Fiscalía y los millones de “Caborca”

                                                                   Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Perfectamente documentado por el periodista Renán Castro a través del portal Cambio 22, la filtración de una foto de José Gil Caro Quintero, al ser trasladado en una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, confirma la detención y posterior liberación del líder máximo del Cártel de Caborca, por quien la DEA ofrece tres millones de dólares para quien aporte datos para su captura, pero que la “libró” por 15 millones de pesos.

El Fiscal General, que la gobernadora verde-morenista Mara Lezama nombró a su antojo, es decir el chiapaneco Raciel López Salazar, comenzó a pasarle la factura a la mandataria que, a decir de Cambio 22, le fue impuesto el controvertido personaje por ex Secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López, quien “compitió” infructuosamente por la candidatura presidencial de Morena.

Por cierto, tras la liberación de Caro Quintero, el tristemente célebre Raciel López emitió inicialmente infructuoso boletín de prensa donde, pese a que en redes sociales circuló un video que mostraba el momento de la negociación entre Caro Quintero y personal ministerial de Tulum, reconoció la denuncia anónima de personas armadas en el mencionado restaurante.

Según el funcionario, elementos de las policías de Tulum y Ministerial llegaron a la inspección del sospechoso, a quien acompañaba una mujer, aunque no lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, según especificó un comunicado retomado por Reforma. No obstante, horas después, fue eliminada esa publicación y la Fiscalía negó que el sujeto ubicado por los agentes fuera Caro Quintero.

De acuerdo con un nuevo boletín, “no hay indicio alguno que señale similitud ni correspondencia cualitativa de características fenotípicas que indiquen que la persona que se aprecia en las imágenes, sea la persona señalada”, dice una primera parte de su mensaje, por lo que argumentó que habría notorias diferencias “en la forma del rostro, las alas nasales, punta nasal y boca” que no coincidirían con los rasgos físicos del apodado “Pelo Chino”.

Sin embargo, para todo mundo, las policías Ministerial de Quintana Roo y la Municipal de Tulum lo capturaron y dejaron ir esa tarde del martes, previo pago de “millonaria cantidad de dinero”, según quienes participaron en el operativo, y que, ahora se sabe, fueron 15 millones de pesos.

Los hechos tuvieron como escenario el restaurante “Burrito Amor” de Tulum, donde una mujer y dos de sus escoltas lo acompañaban, aunque frecuentemente llegaba el poderoso capo a degustar sus alimentos y efectuar “reuniones de negocios” para beneficio de su “empresa”, como suelen llamar al cartel de Caborca y confirman las numerosas mantas que dejan en cada una de sus víctimas, o cuelgan en casi todo Quintana Roo.

Hasta donde se sabe, al observar hombres armados en el lugar, un denunciante anónimo alertó a las autoridades, por lo que llegó un grupo de agentes policiacos, por lo que en redes sociales circuló un video que mostraba el momento de la negociación entre Caro Quintero y Ministerio de Tulum.

Cambio 22 informó que el martes a las 8:40 policías Ministeriales que habían presenciado la fallida operación avisaron sobre la ilegal liberación de Caro Quintero, quien habita una de las residencias del lujoso complejo Ciudad Mayacoba en Tulum.

La historia de Caro Quintero -señala atinadamente- no es nada diferente a la de otros capos que radican en la entidad; la impunidad de la que gozan, la otorgan los cuerpos de seguridad, estatales, federales y municipales, lo que les permitía moverse a la vista de los cuerpos de seguridad, tras una serie de “acuerdos” en Cancún, para una limpia de grupos rivales y hacerse de Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Este acuerdo permitiría sumar los municipios de la zona Norte a Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, donde ya domina el Cártel de Caborca.

Reclamado por la DEA y objetivo principal de las fuerzas armadas de nuestro país, en Quintana Roo Caro Quintero ha gozado de confirmada protección desde el sexenio de Carlos Joaquín González, de la mano de los “famosos” Jesús Alberto Capella Ibarra y Óscar Montes de Oca, por lo que ha sido llamado la “herencia maldita de Carlos”.

De acuerdo con el portal Palco Quintanarroense, para la DEA, Caro Quintero “El Pelo Chino”, quien habría pagado los 15 millones de pesos a ministeriales, marinos y policías de Tulum para dejarlo ir, es el heredero del emporio del narcotráfico creado por Rafael Caro Quintero. Llamado “narco de narcos”, nació el 24 de octubre del 1952, en La Noria, Badiraguato, Sinaloa.

Es el mayor de nueve hermanos, cuyos padres son Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero, cuya familia se dedica a la ganadería y agricultura.
Según la DEA, algunos de los hermanos de Rafael son rastreados porque han tenido actividades criminales, mientras que otros mantienen un bajo perfil.

 José Gil fue detenido en 2004 en Guadalajara, Jalisco, pero salió de la cárcel y continuó sus actividades delincuenciales. Es considerado principal generador de violencia en Acapulco y Quintana Roo, donde habría pagado el soborno a ministeriales y policías de Tulum, para que no fuese detenido.

Sobre la descendencia y herederos de Caro Quintero, El Universal dice en que los hijos mantienen un bajo perfil como empresarios en Guadalajara, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una lista de 15 giros inmobiliarios usados para blanquear dinero, lo que reafirman declaraciones más recientes de la familia, que sostiene que tienen empresas mobiliarias, pero que no se dedican al narcotráfico.

Los hijos del ‘Narco de Narcos’ en la mira de la DEA son:
Héctor, Roxana Elizabeth, Henoch Emiliano y Mario Yibrán.

Ahora bien, más interesante aun es el caso del Fiscal Raciel López que, señalado por su oscuro pasado, sobre todo en Puebla, obligan a pensar que, según el periodista José Martínez M., de la Agencia de Noticias Seguridad y Defensa, mientras los cárteles de la droga y mafias del crimen organizado viven en el paraíso de la impunidad, los gobiernos recurren a la añeja práctica del espionaje como recurso para intimidar a sus adversarios políticos.

Algunos gobiernos emanados de Morena lo han puesto en práctica. El caso de Puebla es un ejemplo revelador del uso político del espionaje, lo cual contrasta con el escándalo que desató la candidata Claudia Sheinbaum, cuando descubrieron una madriguera desde la cual operaban los servicios de espionaje de su antecesor y ahora senador Miguel Ángel Mancera.

Como en otros gobiernos estatales, en Puebla el espionaje político es un “pilar” en el que se apoyan las tareas de “seguridad pública” ordenadas por el gobernador. El objetivo del finado ex gobernador perredista Miguel Barbosa era intimidad y provocar a sus adversarios, incluso de su mismo partido, que habían demandado su destitución y juicio político.

En sus últimos meses el espionaje estuvo orientado a la Universidad Autónoma de Puebla, empresarios, periodistas y partidos políticos que se preparaban para las campañas. Algunas de las intercepciones fueron filtradas a algunos medios que las reprodujeron y difundieron en las redes sociales.

Al inicio del mandato de Barbosa, en agosto de 2019, el vice almirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública, pero a principios de marzo del 2020 fue sustituido por Raciel López, el personaje tenebroso con polémica y sucia trayectoria.

En febrero de ese año, cuando iniciaba la pandemia del coronavirus, en la Casa Puebla hubo una reunión un tanto informal, donde una “extraña” visita era ni más ni menos que el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien habló con Barbosa sobre “los nuevos tiempos políticos” y le decía:

-Es muy importante tener controlados a los enemigos. Para ello necesitas tener la mejor tecnología y equipo con experiencia. La gente que te recomiendo ha sido entrenada por el Mossad, la CIA, el MI6… han sido formados por los mejores…

Sabines recomendaba a uno de sus viejos colaboradores que en Chiapas había fungido como procurador y pasó a despachar como delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, donde empezaba a tener problemas, Raciel López, quien no encajaba en el equipo del Fiscal Alejandro Gertz Manero. Raciel sabía que con Gertz podía terminar mal por sus nefastos antecedentes y relaciones peligrosas con el crimen organizado.

Así que a Barbosa la recomendación de Raciel López, le cayó “como anillo al dedo”, como diría el clásico, pero Raciel no llegó solo a Puebla. Antes de él, llegó otro tenebroso personaje que había trabajado con Sabines en Chiapas, Moisés Grajales Monterrosa, quien antes de Raciel había sido secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Grajales pronto se vio envuelto en escándalos de corrupción donde se había amafiado con los presos que controlan las prisiones en el estado. Entonces habían circulado videos e información sobre supuestos actos de tortura y corrupción en el penal de San Miguel.

Antes de llegar a Puebla, había estado al frente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas con Juan Sabines sin haber aprobado nunca los exámenes de control de confianza, pero aun así el sucesor de Sabines, Manuel Velasco -amigo de López Obrador- designó a Grajales director del Centro Estatal de Control de Confianza para que él mismo se autoevaluara.

En Chiapas, Moisés Grajales no pudo acreditar su riqueza mal habida; en el 2002 se le abrió un acta y la averiguación previa 91FESP2/2012 por homicidio, y el expediente 3887FESP6/2012 por violencia familiar y violencia de género, además de otras averiguaciones por diversos delitos. Al final, Barbosa lo sustituyó por Raciel López, otro pájaro de cuenta como Grajales.

Este es parte del origen de nuestro personaje, aunque, como procurador de Chiapas, Raciel López protagonizó numerosos escándalos que daremos a conocer en nueva entrega, donde, podemos anticipar, Barbosa incurrió en delitos federales considerados graves, entre ellos el espionaje que realizaba bajo la conducción de Raciel López sin ninguna autorización judicial, violatorio del artículo 16 constitucional que protege las comunicaciones.

¿Estará enterada Mara Lezama o, como en todo, le vale, como dice la canción, “una pura y dos con sal”?... y prefiere seguirse “muestreando” con López Obrador.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.