jueves, 8 de diciembre de 2016

¡Explota “bomba” taxistas-candidato!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con sede en San Francisco, Estados Unidos, fundado en 2009, pero en México desde abril de 2015, la empresa de transporte Uber, actualmente en operación en 27 sitios de todo el país, se ha convertido en un verdadero objeto de escándalo en Quintana Roo, particularmente para Cancún, y más aún en los últimos días, ya que el PRD lo colocó en la silla de los acusados.
Contra todo sentido común, el escenario elegido por el representante “popular” de ese partido, diputado Emiliano Ramos Hernández, es la naciente XV Legislatura del Congreso del Estado, donde, pese a las patadas de ahogado del supuesto coordinador, el panista Eduardo Martínez Arcila, lo que menos existe es precisamente orden.
Resulta que, como bien describe el periodista Esmaragdo Camaz, con un acarreo masivo de taxistas procedentes de todo el Estado -que llenaron el recinto parlamentario-, el perredista interpuso en el Congreso una iniciativa de ley contra los “taxis piratas” y que ya es llamada Ley Anti-Uber, que prevé de entre 2 y 5 años de cárcel y 30 a 150 días de multa a quien preste el servicio de transporte sin concesión.
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el cuestionado legislador propuso considerar esa actividad como delito en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-Ter del Código Penal de Quintana Roo.
         Miembro de la coalición PAN-PRD que posibilitó el triunfo de Carlos Joaquín González a la gubernatura, Ramos Hernández prefirió su proyecto personal de buscar la presidencia municipal de Cancún a sumarse al proyecto del mandatario de poner fin a la añeja fórmula de “clientelismo” político que practica tradicionalmente el gobierno del Estado a través de las placas de taxis.
         En efecto, hasta donde se sabe, el otro “bastión” del Ejecutivo, a través del diputado Fernando Celaya, trabaja una reforma que restaría al gobernador en turno la facultad de otorgar libremente las placas de alquiler, a su libre albedrío, y que éstas se liciten de manera transparente.
         El caso es que hasta hace más de 15 años el sindicato taxista de Quintana Roo era cliente cautivo del PRI, al que garantizaba voto corporativo elección tras elección, algo similar a lo que ocurría con otros sindicatos, como los de maestros, en una medida que el Gobierno del Estado premiaba con placas, tarifas y, sobre todo, una anarquía e impunidad a toda prueba.
         Así, con un servicio monopólico permitido por las “reglas de juego” el gremio creció incontrolable -con periodistas incluidos-, hasta convertirse en “monstruo” incontrolable para las propias autoridades, mucho menos para la dependencia que, en teoría, regula su operación y concesión de las envidiables placas, esto es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra)
         En este sentido, no pocas veces, además de sentirse “dueños” de las calles, los taxistas se han estado involucrados en robos, extorsión, violaciones y narcotráfico, algunas veces como cómplices y otras como responsables directos, aunque también son infinidades los accidentes de tránsito, a veces con víctimas mortales, en los que los agentes de tránsito los declaran “inocentes”  pese a las evidencias en su contra.
         Lo cierto es que la muestra más palpable de esa impunidad tolerada se puso de manifiesto con la aparición de Uber, empresa internacional que proporciona a una red de transporte a través de un software móvil que conecta a los pasajeros con conductores de vehículos registrados, que ofrecen servicio de transporte.
         Los “pobres” conductores de vehículos de esa empresa -no podemos calificarlos de otro modo- han sido víctimas de las más crueles agresiones, públicas inclusive, por parte de los taxistas locales que ven roto el monopolio que por muchos años, no sólo permitió, sino provocó el propio gobierno del Estado que, así como mayúsculas. LUCRÓ, con las placas, ya no digamos económica, sino políticamente.
         Y es que el Artículo 28 de la propia Constitución federal consagra que en México “quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
         ¿Más claro “diputado” Ramos Hernández?
En consecuencia, sigue la Carta Magna, “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.
         El Gobierno del Estado, suponemos que hasta hoy, nunca antes había tomado en consideración este enunciado, ya que extendió hasta 10 y 20 placas a un mismo concesionario, obviamente políticos en su mayoría, lo que resulta inclusive un insulto para los llamados “martillos” que han pasado la mitad de su vida en el volante de un taxi a la espera de una plaquita.
Peor aún, resulta que las propias autoridades se han hecho de la “vista gorda” en el caso particular de las agresiones a Uber, ya que los taxistas estarían incurriendo en el grave delito de delincuencia organizada, similar al de asociación delictuosa, cuando dos o más personas se coluden para realizar una conducta con fines delictivos, pero sin niveles de jerarquía entre ellos.
En efecto, existe delincuencia organizada cuando un grupo de personas se colude para realizar actos delictivos, pero con una estructura jerarquizada de jefes y “chalanes”.
No obstante, esta diferencia es importante, ya que en la delincuencia organizada el Ministerio Público cuenta con mayor tiempo para integrar la averiguación, además de poder solicitar arraigo e intervenir el Ministerio Público Federal.
En cualquiera de los dos casos, es evidente la existencia de un delito, mínimo lesiones y daño en propiedad ajena, aunque, lamentablemente, en el caso que nos ocupa, el Código Penal de Quintana Roo define en su artículo 181 que “a quien forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas dedicadas a delinquir, se les impondrá de seis meses a cuatro años de prisión”.
Lo cierto es que el pleno del Congreso dio entrada el miércoles a la iniciativa de “Ley Anti-Uber” que, además de prisión y multas, implicaría la destitución del empleo, cargo o comisión, y la inhabilitación por cuatro años en caso de que se trate de un servidor público quien cometa el ilícito, ya que, según Ramos Hernández, está dirigida también para todos aquellos que presten el servicio de transporte público sin concesión.
Más de 500 taxistas exigían en el salón del pleno garantizar el cese de operaciones y salida de Uber de Quintana Roo, encabezados  por los  líderes de los 17 sindicatos  del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que  tomaron el recinto y  retrasaron el inicio de la sesión ordinaria para “exigir” garantías a sus concesiones.
La iniciativa de Ramos Hernández advierte que se violan los artículos 30 al 34 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación y de Vías y Carreteras del estado, sobre todo con “taxis  pirata” y los “choferes privados”, personas sin licencia de conducir para Servicio Público de Transporte, reclutados por empresas de redes de transporte que operan aplicaciones  o programas a través de medios electrónicos, informáticos y de internet.
Finalmente, advierte que las  sanciones aumenten dos  terceras  partes  cuando participen miembros del consejo de administración, socios o representantes legales de una empresa o sindicato, concesionaria o permisionario de transporte público, o bien el propietario del vehículo con el que se realice el servicio si se comprueba que tuvo conocimiento.
Y a todo esto ¿Qué es Uber y por qué tanto relajo? Según Internet, “es como la limusina que siempre soñaste que pasara por  ti, la pides, te recogen, te llevan, te traen, etc. Actualmente, Uber se volvió el dolor de cabeza de los taxistas ya que les están comiendo el mandado… y gacho”.
Su servicio es privado, de transporte con choferes, que se solicita por medio de una aplicación del celular, como pedir un “taxi de sitio” pero más confiable. Los beneficios son muchos y las diferencias con un taxi, también.
Al tomar un taxi tradicional existe desconfianza, hay que salir a la calle a conseguirlo, se deben abrir bien los ojos e instintos de supervivencia para detectar si el conductor tiene cara de transa o lujurioso. Es obligatorio traer cambio. Son inseguros, caros y peligrosos.
Es casi una obligación saber chiflar con los dedos en la boca, como arriero, para llamarlos para llamar su atención y oigan, o bien alzar una pierna, en caso de las mujeres, amén de que la mayoría de las unidades están en pésimo estado, sucias, o deterioradas.
Uno de cada 5 taxistas fuma dentro de la unidad, van hablando por teléfono o radio, unos manejan por la tarde y otros en la mañana.
En cambio en Uber, no preguntan a dónde vamos, nos llevan y punto. El costo es más económico o justo. Ofrecen un vehículo limpio. El chofer no insiste en platicar o conocer tu vida. Servicio seguro. Los choferes están registrados y certificados. La tarifa final se calcula automáticamente de acuerdo al recorrido y tiempo, casi como un taxímetro NO alterado.
Lo más importante es  que cubre exigencias de seguridad, comodidad y buen SERVICIO, palabra que desconocen los taxistas tradicionales. Se paga por ello y cuesta, por lo que debe ser eficiente.
Los inconformes somos mayoría, a más de uno le ha tocado que un taxista les dé un “paseo” innecesario porque Quintana Roo, particularmente Chetumal, es el ÚNICO Estado donde las autoridades “reguladoras” permiten a un taxi llevar al mismo tiempo a dos o más pasajeros con destino diferente.
         Ahora bien, una vez planteadas las irregularidades y las características de Uber y los taxis tradicionales, cabría preguntarse ¿Quién es el diputado Ramos Hernández? De entrada, no llegó al Congreso por voluntad de los electores, sino por la del revoltoso PRD, que lo planteó a las autoridades electorales como candidato plurinominal.
Traidor a su partido en las recientes elecciones Benito Juárez, presentó un desistimiento para detener la impugnación que buscaba la anulación del triunfo del PVEM frente a su correligionario Julián Ricalde Magaña.
Diputado federal de 2003 a 2006, tiene como principal “virtud” ser hijo de Salvador Ramos Bustamante, antiguo miembro del PRI, dirigente de la CROC y dos veces diputado federal -se unió posteriormente al PRD-, inició en la política desde muy joven en Cancún, donde fue dirigente estudiantil en el Colegio de Bachilleres, Subsecretario del PRD y fundador de “Jóvenes de Izquierda en Quintana Roo”, entre otros.
De 37 años de edad, Ramos Hernández se hizo conocer en el PRD por protestar contra la globalización y el Área de Libre Comercio de las Américas, y su marcha de apoyo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas, ante la crisis diplomática entre este país y México en 2005.
         Uno de sus hermanos, Alejandro Ramos ¡es director de transporte de SINTRA!; el otro, Alzayácatl Salvador, asesor del Congreso, y la otra, Teresa, subdirectora del Ayuntamiento en Cancún; su esposa, Paola Elizabeth Moreno Córdova, subsecretaria de Vinculación Política y Social; y su cuñado, Rafael Quintanar González, director del IEEA.
El clan perredista procede de Cancún y se distingue como golpeador, traicionero y problemático, muy mal presagio para la administración de Carlos Joaquín, pues el formato rebelde seguramente se multiplicará en otros grupos enquistados a la administración estatal que forman parte de la cuota que el Ejecutivo paga por el apoyo recibido.
Y ahora ¿Quién podrá defenderlo?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.


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*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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sábado, 3 de diciembre de 2016

¡“Mano negra” de ex gobernador!


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Falto de mayores argumentos y explicaciones, hace nos días circuló por redes sociales el escandaloso, antiguo audio de un video con una imagen fija que, supuestamente filtrado “por correo” a Gonzalo Hermosillo, exhibe a uno de los principales colaboradores del gobernador Carlos Joaquín González y, según dice, “recuerda una de las historias más oscuras del auto-llamado vicegobernador”.
Aunque, en realidad, en términos políticos se le conoce de este modo al secretario de Gobierno en turno, en este caso Francisco López Mena, lo cierto es que el vetusto audio se refiere al ex alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta, a quien el mandatario puso al frente de la recién creada Jefatura de la Oficina del Ejecutivo.
Responsable del seguimiento de los compromisos del gobernador, así como la coordinación de tareas que tengan como fin cumplir las instrucciones de éste a la estructura orgánica de la administración estatal, se escucha al nuevo funcionario en plática con una acalorada mujer.
Todo hace suponer -no lo explica la nota de Hermosillo-, que ésta habría sido agredida públicamente por el ex munícipe, quien se encontraría alcoholizado en compañía de “Paul”. Tampoco refiere la fecha de los hechos.
Quienes estamos involucrados en la actividad política de uno u otro modo, de inmediato relacionamos el caso a un tema en el que se vio envuelto Miguel Ramón hace más de 15 años y que, pese a la existencia de tribunales y demás instancias no controlables, tampoco resultó suficientemente explicado, como seguramente nadie explicará el audio al que hacemos referencia. No faltará, claro, quien diga que se explica por sí mismo.
Por si fuera poco, con el título “Un audio más que comprometedor”, Hermosillo refiere en su nota -nadie puede calificarla como columna editorial- que “desde las entrañas de la cúpula del poder de este gobierno del cambio, han hecho circular un audio”, con lo que, de antemano, cura en salud a los verdaderos responsables del acto.
Lo cierto es que NO se trata de defender a nadie ni de descalificar hechos, sino simple y sencillamente de poner las cosas en su lugar, ya que el principal cuestionamiento es por qué hasta hoy sale a relucir un tema de hace ya muchos años que, aunque en ese entonces señalaba a Miguel Ramón como violador, ahora, según la nota de Hermosillo, se trató de un “intento de violación”.
Dice también que en ese entonces, según él en el año 2000, el entonces alcalde “abría (sic) abusado sexualmente de una secretaria”, y concluye con el traspié de que se trata de un audio “que misteriosamente nadie ha querido publicar”, cuando que lo cierto es que NO se lo hicieron llegar a nadie, y mejor prueba de ello es su servidor, con más de 2 mil 700 seguidores en Facebook.
Lamentablemente, ante el reciente escándalo de periodistas y empresas que figuraban en la millonaria nómina del ex Vocero de Roberto Borge, Rangel Rosado Ruiz, donde la mayoría de los hombres de la pluma resultó seriamente raspada, Hermosillo abona favorablemente a los cuestionamientos contra periodistas.
Para nadie es secreto que no acostumbra dar “paso sin huarache”, y que, extrañamente, hasta recién iniciada la campaña de Carlos Joaquín a la gubernatura reapareció tirando “trancazos” a diestra y siniestra en el ambiente periodístico, lo que -tenemos que decirlo- le ha redituado, a la vista de los hechos, muy buenos dividendos.
Ahora bien, lo más interesante del caso es que, por otro lado, a punto de concluir su periodo como senador, el ex gobernador cozumeleño Félix González vio truncados sus dos periodos al frente del Gobierno del Estado, el segundo de ellos, obvio, a través de quien ahora anuncia otra despedida de “soltero” para contraer muevas nupcias, en esta ocasión con la ex legisladora federal “ecologista” Gabriela Medrano: Beto Borge.
Así las cosas, en busca de prolongar su poder en Quintana Roo, el priísta, lógico, se ha dado a la tarea de ponerle “piedras” en el camino a todo lo que huela a Carlos Joaquín para debilitarle, propiciar un eventual retorno del PRI al poder dentro de 6 años y allanarle el camino a los próximos abanderados del tricolor a legisladores federales.
De entrada, puede Usted descartar el ex senador y ex aspirante a la candidatura a gobernador, Eduardo Ovando Martínez, quien, disgustado por permanecer marginado por el PRI, sabemos, emulará a su ex correligionario, José Luis Pech Várguez, y en breve anunciará su incorporación al equipo de Andrés Manuel López Obrador, en Morena.                    
         Pero vaya, a lo que vamos es que, con la tenebrosa “mano negra” que le caracteriza -ya lo adivinó Usted-, Félix González se encargó de filtrar el audio de Miguel Ramón, sabedor de que, como cualquier buen boxeador, pegándole abajo a cualquier contrincante, solita cae la cabeza, por lo que no dudamos en que zancadillas como éstas se pongan a peso…y en más de a 20 pesos.
         Por lo que respecta a Hermosillo, en honor al sano periodismo, había que llamar a las cosas por su nombre, ya que no es posible que mientras algunos luchen por un trabajo digno, otros más se enriquezcan con la mano en el bolsillo, “luchen” por enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, o bien estén más preocupados por salir de vacaciones pagadas ¿Verdad Román Trejo?
         ¿Ahora entiende Usted por qué cada vez está más descreditada una actividad tan noble como el periodismo?
Ahora bien, ¿sabe Usted quién es el otro emisario del pasado ligado a la “mano negra” de Félix González?
Verá Usted. Durante el anterior proceso electoral amagó con salirse del PRI, aunque, por oscuros acuerdos políticos, éste terminó por ubicarlo como diputado plurinominal, cargo que alcanzó el 5 de junio y rindió protesta el 3 de septiembre ante la XV Legislatura, pero un día después se declaró “independiente”: Juan Carlos Pereyra Escudero, sobre quien también hay mucha tela de dónde cortar.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.


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jueves, 24 de noviembre de 2016

Transparencia en OPB, ¡a prueba!


                                   Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A pocos días de vencer el término para observaciones en torno a la entrega-recepción del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la ex titular de la Secretaría General de la Comuna, Claudia Granados Méndez, se convirtió en la nueva prueba de fuego para el presidente municipal capitalino, Luis Torres Llanes, tras ponerse de manifiesto su responsabilidad en otorgar permisos irregulares para la construcción en un terreno costero.
Se trata de la isla “Cayo Violín” que, a un costado de Cayo Venado hacia el norte, se oferta en Internet como desarrollo ecológico estilo Bora Bora o Islas Fiji para algún desarrollo hotelero de 96 habitaciones, 8 villas y aeropuerto para avionetas y helicópteros, y que, con una extensión de 130 hectáreas, aparece con valor de 90 millones de pesos.
Ubicado cerca del Banco Chinchorro, Mahahual y Chetumal, en “sitios increíbles de mar, lago, vegetación y selva”, listo para un megaproyecto, el terreno, sin embargo, se ubica en un área donde está prohibido el uso de suelo o explotación para desarrollo turístico por tratarse de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
No obstante, con conocimiento de causa, la ex colaboradora del priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui otorgó los permisos necesarios a favor de Miguel Almeida (o Armando Almeida) por 4 millones de pesos, cantidad calificada de irrisoria, y de los cuales sólo 2.2 millones de pesos ingresaron a las arcas del Ayuntamiento, sin que hasta hoy se conozca el destino del saldo.
Nombrada originalmente titular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología por el cuestionado ex alcalde, Claudia Granados se convirtió sorpresivamente en titular interina de la Secretaría General de la Comuna  el 22 de abril último tras la renuncia del no menos cuestionado Jorge Aguilar Cheluja.
Durante su relampagueante, cual “sorpresivo” ascenso político, la funcionaria también asumió la responsabilidad administrativa de la Policía Municipal Preventiva el 5 de julio, tras que la Policía Estatal se hiciera cargo de la operatividad de esa corporación a partir del establecimiento del sistema de Mando Único en la entidad.
 Irónicamente, en una criticable maniobra, en la que también cuenta con el apoyo de Espinosa Abuxapqui, Claudia Granados buscará este sábado convertirse en presidenta del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, A.C. Chetumal que, como miembro de la organización Arquitectos Revolucionarios de México Asociación Civil, encabeza Pedro Chargoy Loustaunau.
Según el titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, Miguel Palomo Tuyub, la ex funcionaria es la responsable de la ilegal autorización, ya que, al tratarse de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Cayo Violín, debió ser protegida por sus propias características, amén de no haberse podido ubicar el destino de los 1.8 millones de pesos faltantes.
Asimismo, se refirió a otro faltante, ahora de 1.5 millones más, por una serie de autorizaciones de uso de suelo a la empresa constructora inmobiliaria “Andara” en la zona costera de Mahahual, recursos que, al menos en teoría, habrían ingresado a las arcas municipales una semana antes de que tomara posesión Torres Llanes, y cuyo tan rápido destino se desconoce.
Se sabe que Miguel Almeida (o Armando Almeida) realizó el pago al Ayuntamiento en septiembre, durante la administración de Eduardo Espinosa, y que el expediente está en revisión para deslindar responsabilidades, los cuales podrían ser de tipo penal contra Claudia Granados Méndez.       
Conforme al portal de Internet www.sigloxxibienesraices.com “Cayo Violín” se oferta como predio de 130 hectáreas con valor de 90 millones de pesos, para una densidad de 10 cuartos por hectárea en una superficie de 130 hectáreas, cuyo precio unitario por metro cuadrado es de 69.24 pesos para un tipo de proyecto “conceptual”, con un mejor precio de la zona y más para su propia isla, que se puede apartar con 10% firmando promesa de compra.
Otra página de Internet, www.negocius.com.mx, publicó desde el 24 de mayo del 2016 que el terreno se destinaría para un desarrollo hotelero ecológico, que cuenta con Reporte Técnico de Impacto Ambiental, y proyecto de estudio hotelero, donde la profundidad del mar en la zona es de seis metros, con los arrecifes más bellos y extensos del mundo después de Australia.
En relación con las otras observaciones del área de Obras Públicas por autorizaciones de uso de suelo sin el expediente correspondiente en Mahahual y Chetumal, la ex regidora de la administración anterior, Verónica Aguilando Gómez, explicó que, con la modificación del Plan de Ordenamiento Ecológico municipal (POEL), se cambiaron diversos términos, entre los que pudiera incluirse Cayo Violín, aunque tendría que analizarse, pues, al parecer, está en la zona prevista para detonación eco-turística planteada en el anterior trienio.
Según ella, el POEL determina qué se puede hacer en determinadas UGA, como es el caso de ecoturismo de alta o baja densidad, así como el número de cuartos posibles de construir por hectárea.
         En cualquiera de los casos, el alcalde Torres Llanes anunció que se aplicará la ley contra quienes autorizaron ilegalmente el desarrollo de Cayo Violín, en tanto advirtió que todos sus funcionarios están en proceso de prueba, por lo que nadie tiene asegurado el cargo.
Ante los recientes señalamientos y denuncias Fiscalización y Gestión Social, así como en el pago a beneficiarios del programa de Empleo Temporal, aseguró que no se solapará ningún acto de corrupción en su gobierno y quienes cometan alguna irregularidad deberán responder por sus actos.
En este sentido, reiteró que su gobierno seguirá con una política de honestidad y transparencia para cumplirle a la ciudadanía con un gobierno cercano, abierto, por lo que quien falle y se le compruebe alguna irregularidad se le separará del cargo y asumirá las consecuencias de sus actos.
Así, dijo que se investigan todas las acusaciones contra sus funcionarios para confirmar o descartar los señalamientos, aunque que en algunos casos se comprobó que se trata de trabajadores a los que se les investiga por estar coludidos en corrupción durante el trienio de Espinosa Abuxapqui, que buscan desestabilizar a su gobierno con falsas denuncias al ver afectado su interés.
Lo cierto es que el caso de la aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo se suma a la nada honrosa lista de funcionarios y ex funcionarios involucrados en lo que parece ser uno de los negocios más lucrativos de la política, el de los terrenos, cuya lista encabezan los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix González, aunque recién se incluyó el nombre del secretario general de gobierno, Francisco López Mena y, ahora se asegura, del propio mandatario, Carlos Joaquín González.

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viernes, 18 de noviembre de 2016

¿Narcos en terrenos que vendió IPAE?


                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a que, desde algunos puntos de vista, el tema de la venta irregular de terrenos de Quintana Roo durante el oscuro sexenio de Roberto Borge no es más que un “teatro” que se le habría caído al gobernador Carlos Joaquín González, lo cierto es que involucra ¡95 millones de metros cuadrados!, la mayoría de ellos, no todos, vendidos a precios menores al 1%, muy por debajo de su valor real.
Lo anterior surge de una entrevista radiofónica al titular de la Secretaría de Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, quien explicó al periodista Eduardo Ruiz Healy que Quintana Roo contaba al inicio de la administración borgista con alrededor de 80 mil hectáreas, de las que el vilipendiado mandatario enajenó unas 9 mil 500, más del 10% del total, lo que implica “un daño patrimonial enorme”.
         A la serie de declaraciones de quien fuera secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez durante el trienio de Julián Ricalde Magaña, este viernes despertamos con la “novedad” de que las irregularidades, para variar -no podría faltar nunca en este tema- también involucran al tristemente “célebre” ex gobernador priísta Félix González.
En efecto, Del Pozo Dergal declaró a El Universal que durante el sexenio del cuestionado ex mandatario (2005-2011), ahora senador, también se desincorporaron predios del patrimonio para beneficiar a familiares, entre ellos su hermana Patricia Jacqueline, quien pagó al IPAE 5 mil pesos por un terreno de mil metros cuadrados en Tulum, pese a que su valor catastral era de 500 mil pesos.
Reproducida por Diario de Yucatán, la información señala como probables responsables del daño patrimonial a las ex directoras del IPAE, Gina Ortiz y Claudia Romanillos, pues el 18 de marzo de 2011, un mes antes de que Félix González dejara el cargo, la primera aprobó una “indemnización por afectación” a favor de Industria Cozumeleña de la Construcción para cederle gratis un predio de 647 metros con valor de 161 mil 932 pesos.
         La lista de grandes beneficiarios por el “remate” del patrimonio en siete de los 11 municipios de Quintana Roo incluye políticos, empresarios, funcionarios, amigos, familiares y hasta empleados de Roberto Borge, a quienes se denunció ante la Fiscalía General del Estado y la PGR
Por ejemplo, aparece la madre del ex gobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien adquirió tres predios de 4 mil 432, 111 mil 763 y 2 mil 498 metros cuadrados, respectivamente ¿Procederá el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera contra la madre de su ex patrón?
El abogado de la familia Borge y socio de “Impulsora Marítima del Caribe”, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también se incluye en las denuncias, así como en la que interpuso en septiembre la organización Somos tus Ojos contra Borge por enriquecimiento ilícito y peculado sobre 34 terrenos públicos.
El 3 de marzo de 2014, junto con Franco González y María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de Roberto Borge Martín -padre del ex gobernador- y socia de González Hermosillo y Franco González, constituyeron la empresa “Caracol 65” para compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, beneficiada con diversos del IPAE, según investigó Fabiola Cortés, presidenta de Somos tus Ojos.
         Lamentablemente, para la transacción del patrimonio no se requiere autorización del Congreso del Estado, sólo del IPAE, como si se tratara de un trato entre particulares, lo que agrava el tema de las operaciones, ya que las 9 mil 500 hectáreas enajenadas equivalen a 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie total del municipio de Isla Mujeres.
Ahora bien, lo que demanda el gobierno de Carlos Joaquín es que la PGR investigue la procedencia de los recursos que implicaron sospechosas operaciones vinculadas, entre ellas de la naviera que controla la familia de Roberto Borge.
Entre los temas con los que algunos medios han creado controversia se incluye el volumen de inmuebles involucrados, ya que Del Pozo Dergal habló sólo de 850 hectáreas vinculadas entre compradores y la familia del ex mandatario, aunque recalcó que sólo se trataba “de las primeras”.
Asimismo, se cuestiona que el funcionario habría dicho que ninguna operación habría sido delictiva, aunque, según la entrevista, diferencia el tipo de responsabilidad de las operaciones entre administrativas, resarcitorias y penales, la primera no constitutiva de delito, que se sanciona de manera diferente.

Así, el Gobierno de Quintana Roo habría presentado las penales por conllevar conductas delictivas, ya que existiría un “modus operandi” que se podría analizar desde la perspectiva delincuencia organizada, sobre la que se ignora cuántos compradores o nombres estarían involucrados, aunque se trata de alrededor de 20 personas entre físicas y morales pertenecientes a un círculo muy cercano a Roberto Borge.
Se trata de terrenos agrestes sobre los que recién concluyeron los levantamientos y avalúos sobre las áreas ya denunciadas que, por cierto, desde el 2011 habría comenzado a vender el ex mandatario hasta salir, con lo que cada uno de sus 5 años vendió el equivalente a una zona hotelera de Cancún.
Ciertamente, con sobrada razón el 2 de agosto último, unos dos meses antes de concluir su “administración” Roberto Borge decretó la desaparición de la Unidad de Transparencia de Quintana Roo, donde, al igual que en el malogrado sexenio de Félix González, existió de todo, ¡excepto transparencia!
Si de opacidad se trata, el diputado panista Fernando Zelaya Espinoza informó que analizan el estado de las obras que licitó la Secretaría de Infraestructura y Transporte durante el sexenio borgista, esto ante supuestas irregularidades como tráfico de influencias, desvío de recursos y facturas infladas.
Así, ejemplificó licitaciones a favor del consorcio Grupo Desarrollador Rumega, empresa que se constituyó apenas un mes después del inicio del sexenio del cozumeleño, en cuyos primeros siete meses Sintra le entregó 10 licitaciones.
         ¡Otra manchita más al tigre!
         Ahora bien, será interesante conocer al final de3 cuentas los nombres de TODOS los involucrados en las transacciones de inmuebles del IPAE, ya que no pocos coinciden en involucrar a personajes de la política relacionados con el equipo de Carlos Joaquín, entre ellos el mismito Secretario de Gobierno, el panista Francisco López Mena.
         ¿Lo desmentirá el funcionario?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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martes, 15 de noviembre de 2016

¿Salvó la SCJN al nuevo Fiscal?


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Resulta verdaderamente increíble -y lamentable- que hoy, cuando mejor informada debería estar la población ante el cambio de gobierno en Quintana Roo, es precisamente cuando menor información se genera por parte de quienes deberían estar interesados y obligados a hacerlo -para eso les pagan-, lo que obliga a utilizar más la imaginación, o bien remitirnos a otros medios que demuestran interés en investigar, entre ellos las redes sociales.
En este sentido, no pocos se fueron ayer con la finta de un nuevo caso de impunidad en el caso del ex gobernador Roberto Borge, esto cuando se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había acordado por unanimidad el sobreseimiento sobre las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República contra el sistema anticorrupción del Estado.
Conforme a los medios nacionales, la ministra Norma Lucía Piña Hernández estuvo encargada de elaborar el proyecto de sentencia, en cuya exposición ante el pleno de la Corte indicó que la PGR había interpuesto dos acciones que se acumularon, y de las que únicamente quedaba pendiente de analizar lo relativo al nombramiento, remoción y ratificación del Fiscal General.
Dichas reglas estaban contenidas en el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, aunque, debido a que “el Congreso local (Quintana Roo) decidió modificar dicho precepto, las acciones de inconstitucionalidad 57 y 64/2016 que promovió la PGR quedaron sin materia.
Como se sabe, el 26 de junio último, en el marco del “blindaje” al sexenio borgista, la XIV Legislatura, encabezada por Pedro Flota Alcocer, designó al entonces procurador general de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, nuevo titular de la recién creada Fiscalía General, cargo en el que se desempeñaría durante 9 años.
El 11 de septiembre de 2015, a unos meses de cumplir cinco años al frente de la dependencia, Gaspar Armando García Torres, había decido dejar el cargo tras sonado escándalo por la difusión del video del asesinato de un taxista a manos del crimen organizado, ante lo cual dijo pertenecer a una cédula del narcotráfico que pagaba millones de dólares por “protección” al funcionario.
Irónicamente, el mencionado crimen, del que jamás volvió a decirse ni averiguarse nada, ocurrió en la ciudad de Cancún, precisamente cuando el nuevo “flamante” Fiscal se desempeñaba como Subprocurador de Justicia de la Zona Norte.
Pero, vaya, éste no ha sido el único sonado, escandaloso caso del que se mantuvo completo hermetismo y parece estar “archivado” en el olvido, ya que también incluye el del contrabandista Ernesto Alonso de Miguel (a) “El Español” que, a un año de distancia, todo hace suponer que forma parte de las “frías” estadísticas de la Procuraduría de Quintana Roo, hoy Fiscalía  General.
El asesinato ocurrió el 14 de noviembre del 2015, alrededor de las 23:30 horas, publicó Noticaribe en ese entonces, en el restaurante de comida uruguaya “El Emporio”, ubicado en la avenida Carmen Ochoa de Merino, cerca del cruzamiento del Bulevar Bahía de Chetumal con calzada Veracruz, donde el hoy occiso recibió dos disparos en el rostro y otros 3 en el hombro.
Durante la ejecución, donde estaba presente el periodista del Diario de Quintana Roo José Adrián González Calderón, también falleció el agente de la Policía Ministerial, Agustín Guevara Martínez, quien recibió 5 impactos de bala calibre 9 milímetros, uno de ellos en la sien izquierda, lo que indica que el sicario era un profesional porque fue certero y actuó con sangre fría.
Como era de esperarse, el procurador Álvarez Escalera mantuvo total hermetismo, y aunque aseguró contar con una “línea de investigación”, nunca la quiso dar a conocer “para no entorpecer las investigaciones” del doble homicidio, que quedó asentado -para la historia, ahora vemos- en la carpeta de investigación 2844/2015.
Los casos de ejecución son múltiples, particularmente en el caso de Cancún, aunque, también “para la historia” de Quintana Roo, permanece el misterioso crimen de quien fuera titular de la Dirección de Gobernación, el chetumaleño Isaías Capeline Lizarraga, a quien ejecutaron a plena luz del día, frente a céntrica plaza comercial de esa ciudad hace 4 meses -el 14 de julio último-  junto con su escolta Angel Casillas.
Los hoy occisos, de cuya ejecución tampoco ha vuelto a decir nada Álvarez Escalera -otra rayita más al “tigre”- viajaban en una camioneta, en la que un comando les disparó alrededor de una veintena de balazos con armas de alto poder, en un hecho del que, dijimos entonces, al que posiblemente más habría calado, además de su familia, era a Roberto Borge, quien tenía muchos más enemigos que “amigos”.
Dada la manera en que ocurrió la ejecución, la PGR debió atraer el caso, no sólo por la comprensible desconfianza hacia la Procuraduría de Justicia del Estado, sino por el tipo de armas utilizadas y los aparentes, sospechosos motivos que, ante los antecedentes del tema, obligaban a responsabilizar a la delincuencia organizada.
         Sin embargo, a la luz del sospechoso “silencio” del nuevo Fiscal, uno de los culpables del asesinato de quien fuera uno de los funcionarios más cuestionados y controvertidos de la oscura gestión, dijimos, era precisamente el propio Roberto Borge, aunque también tendría mucho de qué hablar el ex titular de la Secretaría de Gobierno, Román Quián Alcocer, de quien aquél dependía directamente.
         ¿Por qué ellos?, nos preguntábamos. Fácil: Ambos sabían perfectamente a qué se dedicaba realmente Capeline Lizarraga, muy probablemente bajo sus órdenes, y no precisamente a trabajos que le correspondían a Gobernación: A investigaciones políticas, por las que nadie acribilla a alguien, al menos NO en Quintana Roo.
Asimismo, inculpamos al ex alcalde de Benito Juárez, el priísta Paul Carrillo de Cáceres, quien, desde el inicio de su nefasto trienio, nunca pudo frenar la ola inseguridad que permea en ese polo de desarrollo turístico, similar a la que ha rebasado ahora al munícipe “ecologista” Remberto Estrada Barba.
¿Falta de información? ¿Falta de oficio? ¿Qué ocurre realmente en la hoy llamada flamantemente Fiscalía de Quintana Roo y su “flamante” titular? ¿El “silencio” cómplice e incapacidad de investigación serán sus características de los próximos 9 años?
No lo sabemos, aunque a la luz de los hechos sólo nos podemos ratificar ¡Pobre Quintana Roo!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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