Amparo a Borge, ¿un paso a la calle?
Lic.
Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tema obligado de comentario del día es el Amparo que un juez
de Distrito otorgó ayer al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, con lo
que dejó sin efecto la vinculación a proceso que se dictó en su contra hace cerca
de 11 meses como probable responsable del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, mejor conocido como “lavado” de dinero”.
En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal informó en comunicado
que el juez le concedió un Amparo al ex mandatario del PRI, con lo que ordenó
al juez de control José Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal Federal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, dictar un nuevo auto de vinculación que funde
y motive de manera correcta y suficiente la participación de aquél en los
delitos que se le atribuyen.
Así las cosas, el cozumeleño, que junto con su paisano,
correligionario y homólogo Félix González sobreendeudaron sospechosamente al
Estado en sexenios consecutivos,
enfrentará una nueva audiencia, tras quedar sin efecto el auto vinculación que
se le dictó el 5 de enero último, poco después de haber sido extraditado de
Panamá.
Entre
otros, Borge es acusado por la PGR por enajenar y adquirir de manera ilícita 22
predios que eran parte del patrimonio del gobierno estatal, ubicados en zonas
privilegiadas de la región turística de Quintana Roo, los cuales vendió a
precios irrisorios a personas cercanas y familiares, entre ellas su propia progenitora.
No
obstante, el Amparo sólo deja sin efecto su vinculación a proceso respecto al
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que no obtendrá
su libertad, al menos no por el momento, ya que pesan en su contra otras tres
órdenes de aprehensión pendientes por aprovechamiento ilícito del poder,
desempeño irregular de la función pública y peculado.
Otro
efecto del Amparo es que el juez José Artemio Zúñiga deberá valorar nuevamente
si Borge debe o no continuar sujeto a proceso por el “lavado” de dinero, por lo
que deberá definirse en la siguiente -no se precisa la fecha-, ya que en enero,
según el amparista, se le habría procesado con un fallo que “no cumple con la
motivación y fundamentación adecuada”.
Conforme
la sentencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio
del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, en funciones de juez de
Control, vinculó a proceso a Borge por su probable participación en operaciones
con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar o pretender
ocultar bienes dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden
de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis,
fracción II, del Código Penal Federal.
Sin
embargo, el Amparo dice que la vinculación a proceso “no satisface la debida
fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional”, aunque,
hasta hoy, el “lavado” es el único proceso federal iniciado contra Borge, contra
quien pesan las tres órdenes de aprehensión pendientes señaladas.
Para ilustrar en torno al “lavado”, la última reforma al Código
Penal Federal, publicada en marzo de 2014, el artículo 400 Bis del Capítulo II,
respecto a “Operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala que se
impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa al que, por sí o
por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera,
enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o
reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro
del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o bien oculte,
encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilícita.
Para
ese efecto se entiende que son producto de actividad ilícita los recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o
certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias
derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima
procedencia.
En
caso de conductas previstas en ese capítulo, en las que se utilicen servicios
de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente
se requerirá denuncia previa de la Secretaría de Hacienda, y cuando ésta, en
ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan
presumir la comisión de alguno de los delitos, deberá ejercer las facultades de
comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que
probablemente sean ilícitos.
¿En
qué se basó el juez federal para concluir que la decisión de José Artemio
Zúñiga “no cumple con la motivación y fundamentación adecuada”? Sólo lo saben los
que habrán tenido acceso al expediente, aunque, dadas las especiales
circunstancias que rodean al “tema Borge”, similares al de su entonces homólogo
veracruzano Javier Duarte, tanto el trabajo de la PGR y ahora de los jueces
federales “huele a podrido”.
Asimismo,
obligan a remitirnos a una añeja plática de café con desaparecido abogado, cuyo
nombre nos reservamos por respeto, aunque se había desempeñado en el Ministerio
Público Federal y refería que para hacerse de dinero en el cargo era sencillo “cumplir”
con el trabajo sin ser sospechoso de corrupción.
Simple
y sencillamente se elabora el expediente con una serie de “lagunas” y otras
anomalías, tales que, confesaba, permiten a la defensa del acusado acudir
exitosamente al Amparo para obtener su libertad. Algo así como el típico “yo
hago como que te pego, y tú, como que te caes” ¿Éste habrá sido el caso de
Borge…y de Duarte? ¡Muy difícil creer lo contrario con tanta evidencia!
Para
nadie son secretas las complicidades entre los poderes Judicial y Ejecutivo, y más aun en el ámbito federal, donde no
podemos olvidar que, quiérase o no, el priísta Peña Nieto sigue siendo
presidente de la República hasta fines de noviembre, y lo que le sobran son “facturas”
pendientes de pago, sobre todo en favor de quienes costearon su campaña presidencial
con muchos millones de pesos, entre ellos Borge y Duarte.
Y
no se diga del papel de la desacreditada
SCJN, cuyos magistrados no son precisamente hermanas de la caridad, además de no
pecar precisamente por acción, sino también por omisión.
Irónicamente, la única esperanza de justicia, por llamarla de
algún modo, se llama Fiscalía General de Quintana Roo, donde esperamos que, con
los cerca de dos años al frente, su ex titular Miguel Ángel Pech Cen, haya
integrado adecuadamente el expediente contra Borge, aunque ya hablaremos sobre
el particular,
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más
de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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