Bota
militar, ¡a la cabeza del pueblo!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En la mira de 10 organizaciones internacionales
a través de un Observatorio Internacional sobre México, la Ley de Seguridad
Interior, que representa un grave error histórico y una profunda regresión en
la muy incipiente democracia, se pretendió simplificar y reducir su dimensión con
visiones que no corresponden a su contenido.
Las organizaciones que conforman el
Observatorio son Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México,
Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, Oficina de
Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, Organización
Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y Centro de Derechos
Humanos Robert F. Kennedy.
Según La Jornada, la aprobación de
la Ley, concretada la semana anterior por el Senado, implica un grave retroceso
para un país que enfrenta niveles de violencia sin precedentes y una situación
generalizada en la violación de los derechos humanos.
Con todo, los “legisladores” afines
redujeron su debate a favor o en contra de las fuerzas armadas, aunque, en
realidad, ocurrió entre quienes consideramos que éstas deben cumplir la ley,
apegadas a las facultades y competencias constitucionales, sin invadir las
competencias de la autoridad civil, como en las tareas de seguridad pública, y
cuando exista una situación de excepción.
En este sentido, es necesario que las
fuerzas armadas estén sujetas a controles políticos y parlamentarios que rindan
cuentas y no gocen de ninguna situación de excepción.
Sin embargo, dice el senador Alejandro Encinas, tras 10 años en tareas
de seguridad pública, que competen a la autoridad civil, no han informado de su
desempeño en el combate a la delincuencia organizada, sus deserciones o
elementos incorporados a los grupos delictivos, corrupción y penetración
de las organizaciones criminales en los mandos y tropas, así como tampoco de sus
violaciones a derechos humanos y sanciones impuestos.
¿Qué controles propone la nueva ley?
Ninguno, salvo un informe del Secretario de Gobernación sobre la aplicación de
la declaratoria de protección a la seguridad interior que decrete el presidente
de la República a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que, en realidad,
no es un órgano de control por carecer de fuerza, facultades y competencias
reales para considerarse control parlamentario.
Salvo la discusión de la Agenda
Nacional de Riesgos, todos los debates e información de la Comisión Bicameral
son insustanciales, más aún la Agenda se publica en los periódicos nacionales.
Más allá de los problemas fronterizos, la delincuencia organizada se considera
factor del anarquismo, como si una corriente ideológica fuera peligro a
la seguridad nacional, tal como se consideró a los comunistas en los años
50’s, 60’s y 70’s, cuando se les persiguió
por su forma de pensar.
Ante este panorama, el debate debió
estar entre quienes buscaban respeto a las Fuerzas Armadas y los que querían
que les tengan miedo, frente al viejo consejo de El Príncipe de Maquiavelo:
“Prefiero que me teman a que me amen”.
Por otro lado, es falso que el
debate exista entre quienes buscan resolver los problemas de inseguridad y
violencia en que se encuentra la mayoría de los mexicanos y quienes no quieren,
ya que todos queremos recuperar esa paz que nos robaron los malos
gobiernos, la corrupción y la delincuencia organizada que se ha enquistado,
incluso en el mismo gobierno.
La militarización provocó
contradicciones entre los propios voceros de Peña Nieto en el Senado, ya que
mientras “su” presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta María
Cristina Díaz Salazar, decía que el país no se militarizaría, “su” presidente
de la Comisión de Defensa Nacional, el también priísta Fernando Torres Graciano,
decía que ya está militarizado, con el Ejército en operaciones en 29 Estados.
¿La militarización de las tareas de
seguridad pública resolverá la violencia e inseguridad? Claro que no. En más de
10 años no pudo, y este año será el más violento de las últimas décadas y
primeros cinco años de Peña Nieto, donde el Ejército ha estado en calles y
comunidades, ¡pero se han cometido unos 96 mil homicidios! Tres mil más que
todo el sexenio anterior.
Se ha demostrado el fracaso de
militarizar las tareas de seguridad pública, y ha fracasado el Estado mexicano
en su función sustantiva de garantizar la seguridad de las personas y protección
de su patrimonio, por lo que NO se debió discutir como una ley que conculque
libertades, sino toda la estrategia de combate, inseguridad y crimen.
Nunca se había visto tanta
oposición a una ley. Ni la propia reforma energética mostró tanta
inconformidad, al grado tal que organismos nacionales e internacionales demandaron
NO aprobarla, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25
comisiones estatales de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para los
Derechos Humanos de la OEA, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, rectores de la UNAM, las Universidades de
Guadalajara, Iberoamericana, el Premio Nacional de Derechos Humanos, la galardonada
con la Medalla Belisario Domínguez, Amnistía Internacional, decenas de
organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, académicos
e intelectuales.
Todos expresaron su preocupación e
inconformidad, en particular, en un hecho sin precedente, seis mandatos de la
ONU en materia de derechos humanos, que manifestaron su desaprobación.
Todos, absolutamente todos, excepto
los gobernadores llevados a la metrópoli a aprobar la ley en una sumisa actitud,
todos le decían, le gritaban al “soberano” Peña Nieto que caminaba desnudo,
pero el soberano no escuchaba (cuento del danés Hans Christian Andersen)
¿En realidad, nuestro “soberano” no
escucha, no atiende, no le importa esta inconformidad generalizada? Creemos que
sí escucha, pero no le importa porque tomó una decisión política que representa
un “volvido” al pasado, con la legalización de facultades meta-constitucionales
a su favor para utilizar las Fuerzas Armadas para dirimir los asuntos de
política nacional.
En reunión con el ahora senador Alejandro Encinas, siendo gobernante del
Estado de México, Peña Nieto diría al primero en 2011, según recuerda éste:
“El arte de la política es saber conservar el poder, sea como sea”.
La lista de agravios a los
mexicanos en el abuso del poder por parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, es larga, muy larga, y a lo largo de la historia este abuso del poder
ha atentado contra la población civil, por ejemplo en los años 50’s, con la
represión al Movimiento Ferrocarrilero y la intervención del Ejército, así como
al romper éste la huelga de los petroleros en la Refinería de Azcapotzalco en
1963.
A esas intervenciones militares se
suman los asesinatos de dirigentes sociales, como el de Rubén Jaramillo y su
familia (1962) en Morelos, a pesar de haber acordado éste con el presidente
López Mateos incorporarse a la vida institucional.
Asimismo, por mandato presidencial,
el Ejército intervino contra los movimientos estudiantiles de 1966, en la
Universidad Nicolaita, Michoacán, que tomó, así como en 1968 no sólo con la
masacre de Tlatelolco, sino con las tomas de las instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional y de la UNAM.
Tampoco se olvida cómo el Campo
Militar Número Uno se convirtió en espacio de detenciones arbitrarias y tortura
contra estudiantes, mientras en 1970 intervino la “bota” militar en la
Universidad de Chapingo, en 1976 en la escuela de agronomía de la Universidad
de Chihuahua, en Ciudad de Delicias.
Otras manchas: En los años 70’s, a
partir de 75, la Operación Cóndor, en el noroeste de la República, en Oaxaca,
Guerrero y Michoacán, enfrentó a la población civil arrasando a comunidades
campesinas completas, generando homicidios y ejecuciones extrajudiciales,
vejaciones y violaciones profundas a los derechos humanos, al igual que en la
década de los 70’s durante la Guerra Sucia, además de perseguir al Movimiento
Guerrillero y reprimir la disidencia.
Por si fuera poco, no olvidan las
desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, como las
cometidas desde la base militar de Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez, en
Guerrero, cuando desde naves de la Fuerza Aérea Mexicana se arrojaban vivos a
los opositores.
¿Cuándo cambió esta situación? En
los 80’s, cuando se rectificó la forma de hacer política, con un cambio que
debemos reivindicar en la relación con las fuerzas armadas y el desempeño de
sus funciones institucionales, y cuando, tras una reforma política, se dieron
espacios de participación legal y electoral a la oposición, principalmente de
izquierda.
Esto demuestra que la salida debe
darse con medidas democráticas, y no con endurecimiento. La “mano dura” ha
fracasado, y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad
pública ha fracasado también.
Nadie quiere que la historia se
repita. Nadie quiere una nueva “guerra sucia” en el proceso electoral del 2018,
ni a las fuerzas armadas interviniendo en la vida y asuntos políticos de la
nación. El Ejército no quiere involucrarse en política.
En 2006 el Gral, Clemente Vega fue
factor fundamental, no evitar que interviniera el Ejército frente a un “plantón”
de Reforma y se buscara una salida pacífica al proceso postelectoral de ese
año.
La nueva Ley es inconstitucional,
violenta los tratados internacionales suscritos por México que, conforme a la
Constitución, tienen rango de ley y es obligatorio su cumplimiento. La ley
socava los derechos y libertades de los mexicanos, confunde los conceptos de
seguridad nacional e interior desde la vieja visión de seguridad del Estado con
los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana.
Por otro lado, somete a la
población civil a la autoridad militar, al permitir que las fuerzas armadas
realicen investigaciones con apoyo de los órganos de inteligencia del Estado
mexicano, lo que, con orden de un juez, les permitirá allanar domicilios de particulares,
intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos o
detener a civiles sin mediar la autoridad judicial.
Por si fuera poco, invadirán el
derecho a la privacidad y la protección de daños personales, al obligar a todas
las autoridades a entregar información particular que requieran, además de violar
el derecho a la información, al pretender reservar toda la información
vinculada con las fuerzas armadas en materia de seguridad interior, por considerarlas
“de seguridad nacional”.
Así, subordina a la autoridad
civil, federal, porque no solo a la autoridad estatal y municipal, sino a la
Policía Federal Preventiva y Gendarmería Nacional, que se subordinarán a su
mandato, al establecer la declaratoria de protección a la seguridad interior al
momento que el Presidente decida un comandante para coordinar los operativos.
En síntesis, esta ley, según dijo
claramente Torres Graciano, legalizará una situación de excepción, convierte la
excepción en ley, y se entrega al control político y mando territorial a las fuerzas
armadas, es una nueva modalidad de totalitarismo que se ha aplicado en otros
países de América.
Estas medidas son las que hace
varias décadas llevaron los gobiernos dictatoriales de Centro y Sudamérica,
ahora con nuevas modalidades, la totalitaria y autoritaria, con un golpe de estado
Legislativo, pese a que no queremos vernos en el espejo de Honduras.
Debemos defender nuestras
libertades. NO a la militarización de la política, NO al fortalecimiento meta-institucional
de las facultades discrecionales del presidente de la República, y NO a la
pérdida de nuestras libertades y derechos. Queremos vivir en paz.
Y para vivir y recuperar la paz,
necesitamos democracia, enfrentar la desigualdad, corrupción e impunidad y
entender que este pueblo está ávido de cambios, que es necesario otro régimen
político.
Según el nuevo Observatorio
Internacional, durante los pasados 10 años la estrategia de militarización ha
aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos
humanos, en casos plenamente documentados que permanecen en absoluta impunidad,
mientras los índices de violencia continúan escalando, y 2017 se perfila como
el año más letal de la historia de México.
Es de esperarse que recapacite “el
soberano que camina desnudo” para vetar la ley, o bien rezar para que sean más
inteligentes los conservadores y progresistas Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación -algunos bajo las órdenes de Peña Nieto- al resolver una
eventual controversia constitucional.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
31 años, con más de 41 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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