¡Q. Roo, víctima de corrupción
federal!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como
asignatura indiscutiblemente pendiente en Quintana Roo -y de todo el país-, la
corrupción fue tema principal de una conferencia que, invitados por la
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), impartimos anteayer
miércoles a estudiantes del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias
y Técnicas de la Comunicación.
En efecto,
aunque, al menos en teoría, el combate a esa corrupción en uno de los
principales objetivos del gobierno de Carlos Joaquín González, para nadie pasa
inadvertido el fuerte hedor que dejaron las administraciones que encabezaron
Félix González y Roberto Borge, respectivamente, al grado tal que indigna
ponerles segundo apellido.
Para mala
fortuna de los quintanarroenses, todo hace suponer que la mácula del problema
no es exclusiva para la entidad, ya que una de las aristas más visibles es la
innegable complicidad de las autoridades de nivel superior, concretamente la
Procuraduría General de la República (PRG) que, dígase lo que se diga, ha
optado por hacerse ciega, sorda y muda.
No somos peritos
en la materia, pero lo cierto es que hasta hoy sigue sin entenderse cómo es
posible que en el caso de Veracruz el Gobierno Federal actuara con una
celeridad tal, que de no ser por la falta de detención de su ex gobernador,
estaríamos hablando ya de haberle colocado la cereza al pastel, ya que, aunque
mínimas, ya se habla de confiscación de recursos ilícitos.
En cambio en
Quintana Roo, pese a que, al menos en teoría, la Fiscalía General está en lo
suyo -bueno, eso es lo que nos dicen, al menos creemos que con los “peces
chicos”-, la PGR, en cambio, no ha dado ninguna muestra de querer hacer su
parte respecto a las denuncias que interpuso el Gobierno del Estado, ni tan
siquiera para insinuar, en su caso, alguna falla de formalidades.
Eso, aquí y
en China, no puede menos que ser criticable y calificarse de corrupción, puesto
que, en términos de legalidad, no sólo se delinque por comisión, sino también
por o-mi-sión , lo que nos mueve a
pensar que existe una voluntad superior que impide, obstaculiza u ordena a la
PGR ignorar las demandas de Quintana Roo contra los ex gobernadores Félix
González y Roberto Borge.
La pregunta
obligada sería ¿quién o quiénes tienen tanto poder sobre la PGR? No hay que ser
sabios para ponerles nombre y apellidos: El presidente Enrique Peña Nieto y su
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes, inclusive,
pensando en voz alta, serían los principales interesados en evitar que se
esclarezca el tema de la desviación de los multimillonarios dineros de Quintana
Roo.
Siempre hemos
dicho que el silencio de las autoridades nos obliga a pensar, suponer y hablar,
y de ahí que la duda es obligada: ¿Le habría entrado agua al “coco”? ¿Cómo?
¿Por dónde? No lo sabemos, pero la premisa es que por algo muy, pero muy
delicado no se querido intervenir Peña Nieto en Quintana Roo.
¿Habrá
desviado recursos Roberto Borge de todos los programas para financiar parte de
la campaña priísta de Peña Nieto para la Presidencia de la República? Nadie
puede asegurarlo, pero para cualquier persona con un centímetro de frente es la
única posibilidad para entender esa impunidad del ex gobernador ante la PGR.
Ante este
panorama, es obligado reconocer que, lamentablemente, la transparencia que no
puede presumir el gobierno de Peña Nieto se ha convertido en componente
fundamental en el combate a la corrupción, uno de los principales problemas que
aquejan a México, y que le coloca a nivel mundial en uno de los lugares menos
envidiables de la lista de corruptos.
En este sentido, ha generado la
movilización y repudio de todos los sectores de la sociedad, ya que no
solamente afecta las inversiones en el mercado nacional, sino que impide el
sano desarrollo del país y es una amenaza para nuestra incipiente democracia, y
de ahí que la presión de esa sociedad obligara al Congreso a legislar en
materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Así, a partir de las reformas
constitucionales en la materia, el país cuenta ya con el Sistema Nacional de
Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, que
conforman un entramado institucional, aunque hasta hoy se preguntan los
mexicanos ¿Qué pasó con la licitación fallida del tren México-Querétaro? ¿Qué
pasó con la “Casa Blanca”, la casa de Malinalco, la casa de Osorio Chong?
Asimismo, nos preguntamos ¿Qué pasó
con el tema de los ex gobernadores acusados de malversación de fondos, entre
ellos, desde luego, el priísta Roberto Borge? ¿Qué pasará con los
endeudamientos que dejaron en sus entidades, entre ellos el también priísta
Félix González? ¿Qué ha pasado con las empresas privilegiadas en el gobierno de
Peña Nieto: Oceanografía, OHL, Infra? ¿Quién será el responsable de la mala
administración en las empresas “productivas” del Estado, Pemex, CFE?
Con plena seguridad podríamos
afirmar que la respuesta en la mayoría de los casos sería que no pasó nada y
que siguen en la impunidad.
Entonces la pregunta obligada es
¿qué le hace falta a México para erradicar la corrupción? Y la respuesta es
erradicar primero la indiferencia e ineficiencia de las autoridades
responsables, ya que, al menos en el caso de México, el problema no es la falta de leyes, sino su correcta aplicación,
o bien la homologación, transversalidad y coordinación entre ellas.
Por ejemplo, la recién aprobada Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados -para formalizar la protección de los datos
del Sistema Nacional Anticorrupción- no es un tema aislado, sino una de las
leyes pendientes, pero contiene limitaciones, entre otros en el principio de
seguridad, además de contradecir su contenido.
Por otro lado, omite mecanismos
eficaces para evitar la divulgación indiscriminada o que los datos personales
se utilicen con un fin distinto para el que se recabaron.
En pocas palabras, el principio de
seguridad para el tratamiento de los datos personales no se incluye en la ley
de los mecanismos necesarios para salvaguardar los datos de las personas, que
quedan en situación vulnerable.
Ahora bien, lo cierto es que,
dígase lo que se diga, los periodistas somos, no uno de los principales actores
en torno al tema de la corrupción, sino el principal, ya que, como responsable
de encabezar y crear la opinión pública, constituimos el UNICO contrapeso
frente a los Poderes del Estado, es decir el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De ahí que, lamentablemente, es
triste reconocer que, en gran medida, somos responsables de la corrupción que
priva en el país, de la que Quintana Roo no escapa, repetimos, no sólo por el
pecado de acción, sino también por el de omisión.
De ahí también que, como reiteramos
a los asistentes a la plática sobre el periodismo de Chetumal, la sociedad, en
términos generales, sólo sabe lo que lee, ve o escucha, lo que nos obliga a
respetar el compromiso que asumimos al abrazar esta noble actividad que el
maestro Gabino Fraga coloca como contrapeso al otro lado de la balanza del
poder.
Nuestro agradecimiento a la UNID, así como a su
Rectora, Libertad Sánchez Galán, quien, a través del coordinador de la
Licenciatura señalada, Ángel Aldecua, nos entregó un reconocimiento, junto con
la catedrática en la materia de Géneros Periodísticos, Mary Coronel, tras lo
cual firmamos a los alumnos libros de nuestra cuarta obra: ¡Escándalos y
“danza” de millones!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
http://facebook.com/luisangel.cabanas luisangel.cabanas@facebook.com
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