¡Se hunden CJG y el venezolano!

                                                Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         El “lavador” de dinero, el venezolano Jorge Luis Brizuela Guevara, fue uno de los mayores beneficiados con la epidemia del Covid en Quintana Roo, gracias al apoyo de su patrón, el ex gobernador Carlos Joaquín González, según se le identifica como enlace entre los miembros de la mafia rumana’ en Cancún y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y enlace entre el mandatario organizaciones criminales trasnacionales.

         Brizuela Guevara sería agente del gobierno de la república bolivariana de Venezuela, según aparece en la investigación norteamericana #BoricuaPapers que señala que el venezolano manifestaba en distintos círculos políticos haber tenido una relación “muy estrecha” con Salvador Cienfuegos, y se anexa una fotografía donde aparece con el militar, misma que figuró en medios de comunicación locales desde 2018.

         El reportaje dice que la información del Ejército Mexicano no detuvo la designación de Carlos Joaquín como embajador en Canadá, ni inició expedientes la Fiscalía General de la República contra Brizuela, de cuyos beneficios millonarios con los contratos de salud en la pandemia de Covid-19 tuvo conocimiento directo López Obrador, pues en dos ocasiones se le informaron en su “Mañanera” los fraudes del venezolano contra empresarios a los que subcontrató para instalar las carpas Covid en Cancún y Chetumal.

         Por su parte, el gobierno mexicano no hizo nada para frenar las actividades de Brizuela señaladas en el informe de inteligencia militar, por lo que, sin empacho, pudo beneficiarse con más de 544 millones de pesos que le asignó directamente Carlos Joaquín por las carpas Covid; siguió impune por el fraude contra los empresarios a los que subcontrató o pidió prestado dinero para instalar las carpas.

         Inclusive, se convirtió en dueño de una empresa de laboratorios que hizo negocio con pruebas rápidas y PCR de Covid a turistas y trabajadores del sector hotelero del Estado, Laboratorios Pronalab, tanto que hasta en esa calidad fue invitado por Carlos Joaquín a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, España, en el 2022.

         Al tiempo que el gobierno mexicano cobijaba los privilegios que el gobierno de Quintana Roo brindaba al Venezolano, las agencias de inteligencia de Estados Unidos si lo incluyeron en sus pesquisas y ahora forma parte de los #BoricuaPapers.

         Según “Eje Central”, esta investigación de agencias estadounidenses confirmaron todos datos de los documentos en manos de inteligencia militar mexicana, por lo que sumaron a Carlos Joaquín, a Brizuela Guevara, la relación con Cienfuegos, y comenzó un rastreo sobre cómo obtuvo el Venezolano el pasaporte mexicano.

         Adicionalmente, comenzaron el rastreo de los recursos que desde Cancún se envían a Puerto Rico para ser lavados a favor de grupos criminales y posibles grupos terroristas.

         Esta investigación, que tiene como eje operaciones de lavado de dinero que involucran a Puerto Rico, involucra también a otros venezolanos radicados en México identificados como agentes del gobierno de Maduro, así como empresas impulsadas por el mismo, y entre sus líneas está una que preocupa a los estadounidenses porque consideran posible que se haya construido desde México un corredor que favorece las operaciones de grupos terroristas con intereses y conexiones en Venezuela, Irán y Rusia.

         Inclusive, parte de las investigaciones de los #BoricuaPapers hacen sospechar que el presunto desfalco de 12 mil 962 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) podría tratarse de una operación de lavado de dinero enviado a Puerto Rico, pues la agencia alimentaria realizó una operación secreta de provisión de maíz a Venezuela el mismo tiempo.

         La preocupación mayor para el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos es que Puerto Rico, además de la puerta trasera para ingresar a la banca estadounidense “capitales opacos”, esté sirviendo para el financiamiento de los grupos opositores a Estados Unidos.

         Ahora bien, en torno a los otros socios de Carlos Joaquín, Santos Zanella, cuyos negocios de Puebla estarían a punto de quebrar en 2008 por malos manejos y no cubrir cuestiones legales, diría que antes del sexenio de Moreno Valle, la venta de muebles y equipo de cómputo dejó de ser rentable, mientras su agencia de autos “Volkswagen Z Motors” apenas lograba su meta de ventas.

         En 2010 estuvo cerca de la campaña de Moreno Valle, a partir de la cual vino la transformación, con viajes al extranjero, adquisición de inmuebles y constantes apariciones en la revista Rostros, principal fuente de retroalimentación del fisco.

         Así, en 2012 habría comprado en 80 millones de pesos las 21 casas de empeño del Monte de Piedad “Vidal Ruiz”, en tanto habría aparecido como dueño de Prendamex, empresa originalmente propiedad del ex rector de la Universidad de Tamaulipas, con cuya hija se casó.

         Por otra parte, ante la crisis de la armadora por el trucaje de motores, Moreno Valle prometió apoyar a la armadora alemana con la compra de cientos de vehículos para sus patrullas, y la adquisición se habría concretado por la vía de la red de concesionarios, particularmente Z Motors. En ese entonces entregaría 40 coches de la VW para patrullar Puebla.

         Sus relaciones le habrían permitido impulsar el proyecto de Uber en Puebla, donde las principales flotillas pertenecerían a socios de Estrella Roja, Z Motors y directivos de la BUAP. Lo mismo habría comenzado a realizar en Quintana Roo, donde aparecería como uno de los principales capitalistas para que Uber opere en el Caribe mexicano.

         Además, habría dotado a Carlos Joaquín de camionetas y aviones privados para realizar viajes sin costo alguno a través de la firma Flying S.A., propiedad de Santos Zanella

         Cancún sería la mejor guarida de Brizuela, quien, bajo la escurridiza identidad de empresario automotriz, habría pretendido despojar de 43 millones de pesos y diversos inmuebles a los propietarios de “Desarrollos Turísticos Pueblito Escondido”.

         Su coartada para este efecto sería una torcida demanda laboral, con la complicidad de abogados y funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, cuando Carlos Joaquín manejaba la presidencia municipal a través de Filiberto Martínez en la Riviera Maya.

         La también venezolana Henrieth Nathaly Estaba García, esposa de Brizuela, y el mexicano Gerardo Islas Montes de Oca, presumían contactos con las autoridades municipales y estatales en ese entonces, con lo que habrían falseado pruebas, fabricado puestos y sueldos multimillonarios, que posteriormente habrían reclamado en juicios laborales.

         Al parecer, Brizuela Guevara cuenta con antecedentes penales, algunos de ellos publicados el 17 de julio del 2011 por distintas Cortes, como la de Doral, Florida, de donde habría huido por problemas legales.

         Pero además, a fines del 2013 se habría involucrado en un conflicto con empresarios venezolanos por una serie de millonarias transferencias bancarias hacia México a través de la empresa Maral Oriente CA, vía depósitos de cuentas de otras dos empresas: Importadora Zilia LA (cuenta 01340404694041036755) y Santa Clara CA (cuenta 01340435664351020941)

         De acuerdo a las negociones, los empresarios venezolanos querrían sacar su dinero del país por la incertidumbre que representaba a sus empresas el entonces gobierno de Hugo Chávez.

         Lo único cierto es que pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela, ni afectó para que Carlos Joaquín llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.

         Un correo del 24 de febrero monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín Leal está usando Facebank para sus operaciones”. Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.

         Joaquín Leal es propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 16/3/23, 12:58 La conexión Puerto Rico https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-conexion-puerto-rico/ 4/4 de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.

         Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz -aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex- y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.

         La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer en todos sus detalles por las autoridades de EEUU, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir.

         Hay un número no precisado de funcionarios de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia de inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia. Pero no son los únicos. Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con ocho Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como 4 Congresos Internacionales y más de 50 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.