viernes, 20 de enero de 2017

¿Nueva forma de “lucha” campesina?


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En español -con todas sus letras -, dañar, perjudicar, afectar o destruir parcial o totalmente las vías de comunicación de los medios de transporte, servicios auxiliares, bienes o equipos de telefonía, radiodifusión o televisión implican un delito federal en materia de Vías Generales de Comunicación y Correspondencia.
En efecto, los delitos federales son conductas prohibidas y sancionadas por las leyes penales federales, que afectan valores fundamentales de la sociedad, bienes públicos, patrimonio de los mexicanos y seguridad nacional, y la PGR tiene la facultad de perseguir y sancionar esos ilícitos, así como dar seguimiento a toda denuncia relacionada con esas irregularidades.
Conforme al tema que nos ocupa hoy, esos delitos se cometen, entre otros, cuando una o varias personas detienen vehículos en un camino público, y su penalidad es, dependiendo del caso, hasta 30 años de prisión, e incluyen colocar estorbos que impidan el libre tránsito en caminos públicos, o bien dañar señales de tránsito.
El tema aplica perfectamente a los recientes bloqueos de carreteras por parte de ejidatarios en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, respectivamente, el último de ellos este jueves, cuando, por espacio de más de 10 horas, a la altura de Reforma, una turba afectó seriamente el tránsito en “Pueblo Mágico” y aisló la capital chetumaleña de Quintana Roo.
Las múltiples molestias a guiadores, que ignoraban lo que ocurría, aunque ya lo imaginaban -nos están “acostumbrando” a ello-, fueron latentes a lo largo de varios kilómetros, donde las filas eran interminables frente a las docenas de trabajadores del campo que bloquearon ambos sentidos de esas vías generales de comunicación a las que se refiere la ley.
Al igual que en el caso de Carrillo Puerto y Morelos, los que bloquearon la carretera e-xi-gían a la aseguradora Agroasemex el pago de afectaciones a sus cosechas, pero sin haber cubierto algún requisito que, vaya Usted a saber cuál, pero que la Sedaru intentó infructuosamente de solventar a través de una negociación que resultó estéril.
Para no entrar en detalles de números, lo cierto es que sus presiones obligaron la intervención del jefe de la Oficina del Gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, quien había resuelto el problema similar de Morelos y Carrillo, no obstante, sólo en muestra de voluntad política del gobernador Carlos Joaquín González, ya que el asunto competía a la Federación, Agroasemex, Sedaru o póngale el nombre que Usted quiera.
En efecto, el problema principal correspondía principalmente a la PGR, ya que la sociedad es la directamente afectada en se nivel, sobre todo por los graves perjuicios que implica para los guiadores de vehículos el cierre de una importante vía de acceso federal, sean automovilistas, transportistas, o bien autobuses de pasaje o lo que fuere.
Lo cierto es que se trata de una propiedad federal de uso común, que no propiedad de los ejidatarios que, como si se tratara de un juego de niños –que las autoridades han tolerado-, equiparan a aquél “te quito el balón si no juego”, sin importarles en lo más mínimo la urgencia de algunos por trasladar a sus enfermos, la mercancía perecedera que se dañó, o bien los compromisos o empleos que se perdieron por no llegar a tiempo, incluso a clases.
¿A quién reclamarle? ¿A Carlos Joaquín, como se ha vuelto costumbre? O bien habría que interponer formalmente una denuncia ante la PGR. Y conste que esta dependencia no ha dicho ni “pío” en ninguno de los casos, como tampoco con las denuncias contra el ex gobernador Roberto Borge y demás corifeos de su negra, sucia administración.  
Ante el cuestionable resultado de la medida, lo cierto es que el bloqueo de carreteras se ha vuelto un verdadero negocio para cualquier inconforme que, con o sin razón, obtiene resultados favorables, aunque convierte en rehenes a miles de inocentes guiadores que nada tienen que ver con el problema.
         Lamentablemente, las cosas empeoraron en el caso de Bacalar, ya que los manifestantes llegaron al extremo de hacer uso de la violencia física, hágame Usted el favor, contra las propias autoridades que acudieron al lugar de los hechos para dialogar, por ejemplo, el alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien tuvo que correr.
         Como buena periodista, interesada por cuanto acontece en su municipio, nuestra amiga Ofelia Casamadrid también fue objeto de algunos golpes y empujones que la obligaron a huir.
         Miguel Ramón no corrió mejor suerte, como tampoco sus colaboradores o la gente de la Sedaru, ya que, cercados por la multitud, fueron cobardemente agredidos y muestran huellas de golpes, aunque, por fortuna, lograron escapar, ya que pretendían retenerlos -en términos legaloides se dice secuestrar-, tal y como ocurrió en el caso de Morelos.
         En un mensaje que se volvió viral el viernes, “Ramon Valdez” publicó en Facebook que, en una criticable entrevista por Radio Turquesa, el titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena, manifestó que los ejidatarios habrían recibido ayer dos mil pesos cada uno por cambiar su postura, pero que no los merecían “porque tienen como destino las cantinas”.
         Y es que, en parte, sólo en parte, el funcionario tendría razón, ya que, nos consta -como probablemente le informó su director de Gobernación, Géner Corona-, no pocos de los agresivos ejidatarios de ayer ¡estaban visiblemente alcoholizados o con aliento alcohólico!           
         Ahora bien, por otra parte, no es posible que no procediera el pago de las indemnizaciones por haber omitido algún requisito, ya que vigilar el cumplimiento de formalidades es precisamente papel de sus mismas autoridades internas, a las que deberían realmente reclamarles, o bien a sus asesores de la Confederación Nacional Campesina.
         No obstante, ahora vemos, esto es lo que menos importa a estos últimos, ya que son una cédula del PRI que, créanos Usted, no existe nada más importante para ellos que crearle problemas al gobierno de Carlos Joaquín, ya que, en efecto, el problema campesino de Quintana Roo se ha politizado en todos los sentidos.
         Y vaya que, “curiosamente”, dos apellidos que ayer circularon en forma insistente entre los “ejidatarios” -algunos llevaban ropa y calzados caros- son los de Peña Xicum, mismos que de un ex alcalde de Carrillo Puerto (Ramón) y ex secretario de Salud, plenamente identificado con el PRI, aunque, hasta donde sabíamos, radicaba en Playa del Carmen.
           Para no aburrirle tanto con el tema, casi, casi podemos anticipar -sin ser adivinos- que, ante la complacencia de las autoridades federales, no tarda mucho en presentarse un nuevo problema ejidal, no necesariamente contra Agroasemex, que muy probablemente culmine igual que los de Carrillo Puerto, Morelos y Bacalar: Nuevo bloqueo carretero. Ya la vieron fácil… y seguro.
         Pese a la existencia de las instancias legales adecuadas para plantear sus derechos, ahora exigen “justicia” con violencia física y cierran carreteras ¿Tardarán mucho en usar armas? ¿Y la PGR? ¡Bien gracias!
         No cabe duda que, como sugieren algunos colegas, “A río revuelto…” 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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miércoles, 18 de enero de 2017

 ¡Sangre en Cancún y Playa del Carmen!


                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
De no ser por la magnitud de los hechos y circunstancias, hasta nos atreveríamos a pensar que los sangrientos, trágicos casos de Playa de Carmen y Cancún, respectivamente, serían “cortinas de humo” de Peña Nieto para olvidar momentáneamente los “gasolinazos”, aunque, lamentablemente, el resultado es prácticamente el mismo: Sólo se habla de las balaceras.
Y es que para desgracia de ambos polos turísticos, dos de las principales ventanas de Quintana Roo al mundo, los casos no son ciertamente aislados, ya que, dígase lo que se diga o se pretenda hacer creer, tienen como factor común el narcotráfico, el crimen organizado en todas sus manifestaciones.
Lo peor es que, dada la serie de antecedentes asentados en su momento, el problema no es nuevo, data de muchos años, tolerado, fomentado, protegido o soportado por autoridades de los diversos niveles, algunas cómplices, ignorantes, incrédulas o de buena fe. De todo ha habido en la viña de El Señor. 
Sin pretender minimizar la balacera del lunes en la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen, resulta más grave el ataque a las instalaciones policiacas de Cancún, donde, según los primeros informes, arrojó un saldo de cuatro muertos -un policía y tres atacantes-, así como cinco detenidos.
La balacera ocurrió ayer alrededor de las 4 de la tarde, cuando un comando armado de 10 atacantes, a bordo de sendas motocicletas, abrió fuego contra el edificio e hirió de muerte a uno de los agentes que repelió la agresión, tras lo cual se registró una persecución por varias avenidas, de donde, se supone, derivaron las demás muertes y detenciones.
De acuerdo a información fiable, los responsables del ataque serían dos nuevos cárteles de narcos guerrerenses que, con nuevo sistema de operación, ha tratado infructuosamente de instalarse en Cancún, donde los tradicionales jefes de control de plaza son “Los Zetas” y “Los Pelones”, a través del narcomenudeo en discotecas de la zona hotelera, así como por taxis y tiendas.
¿Por qué atacar a la policía, lo que de por sí es muestra de la gravedad del caso? Una de las hipótesis más creíbles es el del reclamo, pero no porque la Fiscalía haya demostrado eficacia en el combate al narcotráfico, sino porque posiblemente a unos los dejen trabajar y a otros no, o bien porque existió algún acuerdo -pagado, desde luego- que no se respetó.
Unas horas después de la balacera de Playa del Carmen, donde hubo 5 muertos y 15 heridos, la periodista Zuleika Cáceres hacía un recuento de los recientes actos más violentos de Cancún, entre ellos del 11 de enero, con la balacera en el antro “El Costeñito“, de plaza Solare, entre la Plaza de Toros y  Malecón Las Américas, con saldo de un muerto.
Previamente, el 24 de diciembre, desconocidos dispararon entre 15 y 20 ocasiones contra un automóvil Mazda rojo que transitaba en la avenida Tulum, donde pereció una persona, por lo que autoridades activaron el Código Rojo.
Dos días antes, “una ola de disparos sorprendió a los asistentes de la feria ubicada en la  avenida Xcaret con Kabah, hecho que dejó un muerto y cinco heridos. Los indicios apuntaron a un ajuste de cuentas”, dice, mientras que el 28 de noviembre la Fiscalía confirmó un ataque armado en la zona de discotecas, con saldo de dos muertos y un herido grave.
Los disparos se dieron en las inmediaciones de la discoteca Mandala, donde tres sujetos, a bordo de motocicletas, dispararon contra las discotecas Mandala y Congo Bar, ambas a un costado de la avenida Kukulkán.
Interesante crónica, que incluye permanente violencia, robos y asaltos en locales de Playa del Carmen, aunque lo que más pone de manifiesto es la ineptitud de las policías preventivas locales que, lejos de dedicarse a lo que realmente les corresponde, la vigilancia para evitar delitos, están más “preocupadas” por extorsionar guiadores y borrachos.
Los casos más delicados han sido precisamente los de Cancún y Playa del Carmen, sobre todo el primero, donde asaltos, ejecuciones y asesinatos están a la orden del día desde el trienio anterior, con el priísta Paul Cáceres, aunque “dignamente” imitado por el “ecologista” Remberto Estrada Barba, a quien la delincuencia organizada parece darle lo mismo que convivir con Junior’s. 
La inseguridad, irregularidades y ola de violencia de Cancún vivieron momentos de mayor impunidad durante el periodo del capitán Arturo Olivares Mendiola al frente de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, hasta ser cambiado finalmente el 30 de julio 2015, cuando, aunque Usted no lo crea, el exgobernador Roberto Borge lo nombró subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría de Seguridad Pública.
En el mismo anuncio, Higinio Sánchez Baltazar, quien estaba al frente de la Dirección de la Policía Preventiva, asumió la dirección del Centro de Readaptación Social de Cozumel, pese a que también lo había sido en Benito Juárez, donde fue cesado por múltiples motines y la muerte de tres internos.
 ¿Qué significa esto? Que en las tareas más delicadas como seguridad, pese a fracasos, denuncias y sospechas, se sigue haciendo más de lo mismo y practicando los tradicionales “enroques” que año tras año, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio no han dejado más que fracasos y frustraciones.
¡Como si no hubiera más tela de dónde cortar! ¡Como si no hubiera personas con mayor capacidad y preparación, ahora académica-profesional!
Por ejemplo, con la matanza de Playa del Carmen, de la que a tres días de ocurrida no existe puntual explicación, la única solución ha sido cortar las primeras “cabezas”: Las directoras de las policías Turística y Tránsito, Dulce Yuridia Ortega Gómez y Diana María Ortiz Echeverría, respectivamente, aunque fue por exigencia del regidor de Gobernanza, Jesús Caamal.
Trascendió que, a la vista de malos resultados, los regidores también plantearon la posibilidad de pedir la renuncia del director general de la Policía Municipal de Solidaridad, el campechano Luis Alfonso Pérez Maldonado, a lo que se negó la alcaldesa Cristina Torres Gómez.
La munícipe niega que el cese de las directoras, las más consentidas de su equipo, deriven de la matanza del Blue Parrot, pero los regidores le habrían dado un ultimátum: ‘¡O se van ellas o tú!’, en una advertencia de precabildeo que, sin embargo, les dio buenos resultados.
Y es que para efectos de nombrar algunos funcionarios se considera el currículum, por ejemplo, en el caso de Maldonado, egresado de la Escuela de Policía de Quintana Roo (1992-94); en 1995 causó alta en la infantería de Marina en Lerma, Campeche; en el 2000 ingresó a la Policía Federal Preventiva, donde adquirió conocimientos y tácticas que le valieron ser escolta personal de los gobernadores campechanos Salomón Azar García y Jorge Carlos Hurtado Valdez
En el 2010 fue subdirector de la Policía Estatal Preventiva campechana, director de la penitenciaria en Ciudad del Carmen, y en 2012 contratado por la DEA y asignado al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán, tras lo cual, el 30 de septiembre de 2016, asumió en Playa del Carmen.
Con todo, sobre quienes habría que insistir son sus antecesores, Martín Guadalupe Estrada Sánchez y Rodolfo Del Ángel Campos (2007-15), este último actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien “renunció” a la Dirección General de Seguridad Pública (8 de agosto 2015), después de tres trienios y sobrevivir a un atentado en julio de 2011.
         Su primer periodo en Playa del Carmen fue durante el último año de gestión de Carlos Joaquín González como alcalde; continuó durante el trienio de Román Quian Alcocer (2008-11), lo ratificaron Filiberto Martínez Méndez y Rafael Kantún Ávila (2011-13) y finalizó durante el periodo de Mauricio Góngora Escalante (2013-agosto 2015)
         Sin embargo, el 29 de septiembre de 2016, con el título ¡Inexplicable nombramiento de CJG!, reiteramos que el nombramiento más inexplicable de Carlos Joaquín y que llamó más la atención fue el de Rodolfo del Ángel, y más inexplicable aún porque había sido colaborador de Mauricio Góngora.
Pero eso no es todo, ya que, como publicamos el 13 de julio de 2015 con el título “¡Candidato de Félix a la gubernatura!”, sobre Rodolfo del Ángel pesan graves acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, protección al crimen organizado, robos, desfalcos, fraudes, extorsiones y más, que Mauricio Góngora nunca aclaró ni explicó.
         Así, se denunció que, con más de 9 años al frente de la corporación, Rodolfo del Ángel, conocido con la clave “Mercurio”, proveniente de familia humilde y pobre, se había convertido en uno de los playenses con más propiedades en fraccionamientos y residencias de lujo (Las Flores, Villas del Sol, Los Olivos, Residencial el Cielo, Colonia Ejidal, y La Toscana, donde vivía)
Correspondía al ex candidato del PRI puntual y amplia explicación sobre quien se consideraba uno de sus más cercanos colaboradores, sobre todo por tratarse de una corporación de suyo estratégica, dado su papel en la seguridad y protección del patrimonio e integridad de los playenses. Nunca ocurrió.
Para nadie es un secreto que el principal cáncer de la sociedad en ese municipio es precisamente el narcotráfico y el tráfico “hormiga” de drogas, de donde surgen millones de dólares que, quiérase o no, serían suficientes para el financiamiento de cualquier campaña,
Más aún, bajo el título “Mauricio: Negro pasado y feo presente”, el 14 de julio de 2015 explicamos que las sospechosas propiedades de don Rodolfo son “viviendas y terrenos que con su sueldo NO habría logrado obtener, sino a base de posible corrupción, protección al crimen organizado, robos, desfalcos y fraudes”.
         Hasta ahí las cosas, le sucedió en el cargo Estrada Sánchez, quien, según se publicó, “previo al cargo estuvo al frente de la Policía Municipal Preventiva del municipio desde 2002 y hasta 2006, tras lo cual se había desempeñado como director de la Policía Turística en Benito Juárez”.
         Sin embargo, nada se dijo sobre la enorme cola de quien entregó el cargo a Pérez Maldonado, pero que ventilaremos en nueva entrega, aunque, tal y como referiría nuestro colega Carlos Cantón, anticipamos que el 18 de abril de 2013, “Roberto Borge nombró a un presunto protector de delincuentes y espía-hacker profesional  como subsecretario de Seguridad Pública en la Zona Norte de Quintana Roo”.
         ¿Y así queremos seguridad para nuestras familias y patrimonio? ¿A alguien le cortarán la “cabeza” por lo ocurrido en Cancún?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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lunes, 16 de enero de 2017

¿Imposible “divorcio” de Carlos Joaquín?


                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque los avances de la ciencia y tecnología hacen creer que lo único imposible es revivir a un muerto, en términos de política existen “reglas de juego” aplicables al tema, entre ellas el pago de favores que, en el caso de Quintana Roo, todo hace suponer que inevitablemente ligan al gobernador Carlos Joaquín González con el PAN y el PRD, sobre todo con el primero.
Para nadie es un secreto que, ante el desprecio del PRI a su candidatura a la gubernatura el mandatario buscó el apoyo de esa coalición que, era de esperarse, seguramente significó una serie de condiciones y formas de “pago” ante su entonces sólo eventual triunfo ante el priísta Mauricio Góngora.
Los resultados del 5 de junio son de todos conocidos, aunque implicó el pago de “facturas”, en primera instancia a los partidos, lo que, sin embargo, no resultó tan determinante para su victoria, no así en el caso de las redes sociales, de donde, dígase lo que se diga, surgieron los millones de votos para el enemigo del PRI y Roberto Borge.
Así, el mandatario comenzó a implementar desde ese día la mecánica de pago de favores a sus amigos, así como a quienes financiaron y apoyaron, en primera instancia, desde luego con posiciones de gabinete, aunque cualquier simpatizante suyo insista en el típico “eligió a los mejores hombres”.       
En este sentido, el 7 de junio publicanos que un escueto boletín de Carlos Joaquín refirió sólo tres nombres de quienes lo representarían en el proceso de entrega-recepción: El ex candidato del PAN a gobernador de Quintana Roo, Francisco López Mena; su coordinador de campaña y ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y la académica Rocío Moreno.
Dado que para nadie era desconocido que el hoy secretario de Gobierno no era más que “cuota” del PAN, más interesante resultaba el nombre del segundo, el toluqueño Eduardo Rivera Pérez, quien, además de ex alcalde de Puebla (2011-2014), es cercano a Margarita Zavala, rival del aún gobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle, por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2018.
Entonces “adivinamos” que la “factura” del blanquiazul con Carlos Joaquín era consolidar en Quintana Roo a Moreno Valle como posible caandidato, ya que Rivera peleó palmo a palmo con José Antonio Gali Fayad -su sucesor en el Ayuntamiento poblano-, la candidatura del PAN a la mini gubernatura de Puebla (febrero de 2017-diciembre de 2018), que perdió por su rivalidad con Moreno Valle el 5 de junio.
Durante el trienio de Rivera Pérez se sabía de su distanciamiento con éste último, Aunque ambos son panistas, pertenecen a diferentes grupos internos, donde Rivera, más joven, cuenta con fuerte apoyo de empresarios ligados a la organización “El Yunque”.
Con todo, desde el 21 de septiembre se supo que no sería parte del gabinete de Carlos Joaquín, aunque más por una cuestión legal más que por falta de confianza del mandatario, pues  la fracción II del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo dice que para ser titular de alguna dependencia del Ejecutivo se requiere ser nativo o residencia efectiva no menos de cinco años en el Estado.
Ello tampoco significaba que regresaría a Puebla, pues seguiría como colaborador del gobernador, pero sin cargo formal.
No se supo más de él, aunque, en el hipotético caso de que resultara la abanderada presidencial Margarita Zavala, tampoco estaría en condiciones de ser candidato al gobierno de Puebla, ante los acuerdos y negociaciones que la esposa del ex presidente Calderón tendría con Moreno Valle y Gali Fayad como gobernador y líder moral del PAN en su entidad, respectivamente.
En efecto, Margarita Zavala necesitaría todo el respaldo del panismo de Puebla para volverse competitiva en el Estado y sumar una mayor cantidad de votos, lo que, a la luz de los hechos, no ocurriría en Quintana Roo, donde, además del coraje por haber impulsado el “gasolinazo” junto con el PRD, otros “factores” seguramente alejarán al PAN de los votantes.
Uno de esos “factores” se llama Juan Melquiades Vergara Fernández, millonario secretario de Finanzas de Quintana Roo, otro poblano que ignoramos cómo habrá obtenido la residencia que frenó a Rivera, pero cuyo desempeño ha sido de constante polémica, uno de ellos su criticable celebración de cumpleaños por dos días en el hotel Marriot de Cancún en pleno periodo de austeridad.
Puesto al “descubierto” a nivel nacional por el periodista capitalino Carlos Loret de Mola, las crónicas embarraron principalmente al gobernador, quien ya le habría advertido de las eventuales consecuencias del “fiestón”, que originalmente amenizaría el desaparecido Juan Gabriel. Aunque Vergara afirmó que él pagó los gastos y que lo demostraría, todo quedó en promesas.  
Con todo, el ánimo de la gente ya estaba contra el funcionario por otra serie de críticas, por ejemplo su cuestionable, frustrada compra de millonario software, pero más sobre su origen del “Pueblo Mágico” de Huauchinango, Puebla, municipio del que fue infructuoso aspirante a la candidatura del PRI por la alcaldía.
Sin embargo, jura y perjura no ser recomendado de Moreno Valle y que su integración al gabinete fue por invitación personal de Carlos Joaquín, aunque no aclara si por haber financiado su campaña o por alguna amistad, de cuyas raíces tendría que hablar, ya que, pese a que también afirma no haber acarreado a ningún poblano a Quintana Roo, dice que todos son mexicanos con los mismos derechos laborales.
¿Habrá algún quintanarroense trabajando en Puebla? Es muy poco probable, aunque puede Usted estar seguro de que sería la excepción.
         Por si fuera poco, el más reciente escándalo en el que se vio envuelto, apenas hace una semana, fue el tema del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, con quien se le involucra en la compra simulada de un tomógrafo de más de 13.8 millones de pesos.
       Respecto al peculado y acción indebida de la función pública contra Reynoso Femat y varios ex colaboradores, el procurador de Justicia de ese Estado, Felipe Muñoz Vázquez, dijo que fue por simular la compra del tomógrafo y desviar 14 millones para sobornar a diputados federales.
        Ante la “compra” del equipo también está prófuga Verónica Shaddai Espíndola Palma, representante de la empresa Logística y Asesoría Comercial (hoy llamada Grupo Sinergia FC, con sede en Cancún), amiga cercana a Vergara Fernández, quien firmó el contrato de compra-venta como secretaria del Consejo de Administración de la Inmobiliaria Punta Maya, empresa perteneciente al consorcio Emporium, del Reynoso Femat.
        El caso data del año 2013 ¿y sabe Usted quién lo dio a conocer en su noticiario televisivo “Despierta” y subió a You Tube? “Casualmente” el propio Loret de Mola, quien parece marcarle el paso al secretario de Finanzas, aparentemente por millonario adeudo del ex gobernador Roberto Borge por concepto de publicidad a Televisa y que Vergara Fernández se estaría negando a pagar.  
  Lo cierto es que la difusión del tema en redes sociales de la entidad, principalmente en Twitter, estuvo a cargo de “Agencias Quintana Roo”, un portal informativo que, dedicado 100% a la crítica contra Carlos Joaquín y sus colaboradores, encabeza el ex titular de la Unidad del Vocero de Roberto Borge, Rangel Rosado Castro, quien, como era de esperarse, lo niega y reniega.
Así las cosas, el tema del “importado” Vergara Fernández y el pago de “cuotas” y demás “facturas” por parte de Carlos Joaquín constituye una de las principales máculas de sus primeros 100 días de gobierno, aunque, quiérase o no, muy difícilmente podrá “divorciarse” de ellas.
No obstante, si la preocupación del mandatario es violar las “reglas de juego” en pro de su imagen es el eventual retorno del PAN a la Presidencia de Los Pinos, puede jurar que PRI y aliados le han estado haciendo cancha a otro, sobre todo tras el imparable “gasolinazo”.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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viernes, 13 de enero de 2017

¡PAN-PRD, con EPN en “gasolinazo”!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Inventado hace prácticamente 30 años, cuando el país estaba al borde de la hiperinflación, y burdamente imitado por Peña Nieto, el entonces Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, promovido en 1988 por Miguel de la Madrid y continuado por Carlos Salinas, tenía por objeto detener el aumento de intereses, inflación y devaluación del peso.
Sin la burla en la firma del ahora Acuerdo para el Fortalecimiento Económico para “aliviar” el imparable “gasolinazo” que afecta el bolsillo de todos, el Pacto resultó un éxito al frenar crisis, aunque existen abismales diferencias entre los objetivos de uno y otro. Verá Usted.
Hace 30 años se buscaba frenar el deslizamiento del peso ante el dólar, aumentar el salario entre 6% y 8%, aumentar precios de productos y servicios, pero sin contemplar gasolina, electricidad ni gas -que provocan más impacto en la inflación- defender la estabilidad de precios, promover el crecimiento económico, estimular la producción agrícola por medio de la canalización del crédito público y renegociar la deuda externa.
Entre los involucrados -gobierno, productores, comerciantes y consumidores-, el primero NO aumentaría impuestos, luz, combustibles, agua y teléfono, los segundos y terceros mantendrían precios, mientras los últimos no demandarían incrementos salariales. Y se rompió el círculo vicioso.
Carlos Salinas prolongó el Pacto en diciembre de aquél 1988, entonces como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, ante el célebre líder de la CTM, Fidel Velázquez; el dirigente campesino, Héctor Olivares, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Legorreta.
Las principales novedades, empero fueron incluir un aumento salarial del 8% y aumentar algunos productos del sector público, sin incluir gasolina, electricidad y gas LP, ya que la cotización del dólar se mantuvo estable 13 meses, y la inflación al 2% mensual, impensable hasta hacía pocos años.
Adicionalmente, se renegociaría la deuda externa, de cerca de 110 mil millones de dólares para evitar las elevadas transferencias de capital y “contar con bases objetivas, ambiente propicio y certidumbre indispensable para volver a crecer”.
Casi 30 años después se busca trasmitir austeridad, pero las cosas son totalmente diferentes, y mejor prueba de ello, según se difundió, es que durante la firma del Acuerdo, el dirigente de la CTM -que no líder-, Carlos Aceves del Olmo, lució un reloj marca Patek Philippe, valuado en más de 400 mil pesos, mientras hablaba de “mejorar la situación de la clase trabajadora”.
En redes sociales se extendieron las críticas a otros funcionarios que gustan de relojes caros: El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con un Patek Philippe (1.6 millones); el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, un Rolex Submariner (100 mil pesos), un Rolex GMT Acero (117 mil), un Audemars Piguet Royal (106 mil) y un Panerai Luminor Marina (75 mil)
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también cojea del mismo pie, al portar un reloj Hublot, cuyo modelo más barato rebasa los 98 mil pesos.
Pero vaya, este es sólo el escenario “gobierno rico, pueblo miserable”, en el que se firmó el Acuerdo, en el que tan sólo un actor tuvo la dignidad de rechazarlo, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien presentó un proyecto propio que, a diferencia del oficial, incluye frenar el “gasolinazo” y revisar los 37 supuestos “programas sociales”.
La infructuosa lucha contra el derroche de gobierno, que pide apretarse el cinturón cuando hace exactamente lo contrario, tiene reclamos remotos y recientes, entre ellos del desaparecido ex regente del DF, Manuel Camacho Solís, que, con el título ¡Legado póstumo sobre propaganda!, publicamos hace un año, el 16 de enero, en torno a la rendición de cuentas públicas.
Y es que, según el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial”, editado anualmente por Artículo 19 y Fundar, el Ejecutivo Federal gastó en publicidad más de 14 mil 663 millones de pesos en sus tres primeros años, mientras que 27 Estados gastaron en 2013 más de 5 mil 639 millones que, “si se suman a los gastos federales de ese año,  documentan un total de 13 mil 640 millones de pesos”.
Lo peor del caso es que no se trata de un problema de este periodo, ya que el costo de la “legitimidad”, sumó 4 mil 518 millones de pesos en 27 entidades durante 2011, equivalente al doble del costo de producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.
Así, se podría repartir el doble de textos gratuitos si se eliminara ese gasto en publicidad tan sólo de 27 Estados, además de que en 2010-2011 casi las dos terceras partes de los Estados sobre-ejercieron los presupuestos aprobados por sus Congresos en publicidad oficial.
Las cifras recuerdan inevitablemente que en Quintana Roo los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge erogaron en publicidad durante sus sexenios ¡más de mil 500 y 3 mil millones de pesos, respectivamente!
Camacho Solís escribió: “Es más saludable para la democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte, que pueda hacer cumplir las modalidades para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la democracia y del erario público”.
“La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a través de la propaganda gubernamental”, concluyó.
Ahora bien, considerando el ritmo de sobre ejercicio del gobierno federal en los últimos años en publicidad oficial, se calcula que -pese a que la Cámara de Diputados asignó poco más de 3 mil 500 millones de pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad- a fines de año se erogaron más de 8 mil millones de pesos; es decir más del doble de lo presupuestado.
El análisis de la Cuenta Pública 2014 reveló un sobre ejercicio de más de 70% en el rubro pues, aunque se asignaron 4 mil 011 millones de pesos, se terminaron gastando 7 mil 500 millones. Lo mismo pasó un año antes, cando el total erogado alcanzó los 7 mil 200 millones de pesos, 68% por arriba de lo estimado, que ascendía a 4 mil 785 millones.
Para 2015 se asignaron al mismo concepto 4 mil 034 millones de pesos, pero el retraso en la fiscalización de los recursos públicos, aún no permite establecer el tamaño del monto sobrepasado. Curiosamente, desde el año 2000, el aumento del gasto por publicidad gubernamental ha sido sostenido.
Durante el primer sexenio no priista -de 2001 a 2006 con Vicente Fox-, el incremento de ese gasto fue de 27%, mientras que durante la administración de Felipe Calderón -de 2006 a 2012- se incrementó en 65%.
Estimaciones de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierten que, de continuar esta tendencia, para el año 2018 se gastarán más de 11 mil 676 millones de pesos, tan sólo en publicidad del Gobierno Federal, aunque, repetimos, el problema de gasto irracional no es exclusivo de la federación, sino también en el nivel estatal.
En 2013, en el marco de su primer informe, el gobernador de Chiapas, el “ecologista” Manuel Velasco, gastó más de 10 millones de dólares en publicidad, y la distribución de ésta también inundó paradas de autobuses y vallas en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros.
Un año antes, en 2012, el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, gastó entre 42 y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer informe, por lo que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, José Clemente Castañeda, presentó infructuosa iniciativa de ley para limitar y regular la publicidad gubernamental
Pero, vaya, el despilfarro y gastos banales son “marca” Peña Nieto, y mejor prueba de ello es que, pese a “su Acuerdo”, el presupuesto de egresos 2017 plantea que los gastos de la Oficina de la Presidencia aumenten más de 5 mil millones de pesos, un abuso en el panorama económico, político y social, pues el gobierno “sacrifica” gastos en infraestructura, actividades productivas, campo, salud, educación y seguridad, pero dedica grandes sumas a lo inútil.
Cinco mil millones es lo mínimo, pues las cuentas públicas muestran a lo largo del sexenio que siempre la superan en más del 50%, aunque esa cantidad surtiría 100% de agua potable a la metrópoli, además de todo el gasto necesario para evitar encharcamientos y reutilizar las aguas residuales.
Además de los gastos publicitarios de Peña Nieto, que lo convierten en el mandatario más caro de la historia del país, Hacienda, a cargo formal del “guasón” Pepe Toño Meade -las funciones siguen a cargo de Videgaray-, continúa justificando el derroche “para cuidar la seguridad de Peña Nieto”.
No obstante, si de eso se tratara sería mejor que el indeseable presidente se quedara guardado, y no saliera ni un minuto más a ser burla y escarnio de los gobernados, o a éstos les podría ocurrir algo lamentable.
Por otro lado, existe un costosísimo avión presidencial y demasiado dinero se canaliza a las francachelas de los campos de golf y demás escándalos a bordo de la nave para placer y boato de familiares, amigos, favoritos y toda una galería de impresentables y estrellitas de celofán que pasean atravesando océanos y continentes con cargo a nuestros bolsillos.
‎Es enorme el ridículo internacional que estos desplantes han levantado entre la opinión pública. Nadie se explica cómo es posible que lo consintamos, así como los gastos monárquicos de la familia presidencial y sus adláteres, inconcebibles en un país que pretende ser republicano, moderno...y “austero”.
Pero mientras los recortes al gasto social son efectivos y se vigilan con uñas y dientes, lo presupuestado guarda una distancia cada vez más lejana con lo gastado en términos de mantener lo absurdo, por ejemplo en 2015, cuando se publicó un ajuste de 52 mil millones de pesos, aplicable A TODOS.
Sin embargo, un análisis de la Cuenta Pública reveló que los gastos habían subido, por la crisis, usted sabe, y con la frescura ignorante del Chilorio Power y la banda del Guamúchil Party, se indicó que el recorte no fue real. Al final, se gastaron 185 mil 800 millones de pesos más.
En efecto, la administración central nunca resultará perjudicada por la astringencia presupuestal, pues los faraones burocráticos tienen de dónde echar mano: Recurren a la bestial deuda externa para seguir comprometiendo nuestro patrimonio en deudas estratosféricas que rebasan la mitad de nuestro trabajo y producto.
‎Peña Nieto tiene amplios recursos, sin medidas de “austeridad” para comprar opinión, mientras la propaganda comercial se ha vuelto tan fútil como la política, con mensajes sin sentido, por lo que las compañías de prestigio migran de las pantallas comerciales y concesionadas, a las páginas web y redes digitales, que han demostrado tozuda penetración en todos los ámbitos.
Gracias a su empeño por descifrar los mensajes crípticos de las formas proverbiales del engaño comercial y político, las redes digitales asumen, cada vez con mayor fuerza, la dirección sensata de la información y de la opinión pública, como se ha venido comentando hace mucho tiempo…, pero Peña las minimiza y desprecia. Dice que manejan demagogia.
Empero, son las únicas en hacer un éxito protestas e inconformidades por el “gasolinazo”, mientras el espectáculo ridículo que se monta en Los Pinos para desacreditarlo y satanizarlo es producto de mentes ajenas a toda existencia social. Ningún registro, ningún adjetivo es suficiente para calificar su absurda pretensión de seguir abochornando al país.
¿Y qué cree Usted? Apenas hoy portales de Internet denunciaron que el gobierno de Peña Nieto retiró en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE, lo que contribuyó a descapitalizar a las dos empresas de Estado, cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la estabilidad de la economía mexicana.
Estos retiros se realizaron de 2013 a 2015 mediante solicitudes de la Secretaría de Hacienda, firmadas por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, quien solicitó a los directores de Pemex y CFE los pagos por concepto de “aprovechamientos”, pero por medio de los cuales el gobierno obtuvo ingresos extraordinarios desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso con la etiqueta de “otros”.
Así las cosas, tan sólo Pemex realizó dos pagos: Uno por 65 mil millones de pesos en diciembre 2013, y otro por 70 mil millones en diciembre 2014, para un total de 135 mil millones de pesos.
¡Y ahora pretende Peña Nieto recapitalizar a ambas empresas con el “gasolinazo” y aumento de tarifas de electricidad! ¿Cómo quiere que el pueblo no se inconforme? ¿Ya pactó con el PAN y PRD que el PRI abandone la lucha por la presidencia 2018 a cambio del voto cómplice de éstos en el Congreso?
¡Esto es lo más seguro! ¡Lo constatamos en octubre en la aprobación del Presupuesto! ¿Alguien lo ha olvidado? ¡Y eso que habrá nuevo aumento en febrero! ¿Y los diputados y senadores por Quintana Roo?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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lunes, 9 de enero de 2017

¡Crónica de una infamia legislativa!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         A raíz del reciente escándalo del “gasolinazo”, que provocó una serie de marchas, desmanes y una natural indignación entre los millones de mexicanos, podemos decir con toda seguridad que si de algún pie cojea el PAN, que sueña con retornar a Los Pinos en 2018, es de una marcada, mal disimulada amnesia que han puesto de manifiesto sus legisladores.
         Asimismo, estamos ciertos de que la mayoría de nuestros representantes “populares” justifican con creces la serie de privilegios y demás canonjías que nadie les ha podido arrebatar a pesar del permanente reclamo popular, principalmente sus elevadas e indignantes “dietas”, compensaciones, seguros médicos, etc., etc.
         En efecto, el gobierno en el poder -porque, aunque no lo crea, no se mandan solos ni son “autónomos”- tiene qué consentir a los responsables de formalizar legalmente sus caprichos y utilizarlos como “tapadera” cómplice de sus arbitrariedades.
         Probablemente supondrá Usted que los Poderes Ejecutivo y Legislativo son diferentes, pero he ahí el “quid” del caso, ya que el titular del primero de ellos, es decir el presidente Peña Nieto, es quien ordena al segundo qué hacer y cómo a través de los diputados y senadores del PRI, cuyo ascenso “palomeó” desde su candidatura misma.
         Se preguntará Usted cuál es el papel de los demás partidos, pero, lamentablemente, la mayoría de éstos, valga la redundancia, son precisamente los que le dan la mayoría al PRI para la toma de decisiones en cualquiera de las dos Cámaras, independientemente de las posturas, aunque, curiosamente, aquéllos pretendan llamarse “oposición” sólo por no ser priístas.
         Pero ¿Qué podríamos decir del Verde “Ecologista” que es más papista que el Papa? ¿Alguna vez se ha sabido que vote contra las iniciativas o decisiones del PRI? Y no se diga de Nueva Alianza (Panal) o del novel Encuentro Social (PES), que secundan todo cuanto diga, haga o deje de hacer el tricolor.
         Aunque poco confiable en el papel, el PT ocasionalmente dice esta boca es mía, aunque frecuentemente se inclina también por el PRI en la Cámara de Diputados -en el Senado ocurre exactamente lo contrario-, lo que no sucede con Movimiento Ciudadano, más dado a pronunciarse en contra, aunque tampoco siempre adopte esta postura.
         Dejamos al final a los que, al menos en teoría, son los “grandes” de la oposición legislativa, el PAN y el PRD, aunque, desgraciadamente para el país, hasta hoy han sido contadas con el dedo las ocasiones en que han hecho causa común -como en Quintana Roo- y se han opuesto al PRI y aliados, lo que posibilita que éstos hagan invariablemente lo que les dé la gana.
         Y conste que hasta ahora nos referimos exclusivamente en los plenos de las Cámaras, aunque en los trabajos de las Comisiones ocurre exactamente lo mismo: La mayoría tiene la “razón”, independientemente del partido que las presida, y el PRI invariablemente alcanza esta posición con sus aliados “satélites”.
         Quiérase o no, les guste o no a quienes desconocen los procedimientos legislativos, el único partido que ha demostrado congruencia como verdadera oposición es Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), inclusive en aisladas iniciativas aparentemente “nobles”, sobre las cuales, sin embargo, ha preferido abstenerse.
            En la mayoría de los casos, no obstante, se ha pronunciado en contra del PRI-aliados, tal y como ocurrió con el tema del reprochable “gasolinazo”, que tanto PAN como PRD aprobaron desde hace más de dos meses y medio, aunque hoy, a la vista de los catastróficos resultados, pretendan dar marcha atrás y rasgarse las vestiduras en favor del pueblo.
         Como decíamos al principio, el PAN fue el primero en demostrar su mala memoria, cuando, en la sesión del jueves último, por medio de su diputada Alejandra Gutiérrez Campos, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de proyecto de decreto para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En forma por demás cínica, dijo hablar “para darle la voz a los millones de mexicanos que se sienten agraviados y timados por el PRI-gobierno”, y que los engañaron “porque les prometieron que no habría incremento a los precios de la gasolina, agraviados porque los mexicanos estamos recibiendo el Año Nuevo con un golpe a la economía familiar, una “cuesta” de enero que vaya que sí costará superarla”.
Olvidados los pronunciamientos del PAN el 20 de octubre, cuando se dio paso al “gasolinazo”, aseguró que “al igual que la gran mayoría, estamos contra el aumento al precio… porque es un golpe fuerte al bolsillo de las familias y las micro, pequeña y mediana empresa, provocando un efecto inflacionario, todo por un afán meramente recaudatorio de un gobierno ineficiente.
Concluyó que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y dejarlo sólo en el discurso político. Con esta iniciativa encabezaremos una lucha a favor de los mexicanos: Proponemos disminuir el IEPS a las gasolinas para una disminución real al precio de los combustibles y aminorar los efectos negativos por la liberación de los precios anunciados por el gobierno”.
Su iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la también panista Gina Andrea Cruz Blackledge, aunque la mayoría de integrantes es favorable al PRI, con 18 que, sumados a dos del Verde, uno del Panal y otro del PES, hacen 22 votos ante los 42 totales de esa Comisión, donde MC tiene 2, Morena, 3; el PAN, 10; y el PRD, 5 ¡“Mayoría”! 
Precisamente de esa Comisión surgió el dictamen del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, que presentó la priísta Fabiola Guerrero Aguilar, quien dijo que recibieron del Ejecutivo federal la propuesta referente a la liberación de los precios de la gasolina y diésel a las leyes de la oferta y demanda, en virtud de que “se estima que las condiciones fiscales están dadas”.
Tras aprobar “la mayoría” que el proyecto estaba “suficientemente discutido en lo general”, la Cámara de Diputados aprobó el “gasolinazo” por 406 votos a favor y 43 en contra, aunque resulte increíble, con el respaldo de los “opositores” PAN Y PRD, que este jueves, después de poco más de dos meses y medio, trataban de burlar la memoria de millones de mexicanos.
 El único panista que se salvó de la “quema” durante aquella sesión, en la que se “analizó” la Miscelánea Fiscal 2017, fue Javier Antonio Neblina Vega, quien anticipó que el dictamen de la Comisión de Hacienda no abordó el tema del IEPS en combustibles de forma responsable, sino por el contrario, “la propuesta de liberar el precio de las gasolinas en un contexto de bajo crecimiento, poca inversión y consumo interno insuficiente, afectará el precio de productos e ingreso real. Toca nuevamente el bolsillo de los ciudadanos”.
Curiosamente, empero, anunció que “votaremos a favor en lo general el dictamen, porque tenemos un compromiso con la sociedad y la estabilidad del país, pero nunca por validar el mal manejo de las finanzas públicas y de la economía mexicana. Presentaremos reservas en los puntos que consideramos prioritarios y que resultan sensibles para la sociedad mexicana para enriquecer el dictamen en temas que impulsarán nuestra economía el próximo año”.
Otro panista más, Santiago Taboada Cortina, votó a favor “porque sin duda tiene un logro que desde hace muchos años un sector en nuestro país reclamaba, el sector cultural reclamaba que no solamente el cine y que no solamente el teatro tuviera la oportunidad de tener un estímulo fiscal” (¡!), y agregó que incluimos por más de 100 millones de pesos en estímulo fiscal a tres disciplinas artísticas fundamentales para el desarrollo cultural del país: las artes visuales, la música y la danza”.
Por su parte, Vidal Llerenas Morales, de Morena, advirtió que la “Miscelánea” es un reconocimiento de que la reforma energética falló, que sólo mediante un régimen tributario especial para los energéticos llegarían posiblemente las inversiones.
Añadió que en su partido “estamos ratificando la banda de gasolinas, que seguramente permitirá que el año que entra vuelvan a subir los precios de las gasolinas. La estimación de ingreso en el IEPS de gasolina del año que entra es 80 mil millones de pesos más que las de este año”.
Y advirtió que los que voten a favor los hacían por gasolinas más altas “porque no se deduzcan las prestaciones (privilegios, decimos nosotros) y por salvar una reforma energética que ha naufragado. Es decir, este Congreso ha renunciado a la posibilidad, a la obligación de tener un mejor sistema tributario, un sistema más justo, un sistema que dé más certeza”.
Pero bueno, ¿sabe Usted en qué términos aprobó la Comisión de Hacienda el “gasolinazo” aquel 20 de octubre?
Según la priísta Fabiola Guerrero, consideró adecuado garantizar que el adelanto de la liberación del precio al público de las gasolinas y del diésel sea de manera gradual y ordenada, y que la Comisión Reguladora de Energía, con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, determine el ritmo de liberación de los precios para las distintas regiones durante 2017 y 2018.
Además, consideró conveniente modificar las disposiciones transitorias que proponía la iniciativa, a fin de que la Comisión Reguladora de Energía durante 2017 y 2018 pueda adelantar el momento para liberar los precios de las gasolinas y el diésel, en relación a las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores.
Por último, requerir a los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de los productos, así como la información necesaria para el ejercicio de sus facultades, y que “el personal oficial que intervenga en el ejercicio de dichas facultades estará obligado a guardar absoluta reserva sobre la información recibida”, advirtió.
Irónicamente poblano -por aquello de la “importación” de funcionarios a Quintana Roo-, el diputado plurinominal de Morena, Miguel Alva y Alva, puso el dedo en la llaga sobre la votación del “gasolinazo” de Morena: “A pesar de que somos diferentes partidos, solo hay dos corrientes aquí, los que aprueban y los que desaprueban. Somos unos cuantos los de la verdadera izquierda y todos los demás juntos, a pesar de que aquí vienen algunos, y eso también es para un análisis, un psicoanálisis, más bien”.
¿Cómo es posible o qué se necesita para venir acá y hablar como algunos de ustedes, con tanto cinismo, con tanto descaro, sabiendo que lo que dicen nada tiene qué ver con la realidad que se vive en el México real?, añadió en clara referencia al PRD.
El PRI, PAN y Verde están definidos, sólo se puede hablar de un descaro. Los peores son los que simulan, los que vienen y hablan por un buen discurso, un discurso respetable, sin embargo, al final votan junto con los que aprueban las decisiones equivocadas que acá mandan y que finalmente, como este día, como este triste día donde se le da al pueblo de México un golpe más.
Durante la jornada legislativa del jueves, su correligionaria Norma Rocío Nahle García presentó punto de acuerdo de urgente u obvia resolución suscrito por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) y los senadores Mario Delgado Carrillo y Carlos Merino Campos ( PRD y PT) para convocar al periodo extraordinario y revertir el IEPS de las gasolinas, además de solicitar al Ejecutivo cancelar de inmediato el aumento a las gasolinas y diésel.
         Ya lo adivinó Usted: La “mayoría” desechó ambas cosas.
         Sin embargo, la “legislación presidencial”, a través de la Comisión Permanente, aprobó “por mayoría” mantener los aumentos, a cambio de convocar a los titulares de Hacienda, Energía, Pemex, Profeco, Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía para explicar razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel.
Asimismo, “exhortar” al Ejecutivo Federal (ja, ja, ja) para que, a través de Hacienda, informe de manera pormenorizada, en 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones del país y las 7 de la frontera norte, desglosando sus componentes, entre otros Acuerdos que se negaron a plantear ante el Pleno.
         ¿Cree Usted que esta “medida” cambiará las cosas y calmará los ánimos e indignación del pueblo de México? No lo creemos, pero para no abusar de su tiempo y del espacio, mañana continuaremos con el tema.
        
 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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