¡Impunidad con “disculpas públicas”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
“La peor forma de injusticia es
la justicia simulada”: Platón
Empleada para demostrar un supuesto
arrepentimiento y reconocimiento de culpa que, sin embargo, al menos en
Quintana Roo no ha pasado a más de eso, una presunta muestra de buena voluntad
que, al menos hasta hoy, de nada ha servido, la disculpa pública se ha
convertido en los últimos años en una abierta muestra de impunidad que raya en
la complicidad de las autoridades.
Emitida por orden de alguna
autoridad competente, o bien en alguna recomendación de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, esa disculpa, equivalente al típico “Usted disculpe” o
“aquí no ha pasado nada”, recién se hizo más “famosa” el 21 de febrero último
con la que ofreció la PGR a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial,
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
Con todo, no
crea Usted que se trató precisamente de un acto de buena fe, ya que debieron
transcurrir 9 meses para que la PGR acatara la orden de la Quinta Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que
también reconoció la inocencia de las mujeres, procesadas y sentenciadas a más
de 21 años de prisión, por “secuestrar” a seis agentes de la desaparecida AFI,
por lo que permanecieron 4 años prisioneras.
Prácticamente inadvertida, la
disculpa púbica también comenzó a emplearse en Quintana Roo el año pasado,
aunque recién se le dio importancia con la que rechazó una de las víctimas de
tortura durante el “gobierno” de Roberto Borge, y a cuyos implicados ha
solapado de manera cómplice el mandatario Carlos Joaquín González: Hablamos del
multicitado Héctor Manuel Casique Fernández.
Pero el tema no se agota ahí, ya
que, si el diablo no mete la cola, este jueves 27, ante la recomendación 13 /
2015 de la Comisión Na-cio-nal de los Derechos Humanos, el periodista
carrilloportense Pedro Canché deberá recibir una disculpa pública y un
reconocimiento público de violación a sus derechos humanos por parte del
gobierno de Quintana Roo.
Tanto en uno como en otro, se trata
de sendas detenciones arbitrarias con tortura que, atribuidas al gobierno de
Roberto Borge, sin embargo, debieron trascender el ámbito local para su no
pasar inadvertidas, como sería el tema de docenas de casos no ventilados aún y
cuyas víctimas permanecen olvidadas tras las rejas, en infructuosa espera de
justicia.
Ahora bien,
pese a que tanto los ahora públicos atropellos contra Héctor Casique como los
de Pedro Canché se dieron en el marco de la cuestionada administración de
Roberto Borge, lo cierto es que, quiérase o no. Carlos Joaquín no ha demostrado
mayor interés en castigar a los involucrados, y preferido la “cómoda” disculpa
pública, al menos hasta donde se ha visto.
En efecto,
resulta sumamente cuestionable que, en el caso de Héctor Casique, existan 43
implicados, contra los que la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia del Estado ordenó acción penal en su momento, pero que,
tras cerca de 7 meses de gobierno, Carlos Joaquín hasta pareciera no estar
enterado.
Los
involucrados -la Comisión Estatal de los Derechos Humanos omitió 6 nombres-,
son Yahara Martínez Góngora y Monserrat Romero García Arturo Olivares Mendiola,
Constantino Solana Wady Alfredo, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes
Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul
Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martínez Góngora, Roberto
Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian
Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín y Abel Mizraim Huerta Martín.
Asimismo, Benjamín Soto Apolinar,
Ernesto Santos Hernández, Jesús Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario
Isaías Góngora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores
Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel
Lara López, Aurelio Suárez Álvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel
Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lío, Juan Bautista Núñez
Loría, Manuel Audomaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
Hasta noviembre del 2015, 17 de 43
judiciales acusados de torturar a Héctor Casique para declararse culpable en
marzo del 2013 de un multi homicidio en Cancún se habían amparado y ninguno de
ellos había sido destituido, sobre todo Olivares Mendiola, ex jefe de policía
en Cancún nombrado después subsecretario de la Coordinación de las Policías
Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
Por su parte, Pedro Canché, acusado
de sabotaje, fue encarcelado nueve meses, aunque al salir en libertad sostuvo
que se debió a cuestiones políticas, por órdenes del entonces gobernador
Roberto Borge, quien no soportó las críticas que vertía el periodista contra su
administración, que cometía agravios en contra de la zona maya.
Al igual que Héctor Casique, mantiene
sendas demandas contra ex funcionarios estatales entre ellos el propio ex gobernador
Roberto Borge, y el ex Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres,
así como contra la ex subprocuradora de Justicia de la Zona Maya, Blanca Imelda
Ávila, contra ninguno de los cuales ha procedido la Fiscalía General de Carlos
Joaquín.
Con todo,
como dijimos, los dos casos mencionados no son los únicos que se circunscriben
en el tema de la disculpa pública en Quintana Roo, ya que la avalancha parece
haberse iniciado el 7 de noviembre último en Playa del Carmen, donde la policía
municipal se “disculpó” por los actos de la administración anterior.
Derivado de recomendación de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por primera ocasión se ofreció una
disculpa a las víctimas por trato cruel y degradante por parte de policía
municipal, además de que “se comentó” que era una de las primeras acciones, ya
que, supuestamente, también habría
sanciones…sobre las que nunca se supo.
En representación del Ayuntamiento,
el Secretario General de la Comuna, Alberto Farfán Bravo, dijo que trabajaban
en mejorar el actuar de los cuerpos policíacos, así como el trato de éstos a
los ciudadanos para que los acontecimientos de dos años antes no volvieran a
presentarse.
Sin embargo, un asistente al evento,
víctima de abuso, manifestó que no había cometido ningún delito por lo que lo
dejaron bajo libertad pidiéndole una disculpa en privado, tras lo cual obtuvo
su libertad y se empleó como taxista, pero desde ese entonces lo habían llevado
hasta tres ocasiones a Seguridad Pública donde lo habían golpeado y roto su
licencia.
Asimismo, el
10 de noviembre del propio año, la Fiscalía General, a recomendación de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ofreció disculpa pública a Carmen
Martínez Jiménez por irregularidades en la integración de una indagatoria por
la supuesta explotación laboral de tres menores en la comunidad de Alfredo V.
Bonfil.
En lo que la prensa publicó como el
“rescate de tres menores explotados laboralmente en Cancún”, la dependencia
informó en enero de 2014 que detuvo a la mujer por mantener cautivos a cuatro
menores -una adolescente de 14 años, originaria de Acapulco, escapó días antes
del operativo- a los que obligaba a trabajar en decorar piezas de barro en una
casa de la calle Ignacio Allende, Supermanzana 308, entre Lázaro Urbina y
Carlos Salinas.
El 9 de diciembre último, por su
parte, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad ofreció disculpas
públicas al propio Héctor Casique, así como a otros siete internos y dos
personas en libertad víctimas de agravios durante el borgismo.
Subsecretario de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, Juan Alberto Montoya Aguado se disculpó por los hechos del
30 de julio de 2013 en el Centro de Reinserción Social de Cancún, pero que no
permitiría más actos contra los derechos humanos, no sólo de las personas
privadas de su libertad, sino de la sociedad y que se procederá penal y
administrativamente contra los servidores públicos…que en lo sucesivo cometan
cualquier tipo de abusos o excesos contra las personas privadas de su libertad.
Además de Héctor Casique y Carlos
Alberto Torres Huesca, entonces libres, las otras víctimas fueron los internos Humberto
Ramírez López, Julio César Mancera Zamudio, E.A.A.C., J.R.M.G., V.R.R.O.,
H.J.R.P. y E.D.T.R.
Otra disculpa “a una víctima de
violaciones de derechos humanos derivado de la Recomendación 03/2016 de la
Comisión” la ofreció el 15 de marzo último el comisionado de la Policía Estatal
Preventiva, José Eliezer Varela Durán ante una detención arbitraria y posterior
tortura de un joven por parte de elementos de las policías estatal y municipal.
Conforme a un comunicado, que no
menciona el nombre del afectado, “la disculpa pública es uno de los elementos
centrales en el proceso de reparación integral a la víctima. El proceso de
atención involucra desde la atención médica y psicológica, la asesoría
jurídica, la disculpa pública y una compensación económica”.
Finalmente, el 7 de abril último, en
cumplimiento a recomendación de la Comisión, el alcalde de Othón P. Blanco,
Luis Torres Llanes, y el vice fiscal del sur de la Fiscalía, Antonio Nieto
Bastida, ofrecieron una disculpa a William Samuel de la Cruz Aguilar por
violación de sus derechos humanos por parte de jueces calificadores y policías
municipales.
No obstante, el padre de la
víctima, Samuel de la Cruz, se dijo insatisfecho por lo que consideró “acciones
incongruentes” de la Fiscalía, ya que las investigaciones no abarcaron a los
elementos de la policía ministerial que intervinieron en actos de tortura y
pareciera que se les trata de proteger.
Por su parte, Cruz Aguilar
cuestionó que no se reconociera la tortura y que le tomaron una foto sin
consentimiento para acusarlo, además de que no se ejerciera acción contra los
agentes Ramón Trejo Campuzano, Agustín Guevara Martínez, Julio César Herrara
Duarte y Didier Vázquez Méndez –ex titular de la Policía Municipal Preventiva-,
a quienes señaló de involucrarlo con tortura y falsificación de documentos.
De la Cruz Aguilar había sido
acusado de asalto con violencia y haber disparado un arma de fuego con la que
asesinó a un joven universitario el 9 de abril de 2015 en una vinatería de la
calle Heriberto Frías entre CNC y Luis Cabrera de la colonia Adolfo López
Mateos.
Torres Llanes, sin embargo, determinó
la responsabilidad en actos de tortura de los jueces calificadores Lizbeth del
Rosario Cabrera Pat, Carlos Roberto Santos Lima y Teresita de Jesús Caballero Sánchez, así como de los policías
Ismael Gamboa Ovando, Alicia Díaz González y Juan Manuel Gutiérrez Tagano,
quienes detuvieron arbitrariamente a aquél, por lo que se les inició procesos
administrativos para determinar sus grados de participación y responsabilidad.
Lo cierto es que no ocurrió lo
mismo el 30 de marzo con la disculpa a Héctor Cacique y Maximiliano Ezequiel
Millán González, víctimas de la detención arbitraria y tortura en marzo de
2013, ya que no se ha actuado contra sus verdugos, como tampoco se espera
ocurra en el caso de Pedro Canché, y menos aún contra quien se sigue
considerando intocable en Quintana Roo: Roberto Borge.
¿Estamos
equivocados señor gobernador?
(Permitida la copia,
publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el
autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
Comentarios
Publicar un comentario