Militares,
¡vuelvan a sus cuarteles!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante la creciente problemática que
ha generado la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y la pretensión
de aprobar una Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión, es
pertinente destacar que los mílites no son el problema, pues, salvo aislados
yerros de los que somos sujetos todos como humanos, siempre han distinguido por
su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular.
En realidad, los verdaderos
problemas son sus altos mandos: El secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, y el mismito presidente Peña Nieto -¡qué “raro”! ¿Verdad-, así
como lo fue el ex mandatario Felipe Calderón, que han buscado transformar
las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las fuerzas armadas
nacionales.
Para estar claros: La Ley de
Seguridad Interior implica la militarización del país, cuando que, como
sabe cualquiera con un centímetro de frente, los problemas de México no se
resuelven con violencia, sino con empleo, educación y combate a la desigualdad
y a la pobreza.
Ahora bien, es cierto que México sufre
un grave problema de seguridad pública, pero su solución corresponde a las
autoridades ci-vi-les, tal y como señala el artículo 21 de la Constitución, y
no a las fuerzas armadas, como asegura equivocada y neciamente el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El sentir popular es que pocos o
nadie está en contra de las fuerzas armadas, pero lo deseable es que, en
concordancia con el marco constitucional,
regresen a los cuarteles, ya que los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón
las han vulnerado incesantemente, y provocado con sus órdenes militarizantes, constantes
violaciones a los derechos humanos
que ha señalado la propia ONU, que las calificó de crímenes de lesa humanidad.
Calderón y Peña Nieto son
responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el
federalismo del Estado constitucional mexicano, y crear regímenes de excepción
penal y militar, para lo cual, incluso, han subordinado hasta el Congreso para
lograr sus “designios”.
Creemos que en la pretensión de
aprobar la Ley de Seguridad Interior existe un interés geopolítico de
Estados Unidos en militarizar al país para la defensa de sus intereses, ya que
en México no sufrimos de terrorismo, pero el crimen organizado es un fenómeno
derivado de alto consumo de drogas en ese país, y de ahí que se trate de un problema
que corresponde resolver a ellos.
Verá Usted. Desde 2001, a partir de
La Ley Patriota de Estados Unidos (en
inglés, Patriot Act), existe un proceso hemisférico por militarizar a los
países de América Latina, sobre todo aquellos que, como México, carecen de
controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de
seguridad emanadas de Washington.
La mencionada Ley ha detonado todas
las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en
México, así como los procesos y mecanismos relacionados con la
integración hemisférica en materia de seguridad y, por tanto, un aumento de la
influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna. Llámese
Obama o Donald Trump.
La guerra contra las drogas del
sexenio del panista Felipe Calderón, y continuado insensatamente por el priísta
Peña Nieto, es una guerra contra los mexicanos, promovida por su propio
gobierno, pero con origen en las demandas y exigencias norteamericanas, como
polvos de vientos huracanados.
En este sentido, y para colmo, hasta
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sometido a través de la
interpretación constitucional a favor de la militarización de la seguridad
pública.
Con todo, no obstante, las
iniciativas para impulsar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior son
contrarias a los artículos 28, 89 fracción VI; 73 y 129 constitucionales que,
entre otros, recalcan que la seguridad pública es tarea de civiles, y en época
de paz, el lugar de las fuerzas armadas es su cuartel. Por si fuera poco, el
Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad
interior.
La paulatina militarización del
país ha implicado costos constitucionales desde el 2001, pues modificó la
cultura de la sociedad sobre las Fuerzas Armadas, que otrora las veía como
nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, mientras que
hoy existe una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea, con un
Ejército cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y legales.
Pero además, la militarización ha significado
en los últimos años grandes violaciones a los derechos humanos, más de 200
mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados.
Lo cierto es que está probado que
la presencia militar en los Estados no disminuye la violencia, sino que la
incrementa, y está probado también que su participación en tares de seguridad
pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al 100% de
muertos, derivado de sus acciones en materia de seguridad.
Por si fuera poco, los costos
económicos son enormes, al grado tal que desde 2001 han aumentado un 800% en
promedio, esto en detrimento del gasto social, mientras que, de 2008 a la
fecha, el gasto ha aumentado en forma exponencial.
Así, gastamos tres veces más en
armamento que Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la
verdad oficial, existen políticas federales, estatales y municipales para enfrentar
la crisis de seguridad, pero, deliberadamente, creemos, se han desarticulado,
subordinado e invisibilizado.
Ante este panorama, una propuesta viable
sería reformar los artículos 73 y 89 constitucionales, tal y como recién
planteó Manuel Bartlett Díaz en el Senado, que pide derogar las facultades del
Congreso para aprobar leyes en materia de seguridad nacional, que debe
corresponder a los ciudadanos y sus autoridades, fundamentalmente las civiles,
de acuerdo con sus competencias.
Ante todo, se debe rechazar la
guerra ofensiva, y la Constitución sólo permitir la guerra exterior en legítima
defensa. En períodos de paz, las fuerzas armadas sólo deberán intervenir en
suspensión de garantías -conforme al artículo 29 constitucional-, en
intervención federal por siete días -en términos del primer párrafo del 119 de
la Constitución- y en casos de amenazas o riesgos medioambientales, protección
civil, campañas de salud y educativas.
En este último supuesto, los
militares deben actuar sin armas y estar subordinados, según competencias constitucionales
y legales, al Ejecutivo, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal y a los
demás niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta norma
fundamental.
En todo caso, es fundamental discutir
el tema, ya que los gobernadores están presionando al Congreso a través de la
Conago para aprobar la Ley de Seguridad Interior y, por ende, la militarización
de todo el país, pues son los acusados de ineficacia e incapacidad en resolver
sus propios problemas.
Asimismo, son absolutamente reprobables
las actitudes del Secretario de la Defensa Nacional, que amenaza a la Cámara de
Diputados, en el sentido de que si no se aprueba esa Ley que quiere no regresarán
a los cuarteles.
¿Cómo se permite que amenace a la
Cámara? Y conste que todavía no tienen esa ley que, entre otros, les permitiría
labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es
ajena. Esto se debe discutir.
Vivir en un régimen militar, que
permite retenes en las calles y con facultades de investigación y espionaje, son
las propuestas de la iniciativa del senador panista Roberto Gil Zuarth y secundado
por la bancada del PRI, pese a que se trataría de un ataque a la libertad de la
nación, además de no corresponder a los intereses del país.
A reserva de
dar a conocer más ampliamente el controvertida iniciativa, la propuesta de
Bartlett Díaz es que en tres meses, a partir de la entrada en vigor de la
reforma, las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles, en términos del artículo
129 de la Constitución, sin atender tareas de seguridad pública, ni ninguna
otra que no esté comprendida en los supuestos precisados de la fracción VI del
artículo 80.
En ese plazo, las autoridades
competentes de los tres órdenes de gobierno, deberán reasumir sus competencias
en materia de seguridad pública. Si alguna autoridad no puede con la
responsabilidad para la que fue elegido, lo comunicará al Ejecutivo Federal
para iniciar sobre esa entidad un proceso de suspensión de garantías, además de
juicio político sobre el mandatario estatal.
Asimismo, propone declarar nulos,
por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de
seguridad nacional, interior y pública subscritos por las entidades con Estados
Unidos, así como constituirse una Comisión de la Verdad, integrada por cinco
titulares electos, para investigar los actos u omisiones que impliquen
violaciones a los derechos humanos en éste y el anterior sexenio.
Ello sería respecto a conductas de
los responsables civiles y militares, incluyendo a los mandatarios federales
que han soltado ese maremágnum contra el pueblo, que con motivo de la actuación
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o funciones relacionadas
con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos
vinculados al crimen organizado, hayan cometido violaciones a los derechos
humanos.
¿Alguien cree que prospere la
iniciativa? La verdad, no lo creemos, ya que, lamentablemente, la política es
la ciencia de lo posible, no de lo deseable. Al menos, nadie puede quejarse de
que no se haya hecho el intento por mejorar las cosas.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
http://facebook.com/luisangel.cabanas luisangel.cabanas@facebook.com
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