¿Otra “papa caliente” para el gober?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Siempre maquiavélico
antes, durante y después de su sexenio, el ex presidente Carlos Salinas
invariablemente operó con una sonrisa en el rostro y las armas en la mano
oculta, tal y como demostró con el caso del magisterio mexicano que, convertido
en su tiempo en uno de las mayores organizaciones sindicales, terminó por bajar
la guardia ante él.
Con su líder Carlos Jonguitud Barrios al frente, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cumplía 17 años con un
cacicazgo que pasaba por encima de cualquier autoridad, pero aquel abril de
1989, el siempre denostado ex mandatario nombró como sucesor de aquél a Elba
Esther Gordillo.
En política y psicología, divide y vencerás o dividir para
reinar -como practicó Salinas con el magisterio-, es ganar y mantener el poder
mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes, que
individualmente tienen menor energía. El concepto se refiere a una estrategia
que rompe las estructuras de poder y evita la vinculación de los grupos de
poder más pequeños.
El
término se podría utilizar en todos los ámbitos en los que, para un mejor
resultado, en primer lugar es necesario o ventajoso romper o dividir lo que se
opone a la solución a determinado problema inicial.
Lo anterior viene al caso con la
reacción del gremio estatal de taxistas ante la aprobación de la nueva Ley de
Movilidad que regula la operación de plataformas digitales de transporte de
Quintana Roo, como es el caso de Uver (Uber Technologies Inc., empresa
internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a
través de su software de aplicación móvil, que conecta pasajeros con los
conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte a
particulares)
Su incorporación era cuestión de
tiempo, no sólo ante el reclamo de los usuarios por el pésimo servicio de la
enorme mayoría de taxistas locales, sino también como mandato constitucional en
relación con la prohibición de monopolios en México.
Lo cierto es que el servicio se
había convertido precisamente en un monopolio que, convenientemente permitido
por los gobiernos en turno como gremio cautivo del PRI en elecciones políticas
-inclusive como grupo de choque-, también servía para premiar a funcionarios y
amigos con la concesión de una placa de alquiler, periodistas entre ellos.
De entrada, resulta anómala la
propia denominación de sindicato, dado que, al menos en teoría y hasta donde
sabemos, NO existe el sindicato de patronos -como es el caso de los taxistas-,
sino de trabajadores, por lo que, en todo caso, podrían conformar una Cámara o
Confederación de Taxistas, sin embargo, con otros objetivos y derechos…pero
NUNCA Sindicato.
Pero bien, lo cierto es que, tan
seguros estaban los gobiernos priístas de que nunca perderían el control sobre
los taxistas -como tampoco perder la gubernatura-, que no se preocuparon por
regularizarlos, sino en consentirlos y tolerarlos cada vez más. Menos aún
pensaron en dividirlos.
Mejor prueba de esa tolerancia
fueron las agresiones físicas, públicas, directas contra los choferes de Uver y
el prácticamente “permiso” para adueñarse de calles y avenidas para guiar como
se les pegue la gana, y ahora para manifestar su “indignación” como niño al que
le arrebatan un juguete…pero en perjuicio de usuarios y automovilistas.
Supuestamente pelean sus derechos, pero ¿y los nuestros?
Por si fuera poco, lo que es peor,
los señores dueños de placas -no se les puede llamar taxistas porque éstos son
los que trabajan- ignoran o prefieren ignorar la naturaleza del servicio que
prestan y la naturaleza del “premio” que en su momento les ofreció el Gobierno
del Estado, aunque probablemente las mismas autoridades estén en las mismas
circunstancias.
En efecto, hablamos de la
CONCESIÓN, término al que en diversas ocasiones nos hemos referido en relación
con el servicio de la Comisión de Agua Potable, y que, conforme a Derecho Administrativo,
es el “otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo
determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente
privada”.
Conforme al espíritu legal, el
gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recurso humano para
proporcionar un servicio, como es el caso de las patentes de placas de taxi o
Notarías, por ejemplo, por lo que lo concesiona a un particular, con la
condición de que éste sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que no TRANSFIERA, RENTA
ni VENDA ésta, y ofrezca un servicio de CALIDAD.
Lo cierto es que el gobernador
Carlos Joaquín debió exigir desde el principio a su área Jurídica profundo
análisis del tema, pues CUALQUIER beneficiado con una concesión que incumpla
esas condiciones está legalmente sujeto a un proceso de REVERSIÓN, con el que
puede perder la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ al
pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.
El caso es que desde la noche del
lunes 28 el Congreso aprobó la Ley de Movilidad, que permite la entrada de
plataformas digitales, con lo que fracasó la consulta que solicitó Carlos
Joaquín, y avaló el Instituto Electoral de Quintana Roo para que la ciudadanía
decidiera si regresaba Uber.
La decisión provocó una serie de
bloqueos de taxistas, que mostraron su descontento con esa medida que entraría en
vigor 90 días después de publicarse, aunque no se ha visto que los afectados
esgriman argumentos legales para rebatirla, excepto molestias por el bloqueo de
calles y avenidas, como ejercicio de un supuesto derecho de “libertad de
expresión” que, sin embargo, a todos perjudica.
La
intervención de un Poder distinto al Ejecutivo en el tema de la prestación de
un servicio público, seguramente obligará a las partes a contratar expertos en
materia legal para el análisis a fondo de las concesiones, ya que la implícita
delegación del servicio NO significa que el concedente (el gobierno) renuncie a
sus facultades.
En
efecto, únicamente delega al concesionario lo indispensable para la prestación
del servicio en la forma y términos que determina él mismo –habría que conocer
el contrato-, con lo que mantiene en todo momento sus poderes de intervención,
control, dirección y hasta de prestación del servicio, que en todo momento
conserva su carácter público, respecto al cual atribuye al concesionario un
derecho personal, sólo temporal.
Voluntaria
o involuntariamente, ante la entrega de las placas, el gobierno olvidó u omitió
que, por naturaleza propia, la concesión de servicio público es TEMPORAL, sin
que pueda ser a perpetuidad porque implicaría, desde el momento de su otorgamiento,
la transferencia definitiva de las actividades concesionadas que, por tal razón
saldrían de la esfera del poder público para ingresar al ámbito privado.
Esto
significaría una renuncia del Estado a esas actividades y privaría al servicio
de su carácter público, lo cual sería un procedimiento absurdo, ya que la
concesión sólo se utiliza para servicios públicos que no implican ejercicio de
potestad o soberanía, porque, en tales casos, como los de tránsito y seguridad
pública, los gestiona directamente el Estado o el municipio
Así,
es recomendable la concesión para servicios públicos onerosos, por ejemplo el
cobro por el servicio de baños públicos, que prevén una tarifa para remuneración
del concesionario. Tratándose de servicios públicos gratuitos, si se pretende
prestar el servicio mediante particulares, es más práctico recurrir al contrato
de local, o gestión interesada, donde administración y empresario participan en
el resultado de la explotación del servicio.
Lo
único cierto es que el tema de la nueva ley y los taxistas, júrelo Usted, no
será sólo de un día, pero no afectará a esos empresarios -algunos de ellos
hasta con 20 placas-, no así a los verdaderos trabajadores, los choferes mejor
conocidos como “martillos”, a los que aquéllos sólo emplean como carne de
cañón.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
Comentarios
Publicar un comentario