Campos de exterminio ¡y 121 mil desaparecidos!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Hoy en día, hablar de campos de exterminio, también llamados campos de la muerte o fábricas de la muerte, como es el caso de Quintana Roo, provoca hablar inevitablemente de todo México, con aquel tipo de campos de concentración que construyó el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque las autoridades insistan en que no existen o los “disfracen” con otro nombre.

Las víctimas de esos campos bélicos eran ejecutadas sobre todo por gaseamiento en instalaciones permanentes construidas para este propósito o en furgonetas. Algunos de ellos, como Auschwitz y Majdanek, exterminaban a los prisioneros a fines de esa Guerra mediante gas venenoso y trabajo extremo en condiciones de inanición.

         En México se cometen crímenes de lesa humanidad con total impunidad, dice el académico y activista Jacobo Dayán, quien repite insistente esta frase ante nuevas noticias del horror de la violencia criminal en México. El recuento es diario para el coautor del libro “Permiso para matar” -el otro es Paris Martínez-, una investigación sobre los homicidios y desapariciones cometidos por fuerzas del Estado.

En marzo último, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró un campo de entrenamiento, reclutamiento y exterminio en Teuchitlán, un poblado rural a media hora de Guadalajara, territorio de una de las facciones paramilitares más violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los buscadores documentaron que había restos humanos, indicios de tres crematorios clandestinos y prendas personales. Las fotografías de cientos de zapatos abandonados en el Rancho Izaguirre evocaron las imágenes de los campos de concentración en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. El horror en su máxima expresión.

Días después del hallazgo del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, el colectivo Amor por los Desaparecidos reportó un predio en el área suburbana de Reynosa, Tamaulipas, donde se encontraron, por lo menos, 14 sitios con restos humanos calcinados. La conclusión les pareció evidente: Se trataba de otro centro de exterminio de los cárteles. Los restos encontrados habían sido incinerados.

El predio está cerca de la Colonia Colinas del Real, en la Autopista a Monterrey. Durante las últimas dos décadas, el territorio ha sido un enclave de disputa criminal entre los Cárteles del Golfo y del Noreste.

Los campos de exterminio en Teuchitlán y en Reynosa obligan a preguntar ¿Cuál es el verdadero alcance del conflicto armado mexicano? ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales están fuera de registro? ¿Por qué fueron los encontraron colectivos de buscadores, no por la autoridad? ¿Cuántos existen en México que no han sido descubiertos?

A raíz del hallazgo del Rancho Izaguirre, el periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó: “¿Existe todavía el campamento de adiestramiento del Cártel Jalisco en Ciudad Guzmán, a 12 horas de Guadalajara por la autopista de Colima? Cuatro personas que me trataron de matar y ‘El Patrón’ refirieron en sus declaraciones ministeriales que a tres de los sicarios (apodados ‘Bart’, ‘Yeyé’ y ‘Dedotes’) los enviaron en noviembre y diciembre de 2022 a perfeccionar el manejo de armas, y al tercer día atentaron en mi contra”.

En 2019, el periódico El País documentó que, en Tala, cerca de Teuchitlán, estaba un centro de reclutamiento forzado de Nueva Generación. Los jóvenes llegaron bajo falsas ofertas de trabajo. Se estima que cientos fueron secuestrados y torturados como parte de un adiestramiento paramilitar. A los nuevos los golpeaban siempre, había hombres armados vigilando, afirmó ‘Luis’, un joven que logró escapar.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se ignora el paradero de por lo menos 121 mil personas en México. Sólo en el sexenio de López Obrador fueron más de 50 mil personas, una cifra escandalosa, equiparable a los índices de letalidad en latitudes de guerra.

         Nadie puede negar que uno de los efectos más lacerantes de la violencia criminal en México, es el incremento de desaparecidos. Más de 120 mil familias viven con la zozobra de no saber dónde se encuentran sus seres queridos. Las organizaciones criminales recurren a fosas clandestinas para enterrar a quienes asesinan.

En esta práctica existen casos extremos como el de Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde un número indeterminado de personas, al menos 400, fueron presumiblemente retenidas contra su voluntad, torturadas, asesinadas y calcinadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

No es casual que la prensa nacional e internacional hablen del rancho como campo de exterminio, en alusión a los de concentración nazis. Porque lo encontrado hace revivir los peores episodios de la barbarie humana y el nulo respeto por la vida.

Por ello el recuento sobre los llamados campos de exterminio como sitios utilizados de forma exclusiva o al menos primaria para privar de la vida a personas de forma masiva, como sostiene Sabrina Menelotte, este concepto se puede aplicar a los espacios que el crimen organizado ha utilizado para asesinar y ocultar a decenas de víctimas. Teuchitlán no es un caso aislado.

El primero fue el predio la Gallera, en Tijuana, donde, en 2009, se descubrió en el marco de disputa entre el Cártel de Sinaloa y de Tijuana, donde los operadores de éstos últimos, al mando de Teodora García Simental, asesinaban y entregaban los cadáveres a Santiago Meza López “El Pozolero”, un albañil que los disolvía en sosa cáustica y ácido. No se tiene una cifra exacta de víctimas, pero se cree que fueron al menos 300.

En 2011 se encontraron dos espacios similares, uno de ellos derivado de investigaciones de la masacre de San Fernando Tamaulipas, donde, además de 72 migrantes, se localizaron en otro predio unos 193 cuerpos ocultados por los Zetas.

Mientras que el segundo fue una serie de fosas en Durango, donde había unos 298 cuerpos, que el Cártel de Sinaloa había colocado en el marco de disputas internas y de su lucha con los Zetas.

En 2013, se supo del hallazgo de 75 cuerpos en fosas de La Barca Jalisco, obra del Cártel Jalisco Nueva Generación, una especie de preludio de lo que más adelante se encontraría en Teuchitlán, donde llevaban a reclutados, que terminaron ultimados y enterrados para que no se supiera su paradero.

En 2016 se encontraron los campos de exterminio más grandes de los que se sabía hasta la aparición de Teuchitlán, descubiertos por familias de desaparecidos. El primero, en Colinas de Santa Fe, a las afueras de Veracruz, donde se hallaron unos 303 cuerpos, gracias al Colectivo Solecito, que rastreó por años a los desaparecidos ante la disputa entre Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación por la parte central de Veracruz.

Y el segundo, en el Ejido Patrocinio, en San Pedro de la Colonias, Coahuila, que lo encontró Grupo Vida y se trata de una gran extensión de tierra donde un pequeño porcentaje ha sido explorado, pero utilizado por el Cártel de Sinaloa y los Zetas, para enterrar a los que asesinaron en su disputa por La Laguna. Se ignora cuántos cuerpos había, pero, a juzgar por la cantidad de restos óseos registrados, serían unas 170 personas.

En 2019 en las inmediaciones de Tlajomulco de Zúñiga se descubrió un nuevo campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se encontraron 119 cadáveres, mientras en 2020, en Salvatierra, Guanajuato, se hallaron 81 cuerpos presumiblemente enterrados por el Cártel Santa Rosa de Lima.

En 2021 se localizó en Matamoros Tamaulipas el paraje la Bartolina, un sitio de tortura, desaparición y cremación del Cártel del Golfo, donde se encontraron vestigios de al menos 225 personas.

Estos sitios constituyen los diez campos de exterminio más grandes de los que se tenga registro en México, pero no existen garantías de no haber otros, mayores o similares, que esperan ser descubiertos pues las autoridades de los tres niveles, omisas en garantizar la no repetición de los hechos, la reconstrucción de la verdad y justicia para las familias de desaparecidos.

Por ejemplo, la mayoría de los cuerpos encontrados no han sido identificados, en muchos casos hay lista de espera para pruebas de ADN, y se ha dejado a las familias la responsabilidad de localizar y desenterrar los restos óseos, sin que existan políticas públicas efectivas para reducir la cantidad de personas desaparecidas.

El caso de Teuchitlán horroriza, pero, paradójicamente, hay situaciones similares, donde el descubrimiento de campos de exterminio no propicia acciones claras de las autoridades, por lo que Rancho Izaguirre debe ser punto de inflexión para detonar acciones concretas para ofrecer soluciones a las familias y que sea ejemplo de investigación forense en la reconstrucción de la verdad histórica.

Para ese efecto, la Fiscalía General de la República puede utilizar la Guía Forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos, elaborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha trabajado en la busca y análisis de restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El trabajo podría resumirse en: El ADN de las familias que buscan a sus seres queridos, en bases biológicas que puedan contrastarse con restos encontrados; recolección y clasificación de objetos hallados en Rancho Izaguirre, que deben estar disponibles para reconocimiento de familiares; recuperación y análisis de todos los restos biológicos, en especial los óseos, que se puedan encontrar.

Asimismo, clasificación y contraste de todas las muestras de ADN de los restos recuperados; integración de un informe genético de cada resultado donde haya una identificación de la persona; informar a las familias de los hallazgos y, de forma periódica, a la sociedad; por último, integrar la información en una reconstrucción histórica de hechos, para preservar la memoria.

Es vital que la Fiscalía cuente con personal y recursos necesarios para identificar con rapidez y certeza los restos, que no se convierta en un proceso de años, largo y doloroso, que alargue el sufrimiento de familiares. Por el contrario, que haya acompañamiento a familiares y se pueda reconstruir la verdad de lo sucedido, para propiciar que nunca se repita en otro lugar.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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