¡Declaran diputados la guerra a México!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ya lo
decía el diputado perredista Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, cuando
la despreciable mayoría PRI-compinches de la Cámara de Diputados aprobaba el
cuestionado proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: Se estaba incubando el huevo de una
serpiente.
De aprobarla también el Senado,
como, lamentablemente, también es previsible ante la mayoría priísta del Jefe
del Ejecutivo Peña Nieto ante el Poder Legislativo, el criticable proceso
anticonstitucional de militariza el país sería un hecho. No se escuchó a la sociedad
civil ni a más de 250 organismos en contra ni a más de 10 organizaciones
internacionales.
El que
encabezó el “jueves negro” desde la presidencia de la mesa directiva,
irónicamente, fue un vecino nuestro, el diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez
Marín, aspirante a convertirse en candidato del PRI a gobernador de esa
entidad. Dios libre a nuestros paisanos de ese funcionario que ha demostrado
ser sólo un títere más de Peña Nieto.
La trágica historia de la nueva Ley
arrancó en la Comisión de Gobernación de la Cámara que, como burla para el
pueblo, también “maneja” la mayoría
priísta con una docena de los 32 integrantes, aunque sumados a tres del
Verde “Ecologista”, uno del PES y otro más del Panal, hacen un total de 17 para
aventajar a la oposición.
Irónicamente, ¿Sabe Usted quien
preside esa Comisión? Seguramente lo habrá adivinado: Una priísta ¿Pero sabe de
quién se trata? Nada menos que Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ex subsecretaría
de Migración y de Asuntos Religiosos de Segob, cuyo nombre quizá no le diga
gran cosa, pero, mejor conocida como “Paloma” y con una Notaría en Tampico,
Tamaulipas, es hermana del llamado Subcomandante Marcos.
Para comenzar, el artículo 73
constitucional dice que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar
en materia de seguridad interior, pero, con todo, desde la comodidad de su Casa
Blanca, Peña Nieto llamó a “sus” diputados del PRI y “paleros” del Verde para darles
“línea” y aprobar esa Ley que, sin duda, afectará la tranquilidad de los
mexicanos.
No es posible abordar este tema sin
hacer sentir la molestia, enojo y gran decepción de ver cómo esa Cámara se ha
convertido en una verdadera Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, una “sastrería”
donde se hacen trajes a la medida, en un trámite más de la expedición de leyes
que en nada abonan a un país próspero y de paz.
La Ley de Seguridad Interior no es
otra cosa más que un síntoma de miedo ante la proximidad de las elecciones del
2018, y una actitud beligerante del gobierno priísta hacia la sociedad y sus
derechos. No es extraño que se hubiera aprobado bajo el esquema de mayoría que
aplasta y aprovecha esa condición para socavar los grandes avances de derechos
humanos las últimas décadas, de menospreciar a este poder y gobernar de manera
autoritaria.
Lo que no mide Peña Nieto es que la
ley podría revertir sus intenciones claras de represión, vulnerar los derechos
humanos y violar las garantías de los mexicanos. El Ejército tiene el propósito
fundamental de defender la soberanía del país, así como ayudar a proteger la
seguridad de sus habitantes, pero no es policía.
Es ilusorio pensar que, a través de
sus tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación, sirvan a partir de esta
ley para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva ¿Dónde
quedarán entonces la libre manifestación y el libre tránsito consagrados en la
Carta Magna?
Por ello esta ley se considera
parte de la militarización. No hay necesidad de considerar acciones de orden
interno con despliegue permanente de fuerzas armadas que vulneren derechos de la
población.
¡Qué falta de imaginación, responsabilidad,
y menosprecio a las fuerzas armadas! Recomendaciones de organismos nacionales e
internacionales han externado preocupación por la intervención del Ejército en
tareas que no les corresponden, y emitido observaciones claras sobre
violaciones a los derechos humanos, ya que no están preparadas para acciones
policiales.
En efecto, ésta no es la vía para
combatir la delincuencia ni el crimen organizado. La profesionalización, la
coordinación entre gobiernos, la delimitación de responsabilidades y la estricta
aplicación de la ley será la que realmente nos lleve por el camino del orden y
respeto en nuestra sociedad.
Por tanto, como ley que faculta al
Ejército como policía, ni genera controles de verificación de respeto a los
derechos humanos, en tanto permite la intervención militar en protestas
sociales por su poca transparencia, nula regulación e imprecisiones
conceptuales, es necesario revisar la pertinencia de crear una ley para tal
objeto.
La “discusión” de la ley incluyó la
confesión de una legisladora, en el sentido de que a lo largo de la Legislatura
nunca había sentido más miedo, mientras que otra más, afín al presidente Peña
Nieto amedrentaba al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
al que gritó y retó, en tanto descalificó el trabajo de ese organismo.
No pocos hicieron un reconocimiento
al trabajo de las fuerzas armadas con el Plan DN-III y otros más, pero, con
todo, la nueva ley no parece más que la preparación de un nuevo fraude
electoral, del que los priístas buscan esconderse tras de las botas del
Ejército.
Quiérase o no, a partir del 2006,
cuando inició la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, aumentaron
las graves violaciones a derechos humanos. Antes de ello estaban registradas
cerca de 190 denuncias contra organismos militares. Después de ese año existen
más de mil cada año.
¿Y así dicen que está funcionando?
¿En qué diagnóstico queda claro que la política de militarización, en ningún lugar
del mundo, ha sido eficiente? Es una absoluta mentira. Recordemos el halconazo
del 71, Aguas Blancas del 95, Acteal del 97, San Fernando de 2010, o Tlatlaya de
2014 ¿Quiénes fueron señalados como responsables?
No obstante, mientras las recomendaciones
internacionales piden al Estado mexicano el retiro paulatino de las fuerzas armadas
de las calles, los diputados buscan regularizarlo, disque momentáneamente, parcialmente,
pero llevamos 10 años con ellos en las calles y nada ha cambiado para bien, al
contrario.
En 2007 teníamos cerca de 10 mil
homicidios, y en 2016 suman 23 mil, lo que significa que se duplican y un poco
más. La presencia del Ejército en las calles no ha funcionado, aunque también
se olvida que el propio secretario de la Defensa señaló en un discurso que
ellos no habían sido reclutados, por lo que no era su obligación detener
criminales.
Por otro lado, resulta una
irresponsabilidad exponer al Ejército cuando tiene otras tareas, pero también se
permite que los gobernadores y presidentes municipales no sólo NO aceptan el
mando mixto, sino que también son omisos ante su responsabilidad de procurar la
seguridad con paz.
Por el lado
legal, el representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro
Salazar Ugarte, escribió dos párrafos en un artículo llamado Seguridad
Interior. Preocupan mucho porque pueden ocasionar controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
Según explica respecto al
desequilibrio entre Poderes, la propuesta inclina la balanza a favor del
Ejecutivo federal, no sólo porque su titular podrá ordenar por sí solo la
intervención de la Federación en acciones de seguridad interior, sino también,
previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, lo faculta a emitir una
declaratoria de protección a la seguridad interior.
Con ello se lesiona el federalismo
y evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29
constitucional, para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los
derechos y sus garantías.
El tema es de la máxima relevancia,
porque el aún proyecto de ley no especifica las acciones concretas que podrían
realizarse al amparo de esa declaratoria, lo que generaría un nuevo tipo de
inseguridades e incertidumbre.
Y es que la ley exhibe una
tentación autoritaria de los gobiernos civiles para reprimir. No olvidemos que
quien manda, instruye y ordena las acciones del Ejército será el Presidente de
la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también
responsable de las violaciones de los derechos humanos que han aumentado en 10
años, desde que participa el Ejército en las labores de seguridad.
La ley es inconstitucional, no sólo
porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le
deja una responsabilidad de labores policiacas para las que no está preparado.
Es decir, se abandona la responsabilidad de los poderes civiles, que han
costado al país miles de vidas en el pasado en procesos históricos.
Existe una enorme omisión del
gobierno para garantizar la seguridad de la sociedad. Piensa en las
instituciones, y no en las personas; ignora el concepto de seguridad humana,
donde lo fundamental es generar las condiciones para una sociedad con paz y
armonía, y se olvida la integralidad de la seguridad pública, nacional y humana.
Esa paz se genera con una política
social que respeta los derechos y la dignidad humana, no con represión o uso de
la fuerza. La guerra que emprendió Felipe Calderón y continúo Peña Nieto sólo
ha dejado dolor y miedo a la sociedad. Ha legalizado su fracaso en materia de
seguridad.
En síntesis, la Ley de Seguridad
Interior es prácticamente una declaración de guerra que quiere utilizar al
Ejército para ganarla, nada más absurdo. Encima, no existe convicción o
voluntad de respetar los derechos, entre ellos su artículo 4o. respecto a la
obligación de las autoridades señaladas en la ley de respetar los derechos
humanos de conformidad a los principios constitucionales de universalidad,
indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Entre las infructuosas propuestas tras
más de 5 horas de discusión y 64 oradores, se pidió que al momento de definir
el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, se garanticen
los derechos humanos, con protocolos de actuación con irrestricto respeto a la
normatividad en materia de derechos humanos, así como los tratados
internacionales suscritos por México, como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Convención Americana de los mismos.
Asimismo, se propuso que dentro de
la definición de inteligencia de la seguridad interior se establezca de manera
clara que la información obtenida en materia de seguridad interior se obtenga de
manera lícita.
Así, se pidió evitar temas de
espionaje como Cepegas, con lo que se blinda de abusos por parte del Estado, ya
que resulta sorprendente que la ley proponga clasificar como tema de la
seguridad nacional la información que se genere con motivo de su aplicación,
aun cuando hubo avances en la materia al aprobarse en 2016 la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al parecer, a los gobernantes aún les
tiembla la mano para transparentar el uso de la fuerza pública, por lo que la
información que se genere por motivo de la ley debe ser de carácter público,
accesible a todos y, sobre todo, totalmente transparente.
Por otro lado, pese a que
prácticamente nadie conoce la ley en ciernes, es necesario eliminar de ella la
facultad discrecional por parte del presidente y el secretario de Gobernación
para el indebido uso de la ley, conferida en el artículo 24 que, de manera
enunciativa, considera la posibilidad de que, sin la declaratoria de protección
a la seguridad interior, se pueda enviar a las fuerzas armadas a alguna zona
geográfica, a criterio del presidente.
Ya hemos conocido a lo largo de
este sexenio el criterio del mandatario, en una estrategia no ha pacificado al
país. Vemos que esta estrategia que proviene desde Felipe Calderón, no ha dado
solución a las comunidades en extrema violencia.
El Ejército, como nosotros, es parte
del pueblo, es el pueblo uniformado al que se le ha obligado a actuar fuera del
marco constitucional. La gente quiere vivir en paz, por lo que la inseguridad debiera
abatirse combatiendo la pobreza.
Más grave aún, el artículo 8o. de la
ley pretende coartar la libertad de expresión y libre manifestación pública. Los
priístas olvidaron el 2 de octubre. Su intolerancia es tal, que buscan
legitimar la acción violenta para inhibir protestas en contra de la acción
gubernamental.
Así, establece que las
movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral
no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior,
salvo que no sean pacíficas. El error del dictamen y la trampa consiste en
dejar al presidente de la República calificar cuáles son pacíficas.
El negro
historial de las fuerzas armadas lo conforman señalamientos reiterados de
violaciones a los derechos humanos, tortura sexual a mujeres su detención,
ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón
Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, atroz tortura de cuatro
personas a manos de algunos militares en Baja California Norte en junio de
2009.
También incluye mayo de 2006,
Atenco; junio de 2014, Tlatlaya; septiembre de 2014, Ayotzinapa; junio de 2016,
Nochixtlán y. desde luego, la matanza del 2 de octubre de 1968, pero hay más.
Las víctimas de las 99 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos desde 2006 hasta la fecha, más de 200 organizaciones y numerosas
sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de
derechos humanos.
Si los senadores no son más humanos
que los diputados, y México les importa menos que su “disciplina” presidencial,
¡Dios nos bendiga!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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