¡Millonarios
“pendientes” de diputado federal de IM!
Extemporáneo
“reconocimiento” político por su papel en el recordado huracán Gilberto, no fue
suficiente ni quiera para maquillar la desvergonzada desviación de toneladas de
millones de pesos de un ex priísta del partido Verde “Ecologista” que, escudado
en el fuero constitucional y la evidente protección oficial de Quintana Roo,
vive en el paraíso.
Hablamos del diputado federal Juan Luis
Carrillo Soberanis, ex alcalde de Isla Mujeres (2016–2021), que, por lo menos, desfalcó más de 90.4
millones de pesos en compras simuladas, facturación duplicada, obras no
ejecutadas y contratos sin licitación pública, en violación a la Ley General de
Adquisiciones de Quintana Roo durante su “mandato”.
Aunado a ello, el ahora protegido de la 4T retuvo
ilegalmente en ese período cuotas del ISSSTE e FOVISSSTE y aportaciones
sindicales de más de mil trabajadores para quebrantar 150 millones de pesos que
nunca entregó a esas instituciones, lo que generó afectaciones directas a la
seguridad social de empleados, a los que metió en problemas sin deberla ni temerla.
Por
si fuera poco, a todo este quebranto se suma la contratación de por menos tres
créditos con empresas no reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por 40 millones de pesos, sin registro ante Hacienda ni destino
justificado en el presupuesto municipal, incumpliendo la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Como bien indica el portal de Información Sin
Limite Quintana Roo, Carrillo
Soberanis, ahora flamante defensor de Morena, navega entre fuero y la
corrupción, pues, pese a denuncias millonarias, su “hazaña” sigue impune, lo
que lo ha convertido en uno de los casos más representativos de impunidad y
corrupción en la esfera política de Quintana Roo.
En
efecto, pese a múltiples denuncias acumuladas por corrupción bien documentadas,
sigue sin enfrentar algún proceso penal, amparado por el fuero constitucional y
su militancia política.
Así, a más de cuatro años de dejar la presidencia municipal
de Isla Mujeres, sus desfalcos al erario siguen impunes, que lo que los propios
isleños preguntan el motivo, ya que, en pleno 2025, ignoran si se han
recuperado o justificado los 250 millones de pesos del desfalco de su administración,
sobre todo porque, en 2022, se anunció públicamente un puntual seguimiento a
las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Por
fuera poco, en su momento, el síndico municipal, José Manuel López García, evitó
hablar del tema y evadió responder si había avances para recuperar parte de ese
desvío durante la gestión de Carrillo Soberanis.
Y
es que, en marzo de 2022, el área jurídica del Ayuntamiento informó a la
Auditoría Superior del Estado que los 64.5 millones de pesos federales ejercidos
antes de la pandemia, con la introducción de la luminaria led en la Zona
Continental, a sobreprecio, se incluyeron en los pendientes a solventar y se
fincaron responsabilidad al ex alcalde, por más de 90 millones de pesos.
Así,
en enero de 2022 la Contraloría Municipal lo demandó ante la Fiscalía
Anticorrupción por una cantidad no precisada, pues se indagaba el tema de las
luminarias, pero la Aseqroo emitió un resumen general de observaciones y
solventaciones en materia financiera sobre la obra, por más de 50.4 millones de
pesos.
Esta
obra, por cierto, la anunciaría en enero de 2020 el ex Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera, durante un evento al que asistió el ex gobernador
Carlos Joaquín, cuando las inversiones fueron más de 64.5 millones de pesos
Asimismo,
la Aseqroo documentó desatención de observaciones, por 50.4 millones de pesos
en las órdenes de auditoría, visita e inspección, dado que los recursos
provenían del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
para sustituir el alumbrado público convencional por leds.
También
incluyó partidas para rehabilitar calles y mejoramiento de imagen urbana, a
través de 40 proyectos de obra en varias colonias, entre ellas El Ramonal, en
la Zona Continental, y La Guadalupana, aunque faltó por pavimentar la calle
Payo Obispo, y hay una observación en la repavimentación de un cerca de un
kilómetro de vía perimetral por el aeropuerto a preescolar “Enrique Camarillo”;
y varias calles de la isla.
Por
otro lado, Aseqroo detectó irregularidades por más de 41.4 millones de pesos en
la Cuenta Pública entregada de abril 2021, las cuales se asentaron en la
auditoria ASE/AEMF/0632/05/2021, así como observaciones sobre falta de documentos
para justificar las retenciones de cuotas al ISSSTE de mil trabajadores,
descuentos por préstamos al ISSSTE y FOVISSSTE, así como las cuotas que debió
cubrir el patrón a esos organismos.
Por
si fuera poco, incluye el pago de retenciones a Zofemat, al SAT e Impuesto
Sobre la Renta que, para la Comuna, representó en promedio un quebranto por
cerca de 250 millones de pesos, según el equipo financiero del Gobierno
Municipal del Ayuntamiento.
A
mediados de febrero del 2024, la web institucional informó sobre un “vacío”
sobre el estado financiero del Tercer Trimestre de 2021, correspondiente al
periodo de transición, en que el equipo de Carrillo Soberanis borró información,
en su momento denunciado por Atenea Gómez.
El
caso llama la atención, ya que estaba en marcha el proceso electoral 2024, y la
hoy alcaldesa y ex presidente municipal forman parte de la alianza que encabeza
Morena, lo que genera inconformidad de los panistas, que dicen que la
protección de Carrillo Soberanis tendría una implicación política por una
negociación.
Lo
cierto es que existen 19 carpetas de investigación activas en la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo. a cargo de Edgar
Ramírez Morales, nombrado por “cortesía” de la XVIII Legislatura, que le imputa
delitos de peculado, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de
atribuciones y facultades y daño al patrimonio del Estado.
Pese
a la gravedad del caso, Carrillo Soberanis se escuda en su fuero constitucional
como diputado federal, que imposibilita su vinculación a proceso y mantiene
congeladas las acciones legales en su contra. El blindaje político y las redes
de complicidad estatal y federal impiden a la justicia avanzar, mientras la
ciudadanía sigue cargando las consecuencias de ese saqueo institucional.
Cada
día que Carrillo Soberanis permanece intocable, se refuerza la percepción de
que la ley no es pareja para todos. Su caso no solo exhibe el abuso del fuero,
sino también la profunda debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en
México.
La clase política de Quintana Roo está desvinculada de los
intereses del pueblo y es capaz de vender lo poco que les queda de dignidad, a
cambio de seguir escalando puestos de poder para beneficio personal y seguir
fortaleciendo grupos poderosos a los que pertenecen, como es el caso de Isla
Mujeres, donde lo que menos importa es el dinero público que desvió Carrillo
Soberanis.
Su
negro historial incluye que, tras fungir como diputado local con el PRI (2013-2016),
fue alcalde (2016-2018) y luego diputado federal hasta agosto de 2024, ahora
por el Verde “Ecologista”, después de que en el PRI perdiera sus expectativas
de poder e impunidad.
Gracias
al PRI fue diputado local y alcalde, dos veces, pero bajo esas siglas defraudó
al Ayuntamiento, por lo que el PAN interpuso unas 20 denuncias en su contra,
pero, como por arte de magia, se limpió su negro pasado y se convirtió en
ciudadano “ejemplar” al integrarse al “Verde”, abanderado de la 4T por la diputación
federal.
La
siempre cuestionada Fiscalía General del Estado suspendió las investigaciones en
su contra hasta las últimas elecciones, cuando se reeligió como diputado
federal, pese a que los expedientes penales ya se habían judicializado, y
también se “estancaron” en un cajón del cuestionado reelecto presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas.
La
alcaldesa ex panista, Atenea Gómez Ricalde, tiene instrucciones de abstenerse
de reactivar alguna carpeta de investigación o expediente penal contra Carrillo
Soberanis, para la que fue su reelección con la bendición de Morena, PT y PVEM.
Así son los convenios de impunidad con la 4T.
No
obstante, Gómez Ricalde tiene razones suficientes para ser cómplice de su
antecesor, pues del PAN se pasó a Morena para pelear su reelección y fue
recibida con los brazos abiertos porque, a cambio de la reelección, guarda
silencio sobre el desfalco de Carrillo Soberanis a las arcas municipales.
La
única posibilidad de que la justicia de Quintana Roo alcance al hoy militante “distinguido”
de la 4T, es que un juez lo declare culpable, lo que no sucederá porque el
Poder Judicial también lo protege manteniendo detenidos los juicios, se sabe a
gritos, por órdenes de la gobernadora Mara Lezama.
Al
legislador lo señala la Auditoría Superior del Estado de un desfalco por 50
millones de pesos, entre otros, por pago indebido de obras de alumbrado público
con documentación irregular e incompleta, además de enfrentar proceso penal y
otro laboral por incumplimiento de pago de las prestaciones laborales de
trabajadores por más de 150 millones de pesos.
Al
hacerse cargo de la administración municipal en 2021, la alcaldesa presentó 19
denuncias en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el
diputado federal por ejercicio indebido de la función pública, así como un
quebranto patrimonial a la hacienda municipal por más de 220 millones de pesos.
Sólo
algunas carpetas de investigación se judicializaron, otras están pendientes de
cierre, pero desde círculos de poder políticos se instruyó no mover los
expedientes pues, como miembro de la 4T, Carrillo Soberanis está protegido,
aunque haya cometidos esos delitos bajo las siglas de otro partido.
Lo
que busca Juan Carrillo es impunidad, a tal grado que recurrió a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, alegando autonomía municipal, para que la
Auditoria Superior del Estado no revisara sus cuentas pendientes.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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