¡Llueven
Amparos contra “aliancista”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda de que, pese a sus recientes
reformas, la Ley de Amparo mexicana sigue siendo objeto de una serie de
controversias, tales que se ha convertido tan sólo en tema de referencia
histórica, según se desprende de los comentarios del especialista en Derecho
Constitucional por la UNAM, el Doctor en Filosofía Política, Baldomero Méndez
López.
Ponente del
último módulo de Amparo que, como parte del Diplomado en la materia, concluimos
en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en Chetumal, el profesional impartió durante dos días sendos talleres, en los
que abordó polémicos comentarios en torno a esa materia, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 constitucionales.
Ya hablaremos en su momento sobre ese tema, ya que se trata de una garantía constitucional que, cuestionada
por sus alcances, y supuesto abuso en la protección de arbitrariedades, dicen
otros -que desconocen el fondo del tema-, se puso de boga en Quintana Roo ante
el cambio de administración que supuso la permuta de colores partidistas en el
poder.
Así, tras que
el priísta Roberto Borge cediera la gubernatura al “aliancista” Carlos Joaquín,
surgió una serie de irregularidades que se concretó una larga lista de
denuncias y numerosos involucrados, la mayoría de los cuales se vio en la
necesidad de recurrir precisamente al Amparo, se supone, para un juicio
imparcial que impidiera su momentánea detención.
No obstante,
entre los involucrados, como se dice, “no son todos los que están ni están
todos los que son”, la aparente venganza de Carlos Joaquín contra sus enemigos
y la protección de sus amigos, obligó a no pocos a solicitar la protección de
la Justicia Federal, algunos para ganar tiempo y otros más alguna eventual “negociación”.
Lo cierto es
que no todos lograron sus pretensiones, ya que, hasta donde se sabe, algunos
Jueces de Distrito negaron suspender los actos reclamados, en algunos casos por
negarse aquéllos a ponerse a disposición de la Justicia Federal, o bien a
cubrir un depósito para la posible reparación del daño.
En otros
casos, no obstante, los involucrados ni siquiera saben que lo están, ya que, se
sabe, en materia de burocracia se suelen obedecer órdenes a ciegas -ante la
posibilidad de perder el empleo-, por ejemplo en la firma de documentos, o bien
carecen de recursos suficientes para garantizar reparación.
No nos consta, pero, dicen, éste podría
ser el caso de la ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado, Ana Alicia Rivera Galera, detenida esta semana por el
presunto desvío de más de mil millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y
Planeación, y que debió ingresar a CAPA.
Su captura se suma a la del
exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá; Mauricio Rodríguez Marrufo y
Paulina García Achach, delegado y subdelegada, respectivamente, de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), aunque ambos libres tras
pagar sus fianzas y garantizar la reparación del daño
Los que permanecen en prisión son el
director de VIP-Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, y recientemente Ercé Barrón
Barrera, acusado del ejercicio indebido de la función pública, aunque su
defensa solicitó ampliar el término constitucional y el juez reanudará la
audiencia el próximo dos de diciembre.
Ahora bien, el caso es que, del primer
círculo del ex gobernador, hasta el 13 de junio último se investigaba a 17
personas -originalmente se hablaba de 23-, una de las más importante el ex
titular de Finanzas, el yucateco Juan Pablo Guillermo Molina, a quien se acusa
de enriquecimiento ilícito, que la organización Somos Tus Ojos estima en más de
mil 464 millones de pesos.
Amparado el 10 de mayo ante el Juez
Tercero, que le habría negado la suspensión definitiva del juicio político que
le promovió el Congreso del Estado, seguía en pie la suspensión provisional para
evitar que la comisión instructora encargada de la solicitud pudiera entregar
su dictamen al pleno, toda vez que ingresó un recurso de revisión de
sobreseimiento.
El sería uno de los “peces gordos”
que demanda la comunidad, al igual que el ex titular de la Secretaría de Educación
y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, en cuyo haber figuran 11 sospechosas propiedades
en Chetumal, Holbox, Tulum y Holbox, según el Registro Público de la Propiedad,
por lo que se amparó el 3 de abril contra una orden de aprehensión del Juez Primero.
Además, desde 2016 el secretario
general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana
Roo, Luis Echeverría Esquivel, habría revelado indicios de la desaparición de
más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.
Obviamente, diría, se trataría de
un fraude en la venta de vehículos a los maestros y el pago de éstos por nómina,
lo que no suscribió su organización con la Secretaría y la empresa Abaco Etesa,
que demandó liquidar el costo de las unidades, mientras que la actual titular
de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos
vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.
Alonso Ovando, al parecer refugiado
en Mérida, habría encabezado un plan para reestructurar estos adeudos que heredó
de la gestión de la ex titular de la dependencia y actual diputada federal, Sara
Latife Ruiz de Chávez, aunque, independientemente de su paso por CAPA y la SEyC,
también se le señala como uno de los beneficiarios en la venta ilegal del
territorio estatal, donde habría invertido casi seis millones de pesos.
Tan sólo en 2012 compró una
propiedad en exclusiva zona residencial por 1.8 millones de pesos, pese a que,
de acuerdo con el tabulador de sueldo vigente al 2016, los secretarios de
estado tienen un salario bruto de hasta 103 mil 536 pesos mensuales que, con
los impuestos, sería de hasta 73 mil 993 pesos libres de compensaciones u otros
ingresos.
-Otro “pez gordo” sería Manuel de
Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo y financiero de la CAPA, que habría
solicitado un crédito por mil 562 millones de pesos, cuyo paradero se
desconoce. El 28 de julio, junto con el ex operador financiero de Finanzas,
Luis Armando Hoil Be, solicitó Amparo para evitar su eventual aprehensión.
Según denuncias que presentó en
diciembre último la Secretaría de la Gestión Pública, los recursos corresponden
a un contrato y deuda pública. Se trata de casi mil 056 millones de pesos que
la CAPA recibió de Aguakán por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado
en Playa del Carmen y la ampliación de la concesión en Cancún.
Los cerca de 507 millones pesos
restantes corresponden a un crédito de la CAPA por 560 millones que, según decreto
que aprobó el Congreso local, serían para invertir en infraestructura. No
obstante, las auditorías revelaron que no se aplicaron para ese fin y se transfirieron
en forma directa a Finanzas.
-El ex subsecretario de Finanzas,
Eliezer Villanueva Lanz, considerado como principal operador financiero de
Borge -ya habría salido del país y refugiado en Líbano- es uno de los
principales reclamos de la justicia, por lo que desde marzo último se habría
librado orden de aprehensión en su contra.
Para ese efecto, la Secretaría de
la Función Pública interpuso 15 denuncias por abuso de autoridad, desempeño
irregularidad de funciones y peculado ante la Fiscalía General, por lo que el
Juez de Control del Poder Judicial también le habría librado orden de
aprehensión por usurpación de funciones.
Su reciente cargo fue de Secretario
Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas, aunque fungió como operador
financiero del ex gobernador Félix González durante el trienio de éste como alcalde
de Cozumel, y su sexenio como gobernador.
Con Borge como Oficial Mayor de Gobierno
(2006-2009), Villanueva Lanz fue director general de Administración, y también
operó las finanzas de aquél como mandatario.
-Saúl Badillo Perry, ex director de
los Servicios de Salud y esposo de la actual Secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, es otro de los 17 implicados, ya que, como director de los Servicios
de Salud con Manuel Aguilar Ortega como Secretario de Salud, fue separado del
cargo en abril de 2011 como presunto responsable de la descomposición de 65 mil
vacunas.
Esto, sin pasar por alto que en
tiempos de Juan Carlos Azueta Cárdenas, también ex titular de la SESA, Badillo
Perry fue responsabilizado del alarmante aumento de casos de dengue ante la
nula aplicación de las campañas de prevención, dado que los recursos destinados
se desviaron a fines lucrativos personales.
Por si fuera poco, también es
señalado de participar en la venta ilegal de predios propiedad del Estado,
fungir como prestanombres, participar en el saqueo al erario público, y operar
financieramente a favor de Borge.
-Con dos Amparos, la ex titular del
IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, se suma a quienes tendrían orden de
aprehensión, según el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, por
irregularidades en la enajenación de predios propiedad del Estado, con una
superficie de 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) a
particulares relacionados estrechamente con Borge.
Las anomalías se le atribuyen por vender
a precios que no corresponden al valor real de los predios, en muchas ocasiones
al 1% de su costo, o menos, con compradores entre los que destacan familiares
del ex mandatario.
El total de la superficie vendida
equivaldría a más de 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces el tamaño de
Isla Mujeres. En un desglose por municipio, el negocio habría sido así, Venta de reserva
de gobierno vendida en Bacalar, 7%: Felipe Carrillo Puerto, 10%; Tulum, 20%: Cozumel,
23%: Benito Juárez, 36%: Solidaridad, 52%: y Puerto Morelos, 60%.
Entre los beneficiados, se
incluirían accionistas de una naviera -al parecer Barcos del Caribe-, que en
los últimos 4 años habrían adquirido 3 naves con valor de hasta 7 millones de
dólares, y todos ellos relacionados laboral y profesionalmente con Borge y su
familia.
-Considerado por el actual gobierno
como principal prestanombres de Roberto Borge, Edgar Manuel Méndez Montoya sería
otro enorme “pez”, ya que, con 12 propiedades en Cancún (3) y Playa del Carmen
(9), según el Registro Público, en su declaración ante Hacienda dijo que el 85%
de sus ingresos era de su salario, y el resto como empresario.
Con 3 aviones que facturaba el
Gobierno del Estado, era socio de tres empresas favorecidas en obra pública
desde el inicio del gobierno de Borge, pero se amparó contra el titular de la
Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita de
la Seido.
-Irónicamente, en forma oficial, Borge
aparece en el Registro Público sólo con 6 propiedades en Chetumal, Playa del
Carmen y Cozumel. Declaró ante Hacienda que el 100% de sus ingresos provenía de
su salario que, según la Oficialía Mayor
ascendía mensualmente a 152 mil 576 pesos, aunque, con una reducción en agosto
de 2013, quedó en 146 mil 110 pesos, uno de los más elevados del país
-Otra fémina implicada es Marilyn
Rodríguez Marrufo, hermana del ex secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio
Rodríguez, primer colaborador de Borge en ser detenido, siendo secretario
general del Ayuntamiento de Benito Juárez con el cuestionado alcalde del Verde
“Ecologista”, Remberto Estrada Barba.
Tras declararse confeso del desempeño
irregular de la función pública por la venta irregular de predios, el hombre, ex
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue liberado del Cereso,
donde permaneció 188 días por desviar 39 millones de pesos, que fue obligado a devolver,
con una multa adicional de 2 mil pesos para salir libre.
Hijo del ex procurador de Justicia
del Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, el ex funcionario salió libre tras
pagar 19 millones y garantizar el resto con propiedades.
-Quizá la más controvertida de los
implicados, es la ex diputada federal del Verde “Ecologista”, Gabriela Medrano
Galindo, supuesta pareja sentimental de Borge, rastreado y detenido en Panamá
gracias a las fotos que aquélla y el secretario particular del ex mandatario
-Alan García- habrían “subido” a redes sociales, aunque no ha ido a visitarlo
desde su captura.
Según destacados columnistas, como
Fray Bartolomé, a la ahora ex novia, de 34 años de edad, se le habría visto más
frecuentemente en Michoacán, cerca del gobernador perredista Silvano Aureoles,
con quien sería aparentemente “asesora”.
En una aparente burla, la política
publica fotografías de sus múltiples viajes por el mundo, pagados con el dinero
de los quintanarroenses, y en los cuales presuntamente estuvo acompañada de
Borge. Gracias a la publicación cotidiana de sus viajes de placer, costeados
con dinero que éste saqueó a los quintanarroenses, la Interpol calculó los
movimientos del ex gobernador.
Tras la detención, comenzó a borrar
toda evidencia, y desapareció, pero se presume que podría “orientar”" a
las autoridades a encontrar 800 millones de pesos que intentaba sacar Borge del
país, pues tras concluir el mandato comenzó a realizar una serie de viajes que
presumía en redes sociales.
-El ex secretario del Trabajo,
Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, es otro involucrado que aparece con dos
inmuebles en Tulum y Cancún, aunque es acusado de orquestar la simulación de
juicios laborales con trabajadores falsos para despojar a hoteleros de Tulum y
departamentos de lujo en Cancún, entre ellos a espaldas de Torre Maioris, donde
concluyó 4 departamentos
-Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex
secretario de Ecología y Medio Ambiente rescatado por Borge luego que el entonces
presidente Felipe Calderón lo despidiera públicamente de la delegación de la
Semarnat por ordenar destruir manglares, es otro de los involucrados en el
despojo de terrenos, en un historial que lo califica como “pirata”.
-En un caso calificado más político
que delictivo, también figura en la lista de implicados el ex Secretario de
Gobierno de Borge, Gabriel Mendicuti Loría, acusado de favorecer supuestamente
a sus empresas desde sus cargos como alcalde de Playa del Carmen y Secretario
de Infraestructura con Félix González.
Con Borge inició como titular de la
Sedari, y según el Registro Público, posee 18 bienes en Playa del Carmen,
donde, sin embargo, siempre se desempeñó en la industria de la construcción.
-Trascendió que Fernando Escamilla y
Ariel Federico Meesel Soureau y Andrés Canul Novelo, titular y subsecretarios
de la SINTRA, forman parte de la indagatoria judicial que incluía a Paulina
Achach, designada por Borge en relevo de Mauricio Rodríguez, y detenida el 8 de
mayo como la segunda captura de la Fiscalía en menos de tres días.
Con una disculpa por el espacio y
su paciencia, ya seguiremos hablando del tema en nueva oportunidad, ya que cada
uno de ellos implica una historia completa… además de los que NO aparecen aún.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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