¡Al diablo con los derechos humanos!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sin más
trámite que el de ordenar en la víspera la promulgación de la nueva Ley de
Seguridad Interior, que entró en vigor este mismo viernes, Peña Nieto continuó
su paso a la historia de México como el peor presidente de la República de
todos los tiempos, en una cadena de desaciertos y errores que se espera
continúen a partir de enero con el inminente, nuevo “gasolinazo”.
Lamentablemente,
todo parece indicar que, ante la entrega del raquítico aguinaldo a los
verdaderos trabajadores y la euforia de las posadas y demás festejos
prenavideños, la mayor parte del pueblo ignora la magnitud de la aprobación
presidencial de militarizar a la nación, con miras a la no menos inminente
derrota del PRI en las próximas elecciones de medio año.
Ante el
fracaso de la posibilidad de que Peña Nieto vetara el “aborto legal” de la
incipiente ley, se puso de manifiesto que, tal y como aseverara certeramente el
diputado federal Jesús Salvador
Valencia Guzmán, nuestros representantes “populares” del Congreso de la Unión,
con sus muy honrosas excepciones, mandaron todo al diablo.
En
efecto, primero los diputados, y luego los senadores afines al PRI, pero todos
empleados de Peña Nieto, mandaron al diablo a la Organización de las Naciones
Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los parlamentos
de otros países, que hicieron llamados respetuosos para suspender esa Ley de “Seguridad”
Interior.
Asimismo,
hicieron caso omiso al llamado de la OEA, y a la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezados por su presidente, Raúl González
Pérez, junto con cada uno de los organismos de la materia en el país, con lo
que no sólo violaron flagrantemente la Constitución, sino también los convenios
internacionales de los que México es parte, sobre todo en materia de derechos
humanos.
Los legisladores
afines al PRI, encabezados por el Verde “Ecologista”, Nueva Alianza, Encuentro
Social y la mitad del PAN, violentaron no sólo el artículo 1º de la Constitución,
cuyo Centenario, irónicamente, festinaron los propios diputados con la
circulación de miles de ejemplares con motivo de ese aniversario. También
violentaron el artículo 129 sobre los tiempos de paz, cuando “ninguna autoridad
militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar….”
Lo que es
peor, los legisladores también mandaron al diablo a la ciudadanía, ya que cientos,
decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos acudieron a la Cámara
de Diputados y al Senado, en ninguno de los cuales fueron tomados en cuenta al
tratar de echar para atrás esa ley claramente violatoria de los derechos
humanos.
Repetimos,
no se trata de un problema contra los militares o contra sus mandos, sino contra
quien los comanda, el presidente Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas
Armadas, que quiere llevar a la calle a más militares para morir y que maten a más
civiles.
Desde
luego que no es una discusión sencilla, aunque el tiempo que tuvieron en su
aprobación y “análisis” debió servir para reflexionar, ya que, al final de
cuentas, México cuenta con grandes juristas y constitucionalistas que saben que
se viola flagrantemente la Carta Magna, sobre todo los artículos 1o. y 129. Pasará
el tiempo y pasarán a la historia por su desprecio a nuestra Constitución.
Desde
el ángulo que se quiera ver, el “maquillaje” a la minuta original que ordenó
Peña Nieto resultó insuficiente, ya que se mantuvo la idea de dejar al Ejército
en las calles y que asuma las tareas de seguridad pública. Las modificaciones
no generaron control adicional o mecanismo extraordinario de supervisión en
materia de derechos humanos, que propusieron organismos internacionales, organismos
civiles e instituciones académicas.
Una
pregunta obligada es ¿Por qué a unos meses de la elección, el 13 de diciembre último
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la ONU en México hicieron un urgente y estremecedor
llamado para NO apoyar el proyecto?
Lo invitación
decía textualmente: “Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo
sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación
y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de Ley
que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, y en
su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo
un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y
garantice los derechos fundamentales de las personas”.
Con todo,
la vasta mayoría de las observaciones al proyecto original se mantuvieron
vigentes, y las eventuales modificaciones no implicaron cambios sustantivos.
Además, las observaciones fueron de tal envergadura, y las voces en contra de
tal diversidad, que era indispensable una deliberación amplia, honesta e inclusiva
que atendiera de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el
marco del respeto a la dignidad humana.
Fue un
contundente rechazo a la inminente aprobación de la ley que, dicho sea de paso,
representa un peligrosísimo escenario de violaciones a derechos humanos en
total opacidad y falta de información de las acciones militares a nombre de la
seguridad interior e hipotéticas amenazas a la seguridad nacional, que cubrirán
completamente de impunidad todos los actos realizados por los cuerpos
castrenses y de seguridad.
¡Adiós a
los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la reforma de 2011!
Con la aprobación de la ley, de un plumazo terminará el flamante nuevo Sistema
Penal Acusatorio y todas sus bondades, aunque también deberemos olvidarnos del
avance de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Si
realmente hubieran querido hacer de México un mejor país, y optar por opciones
y políticas que disminuyan crimen, delincuencia y alarmantes formas de crecimiento,
hubieran optado por alternativas de prosperidad ciudadana. Ni modo, es tiempo
de que la ciudadanía entienda quiénes los traicionan: Los legisladores
oficialistas.
La
aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, más que un error
histórico de Peña Nieto, del PRI y todos sus aliados; es una traición al pueblo
mexicano.
¿Por qué
tanta cerrazón? ¿Qué persiguen? Está claro que NO el bienestar de los
ciudadanos ni la seguridad pública interior o nacional, sino el poder absoluto
por el poder mismo, ya que, aunque legisladores y gobierno presumen
invariablemente ser siempre “respetuosos” de las instituciones, son precisamente
los que mandaron al diablo al pueblo y sus derechos humanos.
¿Y ahora?
¡A confiar en el éxito de la Controversia Constitucional y la buena fe de los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación!, donde, ¡uff!, Peña
Nieto también tiene aliados.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados: En Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de
15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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