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En primera fila
                          LA CFE y el Congreso, noticia
                                                           Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) involucrada en ambos casos, los temas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Congreso de Quintana Roo volvieron a ser noticia esta semana, principalmente en el caso del segundo que, con la reciente aprobación de la controversial Ley de Ordenamiento Social, puso de cabeza a medio mundo a través de las redes sociales.
         Vayamos por parte. En el caso de la paraestatal, ahora resulta que, en votación dividida, la segunda sala de la Corte resolvió que no podemos recurrir al Juicio de Amparo contra los cobros que consideremos excesivos por el servicio de luz, con un argumento risible, pero creíble: Los recibos emitidos por la CFE “no son autoridad” y, por ende, no procede el Amparo.
Esto implica que, dada la improcedencia del Amparo, los usuarios tampoco podemos solicitar la suspensión provisional del cobro de luz que consideremos abusivo en tanto se verifica si es justificable o no el pago del monto reclamado.
En este sentido, nos veremos en la necesidad de pagar y posteriormente formular el recurso administrativo correspondiente para determinar la cantidad de dinero que deberemos erogar realmente por el servicio, en el ámbito de la Procuraduría Federal del Consumidor llamado “revisión de carga de energía”, que no es otra cosa que calcular el consumo con la revisión del tipo de aparatos electrodomésticos del afectado.
Esto implica que si la Comisión incurrió en algún cobro excesivo, éste no se devolverá al usuario sino que se aplicará como “saldo a favor” en cobros posteriores.
La resolución de la Corte fue producto de una contradicción de tesis de varios magistrados federales del país que, con criterios opuestos, resolvieron quejas contra la CFE a partir de la nueva Ley de Amparo, es decir, que los recibos del cobro de luz sí podrían considerarse actos de autoridad y, en consecuencia, utilizarse para promover un juicio de amparo.
Ahora bien, ante la modernización del sistema legal de todo el país la SCJN se ha involucrado prácticamente y pronunciado en torno a la mayoría de los temas, excepto en los más álgidos, como es el caso de la controvertida reforma energética, sobre cuya constitucionalidad, según nos enterábamos hace unos momentos, determinó improcedente pronunciarse, tal y como le plantearon los senadores del PRD Manuel Camacho Solís, Mario Delgado y Alejandro Encinas.
La determinación de la Corte fue haberse adelantado los perredistas al procedimiento estipulado en el artículo 35 constitucional, ya que acudieron directamente a la SCJN en lugar de recurrir primero al Congreso de la Unión y al IFE para validar el proceso y agotar las instancias, ya que, tras aprobarla el Instituto, el Congreso -único autorizado constitucionalmente para convocar las consultas populares-, debe solicitar a la Corte una resolución sobre la constitucionalidad del tema.
Lo cierto es que el caso quedó en “veremos”, tal y como ha quedado el caso de la constitucionalidad de diversas expresiones ciudadanas que, permitidas por la Constitución, su práctica ha generado las más diversas muestras de expresión, contrarias y a favor, particularmente en análisis de sus formas, que no del fondo, ya que la libertad de expresión  se considera una de las prácticas más sagradas en todos los tratados de derechos humanos.
Así, la Ley de Ordenamiento Social, aprobada por los diputados priístas y sus aliados de la XIV Legislatura de Quintana Roo -la rechazaron el PAN, PRD y PT-, de inmediato fue objeto de las más severas críticas por parte de amplio sector de la población, aunque otro sector más se congratuló porque en el fondo regulaba las manifestaciones públicas, que en meses anteriores provocaran tantos problemas.
 Sin abonar nada a favor de la citada Ley, más que la decisión del gobernador Roberto Borge en el sentido de posponer su publicación para ponerse en vigor, creemos que todo mundo está en su pleno derecho de manifestar libremente sus ideas. Nadie, absolutamente nadie está en contra de ello, aunque también se impone exigir evitar hacerlo en perjuicio del derecho ajeno.
Muy probablemente al igual que Usted, no fuimos los únicos en perder amigos en redes sociales -a algunos nosotros les dimos de baja por su grosera intransigencia-, ante la diversidad de opinión sobre el problema magisterial de hace unos meses, cuando invadió Quintana Roo gente con antecedentes penales movilizó a los maestros y obligó a otros más al cierre de escuelas, bloqueo de calles y carreteras y provocó enfrentamientos.
¿Cómo estar a favor de libres “manifestaciones” de esa índole, donde se secuestran instituciones, convierten en rehenes a verdaderos profesionistas e instituciones, alteran la educación de nuestros hijos y utilizan niños en marchas y frentes de batalla? Digan lo que digan jurisconsultos y adalides de la libertad de expresión, no existe ninguna lógica entre los entuertos legales y el sentido común. 
La propia Biblia dice en Gálatas que “lo que el hombre sembrare, eso cosechará,” lo que cobra vigencia con cada ocasión de alguna manifestación y se aduce que en un Estado democrático la libertad de expresión no debe restringirse. Cierto, todo ciudadano tiene la libertad de expresar sus molestias y lo que considera injusto, pero el conflicto está en la manera como lo pide.
Muchas veces éste se une al desorden, rebelión y actos de violencia por confundir libertad con libertinaje y sin querer aceptan que el libertinaje es la corrupción de la libertad, aunque, en honor a la verdad, es más sorprendente observar a políticos y educadores -que deben ser ejemplo del buen vivir, una saludable convivencia, respeto y control de sí mismos- ser protagonistas del desorden y actos de violencia.
Hay mucha tela de dónde cortar y abusar de su paciencia sobre el tema, aunque por hoy, a falta de jurisprudencia de la SCJN, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena opina que el tema de manifestaciones, plantones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y para terminar con ello se trata de un problema de seguridad pública que, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, corresponde resolver al gobierno capitalino, pero éste no lo ha querido utilizar.
         Según explicó, “existen bases legales aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para usar la fuerza pública sin violentar los derechos humanos de los manifestantes… y dio lineamientos muy claros para todas las autoridades públicas de cómo usar o cómo se debe de usar la fuerza pública en esas situaciones (…) Entonces, existen lineamientos; en mi opinión existe la base, el fundamento legal para ejercer la fuerza pública y establecer el orden en ese tipo de situaciones” (sic) ¿Será diferente el caso de Quintana Roo?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
        
*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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