¡Freno
a mañosos ex-funcionarios!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante la falta de una
regulación jurídica para
combatir a fondo la corrupción de los ex servidores públicos que han utilizado
información privilegiada en su beneficio y de grandes corporaciones, México ha
sido sacudido en los últimos años por sonados escándalos, en los que han
participado personajes de la más alta esfera pública.
Las recientes reformas en materia
de anticorrupción resultan suficientes para reducir los crecientes índices de la
materia que se manifiestan de diversas maneras. No basta con pregonar que
estamos haciendo leyes anticorrupción, cuando que, en los hechos, existe una
tremenda permisividad.
El conflicto de intereses
representa un fenómeno que se agrava cuando hablamos de ex servidores públicos,
algo que no debidamente legislado, y que es la influencia comparable de los
intereses personales del servidor público que puede darse en el desempeño de
sus funciones presentes, pero también en el desempeño de las futuras, una vez
que deja el encargo.
El problema se centra con los ex funcionarios
que, aún después de concluir su función, están inmersos en un auténtico
conflicto de intereses con motivo de sus nuevas actividades con particulares o
empresas beneficiadas con decisiones o determinaciones suyas durante su encargo
público, o que recibieron beneficios por la información privilegiada a la que
tuvieron acceso durante su encargo.
Estos casos, que se traducen en
actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida.
Como ejemplo de ex servidores que
han estado en estos supuestos se incluye el ex presidente panista Felipe Calderón,
quien se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de la
compañía estadounidense “Avangrid”, filial de la española “Iberdrola”, que
tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad.
Pero eso no sólo en la paraestatal,
sino también en otras transnacionales eléctricas, como Mitsubishi y otras
recién llegadas, que se frotan las manos frente al negocio que, según datos de
la propia CFE, ascenderá a ¡más de 2.1 billones de pesos! en inversiones por
realizarse en los próximos 14 años.
Por si fuera poco, en el directorio
de esa filial de esa empresa en México también aparece el entonces titular de
la Secretaría de Energía y Banobras durante el sexenio de Calderón, Georgina
Kessel, consejera independiente desde el 24 de abril de 2013.
Por otra parte, tras concluir su
período presidencial, Ernesto Zedillo se convirtió en empleado de la empresa “Union
Pacific”, concesionaria de la empresa “Ferromex”, como resultado de la
privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, realizada justa y
sospechosamente durante el propio gobierno de Zedillo.
Apenas el 8 de agosto se dio a
conocer que el ex presidente panista Vicente Fox, quien aplaudió la reforma
energética de Peña Nieto y urgió a aprobarla, firmó una empresa conjunta del
llamado joint venture con Aubrey McClendon, ex director general del gigante del
fracking Chesapeake Energy y actual director ejecutivo de América Energy
Partners para explorar el sector de energía en México.
En efecto, ahora tenemos al bigotón
ex empresario de la Coca-Cola de petrolero, aunque también ha externado sus
deseos de invertir en el tema de la mariguana de México.
El guanajuatense dijo desde hace
meses que los costos laborales más baratos en México y la disposición del gobierno
a aceptar menor pago de derechos que los propietarios estadounidenses, haría
más barata la perforación en México que en Texas, según The Dallas Morning News
-de octubre de 2014-, donde comentó que McClendon se beneficiará de un
descuento otorgado en México gracias a la reforma energética.
Este tránsito de funcionarios
públicos del sector público al privado no existía en México, y despertó
resistencia y críticas por considerar que propicie conflicto de intereses al
constatar casos de funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que previamente
beneficiaron y por visualizar a los ex servidores como agentes al servicio de
grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las
más grandes de América Latina.
Este proceso, llamado por algunos
académicos como “La puerta giratoria”, se presentó a partir de la apertura
económica y es particularmente intenso en el sector energético.
Actualmente existe un tráfico
cínico de información geológica y geofísica y en los bloques petroleros, que
posteriormente licita la Comisión Nacional de Hidrocarburos sin consultar al
Congreso de la Unión, como si ese organismo fuera dueña del territorio nacional.
Frente a este panorama, la diputada
federal Norma Rocío Nahle García
planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en
materia de conflictos de intereses de ex servidores públicos para modificar
este último término de la fracción VI del artículo 3º, para que también haga
referencia de manera expresa al conflicto de intereses de ex servidores
públicos.
Asimismo, propone modificar el
segundo párrafo del artículo 56, a efecto de que quienes hayan sido Presidentes
de la República, secretarios de Estado o Subsecretarios, así como Directores
Generales u homólogos no puedan utilizar permanentemente información
privilegiada de la que hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones, o
incurrirían en utilización indebida de información.
Esto último, por cierto, se castiga
en la mayoría de los países del mundo, pero en México todavía se ufanan como si
fueran grandes empresarios.
Se propone adicionar el artículo
72, respecto a la contratación indebida de ex servidores públicos por
particulares, y tiene como fin establecer que quienes hayan ocupado los
mencionados cargos no puedan permanentemente ser contratados por particulares,
o participar honoríficamente en sus empresas, en caso de que hubiesen tenido
durante su encargo algún vínculo con dichos particulares, lo que implicaría una
contratación indebida de ex funcionarios.
Por último, el proyecto, turnado a
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, propone
adicionar el Título Tercero del ordenamiento, con el fin de que se mencionen expresamente
los supuestos que representarían faltas cometidas por ex servidores públicos.
Lo cierto es que se trata de un
nuevo paso para ir a fondo contra la corrupción de los ex servidores que han
utilizado información privilegiada en beneficio de las grandes corporaciones y
del suyo propio, porque, reiteramos, no basta con presumir leyes
anticorrupción, cuando en opera una permisividad insultante para el pueblo.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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