¿Morenos diferentes en la nueva Corte?

                                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Como bien señala la periodista Viri Ríos, de Milenio, lo cierto es que cometen gran error los que sentencian que la única característica de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será su sumisión a Morena, ya que omiten preguntarse lo que resulta ser más crítico: ¿A cuál Morena?

En efecto, Morena no es un partido monolítico, sino muchas facciones políticas que negocian entre sí para apoyarse unas a otras, en tanto que los nuevos ministros distan de ser un grupo ideológico uniforme, por lo que sus futuras votaciones, si bien homogéneas durante la “luna de miel” electoral de la Corte, tarde o temprano comenzarán a dividirse.

Hasta hoy lo único realmente sorpresivo fue la elección del oaxaqueño -como lo fue Benito Juárez- Hugo Aguilar López como próximo presidente de la Corte, donde el nombre que más “sonaba” era el de Lenia Batres, aparentemente más allegada a la presidenta Claudia Sheinbaum, no así al ex presidente López Obrador, aunque, al menos al parecer, el beneficiado será más moderado en sus gastos.

Conforme al periódico Reforma, al final de cuentas expertos y abogados de larga carrera judicial toparon con pared en su intento por llegar a su máxima meta profesional: Ser ministros de la Corte, donde, en la primera elección por voto popular, se integraría por nueve supuestos recomendados en acordeones, volantes y mensajes atribuidos a Morena y aliados.

Cuando se dio esta versión, sobre la que se insistió en que ninguno de los virtuales ganadores tenía el perfil profesional necesario, el cómputo distrital del Instituto Nacional Electoral era de 87% de las actas, donde se incluía a “abogados promotores de la 4T, impulsados por López Obrador y Claudia Sheinbaum”.

La única sorpresa habría sido que el mayor número de votos no lo obtuvo ninguna de las tres ministras en funciones afines al Gobierno, sino el abogado mixteco Aguilar López, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien presidirá la Corte dos años (2025-2027) a partir de septiembre próximo.

Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz -que habrían llegaron inicialmente a la Corte impuestas por AMLO y sin carrera judicial-, así como María Estela Ríos, consejera jurídica del ex mandatario, ocupaban las siguientes cuatro posiciones por votos. El conteo oficial se dará a conocer el próximo día 10.

Los que seguían en esa lista eran académico Giovanni Figueroa; Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y ex asesor de Morena en la Cámara de Diputados, así como Arístides Guerrero, presidente del Instituto de Transparencia capitalino, ninguno de los cuales alcanzarán a ser presidente, pues sus nombramientos vencerán, en 2036 o 2033, según la interpretación del Tribunal Electoral sobre la forma de asignar los cargos, que no aplican a las ministras en funciones.

El noveno lugar lo ocupaba la Fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Herrerías, quien, de seguir en esa posición, tendría un nombramiento de ocho años y tampoco será presidenta.

Así, ninguno de los nueve ministros que iniciarán en septiembre tendría antecedentes de carrera judicial federal, con lo que se rompería la tradición de equilibrio entre abogados externos y los que se desarrollaron en el PJF, que perduró desde el siglo pasado, pues los únicos juzgadores de carrera mejor posicionados, pero que no alcanzarán lugar, son Sergio Molina, Fabiana Estrada y Marisol Castañeda, Magistradas de Circuito cercanas al ex Ministro Arturo Zaldívar.

Otra Jueza de carrera, Paula García Villegas, hija de la diputada morenista y ex Ministra Olga Sánchez Cordero, tampoco logrará lugar, por lo que el vaticino es que habrá tres grandes dimensiones.

El primero de ellos será la dimensión de compromiso con la justicia social. La nueva Corte tiene un bloque de cuatro ministros con alto compromiso -Hugo Aguilar, Lenia Batres, Irving Espinosa y Ma. Estela Ríos- y tres perfiles con visión más pragmática o comprensiva del punto de vista del sector privado (Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Loretta Ortiz).

Hasta hoy, la única incógnita serán Arístides Guerrero quien, si bien tiene una buena relación con el círculo cercano a Claudia Sheinbaum, no parece tener interés por los temas de justicia social, y Sara Irene Herrerías, a quien se le puede asociar más con el ala pragmática.

En debates de alta carga ideológica la relación con el poder económico sería por parte de Esquivel Ortiz y, conforme gane experiencia, también por el lado de Figueroa. Las dos ministras hicieron campaña prometiendo ser sensibles con el empresariado y Figueroa, por su perfil y cercanía a Zaldívar, tiene un carácter bastante conciliador.

Segunda dimensión: La dimensión técnica. Los abogados nuevos ministros tienen el defecto de caer presos de tecnicismos que, con frecuencia, impedirían las discusiones de fondo.

En esta área se verán dos grandes bloques. El ala técnica con gente de experiencia como ministros, magistrados o interés en la forma (Espinosa, Esquivel, Figueroa y Ortiz) y el flexible que privilegiará el análisis de fondo (Aguilar, Batres, Guerrero y Ríos), aunque no existe suficiente información para clasificar a Herrerías, pero tiene un perfil más político que técnico.

Tercera dimensión: De grupo político. Sheinbaum, sin duda, fue la gran ganadora de la elección y tendrá la lealtad no solo de su bloque de ministros (Aguilar, Espinosa y Guerrero), sino de los sistemáticamente leales a López Obrador (Batres, Esquivel, Ortiz y Ríos)

No obstante, entre los ministros también habría un candidato supuestamente cercano a Zaldívar (Figueroa) y otra al controversial fiscal general, Gertz Manero (Herrerías)

Así, con todo lo anterior, la Corte será todo, menos homogénea, y dado que la Constitución no plantea ratificación o reelección de ministros, los incentivos para la obediencia ideológica de largo plazo son endebles.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.