¡Más enredos y dudas en “caso Borge”!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con
las más ambiciosas capturas pendientes de los ex secretarios de Gobierno durante
el periodo de Borge, Luis Alberto González Flores y Román Quian Alcocer, así
como de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, poco a poco se cierra la pinza
en torno al caso de Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. (VIP-Saesa), cuyo
director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido el 4 de julio del 2017.
En
efecto, otro de los involucrados en una serie de malos manejos que implicaría
una multimillonaria pérdida para el patrimonio de Quintana Roo, el ex titular de la Secretaría de
Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo, Mario Castro Basto, fue aprehendido
el domingo en Mérida, Yucatán, por elementos de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
De esta manera, la Fiscalía cumplió
la orden de aprehensión contra el también ex dirigente del PRI, derivado de la
carpeta 151/2018 por las irregularidades en aquella empresa, en un tema por el
que también han sido detenidos varios ex funcionarios de Borge, entre ellos los
ex titulares de Gobierno y Finanzas, Gabriel Mendicuti y Mauricio Góngora
Escalante.
Además del propio Borge, otro de
los “peces gordos” envueltos en el mayor escándalo de corrupción en la historia
de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo es una de las
piezas claves aún prófugos de la justicia, junto con González Flores, tío del
ex gobernador Félix González, y quien también fuera coordinador del Congreso
del Estado.
Los
otros prófugos en torno a VIP-Saesa son los ex titulares de la Función Pública,
Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, y de la propia SINTRA, Fernando Escamilla
Carrillo, mientras que se ventila la participación de los detenidos Víctor Hugo
Loyola y Ercé Barrón Barrera, éste último acusado de desviar 11 mil millones de
pesos, capturado el 25 de noviembre de 2017, pero liberado el 18 de enero
siguiente -ante la deficiencia jurídica de la Fiscalía-, tras el ridículo pago
de 10 mil pesos (¿?)
Escamilla Carrillo, quien defendió el
sexenio de Borge en sus últimos actos, como en la inauguración de la avenida
Guayacán (licitada ficticiamente entre razones sociales de la misma empresa) y
la apertura del malogrado “Auditorio del Bienestar”, “elefante blanco” sin
condiciones para albergar un evento, también cuenta con orden de aprehensión
En relación con Castro Basto, la Fiscalía informó que la aprehensión del ex
titular de titular de la Unidad Operativa de Diconsa (30 de mayo de 2015, en
sustitución de Irazú Sarabia May) se realizó con apoyo de las autoridades de esa
ciudad.
El ex funcionario, primer titular
de Sintra con Borge y posteriormente diputado local, se habría amparado desde
el año pasado, aunque se combatió en tribunales.
Inusualmente, apenas fungió un año
como legislador, ya que sería nombrado asesor operativo de Obras Públicas de
Sintra, con lo que coordinó el retiro de sargazo en Cancún en 2012.
Cuando todo mundo hablaba de una
supuesta “ruptura” con Borge, el detenido, junto con el desaparecido Isaías
Capeline Lizárraga, coordinó las cuestionadas “Brigadas del Bienestar” en la
Zona Norte, tras lo cual sería postulado candidato a diputado local en las
elecciones de 2013, aunque sorpresivamente desplazado por cuestiones de equidad
de género a mitad de la contienda por la ex priísta Marybel Villegas Canché (PAN-PRD)
Como “consuelo” fue nombrado
presidente del CDM del PRI en Benito Juárez por cerca de año y medio, antes de arribar
a Diconsa en lugar de Irazú Sarabia, quien asumió la curul local que dejó
vacante Arlet Mólgora Glover.
No obstante, Castro Basto sólo
permaneció hasta 2017, cuando estalló el escándalo de las grandes cantidades de
despensas descompuestas, “inflado” del padrón de beneficiarios y compras
innecesarias, por lo que lo remplazó la delegada de Siresol, la propia Marybel
Villegas.
Lejos,
muy lejos del caso VIP-Saesa, el tema del ex funcionario -por no decir “cola”-
es sumamente extenso y controvertido, aunque Noticaribe lo iniciaría el 4 abril de 2013, cuando se refirió
al pintado y repintado de parques y escuelas, desplegado de programas
electoreros en colonias y regiones e intentar aumentar el pasaje en acuerdo con
los transportistas.
De este modo, recuerda, el gobierno de Borge encontraría una nueva
forma de “hacerse presente” en el ánimo de los ciudadanos, al empezar a
rotular, sin autorización del Ayuntamiento de Benito Juárez, la nomenclatura de
Cancún, durante el trienio del perredista Julián Ricalde Magaña.
Entonces ex secretario de Sintra y asesor
de Infraestructura de Borge, Castro Basto publicaría en redes sociales una
serie de fotografías donde se observaban sus Brigadas rotulando postes del
alumbrado público con la nomenclatura de la ciudad.
Sobre el nombre de las calles, pintó
el logo del Gobierno del Estado con colores del PRI, los mismos con los que se
repintaron los parques, con lo que Borge intentaba desestabilizar la
administración opositora con acciones que violentaban la autonomía municipal,
ya que dos meses después habría elecciones locales, y el gobierno de Borge y el
PRI, que habían perdido los últimos comicios en la plaza, estaban urgidos por
ganar.
Algo similar ocurriría en la
capital chetumaleña, donde no escapó ningún edificio público de los colores del
PRI, escuelas principalmente, pero a cargo del titular del Programa Basura por
Alimentos y Brigadas del Bienestar, Israel Hernández Radilla, a quien se acusó
del desvío de 30 millones de pesos.
Parte del “negro” historial de
Castro Basto, con desvío de recursos y exigencia de “diezmos”, lo resumiría el
29 de enero último amplio reportaje de Ariel Velázquez, quien, con el título “Mario
Castro engañó a Quintana Roo con obras inexistentes”, diría que Fiscalía y PGR investigaban
el “modus operandi” de Borge para protegerse
a través de la rotación de funcionarios y desaparición de dependencias.
Castro Basto se habría involucrado
en la construcción de caminos fraudulentos y podridos por más de 70 millones de
pesos, investigación que se habría frenado o desvirtuado con el arribo de Peña
Nieto a la Presidencia.
La Secretaría de la Función Pública
y la Contraloría estatal detectaron que el gobierno de Borge reportó como
terminados y entregados más de 195 kilómetros de caminos rurales y “saca-cosechas”
que nunca se iniciaron, y que beneficiarían a poblaciones de Othón P. Blanco y
Bacalar.
Fueron 32 obras que debieron
realizarse entre 2011 y 2012, para lo cual la Federación entregó 70 millones de
pesos. Ejidatarios de 15 comunidades confirmaron a que no hubo reparación,
pavimentación ni apertura de caminos, y que se enteraron de las obras “fantasmas”
por visitas de la Función Pública y la Contraloría estatal.
La trayectoria política del acusado
inició como subdirector de Obras con el ex alcalde Carlos Cardín (1993-95),
subdirector de servicios públicos con Rafael Lara (1996-99), director de obras
con Magaly Achach (1999-2002), y director de servicios públicos con Francisco
Alor (2005-08) Después sería diputado local (2008-11) y titular de SINTRA con
Borge.
El 19 de octubre de 2009, el entonces
contralor de la Comuna de Cancún, Jorge Rodríguez Carrillo, informó que tanto
la Auditoría Superior del Estado como la Auditoría Superior de la Federación
hicieron observaciones sobre la gestión de Castro Basto como titular de
Servicios Públicos.
Por ello, el Ayuntamiento inició un
procedimiento para que acreditara diversas obras que no se integraron
adecuadamente al expediente, por lo que hubo observaciones de la Auditoría
Superior de la Federación por la falta de documentación para la construcción de
la primera celda del relleno sanitario.
En 2007, tampoco comprobó facturas
pagadas por 1.9 millones de pesos para la reparación de camiones recolectores
de basura… porque nunca se hizo.
A todo esto, ante la “buenas
intenciones” de Carlos Joaquín por aclarar el caso VIP-Saesa,
sin embargo, siguen surgiendo más dudas que respuestas, por ejemplo ¿sólo
detuvieron a Castro Basto por ese caso? ¿Seguirá la notoria protección a los
implicados Víctor Alcérreca Sánchez y Javier Félix “Javicho” Zetina González,
este último primo suyo y de Félix González?
El
primero de ellos, entonces director general de la Administración Portuaria
Integral (API), fungía como primer vocal del Consejo, mientras que el segundo, como
director general de la Administración Portuaria Integral (API), aparecía como
accionista de la empresa, aunque su participación más cuestionada en el “Caso
Borge” sería su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del
Estado y su renuncia aparentemente “negociada”.
Pero además, como justamente se
comenta, de qué sirve la detención de Castro Basto y de los demás implicados en
el magno escándalo de corrupción, si absolutamente NADIE -excepto Carlos
Joaquín y su Fiscal- está enterado sobre el volumen y destino de los
millonarios recursos recuperados, inclusive probablemente negociados con otros
implicados “desde lo oscurito” para el eventual, silencioso retiro de
denuncias.
Por si fuera poco, tras los 6 meses
que otorgó un juez federal para el cierre de investigaciones contra Borge en
enero -venció el 5 de julio último-, nada se ha dicho tampoco sobre el cada vez
más insistente rumor sobre la liberación del ex gobernador con una fianza de 85
millones de pesos que le fijó el Tercer Tribunal de Circuito de Quintana Roo.
Eso le permitiría al ex mandatario enfrentar
en libertad tres carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía en su
contra por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función
pública y peculado, por unos 3 mil millones de pesos.
Lamentablemente, el silencio ha
sido una de las invariables del gobierno de Carlos Joaquín.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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