Las “cuotas”, ¡obligatorias en el Cereso!

                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Cristina Torres Gómez, la mismita Secretaria de Gobierno, la “vicegobernadora” que no sólo aspira a gobernar los destinos de Quintana Roo porque la verde-morenista mandataria Mara Lezama sólo parece ser “vocera” de López Obrador, también es culpable del infierno que al menos viven internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal y sus familiares.

         Efectivamente, se trata de la mismita funcionaria que el 19 de junio último aseguró a la ciudadanía y a todos los santos que el magistrado Sergio Avilés Demeneghi, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, había sido víctima de “un robo fallido”, de un “levantón” en esta ciudad poco después de las 11 de la noche, aunque tras unas horas regresó a su casa por su cuenta, presentando algunos golpes.

Sin embargo, el Fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, la contrarió con un “sí fue secuestrado” y, como resultado de la investigación, cinco personas habían sido detenidas y vinculadas a proceso por estar relacionadas con el hecho, además de haberse recuperado un reloj propiedad del magistrado, del cual fue despojado durante el secuestro.

Con todo, Torres Gómez aseguró que el supuesto “levantón” de Avilés Demeneghi fue un asalto de delincuentes comunes, pues señaló que él le aseguró que los delincuentes “comunes” buscaban quitarle sus pertenencias, aunque fue golpeado y sustraído para luego dejarlo en libertad, por lo que descartó que este hecho esté relacionado con su cargo en el servicio público, pues los delincuentes nunca mencionaron algo.

Quizá repuesto de la posibilidad de ser “regañado” por Torres Gómez o presionado políticamente por Mara Lezama, Avilés Demeneghi confirmó el 12 de septiembre que, efectivamente, sufrió en carne propia un secuestro exprés, cuando, al bajar de su camioneta, fue perseguido y encañonado por varios sujetos, quienes se lo llevaron por la fuerza y lo retuvieron contra su voluntad por varias horas en un predio de Chetumal, donde lo golpearon, robaron sus pertenencias y posteriormente liberaron.

Casi 3 meses después, Sergio Avilés rompió el silencio y habló del tema, confirmando también que fue víctima de un “levantón” y que fueron los momentos más desgarradores que ha vivido. “Es algo que no le deseo a nadie”, expresó el presidente del Teqroo, privado de su libertad por alrededor de tres horas que, dijo, pasó con mucha angustia al temer lo peor.

Ahora bien, después de la metidota de pata de la vicegobernadora -o quizá antes, vaya usted a saber-, la volvió a meter con el tema del Cereso, su “responsabilidad”, ya que, escondiéndolo de quién sabe qué, cambió al director, Luis Uriarte Acosta (a) “El Águila”, sin decírselo a nadie, sabrá Dios cuándo -no aparece ni en Internet-, pero el caso es que de la noche a la mañana ya aparecía el nombre de Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández.

De Uriarte Acosta -ignorábamos de su cambio- hablamos suficiente en la columna anterior https://luisangelqroo.blogspot.com/2023/09/caborca-y-maria-cristina-gobiernan.html sin saber sobre las denuncias que ya no era el mero-mero, aunque no le fue tan bien que digamos a su sucesor, ya que, bien aumentado en su momento, el portal de Canal 10 relató el 10 de junio las “hazañas” del nuevo director.

Según su reportero César Castilla, internos del Cereso denunciaron una red de corrupción encabezada por el director del penal, Orihuela Hernández, solapado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Oyarvide Pedrero. A través de una carta, los internos señalan que, desde el cambio de director todo cambió, ya aumentó la cuota por ingreso de mercancía de primera necesidad de un 15%, lo que genera que costos de los insumos que se venden en la prisión se incrementen más.

Asimismo, el director prohibió el ingreso de la visita con alimentos y artículos de primera necesidad, pues exigen que todo se compre en las tiendas “administradas” por las autoridades a través del recluso Carlos Hernández, ex líder del “autogobierno”.

El agua cristal y la Coca-Cola pagan una “comisión” de 45 mil pesos mensuales como permiso de la venta, dinero que se queda en las bolsas de la “administradora”, Nubia Zulibeth Zacapala Ficachi, y de Orihuela Hernández, en tanto “cuesta” 180 pesos una audiencia con el director para un permiso para ingresar chanclas, mercancía y ropa. Incluso, Nubia Zulibeth cobra cinco pesos por cada huevo que ingresa al penal.

Por la energía eléctrica, las autoridades, a través del subdirector apodado “Chiquilín” cobran 500 pesos por celda, y de no pagar les bajan la palanca del conector y los dejan sin luz, esto en las áreas varonil y hasta la femenil, donde se niega el ingreso de artículos de primera necesidad, como toallas sanitarias, pasta de dientes, desodorantes, cremas, despensas, además de obligarlas a comprar en la tienda que administran las autoridades.

La inconformidad se incrementa debido a que Orihuela Hernández, supuestamente de “religión cristiana”, permite que sus creyentes ingresen al penal todo tipo de comida y refrescos sin restricción, aunque también se ha negado el ingreso de amigos de internos, lo que afecta a los que no cuentan con familia en Quintana Roo, además de que así lograban sacar del penal las artesanías, hamacas u otros artículos que ya no podían vender.

De esta manera, el director y sus cómplices obtendrían más de 300 mil pesos mensuales, dinero que no se reporta ni genera impuestos, por lo que los internos dicen estar hartos, pues no pueden ni alzar la voz, porque son “tableados” y castigados por cualquier muestra de inconformidad, por lo que piden la intervención de alguna autoridad competente.

    La cosa no para ahí -oíste Cristina Torres- ya que el 13 de mayo familiares de los internos denunciaron otros actos de corrupción, consistentes en el cobro de extorsiones, encabezados por personas que controlan también la venta de droga, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

Una mujer, familiar de un recluso, aseguró que una persona identificada como Bruno Ávila y Alexis Gamboa, encargados del “área 9”, le exigieron una cuota de “bienvenida” de 10 mil pesos, pero al no poder pagar lo golpearon y constantemente les envían mensaje a los familiares, mientras que Bruno tiene celular que resguarda en el interior de la tienda, desde el cual realiza las extorsiones.

Aunque está perfectamente enterado de las extorsiones y exigencias de dinero a las familias de los internos, el director no ha hecho nada para frenar esos abusos, y aunque han intentado dialogar con Orihuela Hernández, la respuesta es que investigarán las demandas, aunque no hay ninguna solución.

Cabe señalar que ya se había documentado el cobro de “cuotas”, que los propios internos habían establecido tarifas, que incluían parillas eléctricas por las que se pagaban 300 pesos, 200 pesos por un radio y el mismo precio por un ventilador, 500 pesos por un televisor y 700 por un refrigerador.

Los pagos eran mensuales y las recibían personas identificadas como “licenciado Walter”, “Zafiro”, “Puebla, “Oscar”, “Trompas”, “Bruno”, “Rulo”, “Mono”, “Jorge” y “Darwin”, encargados de cada galera. Bruno, de nuevo vuelve a relucir, ahora denunciado por el cobro de cuotas

Resignados -qué remedio les queda- algunos presos dicen saber que carecen de derechos, que están pagando una condena y deuda con la sociedad, pero que están peor que antes, aunque denunciaron que dos internos pretenden instaurar un autogobierno, Carlos Hernández, quien ha sido dirigente de los internos, y una persona identificada como “El Chino”, quien mantiene una frutería en el penal.

Estos internos viven en las zonas conyugales, alejados de los demás, tienen teléfonos celulares y trabajan para Orihuela Hernández, por lo que gozan de diferentes privilegios.

A todo esto, habría qué preguntarse lo que hará Cristina Torres, bueno si es que algo hace, además de buscar que Mara Lezama se quede en la metrópoli, o bien pagar a sus medios de comunicación afines para desmentir el infierno de corrupción que se vive en el Cereso, esto a través de los que tienen un “convenio”, dos de ellos identificados públicamente, según se ha puesto de manifiesto.

Ahora bien, para terminar ¿Quién es Orihuela Hernández y quién lo recomendó? Nada raro sería que fuera del partido “Verde” ¿Verdad Mara Lezama?

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.