¡Notario público saquea Q. Roo desde Mérida!

                                                                       Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Luis Fernando de Jesús Pino Barrera no empezó su carrera como cualquier abogado. Mucho antes de que el gobierno de Yucatán lo suspendiera por su presunta participación en un despojo en Quintana Roo, y mucho antes de que un juez federal lo “reivindicara” vía amparo, ya estaba haciendo algo clave: Recibía patrimonio inmobiliario en silencio, bajo la sombra de la familia y lejos de cualquier comprobación de ingresos.

Extenso reportaje de Sol-Yucatán, revela que el folio 434007 del Registro Público de la Propiedad revela un momento fundacional de su historia. En octubre de 2005, como simple “auxiliar administrativo”, recibió en “donación” un predio de la calle 21-A 312 de la colonia San Vicente, en Mérida, a título gratuito, sin pagar un solo centavo, de manos de Joaquín Alfonso Pino Regil, presumible pariente directo.

No era una compraventa, no había crédito, hipoteca, ni esfuerzo económico visible, sino una transferencia directa de patrimonio en una red familiar, en un acto nada menor. Es un predio urbano en una zona que, con el tiempo, se consolidó como área habitacional de clase media, junto a zonas en expansión al Oriente y Norte de Mérida.

A valores de 2025, el terreno de entre 200 y 250 m2 -con construcción sencilla- vale sin problema entre 850 mil y 1.6 millones de pesos, según el estado del inmueble y metros construidos.

En julio de 2023, el entonces gobernador del PAN, el hoy senador Mauricio Vila Dosal, lo suspendió como titular de la Notaría 20 de Mérida, precisamente alegando “situación jurídica grave”.

Sin embargo, lo que en 2005 parecía “una casa más” en un barrio modesto, ahora forma parte de un patrimonio significativo que se construyó antes de que Pino Barrera se sentara en el sillón de notario.

Cuando Vila Dosal decidió suspenderlo, fue alegando “situación jurídica grave” por su presunta participación en el despojo y venta fraudulenta de un rancho en Quintana Roo, en el que se le vinculó como parte del andamiaje legal que permitió cambiar de manos la propiedad.

Al menos en el discurso oficial ese episodio lo convirtió en notario incómodo, pero, hacia atrás, el folio de 2005 demuestra otra cosa: Pino Barrera ya jugaba el juego del patrimonio mucho antes de estar ante reflectores, ya que no se hizo rico a partir del notariado, llegó con patrimonio familiar amarrado.

En octubre de 2005, recibió en “donativo” el predio urbano de la calle 21-A 312 de San Vicente, a título gratuito, en una jugada típica en familias que saben cómo funciona el sistema: Antes de que un miembro sea funcionario, fedatario o actor visible, le transfieren bienes “en limpio”, vía donaciones.

Así, evitan el rastro de ingresos, eluden cualquier comparación entre su sueldo y su patrimonio, ocultan el origen real de los activos y, si algún día llegan los auditores, encuentran que no existe enriquecimiento inexplicable, sino “herencias” y “apoyos familiares”.

En el caso de Pino Barrera, el predio de San Vicente es pista de despegue. Años después, su nombre aparecerá en peores escenarios posibles para un notario: Juicios de nulidad de escrituras, señalamientos de fraude inmobiliario, poderes otorgados con identidades falsas y, finalmente, una suspensión por parte del propio gobierno estatal.

Hay evidencia de que en la Notaría 26 -donde fue suplente- se otorgó poder amplio a favor de un tercero con una credencial del INE a nombre de Manuel Gaspar Argáez Cervera que, en realidad, era una identidad suplantada. El documento, pasado “bajo su fe”, habría sido utilizado en un fraude.

El tema se agravó en 2023, cuando la Consejería Jurídica de Yucatán emitió acuerdo publicado en el Diario Oficial por el que lo suspendió en el ejercicio de la Notaría 20, “hasta cambiar la situación jurídica que le afecta”.

Tras esa frase técnica, la versión que circuló fue contundente: También estaba involucrado en el despojo y venta irregular del rancho de Quintana Roo, donde su nombre apareció como una pieza más del mecanismo que hizo posible el movimiento patrimonial.

El golpe hubiera sido mortal para cualquier notario sin “padrinos”, pero Pino Barrera, sobrino político del ex senador priísta Orlando Paredes Lara, no era cualquiera. Un juez federal le concedió un amparo y ordenó al gobierno de Yucatán restituirlo, porque la sanción “vulneraba su derecho de audiencia y el debido proceso”.

El resultado fue perverso: El Ejecutivo estatal lo había suspendido por considerarlo peligroso para la fe pública, pero el Poder Judicial federal lo rescató por considerar defectuoso el procedimiento, con lo que la fe pública quedó atrapada entre dos fuegos, y el mensaje fue brutal: La ley es elástica cuando se trata de notarios con conexiones.

En paralelo, sus huellas aparecen en el mundo empresarial. Sociedades, como “Constructora Inmusur”, que después obtendrían contratos de obra en Ayuntamientos, como Tulum, se constituyeron ante su “fe” pública como notario suplente.

No es el gran empresario, pero sí el hombre que pone su firma para que empresas entren al circuito de la obra pública. Mientras tanto, en el Poder Judicial de Yucatán, su apellido sonaba por otra ruta: Su hermana Landy, actuario judicial y aspirante a magistratura, recordó que, en tiempos de Vila, a su hermano le suspendieron sus derechos por malos manejos en la notaría.

Todo eso hace que el folio 434007 deje de ser simple dato registral para convertirse en símbolo. Un joven “auxiliar administrativo” que, en 2005, recibió de un Pino Barrera una casa en San Vicente, sin contraprestación, sin hipoteca, sin esfuerzo: Un patrimonio construido bajo paraguas familiar y fortalecido con patente de notario, con acceso al SIGER federal (Sistema Integral de Gestión Registral, plataforma electrónica del Registro Público de Comercio en México) y capacidad de validar actos de terceros que terminan en tribunales.

El patrón es claro: Primero se asegura la base patrimonial, luego se obtiene el poder jurídico para multiplicarla, y cuando llegan hay acusaciones, se responde con amparos, tecnicismos y la narrativa de “notario perseguido”.

En ese guion, la casa en San Vicente no fue botín, sino ensayo general. El botín vino después, en Quintana Roo, en empresas de obra pública, en poderes amplios a personajes que se mueven entre Mérida y Cancún, en escrituras que la gente común sólo conoce con una notificación de desalojo.

El caso de Pino Barrera no es de un notario bajo sospecha. Es radiografía de un modelo: Del abogado de familia bien “parada” que recibe propiedades antes de tener carrera, que después se vuelve fedatario y acaba apareciendo en letra chiquita de las peores historias de despojo. Y todo empieza en un folio como éste, anodino a simple vista, con escena donde un “auxiliar administrativo” recibe su primera ficha en tablero inmobiliario.

La pregunta al aire es sencilla y brutal: Si así se veía su patrimonio cuando apenas empezaba, ¿cómo luce ahora su mapa completo de bienes y de las escrituras que ha firmado? Porque ese sí, no cabe en un sólo folio.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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