Reaparece Capella… ¡ahora como “intelectual”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En aquél no lejano mayo del año pasado, sorpresivamente, Alberto Capella Ibarra, convertido en jefe de seguridad de la candidata del PAN a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, el oscuro secretario de Seguridad Pública del no menos opaco ex gobernador panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sería responsable de comunicados sobre la presencia del Cártel de Sinaloa para atemorizar a Chetumal, Solidaridad y Cozumel.

         El amenazador anuncio del Cártel de Sinaloa no sólo se dio en redes sociales en esta capital, sino que, poco difundida, también surgió una versión en Cozumel donde, cuya, supuesta presencia, se dio a conocer en un video. De Solidaridad, se esperaría algo similar de un momento a otro.

Lo cierto es que, mediante una operación mediática y de corte electoral, a cargo de Alberto Capella y bajo las órdenes de Xóchitl Gálvez, se buscaba desestabilizar la gestión de la ex alcaldesa de Cozumel, la morenista Juanita Alonso Marrufo, con lo que se buscaba recuperar el municipio, otrora bastión de gobernadores priístas, entre ellos Pedro Joaquín Coldwell y Carlos Joaquín.

No menos sorpresivo, resultó un oscuro comunicado de supuestos “intelectuales”, entre ellos el quintanarroense Héctor Aguilar Camín y, asómbrese Usted, ¡del propio Alberto Capella!, en apoyo de la “pobre” viuda María Amparo Casar Pérez, quien exprime a Pemex por la muerte de su esposo en un presunto accidente laboral, cuando para todos sería un evidente suicidio, tal vez porque se divorciaba de la mujer.

|         Ahora bien, lo que no terminamos de entender es la manera de calificar como “intelectual” a quien, contra viento y marea, el no menos oscuro ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo en el cargo como titular policiaco en Quintana Roo, pese a que sería cuando, nunca lo aceptó, en su gris periodo fue cuando se incrementó la presencia del narcotráfico en el Estado, principalmente en la Zona Sur… y empeoró con el actual Fiscal General, Raciel López Salazar.

Ahora bien, respecto al comunicado de apoyo a Amparo Casar no es una defensa de derechos ni un alegato democrático, sino un manotazo de la élite que ve cómo se le cierra el grifo de la impunidad. Para este grupo, investigar es autoritarismo; revisar expedientes, venganza; aplicar la ley, persecución política.

El problema no es el abuso del poder, sino que ya no controlan éste. Amparo Casar no es una víctima indefensa. Es una operadora intelectual del viejo régimen, formada y proyectada por el PRI tecnocrático y la secta del PAN.

Ocupó cargos, fue parte de las instituciones cuando la corrupción era regla y, más tarde, encabezó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que actuó como ariete político opositor, selectiva en sus denuncias y silenciosa frente a los excesos del poder económico que sostuvo al neoliberalismo.

Aquí está el punto que el comunicado intenta ocultar, Héctor Aguilar Camín, por su lado, no es un simple firmante solidario. Según versiones ampliamente comentadas en el espacio público, usó su peso político, mediático y de relaciones para acompañar y respaldar a Amparo Casar en la disputa por una pensión, operando como gestor informal ante el poder.

No como analista, como observador, sino como parte activa de una red de influencia. Por eso la furia, la defensa cerrada y el escándalo. El resto del elenco lo confirma: Vicente Fox, el expresidente que convirtió la alternancia en simulación; Santiago Creel, arquitecto del panismo institucional; Jorge G. Castañeda, Denise Dresser, Carlos Elizondo, Roger Bartra, Sergio Aguayo.

Lo cierto es que no son voces independientes, sino bloque. Coincidieron defendiendo reformas que privatizaron lo público, justificaron el adelgazamiento del Estado y blindaron a las élites. Hoy coinciden en blindarse entre ellos. Fox reaparece como garante moral de un pasado que prometió cambio y entregó continuidad. Creel se presenta como guardián del “Estado de derecho” que siempre fue flexible con los poderosos y rígido con los de abajo.

Amparo Casar, por su parte, fue parte de ese engranaje, legitimó el modelo, calló ante su corrupción estructural y ahora exige trato excepcional cuando el foco se posa sobre ella. El libreto es viejo y burdo: “Persecución política”. Es el grito reflejo de quienes confunden privilegio con derecho.

Bajo esa lógica, nadie del club podría ser investigado sin que el coro mediático declare dictadura. La ley solo es válida cuando protege; cuando incomoda, es tiranía. Y que quede claro, si Amparo Casar es inocente, las autoridades deberán acreditarlo con hechos y dejarlo plenamente en claro.

Nadie pide linchamientos ni juicios mediáticos. Pero si no lo es, si hubo abuso, tráfico de influencias o un acto de corrupción, entonces debe pagar, como cualquier ciudadano. Eso se llama Estado de derecho, no persecución.

Lo revelador no es el caso, sino la reacción en manada. Intelectuales orgánicos, comentaristas, activistas selectivos panistas y otros, como Alberto Capella, históricos cerrando filas por instinto de conservación. Saben que, si se acepta el escrutinio para uno, se cae el pacto de protección para todos. No hay persecución política. Hay algo que para esta élite resulta insoportable: el fin del trato preferencial.

Como bien señala el analista político Héctor Zariñana, el país cambió, aunque se resistan. Y hoy el apellido, la firma prestigiosa y la red de contactos ya no garantizan silencio ni impunidad. No defienden a Amparo Casar. Se defienden a sí mismos.

         Ahora bien, en el caso de Alberto Capella, lo irónico del caso es que el diputado petista Roberto Erales Jiménez fue el único realmente convencido de la necesidad de cambiarlo, ya que otros homólogos suyos sugerían que renunciara si no podía con la inseguridad de Quintana Roo. ¡Caray! ¿Y todavía lo dudaban?

Por lo pronto, parecía allanarse el camino para la salida de su titular de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda del gabinete de Federico Vila, quien, en muestra de incapacidad para gobernar Yucatán, prefería culpar a su equipo y, así, dio de baja a sus secretarios de Gobierno, Salud y Educación,

Ante ellos nos preguntábamos ¿Será que Carlos Joaquín también estará listo como su correligionario y homólogo para poner orden en la casa? Se había vuelto demasiado predecible, sobre todo con su jefe policiaco, hoy convertido en “intelectual” … aunque ¡quién sabe por quién!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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