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¡Apóstoles y periodistas ante el COVID-19!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Probablemente vigente desde antes de Cristo, por lo que básicamente se puede decir que es tan viejo como la mentira misma, el refrán “miente, miente que algo queda” nos vino nuevamente a la memoria prácticamente un mes después de que el presidente López Obrador calificara “una equivocación” de Javier Alatorre.
En efecto, como seguramente se enteró Usted, el 17 de abril último, el periodista Javier Alatorre, de TV-Azteca, una de las televisoras más vistas en México y de alcance nacional, pidió no hacer caso a las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien tiene a su cargo el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus en el país.
Alatorre aseguró que el funcionario presentaba cifras falsas y que por ello sus conferencias de prensa eran irrelevantes, lo que generó una ola de repudio en México y dio origen a una controversia que sobrepasó las pantallas de televisión, pasó en redes sociales y acabó en la presidencia de la República.
Y no era para menos, ya que, en medio de la pandemia global por el COVID-19, televisión Azteca desafiaba la campaña del gobierno federal y pedía desobedecer las medidas contra el virus e ignorar a López-Gatell.
Al día siguiente de aquel llamado a “no hacer caso”, la Secretaría de Gobernación “apercibió” a la televisora a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General: “Hacemos un llamado a los medios de comunicación y periodistas a ser responsables y sumar esfuerzos para cuidar la salud de todos”.
Aclaraba que, “de conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”.
Concluyó que, en caso de incumplimiento, iniciaría un proceso administrativo sancionatorio establecido en la ley, y que Gobernación “tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión, a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como, en este caso, el derecho a la salud”.
Por su parte, López Obrador dijo creer que “se equivocó mi amigo Alatorre. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos, y además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe haber, de ninguna manera, linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista”.
En un video-mensaje publicado en redes sociales, el mandatario resaltó que López-Gatell es un hombre con mucha preparación, responsable y honesto, quien tiene toda su confianza, y consideró que no está bien llamar a no hacerle caso.
Alatorre, por su lado, simplemente hizo un reconocimiento a López Obrador, y tan-tan. Terminó la típica historia aquélla del “mucho ruido, pocas nueces”.
Sin embargo, a menos de un mes de aquella “equivocación” de Alatorre, la cifra de muertes en México, a consecuencia del COVID-19, ascendía hasta ayer a más de 4 mil 220 muertes y 40 mil 186 casos positivos, la mayoría de los ellos, júrelo Ud., a falta de alguna vacuna confiable, de la mano de Dios, en el umbral de la muerte.
Casualmente, dos semanas del “incidente”, vecinos de Ecatepec, Estado de México, invadieron el hospital Las Américas, en exigencia de información de familiares internados, pero encontraron montones de cadáveres apilados, entre ellos de una persona que horas antes había dicho a su familia estar bien.
No faltó quien denunciara que una semana antes una de las invasoras había festejado su cumpleaños, inclusive con mariachis, lo que obliga a pensar que, al igual que sus vecinos y familiares, habrían hecho caso omiso a López-Gatell, tal y como, a nivel nacional, “recomendara” irresponsablemente Alatorre.
La pregunta obligada es cuántos estados también habrían seguido esos “consejos” que incluyen salir libremente a las calles como un día cualquiera y, sobre todo, no utilizar el “cubre-bocas”, entre ellos Quintana Roo, donde, diga lo que diga el gobernador Carlos Joaquín, el avance del coronavirus es cada vez más trágico, violento, aunque “sus números” y, sobre todo, sus asesores, digan otra cosa.
Desde luego que no sólo Alatorre y Carlos Joaquín tienen la culpa, sino también un increíble número de quintanarroenses que, aunque Ud. no lo crea, aún siguen creyendo en la teoría del “complot” y de las luchas por el poder político o económico, o bien consideran que el problema ha terminado, cuando que, todos sabemos, estamos en el “pico” de la pandemia.
Resulta increíble que hasta hace dos meses se vieran caras tristes, preocupadas por el futuro, con calles semivacías y todo mundo en su casa, mientras que hoy, cuando estamos en la etapa más riesgosa, pareciera que el coronavirus pasó a la historia, con más gente por las calles, sonrisas y saludos por doquier, con el “tapa-bocas” como adorno, o sin él.
La verdad es que hasta hoy nadie ve la supuesta campaña del gobierno de Carlos Joaquín para dotar de ese implemento a través de Seguridad Pública, ya que tanto patrullas como policías sólo aparecen cerrando calles y paseando, mientras que la mayoría de transeúntes, motociclistas y demás deambulan con la nariz y boca descubiertos.
Y si de la Secretaría de Salud se trata, falta vigilancia en expendedores de alimentos, sobre todo ambulantes, muchos de los cuales tampoco se protegen ni protegen a sus clientes, lo que incluye a tortillerías, aunque justo es mencionarlo, son más los compradores los irresponsables.
Nos detuvimos una hora en una calle cualquiera de Chetumal y rápidamente concluimos que por cada 10 compradores de tortilla sólo 4 utilizan “cubre-boca”, aunque, eso sí, gracias a las exigencias de la “cola”, la mayoría se ve obligada a respetar la sana distancia. En el caso de los taxistas, sólo tres de cada 10 se protegen y protegen a sus escasos clientes.
Curiosamente, una “institución” que ha brillado notoriamente por su ausencia en la lucha contra el COVID-19 es precisamente el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que, caracterizado por la difusión de sus pachangas de sociedad, inclusive en planas enteras de algunos periódicos, hoy tiene de vacaciones a sus trabajadores sociales y Voluntariado.
La única que eventualmente da la cara -y sólo “para la foto” al lado de su cónyuge Carlos Joaquín- es su presidenta, Gabriela Rejón, a quien la jefa de Comunicación Social colocó en cuarto lugar de aprobación en supuesta encuesta nacional.
 Así las cosas, aquél “miente, miente que algo queda” de hace un mes muy probablemente tuvo mucho que ver en los estragos del coronavirus, y aunque lo minimizó López Obrador, lo cierto es que la tibia respuesta de Gobernación simplemente debió convertirse en la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En efecto, su Artículo 117 dice que, en caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, el Ejecutivo Federal, a través de la SCT, podrá requisar las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de ello como crea conveniente.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera, y éste también podrá igualmente el personal que estuviere al servicio de lo requisado cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
La antecesora de esta ley, la Ley Federal de Radio y Televisión, abrogada en julio de 2014, sentenciaba en su Artículo 101 fracción 14 que “constituyen infracciones a la presente ley… contravenir el art 64, que explicaba que NO se podrían transmitir I.- noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, contrarios a la seguridad del estado o el orden público”.
         Sabemos que el propietario de TV-Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a través del Grupo Salinas (Elektra-Banco Azteca), adeuda entre 14 y 32 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda desde 2006 y que parte del “show” para suavizar a su amigo López Obrador con el pago fue exponer a los principales colaboradores de éste, por lo que no crea Ud. que Alatorre actuó a lo tonto, sin órdenes.
         No obstante, una de las máximas de los “periodistas” que viven de la ubre gubernamental es “pegarle” a cualquiera de los apóstoles… menos a Dios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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