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¿“Sabadazo” del gobernador en OPB?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Para tratar de desenredar el aparente nudo gordiano que se formó tras la firma del reciente convenio de coordinación fiscal entre el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el Gobierno del Estado en  torno al impuesto predial, resulta obligatorio remitirse a la autonomía municipal y los conceptos del artículo 115 constitucional para determinar posibles violaciones.
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia con la tesis “La Autonomía Municipal y su Garantía Constitucional Directa de Protección”, que le valió el “Premio Extraordinario de tesis doctoral 2004”, Pedro Torres Estrada refiere la mejor definición sobre Autonomía local:
Titularidad del municipio de gestionar y resolver todos los asuntos de carácter local, mediante sus representantes elegidos democráticamente entre los miembros de su comunidad, los cuales tendrán entre sus prerrogativas organizar un medio de la reglamentación y sin tutela, todos los ámbitos que a su competencia constitucional y legal corresponda, así como la libre administración de sus recursos.
En este sentido, es el derecho del municipio a elegir libremente a sus gobernantes, otorgar sus propias normas de convivencia social, resolver sin intervención de otros poderes sus asuntos propios y peculiares, contar con renglones propios de la tributación y disponer libremente de su hacienda, y que esta prerrogativa estén definida y garantizada en el ordenamiento supremo del Estado.
Ahora bien, la doctrina del municipalismo más reciente desglosa la autonomía en tres apartados: La administrativa, financiera, y política.
En  el caso que nos ocupa, la financiera, el artículo 115 de la Carta Magna dice que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a…” una serie de bases,
Entre éstos, la fracción IV dice que éstos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Puntualiza que “los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones”.
Esta circunstancia se explica como un sistema de transición por virtud del cual el Estado administrará algunas de estas contribuciones, por ser evidente que muchos municipios carecen de infraestructura administrativa y técnica para administrar estas contribuciones.
Lo ideal sería que los municipios asumieran el pleno manejo de las contribuciones como plantea la Constitución, ya que las leyes federales no limitarán la facultad del Estado para establecer las contribuciones que la Constitución estipula en beneficio al municipio,
         Ahora bien, los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Sin ellos éste no podría funcionar, ya que carecería de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc.
Respecto al predial, es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria que deben pagar todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. Existe en muchos países y se basa en la idea de que todos los propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al gobierno en forma de tributo.
En el caso concreto de Othón P. Blanco, constituye uno de los ingresos propios más importantes de la Comuna, junto con otros impuestos, como diversiones y espectáculos; Derechos (cobro de basura, anuncios, rastro); Productos (mercados o venta o explotación de bienes); y Aprovechamientos (multas y gastos de ejecución)
Sin embargo, hasta donde se sabe, en 2017 sólo se recaudaron 37 de los 60 millones de pesos proyectados, por lo que sus renglones de ingresos más significativos son, por mucho, como siempre, las transferencias, asignaciones y subsidios, así como las participaciones y aportaciones. Éstas ascendieron a cerca de 618 millones.
La tesorera de la Comuna, Verónica Zavala Pérez, justificó el convenio de coordinación fiscal como un instrumento que brindará eficiencia recaudatoria y además el municipio podrá obtener recursos extraordinarios, aunque nadie ve por dónde, pese a señalar que permitirá acceder a una póliza del 30% de los excedentes de recaudación…que JAMÁS han existido.
Asimismo, dice que “tiene por objeto buscar una eficiencia recaudatoria del impuesto predial, subsanando el rezago en el cobro de dicho impuesto y lograr una mayor cobertura en la cobranza, que permitirá generar mayores ingresos al municipio” ¿Tendrá mejores métodos el Gobierno del Estado?
Por si fuera poco, admite que  “ustedes saben que tenemos problemas en cuanto los recursos y también es sabido que la cuestión del predial es donde tenemos el mayor número de morosos y también nos permitirá hacer una mayor recaudación” ¿Acaso la Comuna ignoraba esos problemas desde un  principio? O significa ¡Tiramos la “toalla”!
Pero además, como seguramente ocurrirá, aclara que el convenio puede darse por concluido en el momento que desee la administración de Hernán Pastrana Pastrana, aunque pidió el beneficio de la duda y esperar.
Hasta ahí las cosas, el presidente de la Comisión de Asuntos municipales en la XV Legislatura, el diputado del Panal, Javier Padilla Balam, dijo esperar que el Gobierno del Estado tenga mayor facilidad de acceder a los cobros de esos impuestos, pero que también regresen estos recursos a las arcas municipales a la brevedad posible.
No obstante, al igual que la mayoría de la población, considera que, aprobar esta medida a unos meses de concluir la administración municipal, y que el próximo gobierno en la capital lo encabece Morena, partido diferente al actual, se presta a una mala interpretación, aunque habrá que investigar para que no se preste a una mala jugada.
Conforme a la prensa local Othón P. Blanco cuenta con más de 10 mil morosos del pago del predial, que representan una cartera vencida de más de 50 millones de pesos, aunque su cobro iniciaría en diciembre, siempre  que Hernán Pastrana respalde el convenio, lo que vemos poco probable.
Entérese del controvertido convenio: https://goo.gl/hhzpfv
Los únicos regidores que votaron contra el proyecto fueron los del PRD, Laurentino Estrella Chan y Andrés Blanco Cruz, por considerar que vulnera la autonomía municipal al intervenir en el libre manejo de las finanzas del Ayuntamiento; mientras que los del PAN, PRD y PRI, como sugiere nuestro colega Jesús Amador, decidieron “vengarse” por los resultados adversos en las urnas, y la “ecologista” Gabriela Santana faltó “por motivos de salud”.
Como quiera que fuera, lo cierto es que la presidenta municipal, María Luisa Alcérreca Manzanero, asume toda la responsabilidad política e histórica de esta medida que, para nadie es un secreto, proviene directamente de los "talleres intelectuales” de Palacio de Gobierno, sabedores de que nadie cree que el PAN-PRD estén tan “preocupados” por la suerte de Morena, como para entregarle en bandeja de plata un regalo de bienvenida tan dadivoso.
En resumen, no se violó la autonomía municipal ni existió alguna ilegalidad, pero, para cualquiera con un centímetro de frente, todo hace suponer que metió las manos el gobernador Carlos Joaquín ¿Alguien lo duda?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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