¡“Resucita”
consentido de Carlos Joaquín!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Cerca
de seis meses prácticamente desaparecido del escenario público, el nombre del
ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández,
detenido el viernes 2 de febrero por la PGR por presunto “lavado de dinero”,
volvió a sonar insistentemente este fin de semana y volvió a poner en
predicamento al gobernador Carlos Joaquín.
Sin
embargo, en esta ocasión, irónicamente, no fue porque el juez de la causa lo
declarara culpable o inocente, sino por el supuesto “suicidio” de un interno en
la cárcel de Cancún, el cubano
Luis Manuel Álvarez Adán, quien apareció ahorcado con
un cable de televisión en el baño de su
celda, aunque algunos dirían que fue con una soga.
Seguramente se preguntará Usted qué
tiene que ver el ex funcionario con este “suicidio”. Resulta que en noviembre
del 2013, el hoy occiso lo denunció al igual que a su hermana Norma Vergara por
fraude y amenazas, con el argumento de que éstos le habrían cobrado determinada
suma de dinero para tramitar su estancia legal en el país.
El denunciante había sido esposo de
aquélla, pero Juan Melquiades movió sus “influencias”, y lo contrademandó por
extorsión, y se sumaron otras contra el cubano, quien comenzó a revelar
operaciones de corrupción del gobierno de Borge, con quien habría sido guardaespaldas
y se habría percatado del “trasiego” de cubanos a México, según diario Reforma (2015)
En ese entonces la representación
legal de Juan Melquiades estuvo a cargo de Verónica Gloria Acacio Trujillo, a
quien, en pago de favores, aquél impulsó para hacerla magistrada
del Tribunal Superior de Justicia (2016) y proponerla infructuosamente a la
presidencia de ese Poder (2017), aunque terminó como consejera del Consejo de
la Judicatura.
Ahora bien, en el caso de Álvarez
Adán, su cadáver se encontró poco después de la medianoche de este martes,
aunque varios compañeros suyos de prisión aseguran que se trató de un “montaje”,
ya que, después de 4 años preso, habría sido asesinado.
Poco después de encarcelado comenzó
a revelar corrupción y una red de tráfico de cubanos hacia México en el
gobierno de Borge, donde, entre otros,
había sido guardaespaldas de Iván Eliud Garibay Osorio, entonces director
jurídico del Gobierno del Estado.
Según él, un 45% de las ganancias
de millones de dólares para hacer llegar indocumentados a Estados Unidos serían
para el gobierno borgista, donde dijo ser testigo del cobro del 40% al crimen
organizado para dejarlo operar, para lo cual escoltaría a Garibay Osorio a
cobrar el dinero en distintos puntos de Cancún.
Además, aseguraría que la Policía Judicial
los apoyaba por órdenes del entonces procurador de Justicia del Estado, Gaspar
Armando García Torres, así como del entonces director de la corporación, el
Cap. Arturo Olivares Mendiola, actualmente vinculado, junto con cerca de medio
centenar de agentes ministeriales, con el sonado caso de tortura y homicidio de
Héctor Casique Fernández (a) “El diablo”, pero amparado.
En enero de 2016, Álvarez Adán
realizó una huelga de hambre en la cárcel y después de tres días dijo que no
probaría alimentos hasta recuperar su libertad, y responsabilizaría de lo que
pudiera pasarle a Borge y al compadre de éste, el director del diario Por Esto
Quintana Roo, Renán Castro Madera.
El 18 de diciembre de 2014
difundiría una grabación donde éste habría golpeado a su reportero Kermith
Zapata y diría ser “la autoridad máxima en el Estado”, mientras que días antes
denunciaría que Juan Rodríguez Alonso,
entonces director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, le pidió
dinero para protegerle de un posible secuestro.
A raíz del vídeo y otro grabado por
la revista Luces del Siglo, donde dice que “cuando usted vea este video yo no
estaré”, le habrían “resucitado” el expediente de extorsión de Juan Melquiades,
y encarcelado el 30 de diciembre de 2014.
Con
tantos enemigos “poderosos”, entre ellos Juan Melquiades, y la bien ganada fama
de “autogobierno” y corrupción en la cárcel de Cancún, para nadie resulta
creíble el “suicidio” del cubano, quien, hasta antes de su detención, se
dedicaba a la venta de accesorios para buceo en Tulum.
Ahora
bien, lo cierto es que, tras seis meses de “desaparecido”, vuelve a la mente de
los quintanarroenses el doloroso traspié de Carlos Joaquín con su entonces
favorito colaborador, a quien “apapachó” desde el 25 de septiembre del 2016 hasta el 8 de enero del 2018,
cuando impulsó su fallida candidatura a diputado federal por la coalición PAN-PRD.
La aprehensión del funcionario, de sólo 24
horas, derivó de una denuncia de septiembre, en la que 13 empresas expidieron
facturas falsas declaradas fiscalmente como gastos deducibles que llegarían a varios
beneficiarios finales, entre ellos Juan Melquiades, quien, detenido un viernes,
sería liberado al día siguiente tras acudir a la audiencia en el Juzgado de
Control del Estado de México.
Así,
enfrentaría el proceso judicial en libertad, al considerarse no grave el delito
que se le imputa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que
un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de
Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya, le vinculó a proceso y concedió a
la PGR seis meses para el cierre de la investigación, pero impuso una garantía
por cuatro millones de pesos, y le prohibió salir del país.
Beneficiario
final de lavado de dinero por un millón 430 mil 619 pesos de una empresa en
2015, y 49 millones 259 mil pesos de otra, el acusado, con una fortuna mayor que la de Peña
Nieto, del ex mandatario Barack Obama y de Carlos Joaquín, sin embargo, el 11
de febrero, nueve días después de su
detención, se retiró de la contienda interna por la candidatura federal.
Por
si se había olvidado, al día siguiente de su captura, Carlos Joaquín, ahora sí
preocupado por la difundida “imagen” de su gobierno, se desmarcó A MEDIAS del
tema de Juan Melquiades, con el pretexto de que las acusaciones se refieren a las
actividades privadas de éste, no a la función pública, y que para su gobierno es
importante la presunción de inocencia, “pero, de probarse los delitos, debe
actuarse con energía y apego a ley”.
Sin
embargo, en abierta defensa de su ex colaborador, explicaría que las
acusaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondían a la
etapa previa al ingreso de Juan Melquiades a la función pública, por lo que las
acciones que se le atribuían como empresario le eran desconocidas, aunque nunca
ordenó que se auditaran las cuentas públicas del año y medio que el acusado
estuvo en el cargo… al menos nunca lo informó.
Coincidentemente,
los seis meses que anunció el Juzgado de Distrito para el cierre de investigación
de la PGR venció precisamente este jueves, mientras que el plazo para el caso
del ex gobernador Roberto Borge lo fue el mes anterior, pero en ninguno de los
dos casos se ha anunciado decisión alguna sobre los ex funcionarios de Quintana
Roo.
Por
si fuera poco, otro caso que pareciera haber quedado en el olvido es el de la
“misteriosa” explosión de la embarcación Barcos Caribe 3, ocurrida el 3 de
febrero en Playa del Carmen, cuando estaba atracada en el muelle, misma que
provocó una veintena de heridos, en un tema del que la Fiscalía General se
habló de un “auto-atentado” por parte del propietario de la nave, Roberto Borge Martín, para el cobro de
un seguro por 4 millones de dólares.
Días
después del siniestro, cuando se hablaba de que ya había detenidos, un supuesto
grupo delictivo identificado como “El Pumba y el Tata”, se atribuiría la
responsabilidad a través de una manta en la que amenazaba a la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun Pech, y
detallaría que “el atentado de los barcos fuimos nosotros y aremos lo mismo en tu
casa” (sic)
Sobre
el caso particular de Juan Melquiades nos referimos en forma extensa en su
momento http://luisangelqroo.blogspot.com/2018/02/vergaralos-ricos-tambien-lloran-luis-a.html
pero seguimos a la espera de la resolución judicial, aunque persiste inquietud
sobre su “inocencia” y la de su propio ex jefe Carlos Joaquín.
En
efecto, NO es posible ni razonable para cualquier gobernante dejar de indagar
los antecedentes de cualquiera de sus colaboradores -sobre todo los
financieros-, y más aun tratándose del responsable de la administración de los
millonarios recursos de todo un Estado, sabedores de que “en arcas abiertas…
hasta el más justo peca”.
¿Acaso
este será el mismo caso de los demás “colaboradores? O bien los contrató Carlos
Joaquín por amistad, agradecimiento, obligación… o sólo por haberles caído
bien.
¿Hasta
cuándo seguirá con los mismos? ¿Será una prueba personal de paciencia por la
que, sin embargo, los que pagan, por ejemplo con la falta de agua potable, son
los pobres quintanarroenses?
¡Seguimos
esperando don Carlos!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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