Fiscalía, próxima
“rifa del tigre”
Lic. Luis
A. CABAÑAS BASULTO*
A una semana de publicada la convocatoria para el
registro de aspirantes a titulares de la Fiscalía General de Quintana Roo, en
lo que solemos llamar la “rifa del
tigre” -nunca resulta bien librado ningún titular-, el ánimo de los
profesionales locales comenzó a caldearse ante la posibilidad de convertirse en
sucesores de Miguel Ángel Pech Cen.
Aunque
generalmente existe este tipo de movimientos frente a esta vacante, en esta ocasión
generada por la ineptitud del titular anterior, a quien sucedió en forma
interina el ahora cuestionado Gustavo Salas Salgado, el principal ingrediente
es que, a causa de la criticable reforma del Congreso local que eliminó el
requisito de residencia, el nuevo Fiscal podrá ser traído de otro Estado
Pech
Cen fue seleccionado por la XV Legislatura en diciembre de 2016, aunque durante
su oscuro período ocurrieron mil 023 homicidios en Quintana Roo, según la
Unidad de Transparencia: En 2017 fueron 511, mientras de enero a septiembre de
2018, cuando concluyó si “trabajo”, se registraban más de 512.
Antes
de renunciar el ahora ex funcionario, que se caracterizó por enfrentar a la
prensa -incluso amenazó con denunciar
periodistas-, habitantes de Cancún marcharon en agosto por las principales calles
para exigir frenar la violencia en el Estado y su renuncia.
“Enterado”
de la decisión de Pech Cen, el gobernador
Carlos Joaquín anunció el 27 de septiembre a Salas Salgado como interino, con
un currículum como Licenciado en Derecho por la UNAM (1966-70), abogado
penalista desde 1968 y, a partir de 1996 y hasta 2017, socio de la firma de
abogados Salas y Salas, responsable del área de asesoría y litigio penal.
Nacido
en la Ciudad de México, con más de 18 años en la entidad, con una experiencia
ministerial de 11 años en varias procuradurías, entre ellas la metrópoli,
Estado de México y Quintana Roo, es miembro de la Barra de Abogados de Quintana
Roo, y cursó seminarios sobre sistema penal acusatorio oral y adversarial.
Tras
su nombramiento y la posibilidad de que la reforma constitucional
“antiquintanarroista” que impulsó Carlos Joaquín tuviera “dedicatoria” en su
favor, Salas Salgado dijo el 25 de octubre no pensar en participar, sino en
cumplir con el interinato, aunque “amenazó” con aceptar en caso de ser
propuesto.
Tras
anunciar que en breve recibiría el estado financiero de la Fiscalía con los dos
años que encabezó Pech Cen, afirmó que, de existir alguna irregularidad, fincaría
responsabilidades, porque “yo no voy a cargar con cosas que no hice”. Hasta hoy
no anuncia si hubo irregularidades.
Conforme
a su teoría, el alarmante aumento de delitos de alto impacto, como homicidios, se
debe al enfrentamiento de grupos, por lo que Cancún se considera “zona
caliente”, aunque el primer paso para combatirlos es la prevención, y de ahí la
responsabilidad de las familias por mantener la efectividad de las normas
morales para mantener la paz, opinó.
En
este sentido, dijo que una de sus acciones iniciales fue invitar a su personal
a cambiar la imagen de la Fiscalía para que la gente tenga confianza y presente
denuncias, ya que sólo se puede actuar si existe un por qué, pues “no somos adivinos”, en tanto presentó a Adrián
Valdovinos Rodríguez como director de la Policía Ministerial en la Zona Sur.
Casualmente,
Valdovinos Rodríguez fue destituido por Pech Cen del mismo cargo el 6 de marzo,
y sustituido por el ex primer comandante, Juan Carlos García Miranda, tras graves
señalamientos de policías preventivos estatales y municipales de brindar
protección a delincuentes.
El
hombre se consideraba brazo ejecutor en la detención de ex funcionarios “borgistas”
catalogados enemigos políticos de Carlos Joaquín, aunque se mantuvo señalado
como protector de la delincuencia organizada, al grado tal que el propio 3 de
marzo apareció una “narco-manta” en Chetumal, con amenazas contra policías
ministeriales, incluyendo al mismo funcionario.
No
bien terminaba de iniciar su “no-campaña”, cuando el empresario Benjamín José
Navarro Áspero solicitó al Congreso que compareciera ante los diputados por un
conflicto de intereses como cabeza del despacho “Salas” de Cancún por la
disputa del hotel “Secrets Silversand Riviera Maya”, de Puerto Morelos, donde habría
participado en falsificar firmas para su apropiación.
La
información, que circuló profusamente en redes sociales, le cayó como
balde de agua helada al fiscal interino,
a quien se acusó de incurrir en ilegalidades para favorecer a Miguel Nicolau
Mesquida y Guillermo Nicolau Salleras, con la adjudicación de ese inmueble,
valuado en 160 millones de dólares.
Navarro
Áspero solicitó la comparecencia para exponer la presunción de intereses en un
juicio por la disputa del inmueble, ya que también fungió como defensor,
aunque, paralelamente, interpuso denuncia penal en la Fiscalía por presunto
fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
Según
el quejoso, el fiscal falsificó documentos para favorecer a la familia Nicolai,
ya que su esposa y él firmaron documentos de compra-venta en España, Tamaulipas
y Cancún al mismo tiempo, pese a comprobar que ese día volaba con su esposa y
su hijo estaba en un hospital por una peritonitis, pero el notario aseguró que
estaba en Tamaulipas.
Para
ese efecto, Salas Salgado, en calidad de
defensor, a través de su bufete “Salas” habría falsificado los documentos de
una supuesta asamblea, por lo que el Juzgado de Distrito falló a favor de
Navarro Aspero, pero el fiscal interino ha obstaculizado todo. El resolutivo federal
pidió órdenes de aprehensión contra la familia Nicolai, pero el fiscal se ha
negado a firmar la “ficha roja” y extradición de los afectados.
Las
acusaciones se fundan en las denuncias AP/ZN/PYA/01/01/1430/4-2015;
FGE/QR/PM/04/119/2017, y su acumulada FGE/QR/PM/04/141/2017, promovidas por las
empresas Grupo Residencial la Foresta S. A. de C. V. y Water Hobbies Riviera S.
A. de C. V. Según el abogado del afectado, Juan Alberto Mermejo Varela, estos
expedientes se remitieron al Juzgado de Cancún para dilatar el proceso.
Ante
este panorama, la pregunta obligada sería si, con todo, aún no le “cae el
veinte” a Carlos Joaquín y busca mantener a Salas Salgado u otro aventurero
que, tras sus “instrucciones” al Congreso, para ocupar el cargo, que ahora será
de 7, y no de 9 años, requerirán ser mexicano por nacimiento, haber nacido en
el Estado o con residencia efectiva no menor de 5 años anteriores a la
designación.
Asimismo,
tener al menos 35 años de edad el día de la designación, ser Licenciado en Derecho
con título y cédula registrados, antigüedad mínima de 10 años anteriores a la
designación, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,
tener modo honesto de vivir, y no haber sido condenado por delito doloso.
El
Congreso filtrará de entre los aspirantes una lista de 10, que remitirá a
Carlos Joaquín, quien, entre los 10 días naturales de recibir la lista,
formulará una terna que enviará a consideración de la Legislatura, lo que
también hará en caso de no recibir la lista de candidatas.
Una
vez recibida la terna, la Legislatura, previa comparecencia de los propuestos,
designará al Fiscal con el voto de sus dos terceras partes dentro del plazo de 10
días.
Así
las cosas, lamentablemente, como bien sugeriría un ex funcionario de la
entonces Procuraduría de Justicia, Leopoldo Herrera Manzanilla, uno de los
aspirantes, ante la opacidad de la convocatoria, es de esperarse que “el suelo
esté parejo”, ya que no es suficiente una convocatoria abierta, sin que se
refiera a las cualidades de los aspirantes, con lo que se evitarán “sospechas”.
Lo
cierto es que, al igual que una docena de candidatos, Herrera Manzanilla forma
parte de una larga lista de profesionales locales del Derecho a los que la
reforma constitucional sobre residencia propicia perder reales oportunidades a
aspirar a cargos que, lejos de otorgarse a quienes lo merecen, favorece más a
intereses políticos o “recomendados” al gobernador, tal y como ocurrió con el
caso del titular de Seguridad Pública del Estado.
Al
igual que el profesional, hijo de quien fuera Cronista de la Ciudad, el
desaparecido periodista Ignacio Herrera Muñoz, Quintana Roo también cuenta con
reconocidos Abogados de la talla de Raúl Ojeda González, a quien respalda el Colegio de Profesionistas de Quintana Roo, o
bien, en el caso de la Zona Norte, a Josafat Rodríguez
Medina, a quien apoyan el Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y
Litigantes de Quintana Roo, y el Consejo Nacional de la Abogacía y la
Confederación Nacional de Colegios de Abogados de México.
Ahora
bien, si se equidad de género de trata, sin ánimo de menospreciar a otras
colegas del ramo, tenemos el caso de Luz Margarita González López, directora
general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, quien cuenta
con un doctorado y cuyo perfil es la política criminal, aunque otros
profesionales cuentan con amplia experiencia en materia de litigio.
Carlos
Joaquín desaprovechó la oportunidad de corregir el rumbo en el caso de
Seguridad Pública estatal, con Jesús Alberto Capella Ibarra, o bien con Jesús
Pérez Abarca, en Cancún -la historia lo juzgará-, por lo que se espera evite un
nuevo “resbalón”, ahora peor, en la Fiscalía General… aunque, lamentablemente,
ya creemos adivinar cómo actúa ¡Es demasiado evidente!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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