¿Disciplina Judicial, “controlada” por obradoristas?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Tras una serie de especulaciones, finalmente Celia Maya García presidirá por dos años el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inclusive por encima de ésta misma, aunque se cuestiona la cercanía de los nuevos funcionarios con el gobierno federal, tres de ellos con el ex presidente López Obrador.

De acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral, tras el cómputo del 100% de las actas, quedaron definidos los perfiles de los cinco funcionarios del Tribunal de Disciplina, cuyas trayectorias contradicen las críticas en torno a su supuesta falta de preparación profesional.

Así, Celia Maya, quien lo presidirá en su primer periodo (2025-2027), quien nació en Querétaro el 4 de diciembre de 1949, es Licenciada en Derecho y en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también obtuvo el doctorado en Derecho.

Cuenta con tres maestrías: En Derecho Procesal Penal, Derecho Fiscal e Impuestos y actualmente es consejera del Consejo de la Judicatura Federal (nombrada en 2023 por cinco años), aunque, en su contra, se señala que fue propuesta de López Obrador.

Por su parte, la segunda titular, Eva Verónica de Gyvés Zárate, es originaria de Oaxaca, donde nació el 28 de febrero de 1961.

Es Licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio, así como Especialista en Derecho Penal, Amparo y Derecho Procesal Penal. Es miembro del Consejo de la Judicatura entre 2019 y 2024 y, al igual que la primera, también la propuso López Obrador.

Indira Isabel García Pérez, por su lado, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, con maestrías en Derecho Corporativo y Educación, además de especialidades en impuestos fiscales y calidad del gasto público. Se ha desempeñado en órganos de fiscalización y transparencia de Colima, y también trabajado en su Tribunal Electoral.

Otro beneficiado con los votos es Bernardo Bátiz Vázquez, Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Fue procurador de Justicia de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador como Jefe de Gobierno entre 2000 y 2006.

Asimismo, fungió como miembro del Consejo de la Judicatura de 2019 a 2024 y cuenta con experiencia política previa como secretario general del PAN en los años 70 y 80.

Por último, Rufino H. León Tovar es Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional. Asimismo, es Doctor en Derecho, fue Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y actualmente preside una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto también fue Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

Ahora bien, en torno a la alternancia en la presidencia del Tribunal, ésta será rotativa cada dos años y recaerá en la persona que haya obtenido el mayor número de votos. Iniciará con Celia Maya, a quien seguirán previsiblemente Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz, dentro de un periodo de siete años por magistrado.

Aunque será el órgano máximo en materia de disciplina en el Poder Judicial de la Federación, incluso por encima incluso de la propia Corte en este rubro, su independencia ha sido cuestionada por expertos judiciales, entre ellos Laurence Pantin, Susana Camacho y Cristian López, debido a la cercanía de al menos tres de sus miembros con el gobierno federal.

Las preocupaciones de éstos se centran en que esta afinidad podría derivar en sanciones selectivas hacia juzgadores independientes o en la nulificación de resoluciones contrarias a intereses del Ejecutivo o del Congreso de la Unión.

Asimismo, advierten que las causales de sanción definidas en la reforma judicial son ambiguas, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias, aunque también se pide el beneficio de la duda en su funcionamiento, ya que el país necesitaba la reforma al Poder Judicial, y este tribunal podría fortalecer la rendición de cuentas si actúa con imparcialidad.

El nuevo Tribunal tendrá a su cargo la investigación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que desempeñan funciones jurídicas en el Poder Judicial, así como la resolución de los recursos de revisión en los procedimientos administrativos del personal, tratándose de faltas graves.

Por otro lado, será encargado de la evaluación y seguimiento del desempeño de Magistrados y Jueces de todos los organismos y encargado de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, así como los que se susciten entre la Corte y sus trabajadores.

Sus obligaciones, prerrogativas y atribuciones serán determinados en el artículo 100 de la Constitución, y ampliado en los títulos VII y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, junto con una serie de aspectos.​

Entre ellos aplicar sanciones como amonestación, suspensión, multa e inhabilitación, a los integrantes del Poder Judicial que resulten responsables de faltas en la jurisdicción del Tribunal. Con excepción de los ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral, cuya remoción competerá al Senado.

Ordenar, oficiosamente o por denuncia, investigaciones referentes a los temas de su competencia; dar visto al ministerio público para proceder, en caso de que las faltas graves estén consideradas como delito; solicitar ante la Cámara de Diputados, juicio político a las personas juzgadoras electas por voto popular.

Evaluar el desempeño de los titulares en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, en el primer año de su ejercicio; atraer los casos de faltas graves señalados como delito, gestionados por los tribunales de disciplina de las entidades federativas; reglamentar planes, programas, proyectos, especificaciones y parámetros, destinados a la evaluación del desempeño judicial.

Coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción para implementar medidas preventivas de faltas administrativas y hechos de corrupción, resolver y emitir resolución sobre los casos de responsabilidad administrativa que el Órgano de Administración Judicial le remita.

Por último, intervenir en cualquier caso judicial que exceda el tiempo mínimo de resolución, en los términos del artículo 20 constitucional, para evaluar el desempeño del órgano responsable, revisar el proceso judicial y las razones del retraso, así como emitir medidas para la rápida resolución, en caso de que la falta sea imputable al titular del órgano responsable.

Comenzará a operar a partir del próximo 1º de septiembre.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.