¡"Talón de Aquiles" del gobernador!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda
de que una de las noticias de la semana anterior que caló más hondo en Quintana
Roo, sobre todo en el gobierno de Carlos Joaquín González, fue la alerta de
Estados Unidos a sus turistas sobre el riesgo de viajar a nuestro territorio,
particularmente a Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel y Tulum.
La alerta -advertencia
diríamos nosotros- también fue respecto a Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Colima, Guerrero y Veracruz, aunque para algunas mentes obtusas se
trataba de una supuesta venganza-presión del presidente Donald Trump en
relación con la firma del Tratado de Libre Comercio de su país con México y
Canadá.
La respuesta
del mandatario estatal -no la hubo del presidente Peña Nieto- no resultó de la medida
de lo deseado o esperado, con un algo así como “ni modo”, al grado tal que, tal
y como vimos desde principios de este año, a raíz de los ataques amados a la
discoteca de Playa del Carmen y la propia Fiscalía de Cancún, el tema de la
inseguridad es pan nuestro de cada día.
Y conste que
nadie exagera sobre el particular, ya que desde antes del amanecer estamos
pendientes sobre las eventuales matanzas en alguno de los “paraísos” terrestres
de la zona turística norte, lo que resulta inusual para un Estado donde a diario
se presumen de avances, coordinación policial y gastos en armamento, patrullas
y personal.
Lo curioso
del caso es que el “consuelo” de nuestras autoridades es que los asesinatos no han
involucrado a ningún turista. No podemos evitar acordarnos de la misma justificación
desde el malogrado sexenio de Félix González, cuando, además de la corrupción,
la inseguridad fue uno de los principales lunares, en ese entonces de forma
marcada en Cancún.
Hasta antes
de recrudecerse la violencia, la política gubernamental ante los medios de comunicación
oficialistas era insistir en “hechos aislados” para tratar de tapar el sol con
un dedo, para lo cual Carlos Joaquín recibió una “manita” hace unas semanas de
su detractor Carlos Mimenza, al “denunciar” al alcalde de Benito Juárez, el “ecologista”
Remberto Estrada Barba, pero no por la inseguridad, sino ¡por maltrato animal!
El 30 de mayo
último, en gira de proselitismo por Chetumal, el activista ex secretario ejecutivo
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy coordinador del movimiento
Ahora “Transformemos Nuestra Indignación en Alegría”, Emilio Álvarez Icaza, anunció
su aspiración por la Presidencia de la República como candidato independiente e
hizo abierta alusión al tema.
Entre otros,
alertó que la falta de respuesta del gobierno a la inseguridad espanta al
turismo, como se reflejan las recientes cancelaciones de viajes y hospedaje en Cancún,
particularmente. Esta primera advertencia ocurrió hace hoy tres meses, cuando
era evidente la violencia de género que, decía Álvarez Icaza, enviaba un
trágico mensaje al turismo.
Y es que, en
efecto, el gobierno de Carlos Joaquín se había preocupado más en tapar goteras
y ocultar lo que sigue siendo una evidencia: La delincuencia organizada se ha
apropiado de nuestros principales polos de desarrollo turístico, dígase lo que
se diga, ante la desesperante apatía de la PGR y las policías municipales,
cuyos alcaldes prefieren reforzar su área de comunicación social para callar a
los medios, que insistir en la seguridad.
Si bien el
tema es frecuente en las grandes ciudades por naturaleza propia, en Quintana
Roo no sólo es grave, sino se-ve-ro, ya que todas las ramas de la delincuencia
se han venido incrementando, asaltos, pandillerismo, narcotráfico y demás etcéteras,
lo que no ocurre en la misma medida con la respuesta de gobierno.
Ya lo decía Álvarez
Icaza, Carlos Joaquín podrá tratar de ocultar la gravedad del caso o bien
maquillar sus efectos o alcances, pero, para su mala fortuna, los gobiernos de
origen de nuestros turistas no se están chupando los dedos, y conocen
perfectamente lo que se trata de callar: El alto riesgo para sus connacionales.
Es inocultable
que, aunque las autoridades insistan en que las diarias ejecuciones ocurren
entre miembros de la delincuencia organizada y hasta hoy -al menos hasta donde
se dice-, no ha afectado directamente a algún turista. Lo cierto es que éstos
son precisamente el principal objetivo de aquéllos como eventuales, posibles o
acostumbrados clientes, por lo que están involucrados en la violencia.
Restan nueve
días para el primer informe de Carlos Joaquín, y no está de más sumarle un
pequeño párrafo al documento con un humilde “peccata” minuta sobre el tema, sumado
a una serie de movimientos, muy profundos cambios en materia de seguridad y,
sobre todo, de procuración de justicia, principales Talones de Aquiles de su gobierno.
Los titulares
de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, Rodolfo del Ángel
Campos y Miguel Ángel Pech Cen, respectivamente, NO pueden ser ajenos a los
profundos dolores de cabeza del Jefe del Ejecutivo, peor aún en el caso del
segundo, cuyas “herencias” no ha podido o querido solventar adecuadamente.
Ambos han sido cuestionados desde
su nombramiento, aunque el primero de ellos dice que la falta de personal y
equipamiento para reforzar la seguridad pública en los municipios críticos es
uno de los principales factores contra sus “acciones”, aunque asegura trabajar
en concretar “su” estrategia de seguridad, en coordinación con otras
instancias.
En tono a la posibilidad del mando
único en Quintana Roo, explica que se trabaja en las negociaciones para el
convenio, a fin de que las corporaciones puedan participar en el combate a la
inseguridad, particularmente en Cancún y Solidaridad.
Por su parte, Pech Cen sigue
arrastrando pesadas cargas en las que él mismo se ha vuelto parte, entre ellos
el tema del reciente ejecutado Héctor Casique, con el que seguramente sueña
Carlos Joaquín y representa una pesada losa para su gobierno, ya que cada día
se hace más complicado, con nuevas revelaciones que lo involucran a él y a su
antecesor Roberto Borge.
Para acabarla de amolar, en materia
de procuración de justicia también han surgido claras irregularidades en la “necesidad”
política de enjuiciar a ex funcionarios de la administración anterior, renglón en
el que también se ha involucrado el Poder Judicial, y de lo que habrá de responder
su recién nombrado presidente.
La intención de Carlos Joaquín era
clara y evidente: Llegar a su primer informe con el ex gobernador Roberto Borge
y el mayor número de ex colaboradores detenidos -excepto a sus “protegidos”-, a
costa de lo que fuera, aunque luego obtuvieran su libertad.
Ya lo decíamos desde un principio,
el mandatario resultó más maquiavélico de lo esperado, en el sentido de que para
su gobierno el fin justifica los medios.
¿O será que los maquiavélicos son
sus colaboradores?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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