Buscadoras, ¡abandonadas, pero las presumen!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Las
Madres Buscadoras son mujeres activistas, madres en su mayoría, que buscan a
sus familiares desaparecidos en México debido a la crisis de desapariciones en
el país, con búsquedas en lugares altamente peligrosos, como fosas clandestinas
y morgues, generalmente supliendo la labor de las autoridades, enfrentando
riesgos físicos y emocionales significativos, y apoyándose mutuamente en
colectivos para encontrar verdad, memoria y justicia.
¿Y
sabe cuántos desaparecidos se han registrado oficialmente en Quintana Roo? Tan
sólo en 2025, las cifras son elevadas y crecientes, con reportes que
superan mil 500 casos acumulados, aunque varían según la fecha del reporte.
Durante los primeros nueve meses se registraron 888 nuevos reportes, que superan
las cifras de 2024, y los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y
Solidaridad concentran la mayoría de casos, principalmente de jóvenes,
según Red Lupa, IMDHD y la Fiscalía General del Estado.
El
número de desaparecidos en la entidad aumentó significativamente, con 887 casos
en los primeros tres trimestres, superando las cifras de todo 2024 y reflejando
una crisis que se extiende a todo Quintana Roo, no sólo a zonas turísticas, con
preocupantes 336 casos sin rastro. A principios de año se hablaba de más de mil
200 personas en 2025, con Benito Juárez con más casos, aunque el fenómeno se ha
expandido a todo el Estado.
Cifras
clave y tendencias recientes: Un alza constante, con un aumento del 20% entre
2024 y 2025, según reportes de este mes. La problemática, que antes se
concentraba en áreas turísticas como Cancún, ahora afecta a todo el Estado,
inclusive comunidades mayas.
Casos
sin rastro: De los 887 casos registrados hasta octubre de 2025, hay 336
personas de las que no se ha encontrado ninguna pista, con Benito Juárez como
el municipio con más casos, pero otros, como Isla Mujeres y Felipe Carrillo
Puerto, han visto incrementos alarmantes.
Factores
que contribuyen a la crisis: La migración y el flujo flotante, ya que Quintana
Roo es un punto de paso migratorio con mucha población extranjera y flotante,
lo que aumenta la vulnerabilidad, y el crimen organizado, donde grupos
delictivos financian sus operaciones a través de trata de personas,
narcotráfico, tráfico de armas y extorsiones, afectando a la población general
y a trabajadores.
Lo
que es peor, el estado también es un foco rojo en cuanto a violencia contra las
mujeres.
En
resumen, Quintana Roo enfrenta una crisis de desapariciones cada vez más grave,
con cifras históricas en 2025 y una expansión geográfica del problema, a pesar
de los supuestos esfuerzos de las autoridades para visibilizarlo, pues, con
todo, el papel de las madres buscadores, cada vez mayor, sufre de falta de
reconocimiento de las autoridades de todo el país, entre ellas las de Quintana
Roo, donde las han ignorado, inclusive perseguido.
Así,
como parte de su labor de búsqueda, recorren campos, ríos, hospitales y
morgues, con técnicas de rastreo y excavación para encontrar restos humanos,
pese a riesgos y violencia, pues enfrentan amenazas, extorsión, agresiones e
incluso asesinatos, además de problemas de salud mental, como estrés, ansiedad
y depresión.
Como
parte de su organización y activismo, muchas se organizan en colectivos y coaliciones
para apoyarse, compartir información y exigir justicia a las autoridades, con
una justificada motivación, la principal, el amor por sus hijos y seres
queridos, y la búsqueda de verdad, identidad y paz para las familias.
Sin
embargo, su activismo ha llevado a la creación de redes de sororidad y a la
presión para que el Estado reconozca su labor y les brinde protección, pese a
que, en Quintana Roo, se aprobó una Ley de Ausencia para Personas Desaparecidas
y desde tribuna se presumió haber sido producto del diálogo con las familias, inclusive
el diputado morenista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, Jorge Sanén Cervantes, agradeció la lucha de las Madres Buscadoras.
No
obstante, la realidad fue otra: el Colectivo Femenil Xtabay denunció que el Poder
Legislativo mintió al asegurar que “Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C.”
participaron en el proceso, toda vez que nunca las convocaron ni escucharon; su
nombre se usó para legitimar una decisión adoptada a puerta cerrada. Así, una
ley que debía dar certeza y justicia arrancó manchada de simulación.
Muy
distinto fue lo que ocurrió en la Secretaría de Gobernación, cuya titular, Rosa
Icela Rodríguez, convocó y se reunió con las víctimas y colectivos, claves en
la elaboración de la Reforma de la Ley General en materia de desapariciones, en
contraste con Quintana Roo, que decidió legislar sin ellas y presumir un
diálogo que nunca existió.
Por
cierto, en Quintana Roo se dice que el Auditor Superior del Estado, Miguel
Zogby Cheluja Martínez, está más ocupado en garantizar incrementar el
presupuesto del organismo a su cargo que en la rendición de cuentas. Para el
próximo año solicitó al Congreso del Estado 256 millones de pesos, es decir, 27
millones más que lo aprobado este año.
El
problema no es sólo el aumento, sino que en 2025 la Auditoría estatal ya había
recibido una ampliación de 3.8 millones, destinada, principalmente, a gastos de
“representación”, convenciones y eventos que se multiplicaron 28 veces respecto
a lo presupuestado originalmente.
El
Congreso estatal autorizó 228 millones de pesos para este año, pero, en la
práctica, Zogby Cheluja terminará gastando 232 millones al concluir este año.
Además del incremento, aunque parezca mentira, busca crear una Secretaría
Privada que dé seguimiento a su agenda y acuerdos. El cargo tendría un sueldo
mensual de 80 mil 789 pesos, superior a la de los auditores especiales,
nombrados directamente por el Congreso y con responsabilidades operativas
cruciales.
Lo
que se asegura desde el Congreso es que no hay avances sólidos en las
auditorías municipales observadas por la ASF, donde Zogby Cheluja insiste en no
existir señalamientos directos contra los titulares que, aseguró, sólo “están
en proceso de aclaración”, aunque la opacidad se mantiene y la Auditoría se
consolida como un órgano que gasta más en convenciones que en fiscalizar.
El
funcionario, como se sabe, ha sido señalado de diversas, sospechosas anomalías
en la revisión del gasto de los presupuestos de los municipios, principalmente
en Benito Juárez y Othón P. Blanco, donde se desempeñó como alto funcionario.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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