisariado ejidal o agente municipal; jefe de gobierno, gobernador, jefe de algún consejo de ancianos (sólo tiene 39 años).
Y reitera, fue candidato a diputado y perdió frente al PRI en Querétaro, ha sido dos veces diputado local y federal, pero por la vía plurinominal, es decir, nadie ha votado por él para un cargo público; no ha ocupado un cargo de elección popular; no tiene ninguna experiencia en administración pública ni local, estatal o federal, pero quiere ser presidente de la República, único cargo que no puede ser por la vía plurinominal.
Concluye pidiendo tener “cuidado con este ambicioso chamaco”. No podemos entregarle la Presidencia de la República, a un joven sin experiencia que, aparte de muy mentiroso, es “escritor” de un libro “fantasma” ni ¡Este si es un peligro para México!
¿Ahora entiende Usted por qué por Anaya: ¡Simplemente, NO!?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003