¡Escándalos por liquidaciones!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Una de las principales noticias de esta semana fue
que el magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Vicente Aguilar Rojas,
habría calificado de “estúpido” al gobernador Carlos Joaquín González, enojado
porque su esposa Yanué Ovando Rivera, jefa de relaciones públicas del Gobierno
del Estado durante el periodo del priísta Roberto Borge, no había podido cobrar
su jugoso sueldo de más de 100 mil pesos mensuales.
Guardadas las enormes proporciones, su servidor
padeció una experiencia similar durante el tristemente “célebre” trienio del
mitómano Carlos Mario Villanueva Tenorio, cuando, sin una sola
contraprestación, nos obligó “discretamente” a renunciar a 8 años como jefes de
información en el Ayuntamiento priísta de Othón P. Blanco, tras reducirnos el
sueldo a ridículos 3 mil pesos mensuales.
Lo cierto es que, independientemente de que muy
probablemente Aguilar Rojas y su cónyuge pudieran haber obtenido el cargo al
calor del suegro del primero, el ex senador del PRI Eduardo Ovando Martínez, el
tema de las liquidaciones viene “casualmente” al caso con el nombre del
presidente del CEN priísta, Enrique Ochoa Reza.
Para ese efecto, el diputado federal de Morena, Rogerio
Castro Vázquez, denunció el martes último la millonaria liquidación
que se le otorgó al dirigente el mismo día de su renuncia como director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convertirse súbitamente en mandamás
del tricolor el 8 de julio, cuando informó a Peña Nieto su intención de
participar en la “elección” del presidente del CEN.
Sospechosamente,
el mismo día se firmó el dictamen de su relación laboral, donde se dio por
terminada “por mutuo consentimiento”, y que, a solicitud del mandamás priísta,
se otorgaría el pago de liquidación y finiquito, que estableció el mayor
beneficio económico a favor del servidor.
Ese
mismo día la CFE procesó la salida de Ochoa como “separación voluntaria”, por
lo que le pagó 213 mil pesos por concepto de nómina, y al día siguiente apareció
en la base de datos de empleados con el estatus laboral de reajuste con el pacto
de pago, aunque el día 24 de agosto aquél se presentó en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje donde recibió un cheque por 1.2 millones de pesos como
parte de su “indemnización”.
Ante
el escándalo, el encargado de despacho de la Oficina del Abogado General de la
CFE, Roberto Martínez, afirmó Ochoa Reza no obtuvo algún privilegio, pues
aunque dejó el cargo voluntariamente, el término del contrato fue bajo la
cláusula de liquidación y no de voluntad propia, lo que sólo aplica cuando el
trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar el puesto.
Así,
sostuvo que la renuncia no fue unilateral, sino de mutuo acuerdo entre
interesado y el titular del Ejecutivo, que aceptó la renuncia, y de ahí que
aplique la cláusula de liquidación, además de tratarse de un procedimiento
ordinario estándar que no se estableció en este gobierno ni en el anterior,
sino de los últimos 15 años, conforme al manual de mandos de la CFE.
En
su declaración “3 de 3”, Ochoa Reza reportó haber iniciado su administración
como titular de la CFE el 5 de febrero de 2014, y reportó como conclusión el 8
de julio de 2016. Es decir, su cargo sólo lo desempeñó por dos años y 155 días.
El
manual de trabajo para los servidores públicos de mando de la CFE es claro. Si alguno
se separa voluntariamente las compensaciones sólo aplicarán tras tres años de
servicio, por lo que el ahora dirigente ni siquiera cumplió con el primer
requisito de la norma para tener derecho a un pago.
En
este sentido, su proceso de liquidación -que él mismo realizó- podría
constituir un delito, toda vez que existe contradicción entre la renuncia
voluntaria y la liquidación que se auto-otorgó como director de esa empresa de
estado, que ha aplicado automáticamente los bonos a sus últimos cinco
directores, incluyendo a Ochoa Reza.
Este
tipo de actos ha costado 5.2 millones de pesos al erario público, y en todos
los casos los funcionarios han presentado su renuncia voluntaria sin que alguno
cumpliera los tres años necesarios para gozar de ese derecho.
Ante
esto, el dirigente del PRI dice que la publicación y la filtración de
información de su millonaria liquidación se debe a “sectores molestos por las
acciones contra la corrupción” al interior de su partido. Pura falsedad, pura
simulación.
Los
hechos son reprobables, toda vez que son evidentes actos de corrupción, La
normatividad de la CFE no se aplica con la misma rigurosidad, por ejemplo con
los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, que estaban a un día de alcanzar
su jubilación conforme a su contrato colectivo del 11 de octubre de 2009.
En
ese entonces, miles de trabajadores fueron presionados a renunciar a sus logros
laborales y sociales de décadas, mientras los altos funcionarios gozan pagos
indebidos e ilegales, y de aquí que Ochoa Reza sea responsable de posibles
actos de corrupción, así como de descuartizar el patrimonio que llevó décadas
consolidar y la mayor pérdida en la historia de la CFE, con un déficit de 93
mil millones de pesos.
Ante este panorama, el diputado Castro Vázquez
exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a investigar la legalidad del
pago de esa liquidación, así como a la Secretaría de la Función Pública, a
investigar y castigar ese acto de corrupción, incluyendo al propio Ochoa Reza,
con su inhabilitación para ocupar un cargo público.
El
resto de la historia seguramente ya la adivinó Usted: La mayoría del PRI-Verde
y sus esbirros en la Cámara, a través del presidente de la Mesa Directiva en
funciones, el panista Edmundo Javier
Bolaños Aguilar, determinó que “no se considera de urgente resolución”,
por lo que turnó la denuncia a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
para dictamen.
Ahora
bien, el tema de las liquidaciones viene nuevamente a colación ahora que,
quiérase o no, seguramente docenas de trabajadores que NO devengaban los más de 100 mil pesos mensuales que la esposa
de Aguilar Rojas se quedarán -o se quedaron- sin empleo ni quincena para llevar
el pan a la mesa de su familia.
Está
en manos de Carlos Joaquín exigir a sus colaboradores actuar con justicia y sin
ánimos de ese revanchismo político que negó desde un principio y que, por
cierto, para nadie se secreto que NO aplica en el caso de la esposa de Aguilar
Rojas
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe
de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de
dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
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