¿“Sabadazo”
del gobernador en OPB?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Para tratar
de desenredar el aparente nudo gordiano que se formó tras la firma del reciente
convenio de coordinación fiscal entre el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el
Gobierno del Estado en torno al impuesto
predial, resulta obligatorio remitirse a la autonomía municipal y los conceptos
del artículo 115 constitucional para determinar posibles violaciones.
Doctor en Derecho Constitucional
por la Universidad de Salamanca y Bolonia con la tesis “La Autonomía Municipal
y su Garantía Constitucional Directa de Protección”, que le valió el “Premio
Extraordinario de tesis doctoral 2004”, Pedro Torres Estrada refiere la mejor definición
sobre Autonomía local:
Titularidad del municipio de
gestionar y resolver todos los asuntos de carácter local, mediante sus
representantes elegidos democráticamente entre los miembros de su comunidad,
los cuales tendrán entre sus prerrogativas organizar un medio de la
reglamentación y sin tutela, todos los ámbitos que a su competencia
constitucional y legal corresponda, así como la libre administración de sus
recursos.
En este sentido, es el derecho del
municipio a elegir libremente a sus gobernantes, otorgar sus propias normas de
convivencia social, resolver sin intervención de otros poderes sus asuntos
propios y peculiares, contar con renglones propios de la tributación y disponer
libremente de su hacienda, y que esta prerrogativa estén definida y garantizada
en el ordenamiento supremo del Estado.
Ahora bien, la doctrina del
municipalismo más reciente desglosa la autonomía en tres apartados: La administrativa,
financiera, y política.
En
el caso que nos ocupa, la financiera, el artículo 115 de la Carta Magna
dice que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a…” una serie de bases,
Entre éstos, la fracción IV dice
que éstos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones,
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Puntualiza que “los Municipios
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones”.
Esta circunstancia se explica como
un sistema de transición por virtud del cual el Estado administrará algunas de
estas contribuciones, por ser evidente que muchos municipios carecen de
infraestructura administrativa y técnica para administrar estas contribuciones.
Lo ideal sería que los municipios
asumieran el pleno manejo de las contribuciones como plantea la Constitución,
ya que las leyes federales no limitarán la facultad del Estado para establecer
las contribuciones que la Constitución estipula en beneficio al municipio,
Ahora bien, los
impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar
para financiar al Estado. Sin ellos éste no podría funcionar, ya que carecería
de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras,
puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad,
educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por
invalidez o accidentes laborales), etc.
Respecto al predial, es un gravamen
sobre una propiedad o posesión inmobiliaria que deben pagar todos los
propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local
comercial. Existe en muchos países y se basa en la idea de que todos los
propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al gobierno en
forma de tributo.
En el caso concreto de Othón P.
Blanco, constituye uno de los ingresos propios más importantes de la Comuna,
junto con otros impuestos, como diversiones y espectáculos; Derechos (cobro de basura,
anuncios, rastro); Productos (mercados o venta o explotación de bienes); y Aprovechamientos
(multas y gastos de ejecución)
Sin embargo, hasta donde se sabe, en
2017 sólo se recaudaron 37 de los 60 millones de pesos proyectados, por lo que sus
renglones de ingresos más significativos son, por mucho, como siempre, las transferencias,
asignaciones y subsidios, así como las participaciones y aportaciones. Éstas
ascendieron a cerca de 618 millones.
La tesorera de la Comuna, Verónica
Zavala Pérez, justificó el convenio de coordinación fiscal como un instrumento
que brindará eficiencia recaudatoria y además el municipio podrá obtener
recursos extraordinarios, aunque nadie ve por dónde, pese a señalar que
permitirá acceder a una póliza del 30% de los excedentes de recaudación…que
JAMÁS han existido.
Asimismo, dice que “tiene por
objeto buscar una eficiencia recaudatoria del impuesto predial, subsanando el
rezago en el cobro de dicho impuesto y lograr una mayor cobertura en la
cobranza, que permitirá generar mayores ingresos al municipio” ¿Tendrá mejores
métodos el Gobierno del Estado?
Por si fuera poco, admite que “ustedes saben que tenemos problemas en cuanto
los recursos y también es sabido que la cuestión del predial es donde tenemos
el mayor número de morosos y también nos permitirá hacer una mayor recaudación”
¿Acaso la Comuna ignoraba esos problemas desde un principio? O significa ¡Tiramos la “toalla”!
Pero además, como seguramente ocurrirá,
aclara que el convenio puede darse por concluido en el momento que desee la
administración de Hernán Pastrana Pastrana, aunque pidió el beneficio de la
duda y esperar.
Hasta ahí las cosas, el presidente
de la Comisión de Asuntos municipales en la XV Legislatura, el diputado del
Panal, Javier Padilla Balam, dijo esperar que el Gobierno del Estado tenga mayor
facilidad de acceder a los cobros de esos impuestos, pero que también regresen
estos recursos a las arcas municipales a la brevedad posible.
No obstante, al igual que la
mayoría de la población, considera que, aprobar esta medida a unos meses de
concluir la administración municipal, y que el próximo gobierno en la capital lo
encabece Morena, partido diferente al actual, se presta a una mala
interpretación, aunque habrá que investigar para que no se preste a una mala
jugada.
Conforme a la prensa local Othón P.
Blanco cuenta con más de 10 mil morosos del pago del predial, que representan
una cartera vencida de más de 50 millones de pesos, aunque su cobro iniciaría
en diciembre, siempre que Hernán
Pastrana respalde el convenio, lo que vemos poco probable.
Entérese del controvertido
convenio: https://goo.gl/hhzpfv
Los únicos regidores que votaron contra
el proyecto fueron los del PRD, Laurentino Estrella Chan y Andrés Blanco Cruz, por
considerar que vulnera la autonomía municipal al intervenir en el libre manejo
de las finanzas del Ayuntamiento; mientras que los del PAN, PRD y PRI, como
sugiere nuestro colega Jesús Amador, decidieron “vengarse” por los resultados
adversos en las urnas, y la “ecologista” Gabriela Santana faltó “por motivos de
salud”.
Como quiera que fuera, lo cierto es
que la presidenta municipal, María Luisa Alcérreca Manzanero, asume toda la
responsabilidad política e histórica de esta medida que, para nadie es un
secreto, proviene directamente de los "talleres intelectuales” de Palacio de
Gobierno, sabedores de que nadie cree que el PAN-PRD estén tan “preocupados”
por la suerte de Morena, como para entregarle en bandeja de plata un regalo de
bienvenida tan dadivoso.
En resumen, no se violó la
autonomía municipal ni existió alguna ilegalidad, pero, para cualquiera con un
centímetro de frente, todo hace suponer que metió las manos el gobernador Carlos
Joaquín ¿Alguien lo duda?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más
de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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