“Espía” de la Fiscalía, ¿con mucha suerte?
No
cabe duda que cada día estamos peor en este gobierno de la verde morenista Mara
Lezama, sobre todo en materia de procuración de justicia y ni qué decir de
medios de comunicación que, pese a sus supuestas buenas intenciones, no vemos
por dónde las demuestren, y sí exactamente lo contrario, a menos que estemos
totalmente equivocados y veamos las cosas por el lado no tan amable.
Peor
aún es que también están cada vez peor nuestros representantes “populares”, los
diputados, ya no hablemos de los que se ubican -nadie dijo que trabajan- en las
“grandes ligas” del Congreso de la Unión, sino los que ya quisieran llegar ahí.
Nos referimos a los diputados locales del Congreso del Estado, que cada día se
ven peor.
No
pretendemos escandalizar con nombres en concreto -al menos no por ahora-,
aunque hay que señalar a la actual XVII Legislatura, que se tiñó de negro
durante el reciente primer informe del fiscal general, el chiapaneco Raciel
López Salazar, quien asistió prácticamente a un día de campo, ya que no fue
cuestionado en torno a temas que interesan realmente a la comunidad
quintanarroense
Absolutamente
ningún diputado de ningún partido ni representante de algún medio de
comunicación se atrevió a preguntarle sobre sus pésimos antecedentes, como
tampoco de la reciente fuga del “Pelo Chino” José Gil Caro Quintero a cambio de
un soborno de 15 millones de pesos que “desaparecieron” misteriosamente, al
igual que uno de los policías ministeriales.
Por si fuera poco, tampoco se le cuestionó
sobre la reciente captura de tres chiapanecos
que no sólo tenían 4 kilos de cocaína, sino que presumieron ser amigos de Fiscal
de Quintana Roo. Se trata de Manuel Moreno, Enrique Cruz y Carmen Fabiola Pérez,
quienes salían de una plaza en Polanco con la droga y pidieron un Uber. Lo más
“curioso” es que la mujer, reconocida abogada de esa entidad es ahijada de
López Salazar, quien también fuera fiscal de Chiapas
El caso, se sabe, es que agentes de Inteligencia de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México los ubicaron y
detuvieron. La mujer también presumió ser muy cercana al actual fiscal de
Chiapas, Olaf Gómez Hernández. Constantemente sostendría reuniones con altos
mandos de seguridad en esa entidad, por lo que abogados pidieron la pronta
intervención de autoridades competentes para investigar al fiscal.
O no sabían del caso los legisladores de Quintana Roo o,
de plano, les valió, como también le vale a Mara Lezama el papel que López
Salazar sostuvo en Chiapas, tan alarmante como el de Puebla, como el periodista
José Martínez M., a través del portal de Noticias Seguridad y Defensa, lo ubica
como “tenebroso” y principal practicante de espionaje político para intimidar.
Sin
contar con evidencias ni una investigación, entonces como secretario de
Seguridad Pública, López Salazar metió a la cárcel 18 meses al líder
transportista Walter León Montoya por homicidio en agravio del dirigente minero
Mariano Abarca Roblero en Chicomuselo, Chiapas, aunque su verdadero “delito” fue
iniciarle juicio político al entonces gobernador Juan Sabines, por la corrupción
desmedida en su gobierno.
En
abril de 2019, Walter León envió una carta al gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, donde no pedía más que lo justo: “Instruir al Fiscal General continuar
la investigación del homicidio, disculpa pública por haber sido sujeto a
un proceso sin ninguna responsabilidad, atención médica y psicológica por
tortura durante el tiempo que estuvo preso, así como investigar todas las
irregularidades durante el proceso”.
Otra
víctima de los abusos de poder de Raciel López y el gobernador Sabines fue el
abogado Horacio Culebro Borrayas, acusado también del homicidio de Mariano
Abarca. Recluido durante 13 meses, tampoco se le pudo comprobar su participación,
por lo que alcanzó su libertad, sólo que, al momento de salir de prisión, fue
detenido nuevamente y recluido por el delito de ecocidio, también inventado.
En
Puebla, Raciel López fue dotado de un inconmensurable poder por el finado
gobernador Barbosa, bajo el argumento de altos índices de violencia y la
presencia de cárteles de la droga, por lo que se le aumentó 64% al presupuesto de
Seguridad Pública, que disponía de 4 mil 253 millones de pesos en 2021.
Entonces
Raciel López, fiel a su costumbre, gozaba de dinero, poder e impunidad, en mala
copia del inefable Genaro García Luna y seguía los mismos pasos del ex colaborador
estrella del gobierno del panista Felipe Calderón.
Así,
tanto el ex gobernador como el Fiscal de Quintana Roo estuvieron involucrados
en la turbia adquisición de mil patrullas que se adquirieron a sobreprecios. A
más de 1.350 millones de pesos cada una. Un negociazo con tufo de corrupción, donde
la Auditoría Superior del Estado estuvo coludida, sin duda alguna.
Lo
de las patrullas no es un asunto menor, pues lo grave era el espionaje político
con fines perversos. El de Barbosa incluía teléfonos y toda variedad de
dispositivos electrónicos de sus adversaros políticos, lo mismo que
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, por lo que incurría
en delitos federales. El espionaje de ese gobierno bajo la conducción de Raciel
López se hacía sin autorización judicial, violatorio del artículo 16
constitucional que protege las comunicaciones privadas.
En
el caso de Raciel López, se le pudieron presentar cargos por al menos dos
delitos, lo mismo que contra los funcionarios que hubieran ordenado y
autorizado la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de los
afectados.
Raciel
López montó un sofisticado equipo de espionaje con el sistema Pegasus,
desarrollado por la compañía israelí NSO Group. El malware de espionaje Pegasus
es comercializado a gobiernos con la condición de que sólo sea para combatir
terroristas, grupos criminales o carteles de drogas por la empresa NSO, y en
Puebla se aplicaban de manera ilegal, sin autorización judicial y para fines
ilegítimos.
El
software usado por Raciel López se infiltraba en los teléfonos inteligentes y
otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una
persona por medio de su celular: Llamadas, mensajes de texto, correos
electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la
cámara de los teléfonos para vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se
convierte en micrófono oculto.
El
software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso NSO Group señalaba que no se
puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos
de hackeo, aunque los
ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el
teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno
mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.
Al
finado Barbosa y su testaferro Raciel López no les importaban las leyes, pese a
que sólo un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas
y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado.
Hasta aquí las consideraciones del periodista José
Martínez, ahora bien, Richy Fernández nos menciona en “Impacto 307” que, tras supuestamente
dejar escapar a Caro Quintero a cambio de 15 millones de pesos, habrían sido
detenidos tres agentes de la Policía Ministerial, todos del grupo “Chiapas”, aunque
un cuarto presuntamente involucrado, escapó con el dinero.
Como
era de esperarse, la Fiscalía mantenía y mantiene hermetismo al respecto, pese
a que Caro Quintero asumió las operaciones del Cártel de Caborca en Quintana
Roo, tras la detención en febrero de su sobrino, Rubén Payán Adame, en Othón P.
Blanco, con la mira puesta en dominar el tráfico de drogas y armas procedente
de Centroamérica y Sudamérica.
Luego
de la detención de Rafael Caro Quintero, en julio de 2022, el Cártel de Caborca
quedó en manos de sus sobrinos José Gil Caro Quintero, alias "El Pelo
Chino"; Rodrigo Páez Quintero, “El R”; Ramón Quintero Páez, “El Tiko”;
Juan Pablo Quintero Martínez, “El Pablito”.
Según
informes de inteligencia, José Gil es el responsable de traficar grandes
cantidades de narcóticos, procedentes de Sudamérica, arribando a México por
costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, por lo que el gobierno de
México lo mantiene como objetivo prioritario y la DEA ofrece una recompensa por
20 millones de dólares.
Con
todo lo anterior, ni periodistas ni diputados, ahora vemos “maiceados” por Mara
Lezama, se preocupan por cuestionar al funcionario ¿Será temor, respeto? O
importa…nadismo
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
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