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Los  sueldos, ¡merienda “de negros”!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hasta hace poco más de un año y medio, el 16 de enero de 2017 para ser precisos, nadie creería que las palabras de un poderoso miembro selecto del PAN -ahora “fiel” seguidor del PRI- serían un grave presagio para el país, y eso que no se refería a la entonces lejana posibilidad de que Morena alcanzara la Presidencia de la República.
Nos referimos a quien fuera uno de los coordinadores de la infructuosa campaña del priísta José Antonio Meade, el todavía senador Javier Lozano Alarcón, quien, sin imaginar que López Obrador haría realidad una demanda de todos los mexicanos sobre los elevados sueldos de funcionarios, diría que “si me bajan el salario me pongo a robar”.
Entonces panista, el funcionario, quien fuera secretario del Trabajo Federal, había acudido al Congreso de Puebla a la entrega del sexto Informe de Gobierno del cuestionado Rafael Moreno Valle, en un momento en que el tema del día era la reducción de salarios debido a las medidas de austeridad a consecuencia del “gasolinazo”.
Lozano Alarcón dijo estar contra la reducción de su salario por ser el ingreso de lo que vive, y que la propuesta era pura demagogia: “Esa demagogia de decir con mucho gusto doy la mitad de mi salario ¿y luego a robar o qué?”, aunque se mostraría a favor de austeridad en gobierno o la eliminación del presupuesto a los partidos políticos.
Sin embargo, sobre el sueldo de los senadores, argumentó que los montos ya habían sido “congelados” y si se reducía a la mitad el gasto del Senado no sucedería nada: “Es obesa la administración pública en gasto corriente, gasto en servicios administrativos y en partidos”, concluiría.
Año y medio después, ante el triunfo de López Obrador y sus medidas de austeridad, es de esperar que no todos los funcionarios piensen en el mismo sentido, o la calle se llenaría de ladrones, y menos aún en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde saltó la liebre con un Ministro que se declaró en rebeldía: Su presidente Luz María Aguilar Morales.
Al presentar los 50 puntos del Plan de Austeridad Republicana y, tal y como prometió en su campaña, López Obrador anunció que recortaría su sueldo un 40%, con lo que ganará 108 mil 248 pesos mensuales, contra los 270 mil de Peña Nieto, además de reducir 70% el personal de confianza, bajar a la mitad el sueldo de los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y desaparecer las partidas de vestuario para el presidente, entre otros.
Dado que anunció que ningún funcionario ganaría más que el Ejecutivo, Aguilar Morales argumentó que las remuneraciones y pensiones del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que “garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces”.
Reconoció que la ciudadanía votó por el mejor candidato que consideró, que durante años buscó pacíficamente la confianza de la sociedad, aunque tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser utopía.
Remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, dijo, les permitan humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones internas o externas que doblen la vara de la justicia. La independencia del Poder Judicial garantiza equilibrio de poderes, defensa de la Constitución frente a las arbitrariedades y freno ante los atropellos de las mayorías hacia las minorías.
Según el manual de percepciones del Poder, un ministro alcanza un salario neto de 269 mil 215 pesos mensuales, más prestaciones y estímulos, como un pago por riesgo anual de 554 mil 595 pesos “por la complejidad de sus funciones”. Los magistrados de Circuito perciben 145 mil 266, y los jueces, 132 mil 431 pesos mensuales.
La disminución de ingresos será en todo el gobierno de López Obrador, pero los más señalados son los de la SCJN, los criticables Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral y Banxico, aunque también dieron de qué hablar los gobernadores, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Gobernación.
En lo que las redes sociales calificaron como “El paraíso del presidente de la SCJN”, Aguilar Morales, según el presupuesto de Egresos 2018, devenga anualmente 4 millones 743 mil 537 pesos entre sueldo y compensación, aunque, aunado a prestaciones, alcanza hasta cerca de 7 millones (6 millones 938 mil 234 pesos)  
Así, percibe una prima vacacional (95 mil 475 pesos), seguro por gastos médicos (47 mil 770 pesos), aguinaldo (586 mil 318 pesos), seguro de separación (528 mil 782 pesos), ayuda de anteojos (3 mil 100 pesos), estímulo por antigüedad (46 mil 154 pesos), seguro de vida institucional (33 mil 876 pesos) y pago por riesgo (853 mil 223 pesos) ¡Increíble! ¡Uno de los funcionarios mejor pagados del mundo en un país de extrema pobreza!
¡“Justa” razón tiene en reclamar que le mantengan ese privilegio! Quizá parezca mucho dinero en términos anuales, pero el Ministro devenga “sólo” 651 mil pesos mensuales que, pregunta la sociedad, ¿qué puede hacer con tanto dinero? O bien ¿qué ha resuelto a favor de la nación mientras un médico salva vidas, un maestro educa, un policía protege, un soldado salvaguarda al país? Éstos no ganan esa cantidad ni en dos años.
Con el insostenible argumento de la autonomía, el Poder Judicial de todo el país ha gozado por siempre de una serie de privilegios, tales que, por lo menos, 500 jueces y magistrados del Poder Judicial han metido a sus parientes en cargos del sistema judicial mexicano.
Así lo revelaría un estudio de 31 Estados, elaborado desde julio de 2017 por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, y entregado al Consejo de la Judicatura Federal de la SCJN.
En este sentido, los 500 jueces habrían beneficiado al menos a siete mil 148 parientes, con cargos como servidores públicos en 31 circuitos, familiares que, a su vez, tienen otros parientes en nómina.
Los magistrados involucrados le habrían dado empleo a 112 esposas o parejas, 180 hijos, 136 hermanos y 27 padres, aprovechando su facultad de nombrar o remover a funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aunque, en términos reales, lo que han generado son marcadas y descaradas redes de nepotismo.
Ahora bien, la pregunta obligada en el caso de la SCJN surge de la eventual nueva titular de la Secretaría de Gobernación, ya que se trata nada menos que de una Ministra en retiro, conocida de los quintanarroenses por su papel en Cancún durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz: Olga Sánchez Cordero.
Los cuestionamientos, como era de esperarse, ha inundado las redes sociales, ya que devenga una pensión de 269 mil 215 pesos mensuales, con cinco empleados a su servicio y seguro por gastos médicos, entre otros. ¿Será que conoce las nuevas “reglas de juego”? ¿Las acatará? O bien, no figuraba en sus planes.
Otro de los renglones que seguramente levantará ámpula es el ingresos de los gobernadores, ya que 17 de ellos y al menos ocho alcaldes ganan más de los 108 mil 248 pesos que propone López Obrador como su salario máximo y que ningún funcionario gane más. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegaría a los estados y municipios donde varios mandatarios debería ajustar su salario.
El gobernador  de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, encabeza la lista de los mejor pagados, con 245 mil 742 pesos mensuales. Como alcalde de Aguascalientes capital (2005-07), también figuró entre los ediles mejor pagados, con 102 mil 763 pesos mensuales.
En segundo lugar aparece otro miembro del PAN, Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato (222 mil pesos), y le siguen Arturo Núñez Jiménez (PRD), de Tabasco, quien este año termina su gestión (179 mil 428 pesos), y el primo de Peña Nieto, del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza (PRI), con 174 mil 409.65 pesos.
Dos priístas más tienen salarios arriba de 108 mil 248 pesos: Alejandro Moreno Cárdenas (Campeche), con 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval (Jalisco), con 166 mil 195 pesos, así como el panista Javier Corral Jurado (Chihuahua), con 163 mil 381, y el “aliancista” Carlos Joaquín, de Quintana Roo, con 160 mil 676.
El gobernador priísta de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien dijo ganar 90 mil pesos mensuales, advirtió que no ajustará su sueldo por devengar “mucho menos que el presidente”, aunque en su tabulador de percepciones aparece con 158 mil 835.98 pesos “brutos”, con mil pesos mensuales de despensa y mil 296 pesos en recreación, cultura y deporte, así como un aguinaldo de 173 mil 494 pesos.
Ya seguiremos con los temas de ingresos y lineamientos de austeridad, aunque hoy cabría preguntarse la postura de los demás miembros de la SCJN sobre este tema que se antoja delicado porque, de seguir pretendiendo defender su autonomía para justificar sus elevados, ofensivos ingresos, se daría una profunda controversia constitucional.
De una cosa estamos ciertos: Podrán tener eventualmente la ley de su lado, pero NO la justicia…y el objetivo final de la ley es precisamente la justicia.
¿O acaso, como Lozano Alarcón, también amenazarán con ponerse a robar? ¡Imagínese cuántos ladrones más habría tras aprobarse la ley si todos los “afectados” piensan igual!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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