jueves, 27 de abril de 2017

¿Por  quiénes NO votaría en 2018?


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con el sugerente título, “¿Votar por un Mesías? ¡Ni que estuviera loco!” Una no menos sugerente columna circula difusamente por las redes sociales y se ha convertido rápidamente en viral, cuando, a poco más de un año de la elección de para la Presidencia de la República, todo apunta a que el amplio favorito es el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Al frente del partido Movimiento por la Reconstrucción Nacional (Morena), “El Peje” encabeza desde hace varios meses las preferencias del potencial electorado para suceder al frente del Poder Ejecutivo al cada vez más cuestionado priísta Enrique Peña Nieto, en cuyo partido aún luchan por quien dará la cara en los comicios del 2018.
 Con algunas correcciones de ortografía, la columna dice que “Yo no votaría por Andrés Manuel López Obrador, ese tipo chiflado que todos los días empezaba su trabajo a las 6 de la mañana dando conferencia con los periodistas para explicar lo que se estaba haciendo en la ciudad.
-Ese tipo que hizo el segundo piso gratuito ¡Qué bárbaro, cómo se le ocurre; ese loco que hizo 16 preparatorias y la universidad de la Ciudad de México para que los jóvenes puedan estudiar.
-Ese loco, que hizo el hospital de especialidades de gobierno en Iztapalapa, ese populista que hizo que por ley se les dé la ayuda a madres solteras, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, y que hizo que se le dieran útiles escolares y zapatos a los niños de primarias públicas para que sus padres no se preocuparan.
 -Ese loco que, junto con los empresarios, cambió para bien el corredor Reforma, que por cada peso que invirtió la CDMX como capital semilla los empresarios invirtieron 30 pesos, haciéndose hoteles, edificios, hospitales, escuelas.
-Ese loco, que cambio el centro histórico y lo convirtió en lugar turístico para los mexicanos y extranjeros.
-Ese loco, que no quiso pagar al panista Diego Fernández de Cevallos por un fraude que éste quería hacer con un predio llamado paraje San Juan, en el cual quería que el gobierno de la ciudad le pagara del erario público mil 800 millones de pesos y se fueron a juicio, donde la Suprema Corte de Justicia dio el fallo a favor de AMLO y de esa forma no se le pagó nada a ese corrupto de Diego.
-Ese loco, al que le dio una reconocida consultora londinense el título de Segundo Mejor Alcalde del Mundo por todos las cosas que se hacían en la CDMX; a ése que mientras en todo el país subían los índices de criminalidad en la CDMX bajaron; a ese loco que desaforaron y quisieron meter a la cárcel por haber construido una calle para comunicar un hospital, y al final dos panistas pagaron su fianza para que no pisara la cárcel para no convertirlo en mártir.
-Ese tipo loco, al que se le hizo una terrible “guerra sucia” diciendo que era un peligro para México; ese loco, que es el luchador social más importante de los últimos 50 años, que formó un partido político llamado MORENA que en julio de este año apenas cumplirá 3 años, pero en este momento es el partido político más importante de México; por eso el PRI y el PAN están uniendo fuerzas para frenarlo; a ese loco con quien banqueros, empresarios ahora quieren trabajar con él.
-Este loco- al que los reporteros ahora buscan para hacerle entrevistas, al que millones de mexicanos quieren que sea presidente y en las redes sociales lo defienden a capa y espada, a ese “Peje” loco que fue a dar una conferencia en el prestigiado Tecnológico de Monterrey, donde los estudiantes lo vitorearon, aplaudieron y gritaban de pie entusiasmados: Presidente, presidente, presidente...
-No ¡Ni de loco votaría por él!
-Yo votaré por un panista como (Felipe) Calderón, cuya guerra dejó más de 100 mil muertos (Dato de El Universal. Entre 2007 y 2012, según el Inegi, 121 mil 163 muertos), pero dijo Margarita Zavala que todos eran narcotraficantes, y si ella lo dice no tengo por qué dudar de tan bella dama.
-Por aquellos panistas que prometieron construir 3 refinerías y Calderón sólo hizo la barda de una, donde se desperdiciaron 3 mil 400 millones de pesos (dato el periódico El economista)
-Calderón, que hizo esa hermosa Estela de Luz, que “apenas” costó mil 305 millones de pesos, aunque un grupo de ingenieros y arquitectos hicieron un presupuesto y aseguraban que su costo real no pasaba los 30 millones de pesos (pero qué pueden saber esos ingenieruchos o arquitectuchos, ni que fueran los constructores)
-Yo votaré por un panista como Calderón, que “sólo” dejo un máximo histórico de deuda de ¡tres billones 567 mil 800 millones de pesos al débito interno! El externo asciende a 123 mil 100 millones de dólares (dato de La jornada), y que en cuyo sexenio ocurrió el “boom” del petróleo que duró 15 años y benefició el final del sexenio de Zedillo, Fox, Calderón y el principio de Peña Nieto, donde a Calderón le tocó el máximo histórico de 132.71 dólares por barril que ahorita está en 37 dólares, y dicen que un país en medio del desierto, llamado Dubai, aprovechó esos altos costos del petróleo e hizo el país más sofisticado del mundo.
-Si no voto por un panista, entonces lo haría por un priísta, al fin y al cabo que su gobierno está demostrado que todo está bien, y la crisis sólo está en la mente. Que todos sus gobernadores saquean sus Estados y se van a vivir al extranjero, ya que en México hay mucha corrupción, pero ya me acostumbré y más valen priístas y panistas por conocidos, a que llegue un loco que ama a México pero dicen que es un peligro.
-Desgraciadamente, Peña Nieto y Ricardo Anaya (presidente del PAN) han hecho un pacto para que Josefina Vázquez Mota gane el Estado de México y el PAN regrese a la presidencia en el 2018. El PRI sabe que no puede ganar.
-De esa manera quedan tranquilos que no se les juzgará por traición a la patria, pero lo peor de todo es que la orden viene de Trump, por lo que el panista que quede en el poder será fiel lacayo de los intereses de Estados Unidos, y no verá por los mexicanos. México somos todos ¡ya basta de que vendan a nuestro país como si fuera venta de garaje!
¿A cuántos políticos de la altura del Peje conoce que puedan salir a la calle sin escoltas a tomar una nieve acompañados de su esposa, y el pueblo los admire y cuide?”, concluye.
Hasta aquí la bien documentada columna, aunque, hasta donde se sabe, en poco o nada ha afectado la popularidad de López Obrador, al menos NO para mal, el ahora investigado video que, para muchos, difundido, patrocinado y organizado por el PAN -aprendió bastante rápido del PRI-, muestra a la entonces candidata a alcaldesa de Las Choapas, Veracruz, la diputada local con licencia Eva Cadena Sandoval, recibiendo 500 mil pesos de una mujer no identificada en apoyo para “El Peje”.
Y Usted, ¿Votaría por ese “loco”? Dígase lo que se diga, Nosotros, ¡SI!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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martes, 25 de abril de 2017

 ¡Impunidad con “disculpas públicas”!


                                              Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
 “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”: Platón
Empleada para demostrar un supuesto arrepentimiento y reconocimiento de culpa que, sin embargo, al menos en Quintana Roo no ha pasado a más de eso, una presunta muestra de buena voluntad que, al menos hasta hoy, de nada ha servido, la disculpa pública se ha convertido en los últimos años en una abierta muestra de impunidad que raya en la complicidad de las autoridades.
Emitida por orden de alguna autoridad competente, o bien en alguna recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esa disculpa, equivalente al típico “Usted disculpe” o “aquí no ha pasado nada”, recién se hizo más “famosa” el 21 de febrero último con la que ofreció la PGR a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
         Con todo, no crea Usted que se trató precisamente de un acto de buena fe, ya que debieron transcurrir 9 meses para que la PGR acatara la orden de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que también reconoció la inocencia de las mujeres, procesadas y sentenciadas a más de 21 años de prisión, por “secuestrar” a seis agentes de la desaparecida AFI, por lo que permanecieron 4 años prisioneras.
Prácticamente inadvertida, la disculpa púbica también comenzó a emplearse en Quintana Roo el año pasado, aunque recién se le dio importancia con la que rechazó una de las víctimas de tortura durante el “gobierno” de Roberto Borge, y a cuyos implicados ha solapado de manera cómplice el mandatario Carlos Joaquín González: Hablamos del multicitado Héctor Manuel Casique Fernández.
Pero el tema no se agota ahí, ya que, si el diablo no mete la cola, este jueves 27, ante la recomendación 13 / 2015 de la Comisión Na-cio-nal de los Derechos Humanos, el periodista carrilloportense Pedro Canché deberá recibir una disculpa pública y un reconocimiento público de violación a sus derechos humanos por parte del gobierno de Quintana Roo.
Tanto en uno como en otro, se trata de sendas detenciones arbitrarias con tortura que, atribuidas al gobierno de Roberto Borge, sin embargo, debieron trascender el ámbito local para su no pasar inadvertidas, como sería el tema de docenas de casos no ventilados aún y cuyas víctimas permanecen olvidadas tras las rejas, en infructuosa espera de justicia.
         Ahora bien, pese a que tanto los ahora públicos atropellos contra Héctor Casique como los de Pedro Canché se dieron en el marco de la cuestionada administración de Roberto Borge, lo cierto es que, quiérase o no. Carlos Joaquín no ha demostrado mayor interés en castigar a los involucrados, y preferido la “cómoda” disculpa pública, al menos hasta donde se ha visto.
         En efecto, resulta sumamente cuestionable que, en el caso de Héctor Casique, existan 43 implicados, contra los que la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó acción penal en su momento, pero que, tras cerca de 7 meses de gobierno, Carlos Joaquín hasta pareciera no estar enterado.
         Los involucrados -la Comisión Estatal de los Derechos Humanos omitió 6 nombres-, son Yahara Martínez Góngora y Monserrat Romero García Arturo Olivares Mendiola, Constantino Solana Wady Alfredo, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martínez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín y Abel Mizraim Huerta Martín.
Asimismo, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernández, Jesús Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Góngora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez Álvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lío, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Audomaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
         Hasta noviembre del 2015, 17 de 43 judiciales acusados de torturar a Héctor Casique para declararse culpable en marzo del 2013 de un multi homicidio en Cancún se habían amparado y ninguno de ellos había sido destituido, sobre todo Olivares Mendiola, ex jefe de policía en Cancún nombrado después subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
Por su parte, Pedro Canché, acusado de sabotaje, fue encarcelado nueve meses, aunque al salir en libertad sostuvo que se debió a cuestiones políticas, por órdenes del entonces gobernador Roberto Borge, quien no soportó las críticas que vertía el periodista contra su administración, que cometía agravios en contra de la zona maya.
Al igual que Héctor Casique, mantiene sendas demandas contra ex funcionarios estatales entre ellos el propio ex gobernador Roberto Borge, y el ex Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, así como contra la ex subprocuradora de Justicia de la Zona Maya, Blanca Imelda Ávila, contra ninguno de los cuales ha procedido la Fiscalía General de Carlos Joaquín.
         Con todo, como dijimos, los dos casos mencionados no son los únicos que se circunscriben en el tema de la disculpa pública en Quintana Roo, ya que la avalancha parece haberse iniciado el 7 de noviembre último en Playa del Carmen, donde la policía municipal se “disculpó” por los actos de la administración anterior.
Derivado de recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por primera ocasión se ofreció una disculpa a las víctimas por trato cruel y degradante por parte de policía municipal, además de que “se comentó” que era una de las primeras acciones, ya que, supuestamente,  también habría sanciones…sobre las que nunca se supo.
En representación del Ayuntamiento, el Secretario General de la Comuna, Alberto Farfán Bravo, dijo que trabajaban en mejorar el actuar de los cuerpos policíacos, así como el trato de éstos a los ciudadanos para que los acontecimientos de dos años antes no volvieran a presentarse.
Sin embargo, un asistente al evento, víctima de abuso, manifestó que no había cometido ningún delito por lo que lo dejaron bajo libertad pidiéndole una disculpa en privado, tras lo cual obtuvo su libertad y se empleó como taxista, pero desde ese entonces lo habían llevado hasta tres ocasiones a Seguridad Pública donde lo habían golpeado y roto su licencia.
         Asimismo, el 10 de noviembre del propio año, la Fiscalía General, a recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ofreció disculpa pública a Carmen Martínez Jiménez por irregularidades en la integración de una indagatoria por la supuesta explotación laboral de tres menores en la comunidad de Alfredo V. Bonfil.
En lo que la prensa publicó como el “rescate de tres menores explotados laboralmente en Cancún”, la dependencia informó en enero de 2014 que detuvo a la mujer por mantener cautivos a cuatro menores -una adolescente de 14 años, originaria de Acapulco, escapó días antes del operativo- a los que obligaba a trabajar en decorar piezas de barro en una casa de la calle Ignacio Allende, Supermanzana 308, entre Lázaro Urbina y Carlos Salinas.
El 9 de diciembre último, por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad ofreció disculpas públicas al propio Héctor Casique, así como a otros siete internos y dos personas en libertad víctimas de agravios durante el borgismo.
         Subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Juan Alberto Montoya Aguado se disculpó por los hechos del 30 de julio de 2013 en el Centro de Reinserción Social de Cancún, pero que no permitiría más actos contra los derechos humanos, no sólo de las personas privadas de su libertad, sino de la sociedad y que se procederá penal y administrativamente contra los servidores públicos…que en lo sucesivo cometan cualquier tipo de abusos o excesos contra las personas privadas de su libertad.
Además de Héctor Casique y Carlos Alberto Torres Huesca, entonces libres, las otras víctimas fueron los internos Humberto Ramírez López, Julio César Mancera Zamudio, E.A.A.C., J.R.M.G., V.R.R.O., H.J.R.P. y E.D.T.R.
Otra disculpa “a una víctima de violaciones de derechos humanos derivado de la Recomendación 03/2016 de la Comisión” la ofreció el 15 de marzo último el comisionado de la Policía Estatal Preventiva, José Eliezer Varela Durán ante una detención arbitraria y posterior tortura de un joven por parte de elementos de las policías estatal y municipal.
Conforme a un comunicado, que no menciona el nombre del afectado, “la disculpa pública es uno de los elementos centrales en el proceso de reparación integral a la víctima. El proceso de atención involucra desde la atención médica y psicológica, la asesoría jurídica, la disculpa pública y una compensación económica”.
Finalmente, el 7 de abril último, en cumplimiento a recomendación de la Comisión, el alcalde de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, y el vice fiscal del sur de la Fiscalía, Antonio Nieto Bastida, ofrecieron una disculpa a William Samuel de la Cruz Aguilar por violación de sus derechos humanos por parte de jueces calificadores y policías municipales.
No obstante, el padre de la víctima, Samuel de la Cruz, se dijo insatisfecho por lo que consideró “acciones incongruentes” de la Fiscalía, ya que las investigaciones no abarcaron a los elementos de la policía ministerial que intervinieron en actos de tortura y pareciera que se les trata de proteger.
Por su parte, Cruz Aguilar cuestionó que no se reconociera la tortura y que le tomaron una foto sin consentimiento para acusarlo, además de que no se ejerciera acción contra los agentes Ramón Trejo Campuzano, Agustín Guevara Martínez, Julio César Herrara Duarte y Didier Vázquez Méndez –ex titular de la Policía Municipal Preventiva-, a quienes señaló de involucrarlo con tortura y falsificación de documentos.
De la Cruz Aguilar había sido acusado de asalto con violencia y haber disparado un arma de fuego con la que asesinó a un joven universitario el 9 de abril de 2015 en una vinatería de la calle Heriberto Frías entre CNC y Luis Cabrera de la colonia Adolfo López Mateos.
Torres Llanes, sin embargo, determinó la responsabilidad en actos de tortura de los jueces calificadores Lizbeth del Rosario Cabrera Pat, Carlos Roberto Santos Lima y Teresita de Jesús  Caballero Sánchez, así como de los policías Ismael Gamboa Ovando, Alicia Díaz González y Juan Manuel Gutiérrez Tagano, quienes detuvieron arbitrariamente a aquél, por lo que se les inició procesos administrativos para determinar sus grados de participación y responsabilidad.
         Lo cierto es que no ocurrió lo mismo el 30 de marzo con la disculpa a Héctor Cacique y Maximiliano Ezequiel Millán González, víctimas de la detención arbitraria y tortura en marzo de 2013, ya que no se ha actuado contra sus verdugos, como tampoco se espera ocurra en el caso de Pedro Canché, y menos aún contra quien se sigue considerando intocable en Quintana Roo: Roberto Borge.
         ¿Estamos equivocados señor gobernador?

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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lunes, 24 de abril de 2017

¡Declara Fiscal guerra a periodistas!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
      Quince años después de haberse desempeñado como subprocurador de Justicia del Quintana Roo, el ahora Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, volvió a convertirse en uno de los principales personajes de la prensa cotidiana, tras advertir -no podríamos llamarle de otro modo- que procedería legalmente contra los periodistas que difamaran en torno a su labor.
         El anuncio-amenaza del funcionario, aparentemente como válvula de escape a los permanentes señalamientos en su contra por aquel oscuro episodio de la fuga del pederasta Jean Succar Kuri durante su primer periodo en la Procuraduría -sobre lo que hasta hoy no ha querido referirse-, sacudió las hasta entonces tranquilas vacaciones de Semana Santa de los medios de comunicación.
         Coordinador de las escuelas de Derecho y Criminología y Criminalística en Universidad La Salle Cancún (2008), Pech Cen puso en evidencia a su jefe directo, el gobernador Carlos Joaquín González, quien, poco antes de rendir protesta como Jefe del Ejecutivo el 25 de septiembre, dio por terminado un periodo “de censura y control de los medios”, y se comprometió a restablecer una sana convivencia con los comunicadores, con absoluto respeto a la libertad de expresión.
         En efecto, previo a jurar guardar y cumplir la Constitución como octavo gobernador de Quintana Roo, el mandatario garantizó esa mañana libertad de expresión y transparencia durante su gestión: “La relación con los medios será de libertad total, no habrá opacidad; bienvenidas las críticas constructivas”, aseveró.
         En este sentido, manifestó que “abrirá los micrófonos a lo que ocurra y pase en su gobierno”, a fin de que todos los quintanarroenses tengan un mejor conocimiento del Estado. Bienvenida la crítica constructiva que nos permita crecer y salir adelante, puntualizaría.
         Menos de 7 meses después, convertido en “oveja negra”, Pech Cen, cuyas principales cualidades no son precisamente el diálogo o el acercamiento con los medios, prefiere poner en claro la autonomía de esa dependencia que, pese a ser una de las más cuestionadas durante el controvertido “gobierno” de Roberto Borge, por lo menos nunca estuvo tan “divorciada” de la prensa, o bien demostró conocer mejor sobre el término de diplomacia.
         Hombre de leyes graduado en la Universidad Autónoma de Campeche, y cuyo currículum incluye haber fungido como juez penal de primera instancia en Cancún (1989-94), entre otros, por lo menos pudo guardar las formas como subprocurador durante el sexenio del priísta Joaquín Hendricks Díaz, quien todo hace suponer que supo meterlo en cintura, inclusive durante la avalancha de críticas tras la “misteriosa” fuga de Succar Kuri.
         Precisamente, la gota que derramó el vaso en torno al “divorcio” prensa-Pech Cen fue un extenso reportaje que, titulado “Negro pasado del Fiscal Miguel Ángel Pech”, publicó el periódico Novedades de Quintana Roo el 17 de abril último, precisamente sobre el tema del pederasta, y levantó ámpula en los medios políticos locales.
         Contra lo ocurrido en aquel sexenio, y dígase lo que se diga, Carlos Joaquín NO ha logrado apaciguar ni hacer entrar en razón al colaborador que, por su parte, ignora o prefiere ignorar que la crítica sea precisamente uno de los costos de la “membresía” de ser funcionario público, donde, con todo, resultan mayores los privilegios.
         Irónicamente, las amenazas de Pech Cen surgen en el momento en que, aunque de manera infructuosa, en otros niveles -y otros gobiernos- se intenta instrumentar cada vez mayores mecanismos de protección para los periodistas, no sólo para salvaguardar sus derechos humanos, sino también para el propio desarrollo de sus actividades.
         Irónicamente también, se dan en el marco del reciente nombramiento del playense Felipe Ornelas Piñón como primer titular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado y, responsable, al menos en teoría, no sólo de la difusión de las actividades, sino también del manejo de la imagen de Carlos Joaquín ante la población, vía, desde luego, medios de comunicación.
      ¿Escapa el Fiscal General del control de esa nueva Coordinación, que habría surgido ante el aparente fracaso de  Haydeé Serrano Soto al frente de la ex Unidad del Vocero? ¿Escapa del control de su propio jefe Carlos Joaquín? Nadie lo sabe.
La verdad es que no le vemos ni pies ni cabeza al tema, pero lo cierto es que ni el supuesto “apagafuego” Felipe Ornelas ni el propio Carlos Joaquín se han encargado de desmentir o confirmar las advertencias de Pech Cen, a quien habría que recordarle como Abogado, que el estado de Derecho que parece querer aplicarles a los reporteros también implica la obligación del Estado en cumplir sus obligaciones.
En este sentido, en nada le ha apoyado su jefa de prensa, Luvia Rejón Hernández, en el sentido de informar de sus actividades pese a que la Fiscalía ejerce recursos públicos para el ejercicio de éstas, pero, al parecer, amparados en un “sigilo” que ya resulta un verdadero lujo, tal y como se ha convertido la tan socorrida “disculpa pública” para justificar incapacidad e impunidad oficial, aunque ya hablaremos del caso de Quintana Roo.
Lo único que nos obliga a pensar Pech Cen es que pretende dar la imagen de “Fiscal de hierro”, que suena bonito, pero que, al menos en la novela de TV Azteca, se refería a una mujer dispuesta a luchar hasta encontrar justicia y esclarecer el asesinato de su padre.
No cabe duda de que Felipe Ornelas tendrá ante él el reto de confirmar las promesas de Carlos Joaquín en aquél no muy lejano 25 de septiembre, así como de poner en su lugar a quien, guardadas las proporciones, debiera tender puentes en lugar de construir murallas, ya que su postura obliga a preguntarse si es mejor malo por conocido, que bueno por conocer.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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jueves, 6 de abril de 2017

Militares, ¡vuelvan a sus cuarteles!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante la creciente problemática que ha generado la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión, es pertinente destacar que los mílites no son el problema, pues, salvo aislados yerros de los que somos sujetos todos como humanos, siempre han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular.
En realidad, los verdaderos problemas son sus altos mandos: El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el mismito presidente Peña Nieto -¡qué “raro”! ¿Verdad-, así como lo fue el ex mandatario Felipe Calderón, que han buscado transformar  las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las fuerzas armadas nacionales.
Para estar claros: La Ley de Seguridad Interior implica  la militarización del país, cuando que, como sabe cualquiera con un centímetro de frente, los problemas de México no se resuelven con violencia, sino con empleo, educación y combate a la desigualdad y a la pobreza.
Ahora bien, es cierto que México sufre un grave problema de seguridad pública, pero su solución corresponde a las autoridades ci-vi-les, tal y como señala el artículo 21 de la Constitución, y no a las fuerzas armadas, como asegura equivocada y neciamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El sentir popular es que pocos o nadie está en contra de las fuerzas armadas, pero lo deseable es que, en concordancia con el marco constitucional,  regresen a los cuarteles, ya que los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón las han vulnerado incesantemente, y provocado con sus órdenes militarizantes, constantes  violaciones a los derechos humanos que ha señalado la propia ONU, que las calificó de crímenes de lesa humanidad.
Calderón y Peña Nieto son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano, y crear regímenes de excepción penal y militar, para lo cual, incluso, han subordinado hasta el Congreso para lograr sus “designios”. 
Creemos que en la pretensión de aprobar la Ley de Seguridad Interior existe un interés  geopolítico de Estados Unidos en militarizar al país para la defensa de sus intereses, ya que en México no sufrimos de terrorismo, pero el crimen organizado es un fenómeno derivado de alto consumo de drogas en ese país, y de ahí que se trate de un problema que corresponde resolver a ellos.
Verá Usted. Desde 2001, a partir de La Ley Patriota  de Estados Unidos (en inglés, Patriot Act), existe un proceso hemisférico por  militarizar a los países de América Latina, sobre todo aquellos que, como México, carecen de controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington.
La mencionada Ley ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos  relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y, por tanto, un aumento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna. Llámese Obama o Donald Trump.
La guerra contra las drogas del sexenio del panista Felipe Calderón, y continuado insensatamente por el priísta Peña Nieto, es una guerra contra los mexicanos, promovida por su propio gobierno, pero con origen en las demandas y exigencias norteamericanas, como polvos de vientos huracanados.
En este sentido, y para colmo, hasta la Suprema Corte de Justicia  de la Nación se ha sometido a través de la interpretación constitucional a favor de la militarización de la seguridad pública.
Con todo, no obstante, las iniciativas para impulsar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior son contrarias a los artículos 28, 89 fracción VI; 73 y 129 constitucionales que, entre otros, recalcan que la seguridad pública es tarea de civiles, y en época de paz, el lugar de las fuerzas armadas es su cuartel. Por si fuera poco, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.
La paulatina militarización del país ha implicado costos constitucionales desde el 2001, pues modificó la cultura de la sociedad sobre las Fuerzas Armadas, que otrora las veía como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, mientras que hoy existe una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea, con un Ejército cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y legales.
Pero además, la militarización ha significado en los últimos años grandes violaciones a los derechos humanos,  más de 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados.
Lo cierto es que está probado que la presencia militar en los Estados no disminuye la violencia, sino que la incrementa, y está probado también que su participación en tares de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al 100% de muertos, derivado de sus acciones en materia de seguridad.
Por si fuera poco, los costos económicos son enormes, al grado tal que desde 2001 han aumentado un 800% en promedio, esto en detrimento del gasto social, mientras que, de 2008 a la fecha, el gasto ha aumentado en forma exponencial.
Así, gastamos tres veces más en armamento que Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la verdad oficial, existen políticas federales, estatales y municipales para enfrentar la crisis de seguridad, pero, deliberadamente, creemos, se han desarticulado, subordinado e invisibilizado.
Ante este panorama, una propuesta viable sería reformar los artículos 73 y 89 constitucionales, tal y como recién planteó Manuel Bartlett Díaz en el Senado, que pide derogar las facultades del Congreso para aprobar leyes en materia de seguridad nacional, que debe corresponder a los ciudadanos y sus autoridades, fundamentalmente las civiles, de acuerdo con sus competencias.
Ante todo, se debe rechazar la guerra ofensiva, y la Constitución sólo permitir la guerra exterior en legítima defensa. En períodos de paz, las fuerzas armadas sólo deberán intervenir en suspensión de garantías -conforme al artículo 29 constitucional-, en intervención federal por siete días -en términos del primer párrafo del 119 de la Constitución- y en casos de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas.
En este último supuesto, los militares deben actuar sin armas y estar subordinados, según competencias constitucionales y legales, al Ejecutivo, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal y a los demás niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental.
En todo caso, es fundamental discutir el tema, ya que los gobernadores están presionando al Congreso a través de la Conago para aprobar la Ley de Seguridad Interior y, por ende, la militarización de todo el país, pues son los acusados de ineficacia e incapacidad en resolver sus propios problemas.
Asimismo, son absolutamente reprobables las actitudes del Secretario de la Defensa Nacional, que amenaza a la Cámara de Diputados, en el sentido de que si no se aprueba esa Ley que quiere no regresarán a los cuarteles.
¿Cómo se permite que amenace a la Cámara? Y conste que todavía no tienen esa ley que, entre otros, les permitiría labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es ajena. Esto se debe discutir.
Vivir en un régimen militar, que permite retenes en las calles y con facultades de investigación y espionaje, son las propuestas de la iniciativa del senador panista Roberto Gil Zuarth y secundado por la bancada del PRI, pese a que se trataría de un ataque a la libertad de la nación, además de no corresponder a los intereses del país.
         A reserva de dar a conocer más ampliamente el controvertida iniciativa, la propuesta de Bartlett Díaz es que en tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma, las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles, en términos del artículo 129 de la Constitución, sin atender tareas de seguridad pública, ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisados de la fracción VI del artículo 80.
En ese plazo, las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, deberán reasumir sus competencias en materia de seguridad pública. Si alguna autoridad no puede con la responsabilidad para la que fue elegido, lo comunicará al Ejecutivo Federal para iniciar sobre esa entidad un proceso de suspensión de garantías, además de juicio político sobre el mandatario estatal.
Asimismo, propone declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública subscritos por las entidades con Estados Unidos, así como constituirse una Comisión de la Verdad, integrada por cinco titulares electos, para investigar los actos u omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en éste y el anterior sexenio.
Ello sería respecto a conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los mandatarios federales que han soltado ese maremágnum contra el pueblo, que con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado, hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
¿Alguien cree que prospere la iniciativa? La verdad, no lo creemos, ya que, lamentablemente, la política es la ciencia de lo posible, no de lo deseable. Al menos, nadie puede quejarse de que no se haya hecho el intento por mejorar las cosas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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lunes, 3 de abril de 2017

¿Pedro Joaquín para la Presidencia?


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con el título “PJC, ¿por qué no?”, el escritor-columnista Federico Reyes-Heroles, considerado una de las plumas más serias y de mayor peso del país, levantó el martes pasado una de las mayores reacciones en el ámbito político, al “destapar” en Excelsior al ex gobernador quintanarroense Pedro Joaquín Coldwell como uno de los más viables aspirantes a la candidatura por la Presidencia de la República en 2018.
También colaborador, en su momento, de los periódicos Uno más Uno, La Jornada, El Financiero, Reforma, El Norte y Mural, entre otros, Reyes Heroles, cuyo segundo apellido es González-Garza, inicia su columna en el sentido de que los colores partidarios nada garantizan “son la misma porquería, gritan por allí, ahuyentando y confundiendo a los jóvenes”, dice.
De ahí que, explica, “por eso no les interesa el servicio público. ¿Cómo salimos de esta terrible trampa? Los débiles se rodean de débiles y así empequeñecen al país. Lo primero es que los partidos realicen en sí mismos una auténtica poda de elementos putrefactos. Hoy el infinito reciclaje apesta.  
En su escrito de 7 párrafos Reyes-Heroles sugiere que para salir de esa “trampa” lo primero sería que los partidos realizaran en sí mismos esa “poda”, y segundo, señalar a quienes han entregado su vida al servicio público con honestidad, entre los que ejemplifica a Pedro Joaquín.
Hermano del gobernador Carlos Joaquín González y titular de la Secretaría de Energía, el nombre del nativo de Cozumel seguramente cayó como balde de agua helada sobre la docena de aspirantes priístas que buscan suceder en la silla al cuestionado Peña Nieto, cuando, para todo mundo, el enemigo a vencer sería “El Peje” Andrés Manuel López Obrador.
Hijo del recién desaparecido empresario de origen libanés, Nassim Joaquín Ibarra, y también hermano de la panista Addy Joaquín, quien también ha ocupado diversos cargos políticos, Pedro Joaquín, de 66 años de edad, era dirigente nacional del PRI hasta antes de ser designado titular de Energía.  
Su vasta trayectoria como uno de los políticos más representativos de la entidad, inició a los 24 años, como diputado Constituyente por el VI Distrito Electoral, cuando fungió como presidente de la Legislatura (1974-75), tras lo cual fue Secretario General de Gobierno del primer mandatario constitucional de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, y de ahí pa’l real.
Entre 1979-1982 fue diputado federal, y luego fue electo segundo gobernador de Quintana Roo (1981-87), cuando, el 8 de febrero de 1985, sufrió un grave accidente de carretera junto con varios funcionarios, entre ellos su secretario de Desarrollo Económico y amigo personal, Erick Paolo Martínez, quien pereció.
En diciembre de 1988, el presidente Carlos Salinas lo nombró director de FONATUR, y al año siguiente, Secretario de Turismo hasta 1993. Un año después fungió como secretario general del PRI, y luego como Comisionado para la Paz en Chiapas, que dejó en 1998, cuando fue designado embajador de México en Cuba hasta el 2000, tras lo cual se alejó de la actividad política
Su envidiable trayectoria continuó en 2006, cuando fue senador por la Alianza por México (PRI-PVEM) para el periodo 2006-2012 y triunfó con 143 mil 389 votos, el 37.88% del total. En el Senado fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, secretario de la Reforma del Estado y miembro de la Comisión de Justicia y de Turismo.
         Ante este panorama, Reyes-Heroles dice que es un sólido abogado, que desde muy joven decidió que lo suyo era el servicio público y no los prósperos negocios de su familia, por lo que viajó a la Ciudad de México a estudiar y de inmediato regresar a su tierra, donde, tras ser diputado Constituyente y secretario general de Gobierno, se metió a las entrañas de su Estado, y su partido lo postuló a diputado federal, donde aprendería el oficio legislativo que mucho habría de ejercer en su vida.
Siendo uno de los gobernadores más jóvenes, “se entregó en cuerpo y alma a trabajos de infraestructura, educación, fomento al turismo. Mucho trabajo”, por lo que hoy, más de 30 años después, “la gente lo recuerda con respeto y cariño, lo saludan por la calle y él responde con su sencillez habitual. Gran gobernador”, opina el columnista.
Puntualiza que en Fonatur, como conocedor del área, supo canalizar inversiones e impulsar nuevos polos de desarrollo. Conoció el gobierno federal desde su interior, experiencia que lo hizo un candidato lógico a la Secretaría de Turismo, en la cual permaneció cuatro años, y de ahí regresó al PRI como secretario general.
En ese entonces, a la muerte de Luis Donaldo Colosio, se le mencionó como uno de los probables candidatos sustitutos, pero fue Comisionado en Chiapas, donde “ejercitó su oficio político hasta el cansancio. Posteriormente fue enviado como embajador en Cuba, donde permaneció dos años”, recuerda Reyes-Heroles.
Como senador, impulsó la reforma de derechos humanos más importante de nuestra historia jurídica. Sus buenos oficios y maneras lo llevaron a tejer una relación muy fluida e incluso cordial con los opositores, sólo así logró que la reforma saliera por unanimidad. Regresó a su partido, el cual presidió durante la campaña presidencial.
En tanto, como secretario de Energía encaminó la Reforma Energética, y “por si fuera poco, le ha tocado la elaboración del entramado legal e institucional que de ella se desprende. ¡Ojo!, No existía ninguna experiencia interna similar, de allí que el secretario y su equipo -sabe escuchar y trabajar en equipo-, con toda paciencia, se pusieran a estudiar cómo operan las inversiones y asociaciones en el sector en otros países”.
Para no hacer largo el cuento, como nativos o arraigados de Quintana Roo, para cualquiera es un orgullo que un paisano obtenga un reconocimiento de esa envergadura, y más aun viniendo de quien viene, cuando el PRI corre el grave riesgo de perder de nueva cuenta una Presidencia que vergonzosamente encabeza uno de los mandatarios más cuestionados de la historia.
Ahora bien, al igual que el primer gobernante de Quintana Roo, Pedro Joaquín tampoco tuvo grandes problemas durante su sexenio, uno de los mejores, a decir de no pocos quintanarroenses -tampoco tuvo una oposición que le presionara-, aunque para ese entonces los recursos financieros nunca fueron precisamente su principal preocupación.
En este sentido, lo mismo obsequió placas de alquiler, que patentes de licor, terrenos o dinero. Así, nos preguntamos, ¿quién critica a quién? La prensa jugó algún papel determinante en su sexenio, en el que tuvo como jefe de prensa, entre otros, a nuestro desaparecido amigo Javier Zamora Cisneros.
Lo cierto es que Pedro Joaquín sobrellevó un sexenio “de ensueño”, empañada públicamente por el sospechoso convenio de su gobierno con Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en Calizas Industriales del Carmen (CALICA) para una explotación pétrea que, comprometida a 20 años, favorecía a su familia como supuesta propietaria del terreno, así como a Estados Unidos, y recientemente se puso nuevamente en tela de juicio.
Al término de su gestión, el convenio fue severamente cuestionado por la comunidad ecologista y los playenses, por lo que la empresa invitó a periodistas locales a conocer de los trabajos que realizaba la entonces filial de la empresa, la “Vulcan Materials Company” en Miami, Florida.
La empresa contaba con el 49% de las acciones de ICA, aunque en abril del 2001 concretó la adquisición de un porcentaje mayor para hacerse socio principal, lo que años atrás no permitía la legislación mexicana vigente. Meses después, se publicó que esta empresa había vendido todas sus acciones en más de 120 millones de dólares a su otrora filial por problemas económicos.
De lo poco que se supo del convenio -nunca ha sido suficientemente explicado- es que CALICA se comprometió a obsequiar a los municipios todo el material de construcción que necesitaran, siempre que aportaran los medios para su transporte. También se dijo que construiría una terminal remota y un muelle de cruceros públicos.
Lo cierto es que el gobierno de Pedro Joaquín conlleva una crítica similar a la de su antecesor: No invirtió un peso de su chequera en Chetumal, aunque también se le reclama la remodelación de la tradicional explanada de la bandera.
Por si fuera poco, como Secretario de Turismo en nada apoyó a la Zona Sur, ya no digamos Chetumal, donde demostró su falta de cariño por esta región, que no tuvo ningún el despegue turístico que se esperaba con un alto funcionario quintanarroense en ese sector que, no obstante, sí lo hizo con la Zona Norte.
Así las cosas, podrá ser un gran honor para los quintanarroenses que un paisano suyo “suene”, por lo menos, como posible o meritorio aspirante del PRI a la Presidencia de la República -como la aborrecida ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco-, pero de ahí a que de algo sirva a Quintana Roo para apuntalar su desarrollo, sólo habría muchas esperanzas.
Al único que favorecería en Quintana Roo, en definitiva, sería al tricolor, ya que puede  usted jurar que sólo con él podría enfrentar dignamente a López Obrador, ya que, por lo demás, tampoco le serviría de mucho a Carlos Joaquín, por quien, hasta donde se sabe, nada hizo para que el PRI lo hiciera candidato y nada ha hecho para que Peña Nieto recuerde que también son mexicanos los que viven en Quintana Roo, sea cual fuere su “color”.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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