Herencia de gobiernos de Q. Roo, ¿en jaque?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ahora protegido al
parecer por el gobierno morenista de Yucatán, en una residencia
construida en el municipio de Ucú, el ex secretario de Finanzas del ex gobernador de
Quintana Roo preso Roberto Borge, el empresario yucateco Juan Pablo Guillermo
Molina, sufrió un duro traspié ante la negación de la suspensión definitiva de
un amparo del Juzgado Primero de Distrito.
Acusado
del desvío de más de 16 mil millones de pesos, al ex funcionario, quien pretendió ser
diputado federal, se le notificó la decisión de la jueza federal,
Tania Gabriela González Rosas, titular de la dependencia, quien informó que
persisten órdenes de capturada por desempeño irregular de la función pública y
peculado, según expediente 2395/2021 de amparo indirecto.
El
ex secretario es uno de los fugitivos más buscados y de los principales
objetivos en la Península de Yucatán, por lo que se ha girado ficha roja y, con
base en ella, se solicitó la colaboración a todas las fiscalías del país,
incluida la de Yucatán y la de Campeche.
Durante
más de siete años ha logrado burlar a la justicia para evitar su detención para
enfrentar su proceso judicial por el desvío millonario de recursos durante el
gobierno priísta que causó un grave daño patrimonial al Estado, pese a que ser
miembro de una de las familias más respetadas de Yucatán y se estaría
“escondiendo” en Yucatán, en la residencia de Ucú, donde adquirió grandes
extensiones de tierras con dinero presuntamente del gobierno de Quintana Roo.
Guillermo
Molina operó de manera similar a como el clan mafioso del ex gobernador de
Tabasco, Andrés Granier Melo, quien, a través de José Manuel Saiz Pineda, habría
adquirido grandes extensiones de tierras por más de 246 millones de pesos, inusualmente,
en la zona de Kanasín, Yucatán.
No
obstante, el yucateco Guillermo Molina adquirió poco más de 150 hectáreas de
terrenos en Ucú con la ayuda e información del gobierno priista, en especial del
ex gobernador y hoy senador Rolando Zapata Bello, debido a que en esa zona se
contemplaba construir del plan maestro de Ucú, por lo que, ante la extensión esas
tierras, se le apodó “el príncipe de Ucú”.
En
esa zona se edificaría el nuevo aeropuerto internacional de Yucatán, y
desarrollos inmobiliarios, incluso plazas comerciales, sería nuevo pulmón económico
de la entidad, con lo que se dispararía la plusvalía y sería el negocio de su
vida con ese proyecto que desarrolló la ex alcaldesa de Mérida y ex directora
del Instituto de Vivienda de Yucatán, Angélica Araujo Lara, que comenzó a
desarrollarse en los últimos años del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco,
después en el de Rolando Zapata Bello, pero no se concretó y lo sepultó Mauricio
Vila Dosal.
El
dinero que gastaron Guillermo Molina y su hermano Manuel en la compra de
tierras en Ucú, provenían del Gobierno de Quintana Roo.
En
este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del
Estado, tienen la ficha de detención porque hay evidencias de que, desde hace
varios años, Juan Pablo vive en Yucatán, pero no se le ha podido detener pese a
toda la estructura de vigilancia y tecnología de la policía de Yucatán,
reconocida como de las más eficientes del país.
El
ex funcionario de Quintana Roo no ha sido detenido por contar con la protección
del mismo Vila Dosal, presumiblemente por ser socios en negocios inmobiliarios,
aunque también mantendría relaciones mercantiles con Lino Magos Acevedo, ex colaborador
borgista, asesor de cabecera del alcalde de Progreso, Julián Zacarias Curi, a
quien Vila Dosal, le obsequió una notaría pública.
Para
dimensionar la magnitud del papel que jugó Guillermo Molina, tan solo entre
2015 y 2016 se estima que desvió alrededor de mil 500 millones de pesos,
aunque, según la Auditoría Superior de la Federación, el boquete financiero
superaría 16 mil millones, aunque, en su momento, se habló que el desvío de
recursos durante el Gobierno de Borge, habría sido de 30 mil millones.
Curiosamente,
antes de ser titular de la Sefiplan, Guillermo Molina sólo había sido director
de Finanzas de Solidaridad, durante el trienio de Román Quián (2008-2011), y ´para
“blanquear” los recursos de Quintana Roo, habría creado en Mérida cuatro
empresas “fantasma” que le sirvieron para “lavar” unos 300 millones de pesos
anuales.
Una
de ellas es “Maquinarias y Servicios Peninsulares” que, supuestamente, alcanzó
un ingreso mensual de 5 millones 630 mil pesos, lo que al año le arrojaba
ganancias por casi 68 millones, y otra, “Yagsa Constructora Inmobiliaria”, con
entradas de 5 millones mensuales y 60 millones durante cada ejercicio fiscal,
mientras que “Serprosur” fue otra “pantalla” para lavar casi 7 millones
mensuales y acumular más de 83 millones anuales.
Estas
empresas carecían de activos, personal, infraestructura o capacidad material
para brindar servicios, producir y comercializar productos ofertados, además de
que en los domicilios donde supuestamente se les podían localizar habitaban
personas que desconocían la situación o lucían vacíos.
Guillermo
Molina había solicitado más de 10 amparos para combatir ordenes de aprehensión,
en su contra, pero, en todos los casos, la justicia federal no le ha brindado
la protección, y las órdenes de captura siguen vigentes, aunque las
autoridades, supuestamente, no lo han “podido” o querido ubicar.
Ante
este panorama, las órdenes de aprehensión han sido ratificadas, con mandatos
judiciales de captura relacionados por varios delitos cometidos a su paso por
Quintana Roo, donde también dicen que está acusado “sólo” de desviar mil 464
millones de pesos.
Por su parte, la
jueza federal, decidió desde el mes anterior no entregar la suspensión
definitiva en su contra para evitar ser detenido, órdenes de captura pendientes
de cumplir autoridades ministeriales de Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de
México.
El expediente
2395/2021 de amparo indirecto, cuyo acuerdo judicial se publicó el 8 de
diciembre en Mérida, establece que Guillermo Molina sigue siendo buscado por desempeño
irregular de la función pública y peculado.
Como se sabe, estas
acciones se materializaron cuando, como funcionario de Roberto Borge, actuó en
complicidad de ejecutar desvíos millonarios y la venta de valiosos predios
propiedad de Quintana Roo, en un quebranto que pudiera rebasar los mil millones
de pesos, cuyo paradero se desconoce.
La mencionada jueza,
en audiencia incidental, postergada desde hacía cuatro años, determinó no
entregar la suspensión definitiva porque diversas autoridades negaron tener
órdenes de captura contra el ex funcionario, aunque otras más aceptaron
tenerlas vigentes contra Guillermo Molina, entre ellas los jueces de control y
tribunales del Distrito Judicial de Chetumal.
La Fiscalía General
tiene autorización para ejecutar estos mandamientos judiciales, cuyo origen
data de junio de 2017 y ratificada en agosto de 2021, en tanto la Secretaría de
Seguridad Pública de Quintana Roo también cuenta con orden de captura vigente,
además de que la Fiscalía de Yucatán también con una anuencia judicial similar,
al igual que la de la Ciudad de México.
Así, de ser uno de
los funcionarios más poderosos en la época de Roberto Borge, Guillermo Molina
vive a salto de mata y, con todo, se insiste en que se oculta en Yucatán, donde
busca protegerse con procedimientos judiciales.
Por otro lado, para
mala fortuna de Roberto Borge, un Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de
Morelos dio carpetazo a un asunto del ex gobernador preso que, de este modo, quedó
formalmente vinculado a proceso en calidad de líder de la banda
criminal que enajenó de manera ilegal 22 inmuebles del patrimonio de
Quintana Roo.
El Colegiado de
Apelación, con sede en Xochitepec, Morelos, declaró formalmente cerrado el
asunto apelado por la Fiscalía General de la República, con la que se le
reconoció el liderato de la banda criminal de ex servidores públicos del período
2011-2016, cuando Roberto Borge fue gobernador de esta entidad que dejó con
grave deterioro patrimonial.
“Conforme a lo hecho
constar, no existen documentos o valores que entregar, que se verificó la
correspondencia entre el expediente físico y electrónico correspondiente a este
asunto y los registros contenidos en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes, por lo que, dado que es un asunto total y definitivamente
concluido, se ordena su archivo”, dice el último acuerdo judicial del
expediente de apelación en segunda instancia 269/2024.
Se reconsideró
Roberto Borge, que pasó de cómplice a líder criminal por el uso de recurso de
procedencia ilícita, al enajenar 22 inmuebles por un daño al patrimonio público
de más de 900 millones de pesos. En 2023, el juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal de Almoloya determinó imputarlo por este delito, pero
aclaró que no fue líder de la banda criminal conformada por servidores públicos
que se encargaron de dilapidar los bienes públicos.
Inconforme, la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la
República impugnó la resolución y argumentó que Roberto Borge, en calidad de
gobernador, tenía información privilegiada para enajenar en sitios donde se
proyectaba el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que no era simple subalterno,
sino líder de una banda criminal que utilizó el servicio público para sus fechorías.
¿Y que es de su
“padrino” político para la gubernatura, Félix González Canto, al que ciegamente
obedece? ¿Por qué la justicia no procede también contra él?, aún nos
preguntamos.
P.D.
Nuestro agradecimiento a Laura Aguilar Loredo,
coordinadora general de Comunicación -nada de comunicación social- de la
gobernadora Mara Lezama, por su “gentileza de NO habernos invitado a la posada
navideña de su jefa a reporteros de medios de comunicación -excepto a los
críticos-, probablemente porque para ella NO lo seamos a pesar de nuestros 49
años en la actividad, como puede ver en nuestro currículum, aunque, podemos
asegurar NO hubiéramos asistido.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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